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Los abogados no quieren el proyecto opositor respecto al Consejo de la Magistratura.
BUENOS 
      AIRES.- El bloque opositor del Congreso, autodenominado Grupo A 
      en el que conviven partidos de centro y extrema derecha, intenta modificar 
      el Consejo de la Magistratura para dejar en posición de impotencia 
      al oficialismo. Mas allá de los intentos de conducir el poder en 
      favor de los resultados del último comicio, el Colegio Público 
      de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió el siguiente comunicado:
Buenos Aires, 24 de junio de 2010
Colegio Público de Abogados rechaza proyecto 
      de reforma del Consejo 
      
      El Presidente de la entidad, Dr. Eugenio Cozzi, solicitó mediante 
      una carta a los legisladores que no acompañen con su voto la iniciativa 
      de la oposición. Reclamó que se analice en profundidad el 
      proyecto que presentó la institución. 
      
      El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal mediante una 
      nota que fue enviada al Congreso de la Nación rechazó el proyecto 
      opositor de reforma del Consejo de la Magistratura y pidió por carta 
      a los legisladores que no lo acompañen en la votación que 
      se realizará en el recinto. 
      
      En el documento que lleva la firma del actual presidente del Colegio, Dr. 
      Eugenio Cozzi, se exhortó a los diputados y senadores a rechazar 
      este dictamen y a que analicen con atención y profundidad el proyecto 
      de reforma que les fuera remitido a cada uno por este Colegio Público, 
      que es el más equilibrado y compone y contempla todas las posiciones. 
      
      
      Cozzi centró sus críticas en que el proyecto que la oposición 
      se apresta a aprobar significa un retroceso que lesionaría 
      gravemente la función del organismo y el espíritu con el que 
      fue introducido mediante la reforma de 1994. Pero también rechazó 
      el proyecto de minoría, presentado por el oficialismo, porque no 
      se ajusta a las necesidades y realidad del Poder Judicial, no obstante 
      lo cual es respetuoso de la incumbencia y legitimidad del Colegio Público. 
      
      
      Asimismo, opinó que la iniciativa de la mayoría vuelve 
      a depositar en exclusividad su presidencia en el presidente de la Corte 
      Suprema, restableciendo una situación de desigualdad que atenta contra 
      la imprescindible objetividad e imparcialidad con que debe ser encarada 
      la administración, control y juzgamiento de la actividad judicial. 
      Al respecto, Cozzi, indicó que en el proyecto que elaboró 
      el Colegio la presidencia sería rotatoria entre todos los estamentos 
      que lo componen. 
      
      Cozzi, también, criticó la integración parlamentaria 
      del Consejo: con la participación de legisladores se verifica 
      un desequilibrio anti-republicano, atento que los legisladores que componen 
      el Consejo forman parte al mismo tiempo del judicial y el legislativo, convirtiendo 
      al principio de división de poderes en un sofisma. Igual situación 
      observa el Poder Ejecutivo. En esa línea, reclamó que 
      los integrantes del Consejo deben ser representantes del Ejecutivo 
      y el Legislativo, pero no necesariamente funcionarios o legisladores. 
      
      En tanto, aseveró que el proyecto incurre en una grosera discriminación 
      con relación a los miembros abogados que integran el Consejo y, en 
      particular, respecto de este Colegio Público, situación que 
      no será consentida en absoluto y a la que se dará pelea en 
      los frentes que sean necesarios.
      Pero el aspecto más repudiable y preocupante, según Cozzi 
      se centra en la incomprensible delegación de tutelar la administración 
      de los padrones y organizar las elecciones de los abogados de la matrícula 
      federal a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA,) 
      entidad civil de composición meramente voluntaria de la que el Colegio 
      Público de Abogados de la Capital Federal NO forma parte en el entendimiento 
      de que no representa los intereses de la abogacía activa. 
      
      Para el titular del Colegio, se pretende, inexplicablemente, entregar 
      a una mera sociedad espacio para el cual carece de legitimación. 
      De esta forma se discrimina aviesamente a la única institución 
      que por ley del Congreso Nacional aglutina a la matrícula de abogados 
      más grande del País (106.000 integrantes) y una de las más 
      importantes de América, denunció.
do Campo Spada, 2010
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      MAYO 
      2010-06-26
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