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SANTIAGO DEL ESTERO.- El interventor federal, el fiscal Pablo Lanusse,
asumió la conducción de una provincia en la que aún
duraba uno de los últimos enclaves de poder característico
de las pequeñas provincia del interior de la Argentina. La concentración
y la corrupción durante décadas son generalmente el corolario
de sistemas políticos prebendarios que con el control del estado
termina generando una red insalvable para los disensos y el recambio.
La desastrosa administración de Mercedes Nina Aragonés, esposa
del caudillo provincial Carlos Juárez, fue el corolario de una serie
de desaciertos que comenzaron cuando dos jóvenes mujeres fueron asesinadas
en el marco de una fiesta negra de gente ligada al poder. La caída
en desgracia del responsable de seguridad Musa Azar, a quien se le encontraron
los restos de las víctimas en su zoológico privado, arrastró
al matrimonio Juárez (que ahora se encuentra bajo detención
domiciliaria por varios cargos). El corrimiento del velo en varios temas
de violación a los derechos humanos, persecución política,
tareas de inteligencia hacia opositores y seguidores y altas irregularidades
administrativas, han sido el cóctel explosivo que llevó a
la intervención del Estado Nacional.
Las hijas del primer matrimonio de Carlos Juárez, que tenían
prohibido el ingreso a su provincia por orden de la segunda mujer, manifestaron
su ilusión de que se pueda volver a respirar sin miedo en una provincia
que siempre se caracterizó por la tranquilidad de sus habitantes.
Pablo Lanusse, interventor por 180 días, ya dispuso la intervención
de la policía provincial, en una tarea asignada a la Gendarmería
Nacional. Por otra parte, aclaró que su administración será
estrictamente técnica, con rendición de cuentas permanentes
y con el claro objetivo de normalizar las instituciones políticas
en próximas elecciones libres.
Abril 2004-04-04 ©
