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Por Andrés Pescara.

Foto: Telam

BUENOS AIRES.- Un violento desalojo de la planta de galletitas Kraft Terrabusi llevado a cabo por la Policía de la Provincia de Buenos Aires tuvo lugar en la localidad del norte bonaerense de Pacheco, donde sesenta y cinco trabajadores fueron detenidos cuando los uniformados entraron golpeando en medio de una nube de gases lacrimógenos. Aunque a las pocas horas una “sugerencia urgente” del Ministro de Trabajo Carlos Tomada, de viaje junto a la Presidenta Fernández en la Cumbre del G-20 ordenó la liberación, despertó tensión en la Casa Rosada un procedimiento no utilizado bajo la actual administración.
La orden del juez de garantías de San Isidro, Ricardo Costa, ordenó el desalojo de la planta que estaba ocupada desde hace 40 días, cuando la empresa norteamericana en forma arbitraria despidió a 160 trabajadores que no piensa reincorporar a pesar del crecimiento de las ventas. Mas allá de los intentos negociadores de Tomada, los extranjeros ratificaron su inversión en el país pero no quisieron ni hablar de la reincorporación, a pesar de que algunos de los cesanteados tienen fueros gremiales.
Hasta último momento la Viceministra de Trabajo Noemí Rial negociaba telefónicamente con el líder de la comisión interna, Ramón Bogado, quien anteponía la reincorporación de los trabajadores despedidos, considerando que las ventas no cayeron en la cifra que podría haber justificado los despidos. “Quieren echar a los trabajadores presos y contratar a un adolescente por la cuarta parte, al que además condicionan a que no se afilie”, dijeron los integrantes de la gremial.
La empresa quiere volver a trabajar porque dijo que no negociará con la planta parada. Los hechos merecieron el repudio de las principales figuras de los derechos humanos y el mundo gremial en un desafortunado incidente que hace temer un cambio de postura en el gobierno.

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SEPTIEMBRE 2009-09-26
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