TV Mundus - Canal de Televisión por Internet

.Debate en la Cámara de Diputados
y media sanción a la LSCA

BUENOS AIRES.- A continuación reproducimos la versión taquigráfica oficial emitida por el Congreso Nacional en la sesión especial en la que se le dió media sanción al Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
_____________

- En Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre de 2009, a la hora 11 y 23:

- 1 -
izamiento de la bandera nacional

Sr. Presidente (Fellner).- Con la presencia de 130 señores diputados queda abierta la sesión especial convocada para el día de la fecha conforme al requerimiento efectuado por los señores diputados en número reglamentario. (Aplausos.)

Invito a la señora diputada por el distrito electoral de Tucumán, doña Susana Eladia Díaz, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

- Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, la señora diputada doña Susana Eladia Díaz procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.(Aplausos.)

- 2 -
convocatoria a sesión especial

Sr. Presidente (Fellner).- Por Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por esta Presidencia convocando a sesión especial.

Sr. Secretario (Hidalgo).- Dice así:

AQUÍ RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA CONVOCANDO A LA SESIÓN ESPECIAL.

Sr. Presidente (Fellner).- Corresponde que la Honorable Cámara resuelva si considera el proyecto referido a la convocatoria a esta sesión especial.

Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Fellner).- Se procederá en consecuencia.

moción

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pérez (A.).- Señor presidente: voy a formular una moción porque nadie puede desconocer el hecho vergonzoso por cierto que nos tocó vivir en el día de ayer. (Manifestaciones en las bancas.)

Estamos ante el tratamiento de una ley muy importante... (manifestaciones en las bancas) ...y que debiera tener, como objetivo para todos, garantizar la libertad de expresión, la pluralidad de medios... (manifestaciones en las bancas).

Por lo tanto, como cualquier política de Estado requiere de una discusión profunda, seria, razonable, sensata.

Hemos asistido a una reunión de comisión a la cual el oficialismo llegó con un dictamen, con correcciones realizadas junto a otros bloques, pero donde la mayoría o gran parte de los bloques parlamentarios nunca tuvimos posibilidad de discutir el tema.

Dieron lectura durante casi tres horas de eso que llamaban el dictamen y lo sometieron a discusión durante dos horas. Estamos hablando de un proyecto de ley que tiene más de 150 artículos, que merecía un tratamiento serio, pero que el oficialismo decidió hacerlo en dos horas.

Nadie puede desconocer esta situación y por eso estoy requiriendo que realicemos un tratamiento sensato de la ley de medios. En ese sentido, como todavía no ha existido un real debate de esta iniciativa, voy a solicitar que vuelva a comisión.

La moción concreta es que esta norma vuelva a comisión para que podamos iniciar un debate que hasta ahora no ha existido. (Manifestaciones en las bancas.)

Sr. Presidente (Fellner).- En consideración la moción formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

Se va a votar.

- Resulta negativa.

Sr. Presidente (Fellner).- Queda rechazada la moción.

- 3 -
regulación de los servicios de comunicación audiovisual

Sr. Presidente (Fellner).- Corresponde considerar el dictamen de mayoría de las comisiones de Comunicaciones e Informática y otras recaído en el proyecto de ley sobre regulación del servicio de comunicaciones (expediente 22-P.E.-2009). (Aplausos.)

AQUÍ ORDEN DEL DÍA Nº 2.005

Sr. Presidente (Fellner).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sra. Bullrich.- Pido la palabra para una cuestión de privilegio. (Manifestaciones en las bancas.)

Sr. Presidente (Fellner).- Una vez que haya hecho uso de la palabra el señor diputado por La Pampa, la señora diputada por la Capital podrá hacer el planteo correspondiente.

Sr. Baladrón.- Señor presidente: antes de comenzar con el informe del dictamen en general, quiero señalar que la fecha de hoy, 16 de septiembre, nos remonta a aquélla del año 1955, como también a aquel otro hecho horrendo conocido como la noche de los lápices que se produjo en la ciudad de La Plata.

También hoy se cumple un nuevo aniversario de la norma 22.285, que hemos debatido en estos días. Es decir se trata de tres hechos, dos de ellos muy caros para nosotros, los justicialistas, porque no nos dejaron nada para festejar sino por el contrario muchas cosas para lamentar y mucho para recordar.

El 16 de septiembre de 1955 iniciaba su exilio de la Argentina el general Juan Domingo Perón, quien regresó después de 18 años, esperado y aplaudido por un pueblo que durante esos años militó y trabajó y hasta dio su vida para que regresara. Y cuando retornó dijo: “Vengo a buscar y a dar la paz para todos los argentinos.”

Con esas tres fechas históricas iniciamos este debate; para ver de qué modo elaboramos una nueva legislación. Por lo tanto, ha llegado a esta Cámara la oportunidad de saldar una vieja deuda que tenemos todos los legisladores con la sociedad, y me hago cargo de la parte que me corresponde, porque ha transcurrido un tiempo prudente para sancionar una ley de medios audiovisuales para el país.

Somos conscientes del paso hacia adelante que estamos dando; somos conscientes de que estamos tocando fuertes y poderosos intereses en la Argentina, que se creían impunes y utilizaban todo tipo de argucias y de argumentos. De hecho, a través de algunos personeros, alguien ha intentado impedir que una nueva ley regule los medios audiovisuales, so pretexto de que ésta afectaría la libertad de expresión. Podría suceder también que no quisieran debatir la norma, como corresponde en el Parlamento argentino; pero hoy ha llegado ese día que tanto esperamos. A esos grupos poderosos queremos decirles que la norma que vamos a aprobar en el transcurso de este largo debate no afecta la libertad de expresión. Este es el primer tema concreto que quiero plantear.

Tampoco es verdad que pretendamos silenciar a nadie en la Argentina o poner mordazas. Queremos que todos tengan voz; queremos medios audiovisuales, radio, televisión, para todos, vivan donde vivan y cualquiera sea su condición social, porque todos tienen el derecho a estar y ser informados. Todos tienen el derecho a ser libres en un país que es libre.

No queremos sancionar una ley mordaza, como hemos escuchado decir en algunos programas televisivos. El peronismo nunca le puso mordaza a nadie; todo lo contrario. Creemos que ha llegado el momento definitivo de entender que lo único que deseamos es ver cómo regulamos un sistema de medios audiovisuales más horizontal, justo, equitativo, democrático y plural. Esto es lo que buscamos.

Frente a ello, este proyecto que vamos a debatir hoy no sólo está resguardando el principio constitucional de la libertad de expresión sino que es más amplio. En su sentido más cabal, libertad de expresión no significa libertad exclusiva de un determinado sector concentrado que tiene en sus manos una cantidad de medios de comunicación para desplegar o imponer un mensaje unívoco, cerrado, que sólo tiende a satisfacer intereses privados y particulares.

¿Por qué digo que este proyecto da un sentido cabal de libertad de expresión a todo el país y que ha llegado el momento de debatirlo entre todos? ¿Cuál es el verdadero sentido que tiene para nosotros la libertad de expresión, como ha sido concebida por los constituyentes al incorporarla en la Constitución Nacional? El verdadero sentido está dado por la libertad de expresión para todos: vivan donde vivan, trabajen donde trabajen.

Queremos que todos tengan el mismo derecho e igualdad de oportunidades para acceder a los medios de comunicación y poder expresarse, de modo que desde allí se escuchen todas las voces. Por eso el proyecto de ley que traemos al debate en el día de hoy contiene fundamentalmente este objetivo: dar la oportunidad a cualquier argentino, más allá de su procedencia o pertenencia ideológica, a cualquier grupo o sector –ya sea en forma individual o asociada, con o sin fines de lucro, de que pueda expresarse libremente, ejercer su derecho humano a la información, a la comunicación sin censura de ningún tipo, tal como lo establecen los tratados de derechos humanos, de acuerdo con lo expresado por el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional. Por esto tiene jerarquía constitucional.

En estos últimos días hemos escuchado azorados en ciertos medios de comunicación una serie de críticas infundadas que en vez de amilanarnos nos fue dando más fuerzas, más convicción y también nos indicaron que estábamos recorriendo el camino correcto.

Parecía que algunos miembros de la oposición estaban transmitiendo por cadena, ya que en todo momento estaban en un canal de televisión distinto, y cada vez que uno miraba un canal estaba alguno de ellos. Ahí estaban las mismas caras despotricando contra esta iniciativa.

Pero para poner blanco sobre negro hay que decirle a la gente -aunque mucha ya lo sabe más allá de lo que se diga- que la actual ley de medios de radiodifusión fue creada en los 80 producto de una decisión de un gobierno de facto e inspirada en aquella política llevada a cabo por Videla, Martínez de Hoz, Arguindeguy y otros, que fue la doctrina de la seguridad nacional, y que provocó a la postre una de las etapas más crueles que no nos dejó nada para aprender y para recordar, salvo a aquellos compañeros y militantes que hoy no están.

Seguramente si ellos hubieran estado hoy también estarían acá alentándonos en estas tribunas, en este recinto. Esto lo sabemos todos, pero no está mal recordar que para la doctrina de la seguridad nacional la lucha social y la movilización popular eran manifestaciones intolerables y subversivas que lo único que perseguían –según ella- era el avance de una izquierda a la cual ellos querían ver cómo desaparecía de la Argentina como pensamiento ideológico.

Con esa premisa se implantó el terrorismo de Estado que organizó un sistema clandestino e ilegítimo, imponiendo el pánico en la población Esta nueva ley está inspirada en los amantes defensores de la libertad de las personas, y en especial de la libertad de expresión. Esto solo ya provoca la necesidad imperiosa de aprobar esta nueva ley de medios audiovisuales.

Sé que muchos me van a decir que la actual ley 22.285 tuvo una serie de modificaciones durante el período democrático y que las mismas favorecieron a algunos grupos monopólicos, esta es la realidad. Desde ya me adelanto y les digo que es cierto; nos hacemos cargo de los errores y de no haber trabajado como legisladores y representantes del pueblo en una nueva ley.

Pero los errores del pasado y las circunstancias históricas vividas no nos inhabilitan a venir a reparar hoy esta deuda, y lo digo de cara a la sociedad y a la gente. Esa deuda que hemos traído hasta el día de hoy queremos empezar a repararla, porque de los errores se aprende, y de los míos he aprendido mucho.

Para seguir analizando algunas de las críticas que hemos escuchado en estos días, señor presidente, quiero decir lo siguiente. Hace poco escuché decir a una colega en un programa de televisión que esta norma no tiene legitimidad de origen y que en caso de tener aprobación, después del 10 de diciembre de 2009 ya hay un acuerdo de algunos sectores de la oposición para reformarla totalmente.

Al respecto quiero contestar lo siguiente: si están legitimados, que lo hagan; están en su derecho. Pero les digo que hoy este Congreso viene a cambiar la norma 22.285 –y no digo la ley- antes del recambio legislativo.

No vamos a cometer el mismo error de algunos que hoy cuestionan la legitimidad de este Parlamento diciendo que no tenemos legitimidad como para poder venir a debatir acá, entre todos nosotros, este proyecto de ley.

Yo soy uno de los diputados que concluirá su mandato el 10 de diciembre. A mí me han votado en mi provincia para que legisle hasta el 10 de diciembre. Me ha votado por tercera vez el pueblo de La Pampa para que venga a esta Cámara como legislador y ejerza el cargo de diputado hasta el 10 de diciembre. Yo soy producto del voto de la gente y no de algún accidente meteorológico que haya ocurrido en el país.

Así funciona este sistema democrático: se presentó un proyecto, se buscaron los consensos con la más absoluta legitimidad, hemos hablado con representantes de las distintas bancadas y hoy se trae a este recinto. Hoy queremos votar y sancionar esta nueva ley de medios audiovisuales que la Argentina ha esperado con ansiedad desde el año 1983.

Pero para contestar y demostrar lo falaz del argumento de la legitimidad de origen de este proyecto quiero decir que vamos a seguir legislando como lo hicimos desde el primer día, con el mismo compromiso y con la misma responsabilidad.

Este no es un proyecto del Poder Ejecutivo nacional, sino que viene siendo debatido desde hace muchos años por los militantes de distintos lugares del país. Esos militantes plasmaron sus ideas en 21 puntos, que fueron el origen de esta norma. Es decir, que fue producto de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que está integrada por más de 300 organizaciones no gubernamentales.

De manera que estuvieron representados los gremios, las universidades, la Iglesia, las organizaciones populares, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación Barrios de Pie, los pueblos originarios, las organizaciones dedicadas a la protección de las personas con capacidades diferentes, las cooperativas, las radios comunitarias, etcétera; no puedo enumerar a todos. Cabe aclarar, incluso, que algunas de esas organizaciones son muy críticas a nuestro gobierno, pero sin embargo hoy nos acompañan porque saben que estamos en el camino correcto y que queremos ser los garantes de una nueva ley de medios audiovisuales en la Argentina.

Creo que después de muchos años de discusión y esfuerzo ha llegado el momento de lograr un texto consensuado -como el que se plasmó en esta norma-, que hoy empezamos a debatir. Sabemos que no fue una tarea fácil; todos tuvieron que ceder algo para lograr el resultado final. Privilegiaron el interés general por sobre el individual, un principio de grandeza no siempre visto.

Privilegiaron también que la Argentina necesitaba una nueva ley de medios que los contuviera, que los expresara, que llegara a todos; querían televisión, radio, medios para todos, no para algunos; pensaron en la sociedad en su conjunto.

De manera tal que me parece que afirmar que esta iniciativa no tiene legitimidad de origen es por lo menos temerario.

Sin perjuicio de ello, creo que en forma excepcional -y me animo a decir casi única en materia legislativa- la señora presidenta de todos los argentinos el 18 de marzo pasado anunció en un acto público realizado en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata la decisión de discutir una nueva ley que regulara el sistema de medios audiovisuales que reemplazara la norma imperante y presentó esta propuesta de anteproyecto de ley de medios audiovisuales con la consigna de que se debatiera profundamente con los distintos sectores de la sociedad argentina para luego, después de debatido profundamente, ingresara al Congreso. Ayer dimos aquí el debate final y hoy queremos lograr que la Cámara de Diputados dé sanción a este proyecto de ley.

Quiero recordar que para esa fecha habíamos debido modificar algún cronograma. Hubiéramos deseado tratarlo antes, pero recién pudimos hacerlo ahora.

La voluntad del gobierno existió, y cumplió con su compromiso tal cual lo había anticipado. Es bueno recordar esto para aquellos pícaros que hoy preguntan por qué tenemos tanta premura. No es cierto; no hay premura, sino que estamos cumpliendo con nuestra obligación, discutiendo esta iniciativa de nuestro gobierno con legitimidad y con la legalidad que nos confiere nuestro cargo de diputados nacionales surgido de la elección que hizo el pueblo de cada una de las provincias.

Está de más decir, porque es público y notorio, que este proyecto de ley está en la agenda de nuestro Poder Ejecutivo desde hace mucho tiempo. Por eso repito que distintas circunstancias políticas, circunstancias tal vez extraordinarias que todos conocemos -como la crisis económica internacional-, obligaron a un cambio de agenda y lógicamente este debate se debió posponer.

Pero volviendo al tema de la legalidad que se cuestiona, este hecho inédito de participación legislativa…

Sr. Presidente (Fellner).- Le ruego que redondee su intervención, señor diputado.

Sr. Baladrón.- Ya concluyo, señor presidente.

Esto tiene muy pocos precedentes en el país. El proyecto que nos ocupa llega aquí con un aire fresco, con gran consenso de distintos sectores. Debe ser, junto con la ley de educación y algún otro ejemplo más, el que ha llegado aquí con más aire fresco.

Por eso se organizaron más de veinticuatro foros a lo largo del país y hubo alrededor de ochenta conferencias también en distintos lugares. Se llevaron a cabo las audiencias públicas tal como lo establece la legislación vigente.

Entonces, yo pregunto cuál es la legitimidad que hoy se cuestiona o que pretende cuestionar la oposición.

Sin perjuicio del trabajo previo realizado por el gobierno nacional, cuando este proyecto tomó estado parlamentario convocamos a las audiencias públicas. Por allí pasaron casi doscientos expositores, desde el Premio Nobel de la Paz hasta representantes de la Iglesia argentina, del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, de trabajadores, de estudiantes, de jóvenes que representan a distintas organizaciones. Hubo expresiones a favor y también hubo expresiones en contra que adultamente supimos escuchar aunque a lo mejor no las compartíamos. Algunas ideas fueron incorporadas en este proyecto.

Nos criticaron porque convocamos las audiencias en la Capital Federal y no en el resto del país, donde según sostenían se hubiera discutido mejor. Digo a los miembros de la oposición, muchos de los cuales casi no aparecieron por el auditorio durante las audiencias, que la gran mayoría de los expositores fue del interior del país. No hay provincia que no haya sido representada en esos foros. La realidad es que hubo ponentes de todas las provincias, tanto de las gobernadas por el oficialismo como de administraciones sin nuestra sintonía política. Nosotros escuchamos las críticas interesadas con el mismo respeto que escuchamos a aquellos que venían a hablar a favor de este proyecto de ley.

Hoy asistimos a esta sesión propiciando la sanción de esta norma. No podemos esperar 26 años más. ¿Para qué? Hoy podemos sancionar el proyecto de ley que la sociedad argentina pide y necesita.

Hemos entrado en la era de la digitalización. Es imprescindible abordar este desafío con la tecnología de una ley democrática, inclusiva, no excluyente, que no es contra nadie, que es antimonopólica y que pretendemos que llegue a todos.

Sr. Presidente (Fellner).- La Presidencia ruega al señor diputado que redondee su exposición pues ha vencido su término.

Sr. Baladrón.- Lo único que deseo es que detrás de esta discusión no existan los poderosos medios a través de los cuales los personeros quieren poner en vigencia el derecho de impedir. Pero lo que es más grave es que las corporaciones mediáticas quieren imponer su propia agenda política. Por eso finalizo mi exposición afirmando que vamos a sancionar este proyecto de ley tal cual ha llegado a esta Cámara.

Esta es una de las iniciativas más importantes que hemos debatido en el Parlamento argentino en los últimos años, y al respecto quiero señalar algo que desde hace tiempo vengo pensando. Tengamos cuidado; el tema no es esta ley; aquí hay una pulseada de poder que la política debe advertir: ver quiénes son los que llevan a cabo las próximas transformaciones en la Argentina, si las hacen las corporaciones o se realizan desde la política. Esto es lo que tenemos que discutir en este recinto. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

- 4 -
CUESTIÓN de privilegio

Sr. Presidente (Fellner).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Bullrich.- Señor presidente: he pedido la palabra para plantear esta moción de privilegio porque -paradojas de la historia- quieren terminar una ley de la dictadura con una metodología arbitraria, de atropello y dictatorial.

No he podido expresar mi palabra ni el trabajo realizado por nuestros equipos. Han disminuido mi condición de diputada de la Nación, mi capacidad de representación, de explicar nuestras posiciones a nuestros conciudadanos.

Aquí ha habido un atropello. No hemos podido contar con el texto ordenado. No hemos podido discutir el articulado de este proyecto presentado ayer entre gallos y medianoche. Hemos asistido a la realización de reuniones secretas fuera de los ámbitos parlamentarios donde se cocinó un dictamen que trajeron a la comisión. Vengo a este recinto sin la posibilidad de brindar al pueblo de la Nación mi condición, por la cual me han elegido, porque no puedo conocer el texto que está en debate.

En relación con la ilegitimidad de este proceso, esta sesión especial es utilizada para debatir un proyecto que no puede ser discutido en ese tipo de sesión. El atropello contra la Comisión de Libertad de Expresión y el menoscabo a la representación que el pueblo nos dio, nos lleva a denunciar que este es un proceso irregular que deberá ser interpretado en su constitucionalidad.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá interpretar que los diputados de la Nación no hemos podido ejercer nuestro derecho de representantes del pueblo y hemos sido atropellados.

Estamos aquí sin saber siquiera qué texto estamos discutiendo; no contamos con el tiempo necesario e imprescindible para tomar conocimiento del proyecto y poder cumplir nuestro rol de diputados de la Nación. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Señora diputada: ¿hacia quién está dirigida la cuestión de privilegio?

Sra. Bullrich.- Señor presidente: la cuestión de privilegio tiene por objeto que podamos cumplir con nuestro rol de diputados de la Nación, esto es, que este proceso que ha comenzado vuelva a su cauce normal y tengamos el tiempo suficiente de debatir el tema en comisión.

Sr. Presidente (Fellner).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

- 5 -
CUESTIÓN de privilegio

Sr. Presidente (Fellner).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Azcoiti.- Señor presidente: esta sesión especial fue citada para las 10 del día de hoy. Es de práctica –porque así sucedió en innumerable cantidad de veces por pedido de sesiones especiales de la oposición- que transcurrida la media hora de la convocatoria la Presidencia dé por caída la sesión si no se alcanza el quórum. A partir de ese momento se habilita la posibilidad de que existan manifestaciones en minoría.

Me he constituido en este recinto aproximadamente a las 11. Le he pedido la palabra a usted, señor Presidente, sin micrófono abierto; había diputados que hacían comentarios hacia mi persona. No los escuché bien, pero por las caras no eran los más conceptuosos. Escuché que desde el estrado se manifestó que “no estábamos en sesión todavía”.

Justamente había pedido la palabra para plantear que transcurrida la media hora de la citación se debía declarar por caída la sesión. Por lo tanto, ahora sí con micrófono abierto, planteo que esta sesión tiene una irregularidad en su origen, pues no se aplicó la norma que es de práctica en el sentido de que transcurrida la media hora de la citación se declara caída la sesión si no hay quórum.

Por lo tanto, dejo planteada esta cuestión de privilegio para que sea girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Si este cuerpo no decide declarar caída la sesión en este momento, que en la comisión respectiva se analice la situación y que se aplique la norma que es de práctica, o sea, transcurrida la media hora de citación a sesión sin que haya quórum la sesión se cae.

Como ha dicho la señora diputada preopinante, ante cualquier planteo de constitucionalidad, esta sesión puede ser declarada nula.

Sr. Presidente (Fellner).- La cuestión de privilegio pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

- 6 -
CUESTIÓN de privilegio

Sr. Alvaro.- Señor presidente: voy a plantear una cuestión de privilegio muy concreta.

Trataré que no roce los conceptos políticos que se van a verter en esta sesión, pero tiene que ver con el tema que vamos a discutir.

El domingo pasado 13 de septiembre en el diario “Los Andes”, de la provincia de Mendoza, el señor Daniel Vila –titular de Multimedios Uno- publicó una solicitada encabezada con los nombres de cinco diputados nacionales de la provincia de Mendoza, a saber: Patricia Fadel, quien habla, Susana Genem, Guillermo Pereyra y Dante González. Allí desarrollaba un texto que forma parte de la visión opinable de la política -francamente no planteo esta moción para rebatir los conceptos políticos, que obviamente no comparto-, pero que en una frase roza a todo este cuerpo, cuando dice: “...el pedido de renuncia al vicepresidente de la Nación, ofrecimiento de enormes prebendas a distintos legisladores…”. Luego continúa su relato para terminar diciendo que nuestro estilo de vida nada tiene que ver con los modelos importados de Centroamérica, configurando esa imagen de algún demonio o cuco necesario a la hora de demonizar y asustar.

Lo concreto es que al decir que los diputados estamos recibiendo ofrecimientos de enormes prebendas, no aclara que somos los cinco diputados que menciona el encabezamiento de la solicitada, sino que habla de los diputados en general.

Esta es concretamente la cuestión de privilegio que planteo. En lo personal, voy a iniciar acciones en la Justicia federal de Mendoza contra este señor, que creo que tiene derecho –o por lo menos espero que lo haga- de defender todas sus propiedades y acciones en los distintos medios de la provincia y de otros lugares de la República Argentina. Incluso, está más o menos dentro de las reglas de juego que se manejan en la Argentina hacerlo con sus palabras, con su visión y con un lenguaje hasta extorsivo y “apretándonos” a través de los diarios.

Sin embargo, alerto a todos los colegas que están aquí que este señor recurre nuevamente al concepto de que “cuando no me sirve a mí, la política no sirve”.

La culpa de que la sociedad tenga la imagen de que los políticos somos vagos, parásitos y corruptos la tienen estos señores que gozan de toda la impunidad que les brinda ser propietarios de medios.

Un enemigo jurado del Multimedios Uno, como es el diario “Los Andes”, cuya mayoría accionaria es propiedad del diario “Clarín”, ha tenido la generosidad de darle la posibilidad de sacar una solicitada de media página “apretándonos” a los diputados nacionales que él supone que no íbamos a votar a favor de lo que a él le gustaría. Aclaro que jamás nos preguntó –al menos a mí- cómo íbamos a votar. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- La cuestión de privilegio pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales en los términos en que ha sido planteada.

- 7 -
CUESTIÓN de privilegio

Sr. Aguad.- Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Fellner).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Aguad.- Señor presidente: en el mismo sentido que los señores diputados preopinantes, formulo esta cuestión de privilegio por dos motivos.

Esta sesión especial es ilegítima porque la Cámara se constituyó fuera del tiempo previsto por el reglamento.

Durante el transcurso del año pasado, hemos pedido infinidad de sesiones especiales presididas por el presidente o por la vicepresidenta 1º. Pasada la media hora, la sesión se levanta y puede comenzar la discusión sin que haya efectos legales.

En este caso, pasó la media hora, el diputado Azcoiti, vicepresidente de este bloque expresó que la sesión había caído por falta de quórum, y a pesar de ello se resolvió que eso no era así.

Señor presidente: estamos discutiendo uno de los pilares del sistema democrático y republicano del país en una sesión especial que es ilegítima.

En segundo lugar, casi es una ironía sostener que el oficialismo no tiene apuro para la sanción de este proyecto de ley. Hace quince días ingresó al parlamento la iniciativa más importante que vamos a tratar en este período, y ayer, en una sesión tumultuosa que terminó después de las once de la noche, en las comisiones respectivas y sin quórum, se firmó el dictamen de mayoría, sin que la oposición haya tenido derecho a revisarlo.

La Constitución y el reglamento de la Cámara establecen con toda precisión cuáles son los requisitos formales para la sanción de las leyes. Si no se cumplen, no hay mayoría en el mundo que pueda cambiar las formas que establece nuestro ordenamiento jurídico y, si las formas no se respetan, las leyes que se dictan son ilegítimas. Digo esto para que quede constancia ante la Justicia de que es una ley ilegítima y que así debe considerarla cuando la revise, dado que se ha conculcado el derecho de los legisladores al debate.

En este proyecto discutimos el derecho a la palabra de los ciudadanos argentinos, pero en esta iniciativa se ha conculcado el derecho a hablar, a debatir, a discutir, a coincidir o a discrepar.

La ilegitimidad de origen del proyecto se vincula con las formas y los mecanismos que se han adoptado en violación de todas las reglas establecidas por los reglamentos en cuanto a los tiempos que necesita la sanción normal de una norma.

Solicito que se tenga en cuenta esta cuestión de privilegio, porque han sido conculcados los derechos individuales de cada uno de los legisladores de la Cámara.

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

- 8 -

- 9 -
CUESTIÓN de privilegio

Sr. Pinedo.- Señor presidente: lo que se llaman los privilegios de los diputados nacionales son, en realidad, sus derechos a representar al pueblo que los votó.

Si se priva a los diputados nacionales de sus derechos, se priva al pueblo que los votó de su posibilidad de ser representados en un sistema democrático.

En este sentido, las cuestiones de los privilegios de los legisladores no son temas menores ni personales, sino institucionales. Cuando la Constitución Nacional y los reglamentos de las dos cámaras del Congreso establecen reglas, lo hacen para que se cumplan, y no para que se violen, porque garantizan que el pueblo sea representado en un sistema democrático.

La democracia no es el gobierno de la mayoría, sino del pueblo, integrado por mayoría y minorías. Cada uno de los argentinos tiene derecho a ser representado y a que su voz se oiga y se considere en los órganos del pueblo de la Nación.

En el sistema democrático, el Congreso es el organismo de pluralidad y de control del Poder Ejecutivo. En la medida en que se prive a los representantes del pueblo, aun minoritarios, de su posibilidad de expresarse, de participar, de hacerse oír, de argumentar y de representar, se está privando a la democracia de su contenido.

Esta es la importancia o el valor que tienen los temas de los privilegios de los representantes del pueblo. Yo tengo derechos y obligaciones, porque mis privilegios también implican obligaciones. En consecuencia, poseo el derecho y la obligación de participar en el proceso de formación de las leyes de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara de Diputados.

Tengo derecho a participar de los debates de las comisiones asesoras de este cuerpo que deben intervenir reglamentariamente para que la Cámara se pueda expedir.

Tengo derecho a expresar mi opinión, pero también tengo derecho a oír la opinión de los demás.

Tengo derecho a cambiar de opinión si algún diputado me convence de que estoy equivocado en lo que pienso.

Tengo derecho a contar con la oportunidad física de leer las opiniones de los señores diputados expresadas en la comisión y a leer los despachos de comisión que cada diputado haya presentado. No me pueden privar de este derecho, porque de lo contrario no puedo ejercer responsablemente el mandato popular que me han conferido.

Tengo derecho de disponer del tiempo físico para escribir mi posición y consultar con mi bloque qué posición vamos a adoptar frente a una cuestión determinada.

Tengo derecho a oír a los ciudadanos que me votaron o que hayan manifestado interés por un tema sobre el cual nosotros tengamos que resolver.

Entonces, cuando nos dicen que debemos participar de una reunión de comisión en la que se firman los despachos antes de que termine la discusión, en la que se cierra la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados para recibir dictámenes, en la que se vuelve a abrir a las doce de la noche a voluntad de un diputado cualquiera que en ese momento ejercía la conducción de una reunión de comisión para poder presentar dictámenes y para que al día siguiente sesionemos a las diez de la mañana, queda en claro que no voy a contar con el tiempo suficiente para sentarme a escribir y para leer las posiciones de los distintos señores diputados. En estas condiciones no puedo ejercer mi representación popular como corresponde, es decir, con responsabilidad.

En consecuencia, en la medida en que se me prive de todas esas facultades que tenemos cada uno de los señores diputados, es porque se está adoptando un procedimiento irregular que le quita a una parte importante del pueblo argentino la posibilidad de contar con representación; esto vicia el tratamiento de cualquier proyecto de ley.

Por otra parte, no es la costumbre –como señaló el señor diputado Azcoiti- la que establece que a la media hora de iniciado el llamado a una sesión corresponde que se levante en caso de no haberse logrado el quórum. Digo esto porque el artículo 26 del reglamento establece que los diputados están obligados a esperar media hora desde la hora de convocatoria a sesión. Por eso, habiendo pasado la media hora reglamentaria, el señor diputado Azcoiti pidió que se levantara la sesión, pero no se hizo lugar a su pedido. Así, una vez más se pasó por encima de los reglamentos.

Para algunos pasar por encima de los reglamentos no importa nada, pero si consideramos que ellos son los que garantizan que los ciudadanos argentinos tengan representación dentro del sistema democrático, significa mucho. Por eso dejo planteada esta cuestión de privilegio, que solicito sea girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración.

Sr. Presidente (Fellner).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

- 10 -
CUESTIÓN de privilegio

Sr. Presidente (Fellner).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Iglesias.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio porque por muchos motivos me siento ofendido en mi carácter de legislador y representante de los ciudadanos que me han elegido.

Adhiero a las expresiones de los colegas que me precedieron en el uso de la palabra con respecto a la irregularidad de esta sesión, pero también quiero puntualizar la fórmula del tratamiento en la vergonzosa reunión conjunta que se celebró en el día de ayer. Fue una reunión que terminó sin quórum y con despachos que eran firmados en las oficinas de los señores diputados sin ningún tipo de legitimidad. Esto nos ha impedido presentar un dictamen de minoría.

Fue una vergüenza. Creo que ni siquiera en una asociación vecinal que tiene que discutir si pone o no una cancha de bochas, se discute de esa manera, con semejante grado de desorganización y de avasallamiento de los derechos y de las capacidades de los diputados.

Yo me pregunto si es posible discutir una ley sin tener el texto delante para poderlo leer, también me pregunto si es posible considerar en una hora y media 215 modificaciones al texto de la ley.

Creo que hay algunas cifras muy contundentes: seis años tuvo este gobierno con mayoría en ambas Cámaras y no hizo nada con respecto a esta ley. Seis meses discutieron los foros convocados por el licenciado Mariotto con invitación exclusiva.

Seis horas tuvimos los diputados de tres diferentes comisiones para tratar en condiciones vergonzosas los 157 artículos de la ley y las 215 modificaciones. Fueron seis horas de las cuales tres se utilizaron para que nos leyeran lo que no podíamos tener porque no nos habían llegado las modificaciones.

El método es coincidente con el texto de la ley: una ley que treinta y una veces menciona al Poder Ejecutivo nacional y ni una sola vez al Parlamento. No menciona ni una sola vez al Congreso de la Nación y ni una sola vez a la oposición.

Por su parte, a la Cámara que usted preside, señor presidente, la menciona sí, pero una vez sola, para decir que el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos sancionan con fuerza de ley. Señor presidente: ésa es la única mención que tiene la Cámara que usted preside en todo el texto de una ley con 157 artículos.

Me felicito de que los diputados que van a votar esta ley, este atropello a la libertad de expresión, hayan tenido el tiempo entre anoche a la una de la mañana y hoy a las diez para leer la ley, este bodoque de 157 artículos con 215 modificaciones, más los textos de todas las audiencias públicas.

Decimos que este Parlamento está siendo degradado y está siendo tratado como una mera escribanía, aunque es peor que una escribanía, porque los escribanos tienen más tiempo para leer los documentos que se ponen a su consideración que los diputados de la Nación. Ningún escribano permitiría que le pasaran un documento de esta extensión, para producir ocho horas después un dictamen sobre su validez o invalidez jurídica.

Ese es sólo el primero de los puntos que me ofenden en mi calidad de diputado. El segundo son las expresiones de ciertos diputados del oficialismo que se acordaron de los derechos humanos en el 2003 y no tuve el honor de ver en la Plaza de Mayo durante la dictadura. Tampoco tuve el honor de verlos en esta Cámara ni en el Senado, cuando muchos representantes de la oposición planteaban la derogación de la obediencia debida y el punto final; y ahora vienen a hablar como si hubieran inventado los derechos humanos.

Asimismo nos dicen, como se señaló ayer en un discurso vergonzoso, que figura en la versión de esa sesión vergonzosa, que todos los que estábamos en contra de esta ley estábamos a favor de la ley de la dictadura. No puedo permitir esa ofensa al diputado que la hizo, y no lo voy a mencionar para no darle la oportunidad de seguir desvirtuando y seguir insultando tanto a mí como a los demás señores diputados.

Sí puedo decirle que el crimen de la dictadura, el horrendo genocidio de la dictadura no fue el crimen y el genocidio contra un solo partido sino contra todos los argentinos. Fue un crimen contra la democracia y no sólo contra uno de sus partidos.

Cualquiera que haya estado ahí y que se haya tomado el trabajo de ver lo que estaba sucediendo, sabe que cayeron argentinos de todas las banderías políticas y muchísimos argentinos que no tenían una bandería política definida.

Así que basta de decir que el crimen genocida se hizo sólo contra un partido y basta de decir que las víctimas han sido los trabajadores. Es cierto que las principales víctimas fueron los trabajadores, pero no la burocracia.

Quienes nos acercamos al movimiento de derechos humanos a principios de los ’80 en plena dictadura, nos enterábamos por los compañeros de las fábricas cómo la burocracia entregaba a sus propios compañeros y delegados para que no le disturbaran el control de las fábricas. Así que las víctimas fueron los trabajadores, no la burocracia.

Cierro mi exposición diciendo que también me siento ofendido por las expresiones del señor diputado Rossi, quien al finalizar la sesión anterior dijo textualmente que se esperaba que en el tratamiento de este proyecto de ley, los diputados tuviéramos la dignidad de los presidentes de los clubes de fútbol argentino.

Esto es una vergüenza. Me gustaría que los integrantes del bloque del diputado Rossi reflexionaran sobre un presidente de bancada que se dirige a ellos instándolos a tener la calidad y dignidad de los secuaces del señor Julio Grondona. Espero que nadie se comporte de ese modo, pero me temo –viendo como se están desarrollando las cosas- que muchos tendrán ese nivel de dignidad y de comprensión de las necesidades de la República y del pueblo argentino.

Sr. Presidente (Fellner).- La cuestión pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales en los términos que ha sido planteada.

- 11 -
CUESTIÓN de privilegio

Sr. Presidente (Fellner).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Bullrich.- Señor presidente: sumándome a los planteos que se han hecho, quiero enfatizar un punto que no se ha tocado: la necesidad de que un diputado venga informado a votar una iniciativa a este recinto.

El reglamento plantea claramente que existe un plazo de siete días antes de que un dictamen pueda ser tratado en el recinto. Esto se debe obviamente a que los únicos que leen dicho despacho son los miembros de las comisiones por las que ha pasado. En este caso, estamos hablando de las tres comisiones que trataron el dictamen en forma conjunta y acelerada; pero el resto de los diputados estaríamos votando un despacho sin tener una clara visión de lo que contiene. Esto lo planteo desde mi propia experiencia.

Yo asumí como diputado el 10 de diciembre de 2005 y he tratado algunos proyectos de ley importantes, como por ejemplo el del Consejo de la Magistratura, que pasó por esta Cámara con la misma celeridad y sin cambios de puntos y comas. El Consejo de la Magistratura nuevo iba a mejorar la institución de la justicia en la Argentina, de acuerdo con lo que decían los diputados y senadores que lo defendieron en ese momento, incluyendo el presidente. Sin embargo, la empeoró, la puso a merced del poder político, y a los jueces bajo la presión de dicho poder, como se anticipó durante aquel debate.

También sancionamos una ley de educación con la misma cantidad de artículos que este proyecto de ley. Me refiero a una ley de educación que pasó por la Comisión de Educación sin modificaciones de puntos y comas, y fue aprobada en este recinto. Según esa norma, la educación iba a mejorar, permitiendo que el ciento por ciento de los chicos pudieran terminar el secundario y que los niños de cuatro años tuvieran acceso al nivel inicial. En ese momento mencionamos que si no se planteaba claramente que debía ponerse el foco en la inversión, la educación no iba a cambiar. Tres años después vamos a llegar a 2010 sin haber cumplido la meta de que el ciento por ciento de los chicos hagan su secundario. De hecho, el 60 por ciento de los chicos no termina la escuela secundaria en la Argentina.

Después consideramos otras dos iniciativas importantes, donde se nos vuelve a tratar de estúpidos. Se nos trató de estúpidos cuando se nos dijo que se iba a mejorar la Justicia con el Consejo de la Magistratura. A veces no hace falta decir a alguien estúpido; sólo basta con actuar creyendo que la persona lo es. El proyecto al que me refiero es el de Aerolíneas Argentinas. En este recinto, el presidente de la bancada oficialista dijo que nos iba a costar cero peso, y vamos gastando 3.500 millones. También se nos dijo desde la bancada oficialista que éramos miembros del grupo Marsans y que estábamos defendiendo sus intereses, pero esos 3.500 millones de pesos se los dieron al grupo Marsans que sigue siendo más de un año después dueño de Aerolíneas Argentinas.

Ahí no terminó el tratamiento de estúpidos a todos los ciudadanos argentinos porque después vino el proyecto de las AFJP, y también se nos denunció diciendo que éramos miembros de las AFJP y que defendíamos sus intereses. Se decía que el proyecto iba a mejorar la situación de los jubilados argentinos, pero no hay un solo jubilado que esté mejor después que se aprobó. Peor aún, y tal como se predijo, los fondos que estaban en las AFJP y fueron transferidos a la ANSES fueron después utilizados por el Estado para financiarse.

De nuevo se nos quiere tratar de estúpidos diciéndonos que este proyecto no tiene apuro, que no pretende que el Estado controle los medios, que se quiere tratar democráticamente, pero sin embargo se violan los reglamentos para tratarlo. Por eso es que planteo esta cuestión de privilegio. Se viola el reglamento porque no se cumplen los siete días que necesita cualquier dictamen para ser tratado en el recinto.

Cuando uno trata de estúpida a una persona una vez, puede ser que la persona lo sea, cuando la trata de estúpida dos o tres veces, el estúpido pasa a ser uno. Uno es tan estúpido de creer que la gente es estúpida que hasta pierde elecciones, como se perdieron el 28 de junio.

Quieren aprobar este proyecto y quizás lo logren, pero la realidad es que cuando lo festejen, creyendo que han convencido al resto de que son inteligentes, tendrán que darse cuenta de que la gente dejó de ser estúpida porque ya votó distinto.

Por eso planteo esta cuestión de privilegio, para que se revea este tema de acuerdo con los artículos 126 y 127 del reglamento en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

- 12 -
CUESTIÓN de privilegio

Sr. Presidente (Fellner).- La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sra. Baldata.- Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Fellner).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

Sra. Baldata.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio por las irregularidades gruesas en el tratamiento de este proyecto y el desconocimiento absoluto de la institución Congreso.

Soy una diputada de la Nación y he sido elegida por la voluntad popular, y tengo la obligación de defender la institución Congreso.

Días pasados esta Cámara homenajeó de manera muy interesante a un ex diputado, historiador, periodista y escritor, José Ignacio García Hamilton. Debo reconocer que he leído mucho la obra de Hamilton a pesar de que muchas veces no coincidía con el pensamiento que le imprimía.

En el 90 García Hamilton escribió una obra particularmente interesante, Orígenes de Nuestra Cultura Autoritaria e Improductiva, que me sirvió para poder utilizarla en mi práctica de historia de las instituciones políticas, haciendo una confrontación con otros autores con los que sí tengo mucha coincidencia, por ejemplo Galeano.

¿Qué estoy queriendo decir? En esa obra lo que hace Hamilton es indagar, bucear, buscar todas aquellas razones por las cuales después de haberse logrado un Estado independiente de las colonias, en el siglo pasado la sociedad se caracterizó por tener rasgos muy fuertes de autoritarismo, que terminaban sucesivamente en golpes de Estado por parte de fuerzas armadas con fuerte concepción fascista y autoritaria, en un pueblo que aceptaba y acordaba esos procedimientos.

La verdad, señor presidente, que a 25 años de haber recuperado la democracia son muchísimos los esfuerzos que la sociedad necesariamente debe hacer para avanzar en la búsqueda de una sociedad más democrática, más solidaria y profundamente respetuosa de las instituciones.

Hoy vengo a este recinto a decir que fue mentiroso e hipócrita el discurso de la presidenta Férnandez de Kirchner cuando dijo que venía para darle más institucionalidad a este país. Debo reconocer que esta institución Congreso ha sido absolutamente bastardeada -bastardeando inclusive una ley demandada por todos- al discutir en los foros y en la sociedad civil algo a lo que después el Parlamento tiene que darle forma de ley. Digo esto porque, si bien es interesante la iniciativa de discutir en los foros, se pretendió -esto también vengo a denunciarlo-, con un claro rasgo autoritario, sustituir la institución Congreso por el debate en la sociedad.

Y quiero que me escuchen los que están en las gradas: me parece fantástico ese mecanismo de participación popular, pero ¡cuidado!, porque cuando ese mecanismo sustituye, elimina, ningunea o desconoce al Congreso, estamos frente a una reacción autoritaria, no solamente de la señora presidenta sino también de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner.

Bajo ningún punto de vista podemos hoy, sin debate, sin discusión, sin reconocer los mecanismos institucionales lógicos de la sanción de una ley -en este caso, una ley estratégica-, rubricar, como si este Congreso fuese una escribanía, un proyecto de ley que seguramente podrá ser mejorado en forma sustancial con el aporte que todos podemos hacer.

Es cierto que en la elaboración de este proyecto participó un sector de la sociedad. Pero cuando los gobiernos empiezan a aceitar relaciones con algunos sectores de la sociedad para obviar al Parlamento, como está ocurriendo, estamos frente a una actitud absolutamente autoritaria que nosotros, como diputados de la Nación Argentina, no podemos aceptar bajo ningún punto de vista.

Sr. Presidente (Fellner).- La cuestión pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

- 13 -
cuestión de privilegio

Sr. Presidente (Fellner).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Lanceta.- Señor presidente: hoy asistimos acongojados

-diría yo- a un nuevo escenario de circo planteado por el oficialismo, que degrada profundamente las instituciones. Y vale la pena reiterar algo que ya se dijo aquí: cuando desde estas bancadas opositoras peleábamos por la productividad y por recuperar al sector agroindustrial para la vida económica nacional y el oficialismo no daba quórum, bastaba media hora para que nos quedásemos deliberando en forma solitaria. Pero no ocurrió lo mismo en el día de hoy, porque el oficialismo tiene la necesidad política de llevar a buen puerto, a sangre y fuego, esta ley de leyes.

Pero la van a llevar a un muy mal puerto, señor presidente. Esa ley va a tener vicios de legitimidad de origen, no porque quienes votemos no estemos legitimados para hacerlo sino por la inobsrvancia de las formas sacramentales que deben respetarse en un sistema de derecho. No son meros formalismos: son formas sacramentales y su inobservancia implica la nulidad absoluta de las decisiones que se tomen sin tenerlas en cuenta, y no se han cumplido.

Se nos privó a todos los diputados de los siete días que nos corresponden para revisar los dictámenes, para poder hacer las cosas correctamente. Coincidiendo o no, oficialistas y opositores estamos discutiendo un proyecto de ley –como aquí se dijo- con un dictamen que en pocas horas ha sufrido más de doscientas modificaciones, que se nos van dictando sin tener presente el texto escrito.

Además de las inconstitucionalidades que conlleva esta norma, que va a implicar que sea sancionada como tal, podemos decir que va a ser otro nuevo papelón de este Parlamento.

Señor presidente: le recuerdo que hace pocos días, cuando debatíamos el proyecto de ley vinculado a la promoción de Tierra del Fuego, entre gallos y medianoches se le atribuyó a un diputado -que no es opositor precisamente- el corrimiento de una comita, lo que produjo un escándalo en el Senado porque se trataba ni más ni menos que del otorgamiento de 30 mil millones de pesos. Esa norma se había hecho como ésta, sin tener en cuenta la opinión de todos.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.

Sr. Lanceta.- Señora presidenta: esta va a ser una ley nula, ilegítima, y va a ser declarada inconstitucional. Y le voy a dar una mala noticia –casi siempre soy portador de malas noticias cuando hablo de derecho y las cosas se hacen mal, lamentablemente-: esta ley va a ser de cumplimiento imposible. Si lograran sancionarla como está lloverán los juicios, los amparos y las medidas de no innovar. Entonces, la transformación revolucionaria que se pretende nos va a llevar al congelamiento del actual sistema, con el COMFER intervenido, como está, con Mariotto y compañía. Esta iniciativa cercena derechos constitucionales. No habrá medio en la República que habiéndosele lesionado sus intereses no esté legitimado para pedir una medida de no innovar. Nosotros, como diputados de la Nación, y también los senadores, estamos legitimados para plantear la ilegitimidad de origen de esta norma por las razones que he señalado.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La cuestión pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

- 14 -
cuestión de privilegio

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Vega.- Señora presidenta: en la misma línea pero con distintos fundamentos yo también voy a plantear una cuestión de privilegio.

Quiero que tomen mis palabras fuera de todo ideologismo. Quiero que se interpreten –no sé si lo lograré- fuera de la falsa opción “Clarín versus Kirchner”; no me interesa plantearlo así. Me preocupa mi país.

Tengo en mis manos la Carta Interamericana de la OEA que –como bien saben los juristas del bloque oficialista- es la matriz jurídica constitucional de todo el sistema interamericano. Me gustaría que el señor diputado Piumato escuchara porque él habla de derechos humanos y quisiera que compartiera o disientiera con lo que yo digo.

La Carta Interamericana de Derechos Humanos es la matriz jurídico constitucional del sistema y tiene rango constitucional en virtud del inciso 22 del artículo 75. Quiere decir que si alguno de los 34 estados de América viola los preceptos de esa carta está violando una regla constitucional, lo cual acarrea la insanable nulidad del acto.

¿Qué dice la Carta de la OEA en relación con el tema que estamos debatiendo? Espero que la señora presidenta me escuche, más allá de que no comparta mis argumentaciones…

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- El señor diputado sabe que las mujeres podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo.

Sr. Vega.- Peinarse entre otras cosas.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Por favor, señor diputado, considere mejor a las mujeres.

Sr. Vega.- Bueno, señora presidenta; sé que me está escuchando.

¿Qué obligaciones impone al Estado argentino en situaciones como ésta la Carta de la OEA? En sus artículos 3º, 4º y 5º le impone dar operatividad al principio rector de las democracias representativas.

Las democracias representativas son lo que dice la ley: para que se pueda hablar de una democracia representativa es condición esencial el cumplimiento de los tres artículos que mencioné.

El artículo 3º exige que para que un acto sea respetuoso de la legalidad democrática debe respetar el régimen plural de partidos y de organizaciones políticas, de separación e independencia de los poderes públicos, y esta no es una simple frase.

El artículo 4º establece como obligación a los gobernantes respetar el principio de probidad y la responsabilidad en la gestión pública y en el respeto a la oposición.

El artículo 5º sostiene que no hay democracia representativa sin el fortalecimiento de los partidos políticos y de la independencia de los poderes.

Esto significa que todo lo que ha pasado ayer está en contra de lo dispuesto por la Carta de la OEA, y por lo tanto del sistema interamericano de derechos humanos, más allá de las prédicas políticas que mediante gritos algunos diputados pretenden imponer como bandera de derechos humanos. Estos son derechos humanos, señora presidenta, los que figuran en la Carta de la OEA, y no otros.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La Presidencia informa señora diputado que sólo le resta un minuto de su tiempo.

Sr. Vega.- Si se ha violado la Carta de la OEA esta sesión es inconstitucional y nula.

En la última sesión se aprobó un proyecto de resolución de mi autoría que curiosamente decía que el Parlamento argentino rechazaba todo acto de prepotencia, violencia e intolerancia. Pero lo más curioso es que los fundamentos de esa iniciativa fueron las agresiones sufridas por los diputados Rossi. Obsérvese que yo, un diputado de la oposición, presenté un proyecto de resolución de repudio a las agresiones sufridas por los diputados Rossi. En realidad era una búsqueda de este diálogo que no se logra y que permitiría bajar los niveles de crispación en el Congreso y comenzar a respetar un poco más la ley.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

- 15 -
cuestión de privilegio

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Giudici.- Señora presidenta: voy a plantear una cuestión de privilegio, y posteriormente realizaré la fundamentación de nuestro dictamen de minoría.

Estoy de acuerdo con lo que han dicho los diputados de mi bloque en cuanto a la ilegitimidad del procedimiento aplicado para esta sesión especial a la que nuevamente nos convocó el bloque del oficialismo.

Históricamente en el reglamento las sesiones especiales eran consideradas sesiones en minoría, porque justamente cuando no logran quórum los diputados tienen la posibilidad de hablar con este procedimiento.

Media hora estricta es la que nos impone el reglamento para alcanzar el quórum. Siempre que convocamos a alguna sesión especial, transcurrida la media hora se declara fracasada la sesión y se nos da la posibilidad de manifestarnos en minoría. Este no es el caso, y por lo tanto va la primera discriminación que se produce en este Parlamento para con las minorías.

La segunda de las discriminaciones tiene que ver no solo con el hecho de que se ha violentado nuestra capacidad para que en una hora y media podamos leer un texto de 161 artículos, sino con el despojo que se produjo en perjuicio de la Presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión en el tratamiento del proyecto de ley de servicios audiovisuales.

Es la primera vez que una comisión presidida por un integrante de la oposición puede emitir dictamen en esta Cámara, al menos en los años en los que formo parte de ella.

Es la primera vez que se convoca a un plenario de comisiones sin acuerdo de sus presidentes, siendo solamente informada la Presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión de las decisiones que se tomaban.

También se dijo en los plenarios que se estaba sesionando sin el quórum de una de las comisiones y que se había votado para llevar adelante una serie de audiencias públicas sin que hubieran estado presentes los diputados de una de las tres comisiones.

En el día de ayer se levantaron dos veces por sendos cuartos intermedios. Se lo hizo con la decisión de dos comisiones, sin consultarse a la Presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión. Por si todo este relato dejara alguna duda, ayer a partir de las nueve o diez de la noche mi comisión comenzó a reunir dictámenes de mayoría sin que siquiera la Presidencia de la comisión estuviese informada.

Por lo tanto, esta cuestión de privilegio tiene que ver con el hecho de dejar bien sentada la ilegitimidad de este procedimiento para una ley que debiera ser producto del consenso, ya que busca cumplir con una asignatura pendiente de la democracia.

Esta ley se impone de manera intempestiva en este Parlamento, como si en lugar de estar sancionando la ley de la democracia estuvieran sancionando la ley de la selva.

En ese sentido, quiero recordarles que el 10 de diciembre cambia la composición de esta Cámara. Estamos a muy poco tiempo de que eso suceda. Por lo tanto, deberían tener mucho más cuidado en el tratamiento que se da en esta Cámara a las minorías circunstanciales.

Por otra parte, el debate que quisimos abordar evidentemente fue un debate entre amigos. Tanto la formulación extraparlamentaria del proyecto de ley, como la formulación exprés de los debates formales que se llevaron a cabo –digo formales, porque los argumentos no fueron escuchados ni tenidos en cuenta-, dieron lugar a un dictamen que apareció con llamadas al costado, como si fuera un apunte universitario. Esos apuntes universitarios, que decían ser las modificaciones por los aportes de tantas horas de debate, en ningún momento incluyeron las opiniones de la oposición.

Finalmente digo que esta cuestión de privilegio, que deberá pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, es para dejar planteada la ilegitimidad del procedimiento y también el tratamiento que se da en este Congreso a las minorías circunstanciales, pero que en realidad representan a la mayoría del pueblo en este momento.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La cuestión pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

cuestión de privilegio

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Giubergia.- Señora presidenta: quiero plantear una cuestión de privilegio.

Recordemos que este proyecto ingresó el 27 de agosto y fue discutido en una reunión conjunta de la comisiones de Comunicaciones e Informática, de Presupuesto y Hacienda y de Libertad de Expresión celebrada el 3 del corriente mes.

El día 7 solicité el acta respectiva, que debe figurar conforme lo establece el reglamento en su artículo 110, que expresa: “En todos los casos se labrará acta de las resoluciones que adopten las comisiones en cada reunión, dejándose también constancia, a pedido del diputado, de las razones en que funda su voto sobre el asunto considerado. De estas actas se hará un resumen que será puesto en Secretaría a disposición de la prensa para su publicación, dentro de las veinticuatro horas de cada reunión.”

Es decir que habían pasado más de cuarenta y ocho horas y no me podían entregar el acta porque decían que no existía acta alguna al respecto, o sea que no constaban las votaciones ni todo lo que se siguió llevando adelante en las reuniones de comisión.

En ese escrito que fue girado tanto al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda como a la presidencia de la Cámara planteamos esto y también la total y absoluta nulidad.

Todos los señores diputados hemos visto violados nuestros fueros porque ni siquiera se nos permitió acceder a las actas, quiénes se anotaban y cómo se llevaba ese libro. Tampoco estaban establecidos los listados, que únicamente conocía quien estaba al frente de la comisión.

En esta situación hemos planteado que en el día de ayer en la comisión debían firmarse los dictámenes si había quórum suficiente. Esto lo dice el propio artículo 110 del reglamento, cuando afirma: “Los despachos de Comisión, sólo podrán ser firmados, en la sala respectiva, por los miembros asistentes a la reunión en que hayan sido aprobados; o a la mayor parte de las reuniones…”.

Como usted sabe, señora presidenta, en el día de ayer no había quórum y no se firmaron los despachos en la sala de reuniones. Entonces, nos preguntamos: ¿qué despacho estamos considerando? ¿De qué estamos hablando?

Asimismo, cabe señalar que tampoco se cumplió con lo que establece el artículo 113 del reglamento, que dice que como mínimo debe ponerse a consideración de los señores diputados durante siete días.

Hoy venimos a tratar un dictamen de comisión que fue presentado ayer casi a las doce de la noche, que no sabemos con qué firmas cuenta, desconocemos dónde se realizó y con qué objeto, tampoco sabemos qué se planteó y cuál era el dictamen que se puso a consideración, porque ni siquiera fue puesto a consideración de los señores diputados para su firma.

Se dijo que estaba circulando un dictamen para la firma. Esto se suma claramente a la violación de los fueros de cada uno de los señores legisladores aquí presentes, ya que cuando el diputado Azcoiti planteó que había fenecido el tiempo que establece el reglamento y que esta sesión especial debía levantarse, tampoco se tuvo en consideración lo dicho y lo peticionado.

Entendemos que todos estos actos que se han venido llevando a cabo en las reuniones de comisión, al igual que la pretendida sesión que hoy quieren que sea válida, son nulos de nulidad absoluta.

Por lo tanto, conforme lo establece el reglamento, solicito que esta cuestión de privilegio se ponga a consideración de la Cámara y que ésta se constituya en comisión para discutir el asunto de fondo.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- No se discuten las cuestiones de privilegio, señor diputado. Pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

cuestión de privilegio

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Lemos.- Señora presidenta: también vengo a plantear una cuestión de privilegio, y seré breve.

Entendemos que este debate es crucial para la democracia, como lo ha instalado el Poder Ejecutivo y como lo venimos sosteniendo desde 1983. Pensamos que en esta oportunidad, tal como se plantean las cosas desde que el proyecto ingresó a la Cámara, no se han respetado ni garantizado los requisitos necesarios para el debate, que es de vital importancia para el sistema democrático.

En esta sesión, como ya se ha explicado en abundancia, no se han cumplido ninguna de las cuestiones reglamentarias en cuanto a su citación, inicio y realización; se trata de aspectos reglamentarios que tanto se imponen a la oposición en cada oportunidad, pero que no ocurre con el oficialismo. Pareciera que existiera un reglamento propio o especial, que se usa de acuerdo con la conveniencia.

Lo que hemos sufrido ayer lo hemos vivido como un atropello. Se trata de un proyecto que ya presentaba complicaciones importantes y que fue sustituido al inicio del debate de las tres comisiones, sin que se proveyeran las copias necesarias, salvo a un par de diputados de mi bloque.

Durante tres horas se procedió a la lectura de las modificaciones. Fue una prueba de resistencia la que tuvimos que soportar; incluso se leía mal, pues no se aclaraba si era una incorporación, una sustitución o una modificación.

Lo viví como un terrible atropello, aunque haya aliviado cuando se nos dio una hora y media para analizar las más de doscientas modificaciones introducidas. Un par de horas después se impuso la iniciativa, y al final de la jornada casi se nos impide la presentación de nuestro dictamen, lo que ocurrió a las 12 y 30 de la noche. La misma actitud se mantuvo durante el transcurso de la mañana de hoy, ante nuestro intento de presentación en la oficina respectiva.

Por ello, todo lo hemos vivido como un atropello. En consecuencia, como no se ha garantizado que se cumplan los requisitos para que el debate sea legítimo, planteamos esta cuestión de privilegio.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La cuestión de privilegio pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

cuestión de privilegio

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Chaco.

Sr. Urlich.- Señora presidenta: al igual que los otros diputados de la oposición, quiero plantear una cuestión de privilegio, pues esta sesión es irregular e ilegítima.

Comparto la actitud del diputado Azcoiti, que se hizo presente a la media hora de la convocatoria de la sesión especial, tal como lo estipula el reglamento, y solicitó la palabra, la que no se le concedió; tampoco se dio por caída la sesión. Este me parece un atropello más del oficialismo. Pareciera que existen dos reglamentos: uno para la oposición y otro para el oficialismo. El de la oposición se hace cumplir a rajatablas, pero el del oficialismo, no.

Lo de ayer fue escandaloso. No pertenezco a ninguna de las comisiones, pero he participado en las reuniones. Se leyó el proyecto del oficialismo durante tres horas y después se otorgó a la oposición una hora y media para analizar y expresarse sobre las doscientas y pico de modificaciones. Me parece que es una falta de respeto y de seriedad para una iniciativa que es tan importante para todos los argentinos.

No me explico por qué no nos damos el tiempo suficiente para analizarla. Creo que hay que ser más estrictos con el reglamento, y no sólo con la oposición, pues lo que ha ocurrido ayer ha sido escandaloso.

También quiero recordar que días pasados hemos mantenido una reunión en la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, donde se ha violado el reglamento. No sólo se lo ha hecho, sino que también se ha obligado a los taquígrafos a cambiar la versión taquigráfica. Es común lo que está ocurriendo acá.

Este proyecto debería ser la ley de todos y del consenso, a partir de una política de Estado para todos los argentinos. Que se la saque de atropello y a las apuradas me parece que es absolutamente incorrecto. Creo que es hora de que terminemos de degradar al Parlamento. Dejemos que corran los tiempos y sancionemos las leyes como corresponde. No nos equivoquemos más.

Debemos ajustarnos estrictamente a lo que establece el reglamento, porque así vamos a recuperar la calidad institucional que hemos perdido. Recordemos que en diciembre de 2007 la señora presidenta de la Nación habló mucho en este recinto de calidad institucional, pero resulta que ahora manejan las comisiones y hasta al propio Congreso como si fuera una estancia, convirtiéndolo en una escribanía del Poder Ejecutivo.

Por estas razones, tal como lo hicieron otros integrantes de mi bloque y representantes de diferentes bancadas de la oposición, dejo planteada esta cuestión de privilegio por la irregularidad e ilegitimidad de esta sesión que le hace muy mal a la democracia.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

- 16 -
cuestión de privilegio

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Giubergia.- Señora presidenta: en base a lo dispuesto por el artículo 128 del reglamento solicito que la cuestión de privilegio que he planteado en contra de quien presidía la reunión de las comisiones en la que se emitió un despacho absolutamente ilegítimo y nulo de nulidad absoluta se ponga en consideración y se debata en este momento con la Cámara constituida en comisión.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Justamente ese artículo establece que cuando haya quórum se pondrá en consideración. Por lo tanto, se pospone su pedido para el momento en que haya número.

- 17 -
cuestión de privilegio

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Cusinato.- Señora presidenta: no quiero imaginar lo que pueden estar pensando quienes están siguiendo esta sesión por televisión. Digo esto porque en la casa en la que se elaboran las leyes y en la que se realizan los debates hoy estamos viviendo un hecho que viola los reglamentos que constituyen la herramienta necesaria para garantizar el debate y lograr los consensos.

La cuestión de privilegio generalmente se plantea cuando se ven afectados el buen honor o los derechos de alguno de los representantes del pueblo. Por eso, creo que las distintas cuestiones de privilegio que han planteado los integrantes de los distintos bloques resultan más que razonables.

Aquí –reitero- se violaron todos los reglamentos y las normas de convivencia que han sido históricas en el Parlamento.

Cuando un proyecto de ley ingresa al Congreso y luego se deriva a las distintas comisiones -esto nadie lo ha mencionado- es analizado en reunión de asesores, para que haya un estudio serio, técnico y consensuado de la iniciativa girada. Justamente aquí es donde comenzó el atropello que hemos sufrido los integrantes de la oposición, ya que fuimos convocados a un plenario de las comisiones que no respetó cuestiones mínimas, como contar con quórum para disponer la realización de las audiencias públicas.

Además, en esas audiencias públicas fue prácticamente imposible escuchar a todos en tan poco tiempo.

Así, llegamos a un nuevo plenario de las comisiones en el que el oficialismo planteó más de doscientas modificaciones al proyecto en análisis y pretendió que en una hora y media la oposición pudiera analizar esas reformas a un proyecto de ley muy importante y de fondo, que todos hemos definido como “la ley de la democracia”.

Luego, violando nuevamente el reglamento –no había quórum-, se emitió un despacho de comisión. Tanto es así que mientras debatíamos la cuestión veíamos cómo el despacho era firmado fuera del recinto de discusión.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- El señor diputado Cigogna le solicita una interrupción. ¿La concede?

Sr. Cusinato.- No, señora presidenta.

En más de una ocasión usted ha presido las sesiones en minoría, y siempre una vez cumplida la media hora daba por fracasada la sesión especial al no haber quórum.

Por lo tanto, en esta ocasión han violado una vez más el reglamento, que es la norma de convivencia que nos rige dentro de esta Honorable Cámara.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

- 18 -
cuestión de privilegio

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.

Sra. Castaldo.- Señora presidenta: quiero sumar mi voz...

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- El señor diputado Cigogna le pide una interrupción.

Sra. Castaldo.- No la voy a conceder, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Castaldo.- Señora presidenta: quiero sumarme a esta sinfonía coral de reclamos que hacen los diputados de mi bloque en cuanto al planteo de cuestiones de privilegio.

Quien haya tenido alguna vez en sus manos un libro de introducción al derecho o por lo menos el reglamento de funcionamiento de esta Cámara sabe perfectamente que esta sesión que estamos realizando es absolutamente inconstitucional e improcedente, porque se han violado todos los principios que dan formalidad al derecho.

En segundo lugar, quiero hacer una confesión de parte. Como todos los hombres de derecho saben “a confesión de parte, relevo de pruebas”.

No conozco ni el proyecto ni el dictamen que estamos analizando por las dificultades que he tenido para acceder a su texto, aunque ayer en esa confusa reunión que hemos tenido en el plenario de comisiones una compañera de bloque tenía un texto, que podría haber llegado a acercarme, pero nos debimos retirar ante la imposibilidad de participar de una manera más lúcida y más comprometida, por la ausencia de tiempo material, habiéndose producido todos estos hechos relacionados con la forma en que se ha ido redactando el dictamen de comisión.

Sí señores, la democracia es el sistema de gobierno de la mayoría, pero es el costado más débil de este sistema hacer predominar las mayorías que por una cuestión circunstancial son tales, y que pueden dejar de serlo y que pretenden imponer criterios para producir una legislación que anhelamos que sea permanente.

Con este criterio lo único que hacen es acallar otra sinfonía de voces opositoras, con voz, con voto, pero que no tienen el número suficiente para que sus planteos, por más atendibles que sean, puedan ser escuchados.

Esto puede seguir funcionando pero va en desmedro de la calidad institucional de los argentinos. Sólo quiero concluir refiriendo a un autor al que admiro demasiado, como Juan Bautista Alberdi, quien dijo que para un gobierno inteligente y honrado la oposición es su garantía de estabilidad y su auxiliar más útil. Cuando no se escucha a la oposición sólo hay una libertad oficial o gubernamental.

Y quienes quieran ahondar más en la cuestión los invito a leer sus Obras Completas, tomo VII, página 371.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La cuestión pasa a la comisión de Asuntos Constitucionales.

CUESTIÓN de privilegio

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Montero.- Señora presidenta: para no ser una excepción, quiero plantear una cuestión de privilegio.

En verdad creo que cuando se lean las versiones taquigráficas de esta sesión, con innumerables cuestiones de privilegio planteadas en este recinto, vamos a tener una clara visión de la cantidad de aportes que ha hecho cada uno de los diputados que me precedieron en el uso de la palabra, reitero teniendo en cuenta la cantidad de cuestiones de privilegio planteadas.

Así se tendrá una idea de que el procedimiento relativo al tratamiento de esta ley tanto en las comisiones como en esta sesión ha gozado de enormes irregularidades. Eso significa que en algún momento tendrá que ser revisado.

Esta misma iniciativa fija en el artículo 2º la responsabilidad de este Congreso, y no me voy a extender en la cuestión.

Pero quiero señalar que como integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda he tenido que asistir a las reuniones plenarias para ratificar desde otro punto de vista las opiniones vertidas aquí sobre el tratamiento de esta norma en comisión y el abuso que se hace allí de las mayorías, quiero decir que en la primera reunión de comisión se planteó claramente que existía otro procedimiento para tratar esta iniciativa.

Así lo hizo la señora diputada Giúdici, cuando en una reunión previa de la Comisión de Libertad de Expresión solicitó que se federalizara el tratamiento, que se diera un debate amplio de esta norma, que se tratara artículo por artículo.

De este modo lo hicimos muchos de los diputados aquí presentes, aunque no tuvo ningún eco en el seno de las comisiones.

De más está repetir, porque eso implicaría excedernos en los mismos argumentos, lo que pasó ayer. En algún momento sentí que cualquier planteo que pudiera hacer era absolutamente estéril, porque ya se estaba convocando a sesión y firmando los dictámenes. Por eso me parecía que hacer algún aporte en esas condiciones era absolutamente irrelevante.

No estoy hablando solamente del procedimiento adoptado para el tratamiento de esta iniciativa sino del utilizado para sancionar muchas leyes durante todo el año pasado en este Congreso, por el que se hace un uso abusivo del poder de las mayorías, tanto en las comisiones como en el recinto, para su aprobación.

Vuelvo a acudir a la sensatez y responsabilidad, aun de las mayorías, para que las leyes sean tratadas de manera adecuada. Esto es, escuchando incluso aquellas voces que a veces no se quieren escuchar.

Por eso, a través de esta cuestión de privilegio solicito que esta iniciativa vuelva a comisión a fin de que pueda darse un debate artículo por artículo, cosa que tampoco fue posible ayer porque no se permitió leer cada artículo para que los legisladores hicieran sus sugerencias. Todo lo contrario; se realizó una lectura express y los diputados tuvimos que interpretar rápidamente el texto, tratando de entenderlo, de una manera demasiado virtuosa, también en nuestras cabezas. Lamentablemente, en los tiempos previstos ello fue imposible.

Por las razones expuestas, pido que el asunto vuelva a ser tratado en comisión y que debatamos artículo por artículo. Pido que volvamos a un plexo normativo adecuado, porque la norma que estamos analizando –como lo señala en su encabezamiento y como lo han expresado muchas voces independientes- es de absoluta trascendencia para la Nación, porque se vincula con el poder de la información y de la comunicación. Obviamente, esto se relaciona ni más ni menos que con otro aspecto que también señala la norma: la igualdad de oportunidades y la garantía de los derechos individuales y del Estado constitucional.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La cuestión pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

cuestión de privilegio

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Bertol.- Señora presidenta: voy a plantear una cuestión de privilegio en los términos del artículo 127 del reglamento.

El artículo 128 establece que la cuestión de privilegio se vincula con los derechos que la Constitución otorga a la Cámara y a cada uno de sus miembros, los representantes del pueblo, para asegurar su normal desenvolvimiento y resguardar su decoro. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra “decoro” se relaciona con el respeto y la dignidad.

Quiero decir que participé en las audiencias que se llevaron adelante y he escuchado con atención que la mayoría de los asistentes –abogados, representantes de la Iglesia, y de distintos sectores de la comunidad- nos solicitaron que fuéramos sensatos y debatiéramos con racionalidad, y no nos olvidáramos de un elemento fundamental para que una sociedad pueda desarrollarse normalmente.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Fellner.

Sra. Bertol.- Nos pedían que debatamos en paz. Creo en lo que dice Gandhi, que no hay un camino hacia la paz sino que la paz es el camino. En estos momentos no estamos viviendo con la paz necesaria para debatir esta iniciativa. Yo jamás faltaría el respeto a la voz del pueblo, que se escuchó en las audiencias públicas. Me parece que estamos faltando el respeto a la institucionalidad de este Parlamento si seguimos adelante con este tratamiento irregular.

Hago mías las palabras del señor diputado Azcoiti con respecto a la sesión especial citada para hoy.

Estamos debatiendo con la ausencia de voces en instancias decisivas. Estamos a tiempo de reconsiderar el tratamiento de esta ley y de una manera adecuada.

Sr. Presidente (Fellner).- La cuestión de privilegio pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

cuestión de privilegio

Sr. Presidente (Fellner).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. De Marchi.- Señor presidente: yo pensaba que el inicio de esta sesión iba a estar concentrado en la discusión de este ya famoso proyecto de ley de medios, pero todavía estamos discutiendo el momento y las formas para considerar la cuestión de fondo.

Y esto se debe a que esta sesión nace ilegítima, irregular, en el incumplimiento más básico de las reglas de juego que debiéramos observar con especial atención los diputados, porque si nos quedamos sin reglas de juego para las sesiones, nos quedamos sin nada.

Esta sesión deviene ilegítima por lo que acabo de decir, por violación evidente de las formas, como ha sido fundamentado por diversos diputados, y también por una violación al fondo mismo del asunto, que es la imposibilidad física, material, de conocer el tema central de esta sesión.

Ayer a última hora –y no voy a profundizar en esto porque muchos diputados ya lo han hecho- se hicieron más de doscientas reformas al proyecto. Desafío a cualquier diputado, de la oposición y especialmente del oficialismo, a que demuestre si conoce con exactitud la norma que se pretende aprobar.

Esto me hace acordar a que hace un par de semanas veía a prestigiosos diputados, en su gran mayoría del oficialismo, justificándose frente a la ciudadanía por no haber leído la ley de emergencia agropecuaria que se acababa de aprobar. Esto pasó nada más que hace dos o tres semanas.

Hoy están incurriendo exactamente en el mismo error, ya que van a levantar la mano en el día de hoy –y ojalá esto no suceda- para aprobar un dictamen que no conocen, que no han leído, porque no ha habido el tiempo necesario para hacerlo teniendo en cuenta las modificaciones que ha sufrido el proyecto y las audiencias públicas que se han realizado con motivo del tratamiento de este proyecto de ley.

Esto no es en el fondo ni más ni menos que el violentamiento de la voluntad popular por parte de un sector político que integra este Congreso. En el fondo es eso, es obligarnos a todos, es violentar un proceso que debiera ser natural, razonable, con los tiempos que la discusión responsable indica. Por lo tanto, señor presidente, planteo esta cuestión de privilegio porque no quiero ser parte de esta farsa. Me resisto a ser un actor de reparto en esto que huele mucho a comedia venezolana de bajo presupuesto. Hablando de ley de medios, huele mucho a coproducción venezolana argentina, con el libro escrito en Venezuela y reformado en Olivos. Me resisto a ser parte de esta telenovela que necesita como mínimo 129 extras. Como dije, no quiero formar parte, no quiero violentar los tiempos, no quiero violentar la voluntad popular.

Por lo tanto, señor presidente, concluyo con lo que dije al comienzo: dejo formalmente planteada la cuestión de privilegio y solicito que, en el momento oportuno, esta sesión sea declarada ilegítima por contrariar manifiestamente las normas de funcionamiento de este cuerpo y se declare finalmente nula por los argumentos expresados.

Sr. Presidente (Fellner).- La cuestión pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

cuestión de privilegio

Sr. Galvalisi.- Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Fellner).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Galvalisi.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio por la misma razón que expresaron quienes me precedieron en el uso de la palabra, es decir, para que haya igualdad para todos los sectores en el cumplimiento del reglamento. No puede ser que para algunos sectores la tolerancia para una sesión especial sea de 29 o 30 minutos y para otros, no. Es decir que comparto la postura del señor diputado Azcoiti, como primera medida. Por esa razón, desde el punto de vista reglamentario esta sesión carece de legitimidad.

En segundo lugar, planteo la cuestión de privilegio porque no tuvimos el tiempo material para estudiar todas las modificaciones en la hora y media o dos que se nos impuso desde la comisión. No pudimos trabajar profundamente ni legal ni técnicamente para saber cuáles eran los contenidos, respecto de los cuales podemos afirmar que son violatorios de los tratados que la Argentina firmó con organizaciones internacionales de telecomunicaciones. También están en contraposición con el Código de Comercio y la Ley de Sociedades Comerciales. Asimismo, no respetan la libertad de prensa y el derecho a la libre expresión.

Por los antecedentes que acabo de mencionar, pido que el dictamen vuelva a comisión y se trabaje con la seriedad del caso.

Sr. Presidente (Fellner).- Se procederá conforme lo indica el reglamento.

cuestión de privilegio

Sr. Martínez Oddone.- Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Fellner).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente: paradójicamente, estamos tratando “la ley de la democracia” y en el proceso de su tratamiento asistimos a una práctica antidemocrática

-diría yo-. Es como una contradicción en sí misma. Son los que tienen la mayoría, los que tienen el poder, los que deberían ser magnánimos en la administración de ese poder. Son los que deberían dar el ejemplo de la tolerancia. La democracia requiere tolerancia; por ejemplo, tolerancia a saber que no todos pensamos igual. La tolerancia es la que permite la discusión, y esta última permite el arribo a consensos.

Ayer hemos asistido a una reunión de comisión donde la práctica ha sido la intolerancia, la falta de discusión y la imposibilidad de llegar a consensos. Ha habido una falta de respeto de la reglamentación, lo cual implica una falta de respeto a la institucionalidad, y nada menos por quienes ostentan el poder de la mayoría.

Señor presidente: alego por el respeto a la institucionalidad y el respeto a que todas estas cuestiones de privilegio se traten en la comisión respectiva, es decir, que alguna vez en esta Cámara le demos curso a lo planteado en las cuestiones de privilegio.

Sr. Presidente (Fellner).- Pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

moción

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Recalde.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión, pero no me gusta la denominación de privilegio, como tampoco me gusta la de monopolio. Confieso que tendría que haberlo planteado en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para que se modifique el reglamento y entonces no sea una cuestión de privilegio sino en todo caso el derecho de defender los fueros que el pueblo argentino otorgó a cada uno de los presentes.

Lo que quiero plantear es en defensa de todos nosotros, porque se ha dicho que no tenemos legitimidad. Todos los que estamos acá sentados, no importa la idea que sustentemos, tenemos la legitimidad del mandato popular, como bien lo expresó el señor diputado Baladrón cuando hizo su informe. Entonces, todos tenemos derecho, y además las cuestiones reglamentarias que se plantearon son opinables. Yo respeto las opiniones.

Dicen que para el comienzo de las sesiones especiales hay sólo media hora de tolerancia. Eso podría ser interpretado, porque la experiencia indica otra cosa. Cuando se trató la resolución 125 se citó a las 10 de la mañana y la sesión comenzó a las 6 de la tarde. Hace poco, en agosto, hubo otra sesión especial que se citó a las 10 de la mañana y que por un pedido se postergó hasta las 3 de la tarde. Pero no es solamente eso…

Señor presidente: si me quieren interrumpir, que pidan la interrupción; yo no la voy a conceder, pero es lo que corresponde.

Sr. Presidente (Fellner).- Continúe, señor diputado.

Sr. Recalde.- Lo digo por el cómputo del tiempo del que dispongo. Si tuviera más tiempo, concedería interrupciones, pero no lo voy a hacer porque tengo pocos minutos.

Lo que yo estoy defendiendo es la legitimidad de esto, para que cómodamente nos quedemos en estas bancas a discutir el tema que nos ocupa. No podemos cuestionar la legitimidad o decir que es ilegal y quedarnos en el recinto. Estamos aquí ejerciendo el mandato popular.

El artículo 26 del reglamento no establece que la sesión especial debe caer. Esta es nuestra posición. Es más –para ir rápidamente a la cuestión de fondo-, esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, no solamente desde 1983. Hace dos años esto se empezó a discutir con mucha más profundidad, y el 18 de marzo ya se conocía. Pero hay algo más patético: cuando uno ve el orden del día observa que hay cinco dictámenes, uno de mayoría y cuatro de minoría. De manera que hubo tiempo para dictaminar en minoría. Ahora bien, si hubo tiempo para eso, ¿por qué perdemos el tiempo con tantas cuestiones de privilegio? (Aplausos.)

Quisiera rendir un homenaje a mi vieja; hace pocos días se cumplió un aniversario más de su muerte. Cuando yo era chico ella me contaba un cuento. Me decía que una vez en un colegio la maestra les dio veinte minutos a los chicos para resolver un problema; todos se pusieron a trabajar para tratar de resolverlo, pero uno cuestionó el tiempo que tenía; por supuesto pasaron los veinte minutos y todos los chicos resolvieron el problema menos aquel que cuestionaba el tiempo.

Por eso yo digo: discutamos la ley. Hemos logrado salir de uno de los componentes de lo que hoy denomino eje perverso, que son tres leyes con un origen no genuino, porque son tres leyes dictadas por la dictadura militar, con cuentas pendientes de este Congreso: la ley de radiodifusión, la de entidades financieras y la de contrato de trabajo. Ortega y Gasset decía: “Argentinos, a las cosas”.

Tratemos de resolver esto. Hoy podíamos haber planteado el cierre de debate sin lista de oradores pero no lo hicimos y estamos debatiendo. Debatamos las cuestiones de fondo, no las formas.

Ha habido gran cantidad de pedidos de la palabra para plantear cuestiones de privilegio prácticamente iguales. Si hubiéramos ganado ese tiempo podríamos estar tratando las cuestiones de fondo.

En relación con el 18 de marzo quisiera rendir otro homenaje. Esa no fue una fecha casual para nosotros. En 1962, con el peronismo proscripto, ganó las elecciones de la provincia de Buenos Aires un dirigente sindical, Andrés Framini, y no lo dejaron asumir. (Aplausos.)

Nosotros no proscribimos: escuchamos y debatimos. Tenemos posiciones distintas; para eso está la democracia.

Argentinos, a las cosas. Compañeras diputadas, compañeros diputados: tenemos legitimidad, sigamos discutiendo, no nos vayamos, permanezcamos en el recinto, pero lo más importante es que en todo caso el año próximo vamos a discutir una ley nacida de la democracia, no de una dictadura. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

regulación de los servicios audiovisuales (Continuación)

Sr. Presidente (Fellner).- Para informar el dictamen de minoría, tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Camaño.- Señor presidente...

Sr. Presidente (Fellner).- Le solicitan una interrupción, señora diputada, ¿la concede?

Sra. Camaño.- No, señor presidente, no concederé interrupciones porque lo que está pasando en este recinto es lamentable. Estoy tentada de presentar una cuestión de privilegio en contra de todos los que plantearon cuestiones de privilegio, incluyendo al querido amigo Recalde.

Se habla de la vulneración del reglamento y creo que se lo ha manipulado. Jamás había asistido a sesión alguna en la que se hiciera lo que se acaba de perpetrar. Lamentablemente esto –lo digo a los amigos de la oposición- justifica algunos apuros y el tratamiento a los cachetazos. Esta es la famosa teoría del amigo-enemigo, o vamos rápido o no vamos, y la verdad es que quienes hemos estado trabajando en este grupo que ha presentado el primer dictamen de minoría…

Al respecto dejo constancia que tenía derecho a hablar después de que expuso el miembro informante de la mayoría porque nuestro dictamen fue el primero que presentó la minoría, derecho que me fue denegado por medio de la argucia de plantear cuestiones de privilegio.

En medio del tratamiento de un proyecto de ley tan complicado, en el que están involucrados tantos intereses económicos y políticos, y en medio de la pretensión de un cambio rotundo de las reglas de juego, surgen quejas por la falta de tiempo y la imposibilidad de leer. Algunos pudimos leer; otros, muchos -muchos más de lo que la democracia tolera- probablemente no habrán podido leer, y esto es lo grave, mis queridos amigos del oficialismo. Se pueden hacer las cosas y se pueden hacer bien.

Entiendo el temor porque se vuelva a dilatar la discusión, pero creo que eso no nos puede hacer caer en la impericia de pretender que los legisladores propios y ajenos puedan tener acceso a la lectura y la comprensión de 157 artículos de una norma que cambia radicalmente el sistema de comunicaciones en la República Argentina. Lo da vuelta como una media, señor presidente, y por eso es legítimo el reclamo de tiempo.

Realizaré algunas consideraciones previo a plantear cuáles son las cuestiones de fondo que no nos han permitido acompañar el dictamen de mayoría y nos motivaron a presentar un dictamen de minoría.

Durante todo este tiempo en el discurso oficial se habló –lo acaba de decir el legislador preopinante- de la necesidad de cambiar esta ley y de la mora legislativa. Lamento informarles, queridos compañeros, que la mora legislativa es escandalosa. Quienes vamos a votar este proyecto de ley y quienes lo propusieron fuimos electos por una ley de la dictadura que se llama Código Electoral.

Las personas jurídicas que intervienen en la ley también se van a regir por una ley de la dictadura: Lanusse, ley de sociedades.

En el proyecto se le abre el juego a las cooperativas, las mutuales y las fundaciones, ley de la dictadura.

Seguramente las cooperativas, las mutuales y hasta los privados vayan a ir a pedir algún tipo de préstamo, ley de entidades financieras, ley de la dictadura.

No descarto que por ahí alguno haga valer la ley de marcas y designaciones, ley de la dictadura.

Probablemente alguien vaya a presentar algún recurso administrativo; va a utilizar la ley de procedimientos administrativos, ley de la dictadura.

Quizás alguien quiera traer del exterior un mobiliario o algo de alta tecnología, Código Aduanero –viejo conocido-, ley de la dictadura.

O sea que el argumento de que estamos borrando una aberrante ley de la dictadura es un argumento flojito de papeles.

Hubiera sido muy importante darnos el debate. Aquí se habló de la legitimidad de los representantes del Parlamento. Yo acuerdo con mi amigo Baladrón en cuanto a que estamos perfectamente legitimados para discutir, votar, aprobar o rechazar un proyecto de ley. Es más: leyes importantísimas se han votado con parlamentos en similares circunstancias. Sin ir muy lejos, la ley que puso en proceso de privatización a 64 empresas en este país. Se votó con un presidente elegido, con un Parlamento elegido, y con una vieja composición. O sea que la legitimación es harto evidente.

Ahora bien, la legitimación no es un momento o una circunstancia en nuestras vidas como representantes del pueblo. La legitimación es un ejercicio constante de nuestras conductas que tenemos que realizar día a día, momento a momento en cada una de nuestras actitudes.

La legitimación también quiere decir respetarnos en nuestro reglamento, que es el ámbito que nos posibilita –como norma que nos hemos dado- que podamos discutir en igualdad de condiciones.

Por eso, desde que ingresó este proyecto de ley, entre los intereses y la vulneración de nuestras propias identidades, seguimos discutiendo los modos, las formas, y no vamos a la cuestión de fondo. No vamos a ver de qué manera podemos hacer que esta norma sea la norma que pretendemos todos, al menos en los discursos.

Cuando escuché hablar al señor miembro informante del dictamen de mayoría, estuve tentada de decir que estaba absolutamente de acuerdo.

Cuando días pasados escuché al licenciado Mariotto, le dije que estaba de acuerdo. Pero una cosa es el discurso público de este proyecto de ley y otra lo que su redacción indica en cada uno de sus artículos. Ese es el problema que tiene esta iniciativa: no estamos generándonos el ámbito para discutir lo que la norma dice, que va a ser lo que regirá el destino de todos los argentinos, con una enorme confusión. Será una ley confusa.

En algún momento me pregunté de qué manera funcionó el “cortar y pegar” en este proyecto de ley. No tiene una sola factura. Como bien dice el señor jefe de Gabinete de Ministros, “no tiene buena factura” la ley.

Ayer una señora legisladora inocentemente dijo algo que para mí marca la gravedad de la concepción del proyecto. La señora legisladora dijo que cuando ella sea presidente le gustaría tener esta ley.

Yo no quiero una ley para un presidente; no quiero una ley ni para esta presidenta ni para la que quiere serlo ni para los siguientes presidentes. Quiero una ley que tengamos la posibilidad de formular en términos de control y de interacción de los poderes del Estado y también en términos de federalismo real y concreto, donde nuestras provincias no conculquen las posibilidades de actuar activamente en el tema de la comunicación. Que no le sirva a un presidente.

Habiendo sido víctima muchas veces de consideraciones que yo creía injustas digo: ¡bienvenida la crítica!, porque a mí personalmente me hace ser más buena y más proba. Bienvenida la crítica. La ley no le tiene que servir a un presidente sino al pueblo de la Nación, y nosotros somos la garantía de que esto se cumpla; deberíamos ser la garantía de que esto ocurriera.

Desde nuestro humilde dictamen proponemos, en principio, una autoridad de aplicación en la que se configure realmente el federalismo y en el que se respeten las instituciones.

Estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a que valoro mucho la participación de la sociedad, pero ¿saben una cosa? La participación de las sociedades se da a través de las instituciones, y si nosotros no tenemos la capacidad de que la sociedad participe a través de estas instituciones que crea la carta o pacto más importante que nos damos los argentinos, que es la propia Constitución, no seamos ingenuos: esa representatividad no va a venir por ejercicio espontáneo de una sociedad a la que todavía le falta muchísimo para organizarse.

De estos ámbitos de la institucionalidad es de donde deben partir las directrices eficaces para que haya control y gestión, y debemos ser nosotros los garantes de esta situación.

En nuestro proyecto incorporamos cuatro representantes del Senado porque queremos una ley federal. Y el Senado es el ámbito del federalismo de esta Nación.

En nuestro proyecto decimos que debe haber dos representantes del pueblo de la Nación expresados en este Congreso, porque es aquí donde se manifiesta el pueblo de la Nación, sin menoscabo hacia ninguna otra forma de participación popular.

En nuestro proyecto decimos que el Poder Ejecutivo nacional de turno tendrá un representante, el cual ejercerá la presidencia.

En nuestro proyecto modificamos sustancialmente la participación real de la comisión bicameral porque creemos que el proyecto del oficialismo, que le da una serie de funciones muy interesantes, no otorga aquellas que son vitales para asegurar que sea el Congreso de la Nación el que garantice la pluralidad y la democracia. Por eso otorgamos a la comisión bicameral un término de sesenta días para expedirse en torno a la aprobación de pliegos, a la designación de jurados en los concursos, a la adjudicación y a la prórroga, a los cursos de acción que se deben promover para la competencia, a las modificaciones que se realicen ante los avances tecnológicos y a la remoción de los miembros de la autoridad de aplicación por inconducta grave. Estos son los puntos vitales que debemos controlar de la autoridad de aplicación; lo demás es pour la galerie o para adornar y convencer a los que se convencen con poco.

Creemos que el consejo es una muy buena estructura pensada por quienes trabajaron el proyecto, pero entendemos que hay cuestiones que lo debilitan. Nosotros queremos fortalecerlo, porque no es un ámbito menor, ya que hay representación de las provincias, de las organizaciones no gubernamentales y de las asociaciones sindicales; me parece que es el ámbito del pluralismo.

Por eso bajo ningún punto de vista la duración debe ser de dos años, ya que ello debilita a este consejo integrado por treinta y pico de personas, quienes cuando apenas llegan a conocerse ya deberían hacer la fiesta de despedida. Por eso hablamos de cinco años y de que no se requieran mayorías especiales para su funcionamiento, ya que sabemos cuáles son las técnicas para que no funcionen los cuerpos colegiados.

También señalamos que es innecesario plantear que la participación sea ad honorem, porque ya sabemos quiénes llegarán a Buenos Aires y quiénes se quedarán en el camino, como de costumbre. Recuerdo que en mis épocas de ministra, los intendentes municipales hacían colectas para alquilarse los peores colectivos de sus pueblos y venir a la Capital.

En nuestro proyecto sostenemos una línea de acción que algunos reprobaron, pero que yo voté ampliamente convencida, con respecto al ingreso de los capitales extranjeros. Creemos que debemos seguir sosteniendo esa línea de acción a fin de que las empresas de comunicaciones sean, al menos, vecinas de este país, aunque no muy cercanas.

En nuestro proyecto modificamos las sanciones, porque creemos que hay arbitrariedad cuando se dice que es lo mismo un apercibimiento que una caducidad. Es peligroso que en el mismo rango de acción encontremos el apercibimiento y la caducidad de la licencia.

En nuestro proyecto eliminamos la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en los casos de más de cincuenta kilómetros, lo que alguien planteó ayer en la propia comisión.

También en nuestro proyecto sostenemos la posibilidad de la formación de redes para el interior, los privados y el Estado, porque no creemos que deba haber una diferencia entre ellos. Por el contrario, si el Estado va a estar presente en el interior y van a existir las redes, también deben participar los privados.

En nuestro proyecto señalamos que el término ONG no está legislado. Entonces, queremos que participen las organizaciones que acrediten funcionar adecuadamente, porque todos sabemos –no nos hagamos los distraídos- que hay organizaciones que se generaron en orden a la conveniencia circunstancial de algún puntero político. Entonces, en nuestro proyecto decimos que esto tiene que estar claramente definido.

En la iniciativa también planteamos que bajo ningún punto de vista, en conocimiento de una norma anticonstitucional, podemos permitir su incorporación al proyecto por la desidia de los gobernantes. Si los actuales concesionarios de los servicios de comunicación han formado posiciones dominantes o se han constituido en monopolios es por absoluta responsabilidad de los poderes ejecutivos de turno. Que nadie se haga el distraído, porque hay responsables por acción o por omisión.

Ahora es muy fácil venir al Congreso a pedirle a los diputados que le pongan coto a esas normas que se firmaron alegremente –vaya saber por qué- con un artículo que vulnera nuestra propia Constitución. Digo esto porque el artículo 152 es inconstitucional.

Sr. Presidente (Fellner).- La Presidencia solicita a la señora diputada por Buenos Aires que redondee su exposición.

Sra. Camaño.- Señor presidente: antes de finalizar no quería dejar de señalar, dado que algunos hablaron del “combo venezolano”, que el amigo Chávez no redactó un artículo 152; el amigo Chávez se ajustó a derecho, porque recién cuando las licencias caducaron redactó su ley de comunicaciones. (Aplausos.)

Sra. Guerci.- Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Fellner).- Para una aclaración tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guerci.- Señor presidente: como se inició el análisis del proyecto simplemente quiero dejar constancia de que me había anotado en la lista de oradores para plantear una cuestión de privilegio y fui omitida.

- 19 -
cuestion de privilegio

Sr. Presidente (Fellner).- La Presidencia recuerda que el señor diputado Giubergia había solicitado que su cuestión de privilegio fuera considerada en esta sesión. Como en este momento tenemos quórum, se va a votar el pedido efectuado por el señor diputado por Jujuy.

Se requieren dos tercios de los votos que se emitan.

- Resulta negativa.

Sr. Presidente (Fellner).- Queda rechazada la solicitud.

La cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

- 20 -
REGULACIÓN de los servicios de comunicación AUDIOVISUAL (Continuación)

Sr. Presidente (Fellner).-Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Giudici.- Señor presidente: en estos días hemos escuchado a muchos integrantes del gobierno hablar de la libertad de expresión. Desde la presidenta hasta encumbrados dirigentes del oficialismo se han referido a ella, entendiéndola únicamente como el permiso para que algunos puedan decir lo que quieran. Pero la libertad de expresión no es selectiva ni negociable aquí ni en ningún otro país del mundo.

Recordemos que los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional establecen que no se puede legislar en contra de ese derecho básico, que es inherente a cada uno de los seres humanos.

Por lo tanto, interpretar la libertad de expresión del modo en el que lo hace el gobierno, es contradictorio.

También es contradictorio desde el discurso, porque desde que asumió la señora presidenta no se ha hecho más que intentar transmitir la idea de que los medios de comunicación y distintos comunicadores de la sociedad argentina son golpistas y mafiosos que podrían incurrir hasta en una suerte de fusilamiento mediático.

La declaración de principios de la OEA es taxativa al definir el concepto de libertad de expresión, ya que señala que es el derecho de cada uno de nosotros de buscar, recibir y difundir información como nos parezca. La libertad de expresión está emparentada con la libertad de opinión y la libertad de pensamiento, algo que siempre molestó a este gobierno.

Sólo para reforzar esta idea, quiero decir que un gobierno que dibuja las estadísticas, oculta la información verdadera a través del secuestro de información en la ONCCA, evidentemente no es un gobierno que entiende la libertad de expresión de manera integral sino siempre en forma parcial.

Basta con mirar, además de los discursos, los hechos que se fueron desarrollando en la Argentina desde hace seis años. Primero fue el silencio del presidente Kirchner, no dando conferencias de prensa, y en determinadas ocasiones, expresando esa negación del rol del periodismo.

Claro, el periodismo es un factor de contrapoder, es un contrapoder, es un poder más de la República porque justamente es quizas el único facultado para equilibrar al resto de los poderes instituìdos.

Es muy bueno en la Argentina repasar que gracias al periodismo independiente y al periodismo de investigación se pudieron conocer los hechos más terribles de corrupción que ni la sociedad ni los gobiernos ni los partidos políticos fueron capaces de advertir.

Si como decía consideramos además los hechos, veremos que a lo largo de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se sucedieron algunas cosas concretas, frente a las cuales el gobierno siempre reaccionó de manera particular.

Se quiso impedir la salida de los diarios. Recordemos el bloqueo a las plantas de impresión en la Capital Federal. Evidentemente, el artículo 13 está diciendo que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como los abusos de controles oficiales o como los abusos de controles en las frecuencias radioeléctricas.

Eso es lo que está pasando. El abuso del control oficial lo vimos el otro día. Al funcionario de la AFIP no le gustó lo que publicó una tapa del diario, justamente el que está enfrentado con el gobierno y decidió enviar un operativo, diría con un ejército de inspectores, a la puerta del diario. Eso evidentemente en contradicción con este artículo, al que la jurisprudencia y la Constitución Argentina adhieren, porque como le gusta decir al señor diputado Vega, esto tiene rango supranacional.

No podemos desconocer que lo que se hizo el otro día fue directamente tratar de impedir la libertad de expresión y la formulación de opinión. También hay que decirlo en cuanto a otras acciones que quedan claras en el boletín oficial: este gobierno ha tomado el control de lo que se escribe, lo que se emite y lo que se piensa en la Argentina.

Vamos a pasar directamente a un análisis muy rápido de cómo quedó este proyecto de ley. Hace un año y medio yo he tenido la posibilidad de discutir este proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual con distintos funcionarios, con representantes del Poder Ejecutivo en diferentes ámbitos académicos y en verdad desde su concepción dista mucho de la formulación colectiva que hace la Coalición por los 21 puntos.

Lo que queda de la redacción que recibimos ayer -con una hora y media para analizarla y con 161 artículos- en primer lugar es que las telefónicas no tienen que estar en la radiodifusión. Pero no es porque la sociedad no esté madura para el debate, como quiere expresar el funcionario del Comfer. No dice el verdadero motivo porque evidentemente ello traería la revelación de un negocio para algunos pocos. Porque según la redacción era claro que sólo iba a ingresar una empresa, probablemente cercana al gobierno.

En cuanto a la autoridad de aplicación, se ha dicho que se cambió el artículo, llevando sus integrantes a siete miembros. Pero por supuesto el oficialismo conserva la mayoría, eso no hace falta describirlo porque está claro en el artículo. Asimismo, se dice que el organismo va a ser autónomo, fijando esa autonomía de la autoridad de aplicación mediante una dependencia del jefe de Gabinete de Ministros.

Nos habrán escuchado decir que el secretario de Medios no podía ser la autoridad jerárquica de la que dependiera el Comfer, porque el secretario de Medios era quien distribuía la publicidad oficial y no era un ejemplo de trasparencia administrativa que quien distribuyera la pauta fuera el que controlara las licencias.

Se lleva entonces a la órbita del jefe de Gabinete sin autarquía, porque el jefe de Gabinete será quien resuelva los recursos jerárquicos y la vía administrativa.

Pero hoy nos enteramos, a través del Boletín Oficial, que ahora el jefe de Gabinete tendrá la posibilidad de legislar en materia de publicidad oficial por cuanto el decreto 984 le concentró a Albistur la posibilidad de distribuir la pauta propia –633 millones en un trimestre- más la de los organismos descentralizados como el Banco Central y otros.

¿Qué quiere decir esto? Que el mismo funcionario del que se hace depender el COMFER también podrá legislar en materia de publicidad oficial y distribuir como se le antoje ese volumen de recursos cada vez más creciente.

¿Por qué planteamos con tanto énfasis el tema de la publicidad oficial? Porque la publicidad oficial en la Argentina sirve para acallar voces críticas, discriminar medios cuando al gobierno no le gusta lo que expresan y también para comprar medios por parte de los amigos del gobierno.

Volvemos a la situación inicial: la autoridad de aplicación va a depender del jefe de Gabinete, quien tendrá la concentración de la pauta y la posibilidad de legislar en reemplazo de todo este Congreso. Entonces, ¿no era importante legislar en materia de publicidad oficial? Lo están reconociendo en el Boletín Oficial de hoy, pero contraviniendo otra vez todos los principios de calidad institucional al dejar que sea el jefe de Gabinete de Ministros quien legisle.

Analicemos ahora lo que se relaciona con el fomento del pluralismo informativo: las licencias. Se establece una clasificación de licencias restrictiva; por supuesto que debe ser restrictiva, ya que la ley de la dictadura llevó a un nivel de concentración por las veinticuatro licencias que posibilitó incorporar Carlos Menem. Entonces, todos estamos de acuerdo en que ese no puede ser un límite democrático, y que debe bajarse; pero llevarlo a diez, y además imponer la restricción de que un operador de cable no pueda tener un canal de televisión abierta, no lo vimos en ningún lugar del mundo.

Lo que es peor es que ese mismo operador de cable estará restringido en su libertad de expresión y de prensa porque va a tener una sola señal de generación propia. Aquí aparece uno de los puntos más ejemplificadores de la concepción del gobierno: pensando que rompe algún monopolio o situación que le disgusta y aspira a dominar, va contra todos los pequeños operadores de cable del interior del país, que durante muchos años cumplieron con una función social que nadie desarrolló desde el Estado. La televisión por cable existe porque el Estado jamás se preocupó por invertir y fortalecer la televisión de aire. Tampoco lo hizo este gobierno, porque el fútbol, que ahora pasó a manos estatales, no puede verse gratis ya que la televisión pública no llega a muchos lugares de la Argentina. La televisión llega por cable.

Siguiendo la línea de las curiosidades, aparece una serie de registros en el proyecto oficial que realmente son excesivos. Pedir a una persona que hoy tiene una productora de contenidos o agencia de publicidad que solicite autorización o deba inscribirse en un registro es como exigirle a alguien que tiene una revista o un diario que solicite permiso al gobierno. En eso radica la limitación de la Constitución para que este Congreso no legisle restringiendo la libertad de prensa. Estos registros restringen dicha libertad.

¿Cuál es el cuestionamiento más profundo? Como bien dijo la señora diputada Camaño: ni Chávez, en su ley de responsabilidad de contenidos, legisló semejante curiosidad jurídica. Este proyecto de ley es confiscatorio. Las relatorías de la libertad de expresión del mundo -incluso el relator que vino y señaló que este proyecto era fantástico-, lo primero que miran en la regulación de la radiodifusión de todos los países es que la autoridad de aplicación sea independiente y autónoma; lo segundo, que las leyes no sean confiscatorias.

Este proyecto del Poder Ejecutivo es confiscatorio. Según el artículo 161, se obliga a todos los medios en el plazo de un año a desprenderse de todas sus frecuencias, salvo aquellas que estén dentro de las diez que ahora impone el nuevo régimen.

Decimos que esto es confiscatorio porque además de plantear retroactividad y vulnerar la seguridad jurídica –por lo cual en algún momento sin dudas la Corte va a declarar su inconstitucionalidad-, se conjuga con otro artículo que tiene el marco vigente y que se vuelve a poner aquí, sobre la caducidad de la licencia.

Si se pudieran aplicar y combinar estos dos artículos, nos vamos a dar cuenta que el Ejecutivo se puede hacer cargo de la administración de la emisora de la cual declara la caducidad, y además los equipos destinados al funcionamiento también puede quedárselos ya que no pueden ser desafectados de su uso.

Por lo tanto volvemos a señalar que este proyecto de ley tiene fines políticos explícitos. Distintas personalidades del oficialismo, desde el presidente Néstor Kirchner hasta muchos otros, incluso diputados, han señalado hasta el cansancio que esto es en contra de alguien.

Legislar en contra de alguien es lo peor que podemos hacer en una democracia donde se supone que las leyes son un instrumento de igualdad para todos.

Estamos absolutamente de acuerdo con los principios que ha fijado y trabajado durante muchos años la Coalisión por la Radiodifusión Democrática. Tanto creemos en esos principios que los hemos incluido en un dictamen en minoría que tuvimos que presentar hoy de madrugada, sin revisarlo profundamente, que quedará como testimonio de la postura histórica del radicalismo, que sí quiere cambiar la ley de radiodifusión.

Nosotros decimos que hay que respetar los veintiún puntos. La autoridad de aplicación tiene que ser autónoma, no puede discriminar. Todos los miembros tienen que ser elegidos con acuerdo de las Cámaras. El defensor del público tiene que estar en la oposición, no puede ser nombrado por el Ejecutivo porque eso va a crear un censor peor que en las épocas de la dictadura.

A las radios comunitarias hay que privilegiarlas, y en nuestro dictamen mantenemos la reserva de espectro para el sector comunitario. Tal como lo establece la legislación uruguaya, que es una de las más modernas en materia de radiodifusión comunitaria, hay que respetar que la asignación de licencias corresponda a las radios pequeñas que tienen realmente un proyecto comunitario, y que no terminen en manos de los grandes sindicatos, que lo que hacen es replicar la postura del gobierno de una u otra manera.

También por supuesto favorecemos la pluralidad y la diversidad, y bajamos de las veinticuatro licencias del menemismo disponiendo además una incorporación que tiene que ver con fomentar la diversidad en aquellos lugares donde el espectro está vacante.

Todos sabemos que en la Argentina desde que se aprobó el artículo 45 de la ley 22.285, que permite que las organizaciones sin fines de lucro tengan licencias, no se pudo regularizar el espectro, porque en las zonas conflictivas, en las grandes ciudades de la Argentina, no hay lugar disponible de ese espectro.

Esta ley nada dice acerca de a quién va a privilegiar en la reserva de espectro y en la asignación de los otros tercios para que los privados tengan una asignación por concurso equilibrada y objetiva.

Tampoco nada se dice acerca de que los privados puedan invertir en los lugares donde el espectro está vacante, y pueda haber diversidad. Entonces, en los pueblos de la Argentina donde no hay inversión la única voz que se va a escuchar será la del gobierno. Claro, de esto se trata, de que la voz del gobierno sea la única que se escuche en la Argentina.

Hoy en la Argentina los medios se han extranjerizado por los tratados de reciprocidad firmados por Menem e incorporados al texto de esta ley, porque nuestro país no ha hecho reserva de sus medios de comunicación como otros. Estos tratados deben ser denunciados. En nuestro dictamen decimos que no pueden exceder del treinta por ciento de lo que fija la ley de bienes culturales y que no pueden constituir filiales en otros lugares para favorecerse con esos tratados.

En nuestro dictamen se preve una transición que fija reglas de juego claras. Una vez que el nuevo régimen entra en vigencia, ese es el régimen que debe regir para adelante, sin subterfugios, sin intentar revisar las licencias, como se propuso en la redacción original del proyecto del Ejecutivo. Una vez que las licencias se otorgan, tienen un plazo definido de explotación, y mientras cumplan los requisitos que la ley les impone, no pueden ser revisadas.

Es importante señalar esto porque vemos, además, que por otros artículos de la ley podría entrar algún tipo de revisión, y esto –lo debemos dejar en claro- siempre se tiene que hacer a través de una ley del Congreso.

Esta ley fue modificada más de doscientas veces. El marco vigente es el que tenemos; ni siquiera podemos llamarlo “el marco de la dictadura”, porque es peor. En esta norma no podemos decir –como dice el proyecto del Ejecutivo- que el régimen de multiplicidad de licencias

-no el de la ley 22.285 sino el de este régimen que están creando- no va a crear derechos adquiridos. Esto lo dice el artículo 41 de la redacción original, que ya no sé –porque no lo puedo retener en mi cabeza- cuántas veces ha sido renumerado.

Ese artículo está diciendo que este régimen que se fija no va a ser derecho adquirido en el futuro. ¿Quién va a invertir en la Argentina en un momento donde se necesita que la evolución tecnológica y la inversión nos pongan a la altura de otros países? Y hablando de inversión tecnológica, como no nos dejaron debatir esto en el Congreso, un día después de la presentación de la ley la presidenta decidió que la norma a adoptarse en la Argentina fuera la japonesa.

Nosotros queremos decir que todas estas cuestiones que no se formulen en esta norma –porque el apuro de sancionarla es tal que ni siquiera se han tenido en cuenta las cuestiones fundamentales de incorporación de tecnología- no podrán cambiarse en el futuro, ni por una norma, ni por una resolución ni por una disposición de esta autoridad de aplicación adicta.

La Argentina necesita una nueva ley, pero no merece esta situación a la que nos han llevado. Evidentemente, como decía el miembro informante del dictamen del oficialismo, éste es un conflicto de poder. Sí que lo es. Es un conflicto de poder de un solo hombre: de Néstor Kirchner, que así como entendió que con una resolución confiscatoria podía ir sobre los recursos del producido del esfuerzo del sector agropecuario, ahora entiende que puede ir contra la oposición mientras todavía conserva la mayoría circunstancial hasta el 10 de diciembre, y que también puede ir por los medios de comunicación.

Y lo que va a pasar en la Argentina, señores diputados –me dirijo sobre todo a los de la oposición que acompañan este dictamen-, es que dentro de un año, en una matriz peor que la chavista, el gobierno de Néstor Kirchner –el presidente en ejercicio- va a ser el que se quede con la matriz de medios públicos estatales y comunitarios del país. Muchas gracias. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Para referirse a otro dictamen de minoría, tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Bonasso.- Señor presidente: la verdad es que no vengo muy contento a esta sesión, por una razón muy simple que paso a explicar. A lo largo de toda mi carrera profesional como periodista, que ya suma medio siglo, he peleado por la libertad de expresión contra los diversos gobiernos autoritarios o dictatoriales que hubo en la República Argentina, y también contra la censura interna y la autocensura de los dueños de los medios de comunicación.

Me remito a una larga obra en ese sentido y a toda una serie de circunstancias desgraciadas personales que no vale la pena relatar ni recordar.

Hubiera querido venir aquí a discutir una ley de radiodifusión y votarla con las dos manos, absolutamente convencido de que estábamos estableciendo una política de Estado que regulara, como debe ser en cualquier democracia, -ya que es un derecho del Estado, del Estado como síntesis de la sociedad- el poder oligopólico o monopólico de los medios de comunicación que fijan la agenda.

Fui de los diputados que se retiraron de este recinto cuando el señor Blumberg estuvo sentado aquí y llegó hasta la insolencia de pedir la palabra en el recinto. Todos los canales privados habían transmitido en cadena la marcha del señor Blumberg. Una dirigencia política acobardada, que incluye a muchos diputados del oficialismo –y deben reconocerlo autocríticamente-, se quedó y aprobó a todo vapor reformas al Código Penal con la presencia del ingeniero Blumberg aquí. Los medios dictaron qué era lo que había que hacer. El punto principal de la agenda no era la pobreza, la distribución del ingreso, la marginación social ni la exclusión sino la inseguridad, y así sigue siendo, como lo sabe cualquiera que haga algo de zapping.

Desde hace muchos años algunos intelectuales inteligentes –no siempre los intelectuales muy inteligentes, a pesar de que deberían serlo porque ese es su oficio- descubrieron que había una extranjerización de la comunicación, una concentración monopólica nacional y transnacional de la comunicación. Entonces vino el famoso informe McBride, en la época en que la UNESCO era conducida por M’Bow, y se crearon alternativas que desgraciadamente fracasaron, en muchos casos por impericia de los gobiernos que la integraban, como la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información, de la que formé parte en su momento con la esperanza de poder contrarrestar el poder de las agencias que nos decían que lo que pasaba en Perís, Roma, Nueva York o Washington era más importante que lo que sucedía en Cochabamba, La Paz o Buenos Aires.

He participado en diversos foros internacionales sobre este tema y pienso seguir haciéndolo. La verdad es que me hubiera gustado apoyar el proyecto de ley en términos generales y discutir algunos aspectos parciales, pero tengo una observación central que hacer precisamente porque mi estrategia difiere de la que plantearon algunos señores diputados de la oposición en el sentido de que esta iniciativa va contra la libertad de expresión o bien que el Estado invade esa área. Yo no pienso eso. Considero que el Estado debe tener un papel más activo. Lo que precisamente no veo en esta norma es que el Estado establezca los mecanismos para poder competir con eficiencia con los medios privados concentrados, léase oligopolio o monopolio.

En vez de tener este pequeñito Canal 7 o este muy loable Encuentro, que llega a una audiencia muy chica -y me estoy metiendo en el tema de los contenidos, que ya no es de la ley pero es concomitante y creo que conviene plantearlo-, deberíamos preguntarnos qué es lo que estamos preservando. Cuando la gente habla de medios públicos y medios privados comete un error enorme, porque el espacio radioeléctrico es de la sociedad y del Estado argentino; por lo tanto, todos los medios son públicos.

Se dice que se cercena la libertad de expresión de tal medio porque le cancelan la licencia. En realidad, el Estado puede cancelar licencias, renovarlas, concederlas, etcétera; es una prerrogativa que le da la Unión Nacional de Telecomunicaciones, y no sólo tiene el derecho de ejercerla sino también el deber de hacerlo de manera prudente y razonable en beneficio de la pluralidad. La Argentina es una sociedad moderna, y por lo tanto, una sociedad plural.

¿Qué le podemos reprochar al oligopolio privado? Que hay muchos actores que no participan del proceso de la comunicación social, que son invisibles.

¿Quiénes son invisibles? Por ejemplo las doscientas familias campesinas a las que el proceso de monocultivo creciente de nuestro país expulsó de sus campos, los sacó a patadas, en muchos casos con guardias blancos, guardias armados con fusiles. Me refiero a campesinos del NOA y del NEA, un millón de argentinos que no pertenecen al campo, no son entrevistados como De Angeli, no tienen el interés de De Angeli, pero yo los conozco, sé como sufren y cómo trabajan. Me he tomado la molestia de ir a verlos en Salta, Misiones y otos lugares apartados de la República Argentina.

Presenté y estoy defendiendo este dictamen de minoría por algo muy racional. Nosotros planteamos, como debe ser, que el Estado tiene que participar activamente. Recuerdo que yo defendí con fuerza en este Congreso la reforma del artículo 45 de una infame norma de la dictadura, de lo más irritante desde el punto de vista del estado de derecho, que impedía que las cooperativas tuvieran medios de difusión. Esto se ha subsanado, está correctamente contemplado en el texto en discusión, y es por lo tanto un elemento laudable, como también lo es que la presidenta de la Nación haya rectificado la posición respecto de las telefónicas.

Para no aburrir y en razón de la brevedad del tiempo del que dispongo, me gustaría exponer con claridad por qué presentamos este dictamen de minoría. El núcleo de discrepancia entre el proyecto de la mayoría y el dictamen que presento es la autoridad de aplicación.

Si el Estado tiene un rol protagónico en la administración de la norma -el otorgamiento de las licencias, la cancelación, la renovación, etcétera-, y también en la creación de una gran empresa que reemplazará al sistema nacional de comunicación, como es Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, esto no puede ser manejado por un gobierno. Y aclaro que no me refiero al gobierno de Kirchner. Porque acá se está estableciendo una especie de partido Boca-River, ley “K” de Kirchner o ley “C” de “Clarín”. No, esto no es así. Como poder del Estado, como legisladores electos por el pueblo, tenemos la obligación de pensar en el futuro.

Los grandes patriotas construyeron la Argentina porque tenían un proyecto de país en sus cabezas. Con todas las críticas que le puedo hacer, cuando estaba exiliado y escribía Facundo, Domingo Faustino Sarmiento ya estaba pensando en el país que quería construir, y lo expuso en ese magnífico libro que fue Facundo. Entonces nosotros no podemos legislar para el jueves.

Al margen de que no comparto el planteamiento de cuestiones de privilegio porque se discutió rápido o no, la verdad es que esta es una política de Estado, tal vez una de las más importantes de la República Argentina, porque tiene que ver con algo que es mucho más importante que la libertad de expresión de los emisores, o sea, los dueños de los medios, sean estos privados o del Estado. Me refiero al derecho de los receptores.

Los receptores tienen derecho al acceso a la información. Se trata de uno de los derechos públicos fundamentales de una verdadera democracia.

Me gustaría que muchas señoras diputadas y señores diputados consideraran nuestra propuesta y no la vieran en términos de competencia numérica, analizando sólo si la argumentación es válida o equivocada. Quizás resulte equivocada, no tengo la arrogancia de pensar que tengo la verdad revelada.

Propongo que en lugar de la autoridad federal prevista en el proyecto oficial, contenida en la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, sea otro poder del Estado, este Parlamento, el que ejerza el control.

Que sea precisamente el ente autárquico federal el que rija los servicios públicos de comunicación social. Que su directorio se integre con seis miembros. Que tres sean elegidos entre las figuras más respetadas y respetuosas de la libertad de expresión, del republicanismo y de la independencia política absoluta. Que además estén vinculadas al proceso de la comunicación social. Que tres miembros del directorio sean elegidos por la Cámara de Diputados, mediante la intervención de sus tres primeras minorías, y los otros tres por el Senado de la Nación.

El presidente del organismo debe ser elegido por el Consejo Consultivo que está previsto en este dictamen y que está formado por el Consejo Federal de Educación, las universidades que tienen carreras de comunicación, etcétera. O sea que estamos hablando un poco de los protagonistas que constituyeron la Coalición por una Radiodifusión Democrática, arribando a los famosos 21 puntos. O sea que el presidente será elegido por representantes de la sociedad civil.

Probablemente esto no sea lo ideal; no nos estamos planteando el sexo de los ángeles, pero nos acercamos a un nivel de imparcialidad, evitando toda sospecha en el sentido de que se trata de cambiar un monopolio por otro. De lo que se trata es de dejar de lado la posibilidad de que se piense que se trata de beneficiar a determinados grupos económicos en desmedro de otros.

¡Han existido procesos concretos en ese sentido! Me lo han confesado quienes participaron. Por ejemplo, hubo un intento de comprar el diario “Crítica” por parte de Electroingeniería y del señor Spotti, con la consiguiente censura de algunos periodistas, como la de este diputado que habla y que tenía su columna dominical. Ahí dije las cosas con nombre y apellido, como debía ser, porque todo esto se encarna. Las grandes ideas de la democracia se encarnan en personajes concretos.

Debemos garantizar como legisladores que ni este gobierno ni el que lo suceda en 2011 puedan considerar que los medios gestionados por el Estado constituyen un bien mostrenco de la facción, del grupo o del partido que esté a cargo del Estado en ese momento. De ahí la propuesta clara de que finalmente en una sociedad plural sea este Parlamento el que tenga el control de la autoridad de aplicación.

Finalmente, será con sus imperfecciones la estructura más representativa de la pluralidad de la Argentina moderna. Y esto vale para todos los organismos que he citado: para el ente autárquico y para el ente federal en el que debe estar garantizada la participación de las provincias, como ha dicho la señora diputada Camaño.

También sirve para la Defensoría del Público, que no puede ser designada por el Poder Ejecutivo, como sigue diciendo el proyecto oficial. También sirve para la nueva empresa Radio y Televisión Argentina que figura en el dictamen de mayoría y también este otro de minoría. Vale de manera decisiva para asegurar la autonomía.

Todo esto no constituye un invento trasnochado de gabinete, una proposición académica o intelectual descolgada de la realidad.

Existe la experiencia internacional de algunos países como Italia, donde la RAI, a partir del compromiso histórico entre la Democracia Cristiana, el Socialismo, el comunismo, etcétera, generó una determinada estructura de supervisión, tanto de la parte televisiva como de las emisiones radiales.

También está la experiencia de Gran Bretaña, que desde el punto de vista de las comunicaciones, continúa teniendo uno de los espacios informativos que muchísima gente sigue consultando por Internet por ser un elemento realmente objetivo e importante. Me refiero obviamente a la BBC 1, BBC 2 y a esa otra estructura jurídica especial que se generó, que fue Channel 4, un fideicomiso especial finalmente público o estatal, si se quiere.

Recuerdo que cuando las fuerzas argentinas hundieron el “Sheffield”, la BBC hizo una amplia cobertura. La famosa dama de hierro, Margaret Thatcher –aquí cabe aclarar que el poder hace trampas en todas partes y con los más diversos colores; no vamos a idealizar acá a nadie-, llamó al presidente de la BBC para decirle que Inglaterra estaba en guerra y que por lo tanto no diera noticias malas, como la del hundimiento del Sheffield. Sin embargo, la BBC insistió y continuó con su cobertura. Lo hizo con la convicción absoluta de que había un derecho a la información por parte de los ciudadanos británicos.

Naturalmente, en medio de la dictadura militar ese derecho a la información estaba negado para los ciudadanos argentinos, que teníamos que escuchar la vil propaganda de guerra de la dictadura de Galtieri. Por supuesto que la noticia del Sheffield sí se dio, porque era un gol de nuestro lado.

Sería fácil decir que ahora apoyamos el proyecto del oficialismo porque en términos generales está todo bien, luego de haber apartado a las telefónicas, alejándose así la posibilidad de que un nuevo monopolio muy peligroso ingrese y tenga una posición hegemónica. Pero hay que tener en cuenta que este es un plexo normativo. Aquí ocurre como con el Código Penal, donde uno no podía agregar un artículo y quitar otro, porque finalmente todo respondía a una unidad conceptual. Acá estamos hablando de varios organismos que la ley crea.

A fin de garantizar la independencia y la pluralidad de estos organismos, me permito insistir contra viento y marea, ante mis colegas y ante la sociedad, expresando el punto de vista de alguien que sinceramente quiere transformar la comunicación en la Argentina para tener un país más plural y más democrático. Sigo insistiendo en que el control del ente autárquico federal que ejecute la ley, tal cual se plantea, sea controlado por el Congreso de la Nación. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Para referirse a otro dictamen de minoría, tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Brillo.- Señor presidente: ayer decíamos en la reunión de las comisiones que desde el bloque de diputados del Movimiento Popular Neuquino hemos mostrado siempre una actitud nítida de construcción de alternativas legislativas que puedan garantizar la gobernabilidad de la Argentina. Siempre hemos tenido la vocación de construir soluciones, fuera de los posicionamientos típicos del oficialismo y de la oposición. Siempre tuvimos la vocación de construir soluciones y de venir al recinto a debatir sin especulaciones de ningún tipo.

Un vistazo de las leyes que hemos acompañado habla claramente de nuestra disposición. En primer lugar, cabe mencionar la aprobación que hemos hecho de los distintos presupuestos anuales. Pese a las indebidas retenciones, pese a los bajos niveles de coparticipación que hoy tienen las provincias, pese a la no coparticipación del impuesto al cheque, nosotros siempre acompañamos esta herramienta fundamental para la gestión del Ejecutivo. Esto demuestra claramente nuestra contribución a la gobernabilidad.

Me parece que la discutida transferencia de las AFJP a la ANSES y los mecanismos de repatriación de capitales constituyen ejemplos parecidos en aras de fortalecer aspectos del desarrollo de la Argentina. Nuestro apoyo a la recuperación de Aerolíneas Argentinas también fue en el mismo sentido, al igual que el sostén a la intención de clausurar los 150 años de facultades delegadas en la Argentina.

Entendimos que un período de ocho meses de trabajo para revisar las facultades delegadas era una alternativa racional para terminar con esta etapa. Quiero transmitir que ya ha pasado un mes y, en todo caso, deberíamos avanzar en esta tarea de la comisión bicameral.

Nos hemos hecho escuchar en forma resonante cuando tuvimos que poner límites a determinados avances. Siempre estuvimos dispuestos a decir basta cuando realmente se ha querido avanzar inapropiadamente. Nuestras actitudes en general han tenido como respuesta oídos sordos a nuestro posicionamiento.

Por ejemplo, en 2006 aparece el brumoso tema de los superpoderes. Nuestro bloque se expresó en contra de la modificación del artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera. Hoy el mismo gobierno reconoce la sobredimensión de las facultades delegadas al jefe de Gabinete, cuando propone una reducción al 5 por ciento de los fondos de libre disponibilidad.

Acabamos de discutir el sorpresivo y no menos peligroso veto del oficialismo a las leyes de emergencia agropecuaria para una decena de provincias. Sonó a una maniobra política que intenta disipar un error cometido en una de las leyes para la provincia de Buenos Aires, pero realmente el perjuicio nos abarcó a muchas provincias. Hemos remarcado públicamente nuestro disgusto por esta medida.

Nos opusimos sin especulaciones políticas, pisando fuerte, al tema de las retenciones, en cuanto a la resolución 125 durante el conflicto con el campo.

Entonces, hemos votado siempre haciendo frente a los avances contra la propiedad privada, la concentración de poder y a favor del sistema republicano.

Hoy consideramos el proyecto de ley de medios audiovisuales. El oficialismo pone en perspectiva una iniciativa que pretende regular para atrás, y para nosotros este es el principal problema que tiene el proyecto, que no sólo afecta la seguridad jurídica –bien definida por las licencias-, sino también las inversiones realizadas en un marco normativo prefijado y aceptado por las partes.

Sin lugar a dudas, este proyecto sobre los medios de comunicación audiovisual tendrá indudables repercusiones en la Argentina en lo político, jurídico, económico y social.

Por eso hemos presentado un dictamen en minoría, que propone modificaciones y observaciones a la iniciativa. En principio, la autoridad de aplicación del proyecto de ley ha merecido el replanteo por parte de este bloque, en virtud de que su estructura y funcionamiento, según el proyecto oficial, no garantizan las condiciones de una regulación autónoma e independiente de los condicionamientos y avatares políticos de cada gobierno, cualesquiera sean los que vengan.

En tal sentido, eliminamos la dependencia de la autoridad federal de lo que es la Secretaría de Medios del Poder Ejecutivo, y cambiamos la designación y composición del directorio de la misma a efectos de dar equilibrio, autarquía y autonomía a un organismo que tendrá un rol preponderante en la articulación de la comunicación audiovisual de nuestro país.

En nuestra propuesta, la autoridad de aplicación mantiene la misma estructura organizacional y las funciones establecidas en el proyecto original, pero le traspasa todas las facultades del Poder Ejecutivo nacional a la autoridad de aplicación.

En el proyecto oficial todavía quedan facultades en cabeza del Poder Ejecutivo, como por ejemplo el otorgamiento de licencias cuando el área de cobertura excede los cincuenta kilómetros o la aprobación de los listados de acontecimientos de interés general, entre los cuales se encuentra el fútbol.

También planteamos que debe transferirse a la autoridad de aplicación el establecimiento de las condiciones para la telefonía móvil y la fijación de las fechas y condiciones de la transición hacia los servicios digitales.

En cuanto a la autoridad federal dijimos que se debía eliminar la exigencia de establecer como mínimo una delegación cada quinientos mil habitantes. Debemos ser más federales; por eso proponemos que haya al menos una por provincia.

Por otra parte, planteamos que el directorio debe ser presidido por un representante del Poder Ejecutivo nacional, pero los demás directores tienen que ser designados por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Como representante de un partido político provincial no puedo dejar de señalar que las provincias tienen mucho que decir en cuanto a la comunicación de valores de identidad y de integración regional. Apoyado en estos argumentos es que nuestro proyecto habilita mayores espacios, competencias y jerarquía al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Este Consejo es subestimado. Lo digo porque se habla del Congreso y del Poder Ejecutivo, pero el hecho es que tenemos un Consejo Federal integrado por las veinticuatro provincias y todos los actores del sistema de radio y televisión del país. Por esta razón queremos darle más jerarquía y la facultad de designar, sustituir o remover a los miembros del directorio.

También entendemos que es necesario eliminar la facultad del Poder Ejecutivo nacional de designar a los miembros del Consejo Federal a propuesta de los sectores, ya que con las modificaciones que se han introducido serán designados directamente por los sectores a los cuales representan.

En lo que respecta al defensor del público, tomando como modelo el sistema de selección del defensor del pueblo de la Nación eliminamos la facultad del Poder Ejecutivo nacional de designarlo a propuesta de la comisión bicameral. Así, decimos que el defensor del público será designado por el Congreso de la Nación a propuesta de la comisión bicameral y que será completamente autónomo.

En cuanto a los prestadores de servicios públicos decíamos que las empresas prestadoras de telecomunicaciones no debían ser titulares de licencias de servicios de medios audiovisuales. Este fue un avance que logramos incorporar a partir de algunas propuestas del oficialismo. Pero también consideramos que debían estar dentro del sistema los prestadores de servicios públicos con o sin fines de lucro.

En este sentido, cabe tener en cuenta que la situación en la Capital Federal es muy distinta a la que vivimos en las distintas provincias. En el interior muchos prestadores tienen capacidad ociosa para transmitir a través del sistema de fibra óptica. Sin embargo, nos encontramos con pueblos en los que no hay radio, televisión, Internet ni sistemas de formación y comunicación. Por eso dijimos que existía la posibilidad de utilizar la capacidad de estos sistemas para llevar la información a toda nuestra gente, aunque dando lugar a esa posibilidad con restricciones.

Al resto de los prestadores le fijamos restricciones aminoradas. Compartimos el límite del 35 por ciento de los abonados para los distintos grupos, pero una de las cuestiones que nos diferencia del oficialismo es que también podrían ser titulares de cables los titulares de señales de televisión abierta.

A nivel internacional no existen antecedentes que indiquen que eso no se puede hacer. Para nosotros lo que aquí se propone va en perjuicio de la televisión abierta. Entendemos que ésta es una modificación esencial que hay que introducir en el dictamen que elimina traumatismos en la estructura actual de los medios masivos de comunicación.

Un tema fundamental para nosotros, como lo dije al principio, son los plazos de adecuación. Para resguardar los derechos adquiridos de los actuales operadores nuestra propuesta consiste en que sólo se aplique la ley a partir del vencimiento de cada una de las licencias otorgadas bajo la vieja ley.

Esto comprende exclusivamente a las condiciones de admisibilidad y multiplicidad de licencias. Defender los alcances de los contratos celebrados por este gobierno con sus más absolutas condiciones de legitimidad y representatividad hace a la salud de la seguridad jurídica de nuestra Nación.

Hay muchos prestadores que tienen licencia de dos, tres, cinco o seis años a los que estamos perjudicando. Interpreto que no sería un buen comienzo para esta ley romper con estos compromisos, de la misma manera que tampoco estimo beneficioso que en nuestro país una vez más no se cumpla con los compromisos de naturaleza jurídica.

Curiosamente, no son los hipotéticos juicios contra el Estado nacional lo que más me aflige, de esos temas se encargará el Poder Judicial. La falta de confiabilidad en el cumplimiento de las normas suele ser más lesiva que los reclamos por resarcimiento, ya que impacta sobre la proyección y el horizonte de las inversiones en cada segmento o sector.

La no retroactividad de la leyes está en el Código Civil, y algunos constitucionalistas, tal como los hemos escuchado, coinciden en que esta ley resulta claramente improcedente por afectar garantías constitucionales y derechos adquiridos.

Quiero felicitar a todas las organizaciones y actores de la comunicación social que participaron y aportaron a los distintos foros que se desarrollaron en el país.

Muchos sectores me han trasmitido algunas críticas sobre la calidad del debate por parte de algunos radiodifusores de mi provincia, pero les digo: bienvenida la apertura que se ha dado en el marco de esta ley.

Quiero al menos dejar testimonio de las voces contrarias a este proyecto de ley que tienen que ver con pequeñas radio de baja potencia, de algunos pequeños cables del interior del país que dicen no estar representados por esta ley y que además aducen no haber sido reconocidos en virtud de que han sido quienes desde condiciones muy precarias, en lugares alejados y a veces hasta en la más absoluta adversidad, han desarrollado la tarea de integrar o interrelacionar regiones y comunidades verdaderamente marginadas de la concentración de los grandes medios masivos, con mucha más vocación que rentabilidad y con muy poco reconocimiento y promoción por parte del Estado argentino.

Estos prestadores pequeños en el interior del país no tienen certeza ni proyecciones de sus emprendimientos, porque no podrían catalogarse como empresas. Están preocupados por incorporarse a este marco decenas de miles de familias que aglutinan a estos pequeños grupos comunicacionales, de los que nos sentimos orgullosos.

El bloque del Movimiento Popular Neuquino, que presentó el proyecto de ley en los primeros meses del año en la provincia del Neuquen en el marco de las audiencias que el gobierno nacional propuso, expresa la necesidad de una discusión plural de esta propuesta que entendemos pretendía instalar el concepto de que el acceso a la información es un derecho humano esencial y no sólo una mercancía con la que se construye poder económico o poder político.

La provincia del Neuquén tiene una vasta historia en este sentido, en la lucha por la radiodifusión y los medios de comunicación masiva. En 1984 el gobernador Felipe Sapag creó una Comisión de Comunicación Social, preocupado por la falta de contenidos locales y por la invasión de los medios nacionales.

Así fue que se gestaron varias leyes, entre ellas un proyecto de ley que se plasmó en la ley 1.646 del año 1985. Se llamaba ley de teledifusión, al igual que otra ley, la 2.057, de 1994, que trataba sobre la instalación de pequeñas radios comunitarias de frecuencia modulada de baja potencia, que fue rápidamente cuestionada por el COMFER ante la Corte Suprema de Justicia y lamentablemente no pudimos aplicar.

Nos inspiraba y nos inspira aún el sentido federal de nuestra organización nacional: aportar a la desconcentración de medios, al desarrollo de las expresiones locales, y al pluralismo.

Sobre la base de estos conceptos presentamos un proyecto de ley y luego suscribimos el correspondiente dictamen de minoría. No acompañaremos el dictamen de mayoría porque tenemos uno propio. Luego, durante el tratamiento en particular, plantearemos las modificaciones correspondientes.

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Iglesias.- Señor presidente: me embarga una enorme tristeza de ver la forma en que se está tratando esta norma. En el siglo XXI, que es el siglo de las comunicaciones y de la sociedad del conocimiento, cobra gran importancia. Es como si en el siglo XX se hubieran incluido en una misma ley la trocha de los ferrocarriles, el trazado de las autopistas y todo el sistema industrial de la República Argentina.

En estas condiciones vergonzosas se trata hoy esta norma decisiva, con una discusión de seis horas en un plenario de comisiones, a seis años de un gobierno que permitió la concentración de medios -de la que ahora se queja- y luego de seis meses de discusión en foros organizados por el licenciado Mariotto.

No hemos presentado un dictamen de minoría porque ayer era evidente que no había quórum en las tres comisiones para firmar dictámenes. Por eso, para que no digan que no tenemos propuestas, voy a solicitar que se inserten en mi discurso las que pensábamos incluir en nuestro dictamen.

Hablo desde la tradición del ARI y de la Coalición Cívica, que durante estos seis años se han opuesto sistemáticamente a todas y cada una de las maniobras que ha hecho este gobierno con sus anteriores socios para concentrar poder en los medios: diez años de prórroga de licencias y fusión de Cablevisión y Multicanal. Aquí me voy a detener un segundo. Cuando interrumpamos la licencia a quienes tienen prórroga por diez años, violando así sus derechos adquiridos, ¿quiénes van a pagar eso? Los ciudadanos argentinos, los mismos desocupados de los que habla este gobierno, y que cuando compran leche para sus hijos lo hacen con el 21 por ciento de IVA, ya que la reforma fiscal es otra de las asignaturas pendientes.

Me parece muy extraño que este gobierno haya percibido ahora la importancia de los medios de comunicación, porque cuando se hizo la fusión de Cablevisión y Multicanal, pocas semanas después de la elección de la señora Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación con el 46 por ciento de los votos, parecía que los medios no tenían ninguna importancia y que el pueblo expresaba su voluntad autónomamente por las grandes concentraciones mediáticas.

Por eso después les dieron la fusión, y cuando empezaron a pelearse se dieron cuenta de que ciertos medios condicionaban la agenda pública. Entonces, es muy curioso que se hable de la calidad de la ley de la democracia, y lo es porque hay otras leyes de la dictadura que aún están vigentes y que no preocupan a este gobierno.

Una de esas leyes es el Código Aduanero, por el cual se fijaron retenciones confiscatorias, y la otra la ley de entidades financieras, que permite que en este país sigan pagando impuestos los que producen y se abstengan los que especulan. No hay problema en que haya sido una dictadura la que ha fijado estas medidas.

Por otro lado, en el artículo 5° de esta supuesta ley de la democracia se da una paradoja, ya que señala que para la interpretación de los vocablos y conceptos técnicos que no estén previstos en la presente ley, se tendrán en cuenta las definiciones contenidas en la ley nacional de telecomunicaciones 19.798, sancionada por el gobierno dictatorial del general Lanusse. La verdad es que si esta es la democracia, dejamos bastante que desear. La democracia no es lo que piensa el oficialismo ni lo que pienso yo. La democracia es el respeto por las instituciones republicanas y la Constitución argentina.

Seis meses para hacer la plancha, seis meses para los foros de Mariotto y seis horas para los representantes del pueblo de la Nación. Después, diez horas para estudiar una ley de 157 artículos con 215 modificaciones. Ese es el respeto que tiene este gobierno por la democracia y el respeto que se ve en una sesión ilegítima, inconstitucional, con una sala vacía y en un Parlamento vaciado de sus atribuciones.

Y no hablo de calidad institucional porque la haya mencionado la presidenta, que prometió desde el mismo sitial de la Presidencia de esta Cámara que el suyo iba a ser el gobierno de la calidad institucional. No lo hago por una afición abstracta de politólogo, sino porque la gente se muere por falta de calidad institucional.

Los chicos de Cromañón se murieron por falta de calidad institucional y por un Estado que no funciona. Los afiliados a la Asociación Bancaria se mueren por falta de calidad institucional, por dirigentes sindicales eternizados en sus cargos y por medicamentos truchos que se corresponden con una libertad y una organización sindical truchas, sostenidas desde los resortes más importantes del gobierno.

Se habla mucho de los intereses en juego de los que están, pero desde el oficialismo no se habla de los intereses de los que quieren entrar en el juego. Hago notar que, en una gran mayoría, las objeciones de la oposición no se han referido a los artículos que van contra la concentración monopólica. Estos artículos casi nadie los ha objetado. Sí hemos objetado las atribuciones, las competencias abusivas que fija esta ley para establecer una mordaza contra la libertad de prensa, similar a la espada de Damocles del Consejo de la Magistratura, que tiene maniatados a los jueces argentinos para que otorguen impunidad al poder.

Voy a los puntos específicos del proyecto de ley. Es vergonzoso que la autoridad de aplicación siga teniendo mayoría oficialista. Ya era bastante malo cuando tenía el sesenta por ciento -tres de cinco- y ahora es peor porque será cinco de siete, lo cual es el 71 por ciento. Es vergonzoso que esté en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, que dependa del Poder Ejecutivo nacional.

La libertad de expresión es la libertad de criticar al poder, y no se puede criticar al poder si éste tiene los medios para taparnos la boca, para darnos de baja la licencia.

Voy a las funciones de la autoridad de aplicación, fijadas por el artículo 12. Una es la de elaborar y actualizar las normas técnicas que regulan la actividad. Esto se los digo a quienes afirman que es un gran avance que hayan quitado la reforma bianual. Acá tenemos una reforma que puede ser bisemanal o cada dos horas, porque esta autoridad de aplicación, en el ámbito del Poder Ejecutivo y con mayoría oficialista, puede elaborar y actualizar las normas técnicas que regulan la actividad cuando quiera.

Otra facultad es la de otorgar la correspondiente habilitación y aprobar el inicio de las transmisiones. O sea que sin permiso del Poder Ejecutivo nacional no se puede ni empezar a funcionar.

Otra es la de sustanciar procedimientos para los concursos y adjudicación directa. Voy a tocar este punto más adelante. Paso a la facultad de Declarar la caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones. O sea que si no le gusta lo que apareció o lo que se dijo en un canal, el Poder Ejecutivo, a través de sus mandaderos, puede declarar la caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones.

Asimismo le corresponde la atribución de aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento de la presente ley, sin que estén especificados los aspectos más elementales que fijan el Código Civil y la Constitución Nacional: el derecho a la defensa y la proporcionalidad entre las faltas y las sanciones. Nada de esto está contemplado y este es otro artículo que hace inconstitucional la presente ley.

“Declarar la ilegalidad de las estaciones y emisiones”. Esta es la ley de la democracia.

En cuanto a modificar los parámetros técnicos y habilitar personal técnico y de locución, ello quiere decir que los trabajadores, que se habían ilusionado con que ahora les darían trabajo y que se encontraron con la novedad de que la pauta publicitaria oficial se la llevó el señor Julio Grondona, van a tener que pedir un “carnecito” al Poder Ejecutivo nacional para que los habilite como personal técnico de locución. Esto con respecto al artículo 12.

Saludamos el hecho de que se haya dado un paso atrás con el tema de las telefónicas, que fuera planteado directamente por nuestro bloque, pero decimos que, además, los proveedores del Estado no deben poseer licencias. Esto por las mismas razones que las telefónicas: porque si este Estado, que funciona como funciona, discrecionalmente deja de pagar a los proveedores, éstos se funden. ¿Qué calidad de información puede dar un proveedor del Estado que depende del Estado para hacer negocios y para que le paguen por el trabajo que hizo? Voy a dar un ejemplo muy sencillo, para no hablar en abstracto. El ejemplo se llama Electroingeniería, Radio del Plata y Nelson Castro, quien fue expulsado de su trabajo por haberle hecho un reportaje a un diputado de mi bloque, el diputado Morán, que denunciaba los favores que el Ejecutivo hacía permanentemente a la empresa Electroingeniería.

Por otra parte, estamos en contra del artículo 98, puesto que allí se hace otra vergonzosa delegación de facultades fiscales de este Parlamento hacia un organismo controlado desde el Poder Ejecutivo. Dicho artículo dispone que la autoridad de aplicación está habilitada para disponer exenciones y reducciones de gravámenes. Esto es terreno fiscal, por lo que es atribución y responsabilidad del Parlamento argentino y no del Poder Ejecutivo.

Es decir que seguimos con las facultades delegadas, con los superpoderes, con los decretos de necesidad y urgencia y ahora, en esta supuesta ley de la democracia, seguimos haciendo lo que la Constitución define como una infame traición a la patria.

Señor presidente: esta norma es inconstitucional, ya que por lo menos viola dos artículos de la Constitución. Uno de ellos es el que dice que el Congreso no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Cabe aclarar que cuando se redactó la Constitución se hablaba de libertad de imprenta porque no existían los medios de radiodifusión ni los audiovisuales, pero está claro que ello se aplica también para la libertad de prensa. Es decir que no puede haber restricción de la libertad de prensa ni jurisdicción federal sobre la libertad de prensa, como la que fija esta ley en los artículos que acabo de mencionar.

Por otro lado esta norma también viola la Constitución, porque esta última establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Cuando una ley se elabora durante seis meses en foros que no tienen ninguna legitimidad democrática, con gente que no ha sido elegida por nadie, y se discute apenas seis horas en la Cámara de Diputados –donde estamos los que realmente representamos al pueblo de la Nación-, en el plenario de las tres comisiones a las que fue girado el proyecto, no se está sancionando una ley sobre la deliberación de los representantes del pueblo, como fija la Constitución, sino sobre los caprichos, atribuciones e intereses de los invitados del licenciado Mariotto.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.

Sr. Iglesias.- Y esta norma, además de ser mordaza, propone tres grandes monopolios. Uno de ellos es el de los prestadores de gestión estatal, es decir, los medios públicos que hoy funcionan vergonzosamente como agencias de publicidad del gobierno –Canal 7, Radio Nacional y agencia TELAM-, y que de ninguna manera reflejan la pluralidad de opiniones de la sociedad argentina sino que son desembozadas agencias de publicidad oficial.

Otro es el del sector privado con fines de lucro. En este sentido, el escandaloso artículo 32 –mucho más escandaloso aún que el tema de la autoridad de aplicación- prevé la adjudicación de las emisoras de radiodifusión abiertas por parte del Poder Ejecutivo nacional. Es decir que las radios y las televisiones abiertas con las que se informa la mayoría de los argentinos, sobre todo los más vulnerables –los que no pueden pagar un cable-, van a depender no solamente de la autoridad de aplicación sino además de que el Poder Ejecutivo nacional decida si pueden o no transmitir y quién transmite en esa frecuencia, convirtiendo a esos ciudadanos que no pueden acceder al cable en ciudadanos de segunda, sometiéndolos a una información controlada por el gobierno en nombre del Estado.

Y la tercera pata de este monopolio son las entidades sin fines de lucro. En esta norma no hay ningún mecanismo que establezca cómo se van a activar licencias, a quiénes se les van a dar y a quiénes no. Por lo tanto, ya sabemos a quiénes les van a dar las radios: a Moyano y a D’Elía, a ninguno de los opositores. Todos los que acceden con la ilusión de que ahora sí su ONG va a tener una posibilidad de expresarse y que muy probablemente no pueden financiarse van a depender de la pauta publicitaria oficial, que -como es fácil ver en estos últimos años- es un método de sanción y de castigo para las voces críticas y de soborno para las voces obsecuentes de este gobierno.

No quiero terminar mi exposición sin encuadrar esta norma en la situación política en la que estamos, por la gravedad extraordinaria que tiene. Asistimos a la destrucción del Estado en nombre de la revitalización de su rol. Ya las patotas de Moreno se cargaron el INDEC, que es un organismo fundamental. Un Estado que funciona sin un instituto de estadísticas confiable es como un avión que vuela sin instrumentos. Ahora se acaban de cargar a la AFIP. Me pregunto si un juez de la República que recibe una denuncia de la AFIP por evasión impositiva va a pensar que ella proviene de una agencia autónoma del Estado que intenta cumplir su deber, o si será simplemente una revancha de este gobierno contra sus socios o contra quienes le molestan por sus opiniones o acciones.

Destruyen el Estado cuando destruyen el INDEC; destruyen el Estado cuando destruyen la AFIP y la transforman en una fuerza de choque en función de los intereses del kirchnerismo, y lo hacen –para peor- en nombre del Estado, después de gastar las palabras “progresismo”, “centroizquierda”, “derechos humanos”. Ahora también “rol del Estado” es otra expresión gastada, usurpada y tratada como un trapo de piso.

La situación política en la que esto se instala es también fácil de describir en términos de destrucción de la democracia desde adentro. Tenemos un Poder Ejecutivo Nacional donde los ministros que se oponen a la corrupción son expulsados, mientras los bocones y obsecuentes son mantenidos en sus puestos. Pasaron seis años sin una sola reunión de ministros. un Poder Ejecutivo Nacional que –como se ha dicho insistentemente en este recinto sin que ningún fiscal de la República se entere- es ejercido por el doctor Néstor Kirchner y no por quien debería, que es la presidenta de la Nación elegida por los ciudadanos argentinos, Cristina Fernández de Kirchner; lo hace su marido. Lo he denunciado penalmente y todavía no hay un juez para esa causa, y no lo hay porque el Consejo de la Magistratura vigila.

Tenemos un Parlamento vaciado que firma leyes como una escribanía, que considera en diez horas una ley de semejante magnitud, con más de ciento sesenta artículos y doscientas quince modificaciones hechas en pocas horas. Es un Parlamento vaciado que además cometió el escándalo de sancionar leyes con apresuramiento similar vetadas por la presidenta de la Nación, mientras el presidente de la comisión correspondiente decía que había firmado la ley sin siquiera leerla.

Volvemos a las andadas porque se trata de un Parlamento vaciado en el que aún cuando el oficialismo y la oposición se ponen de acuerdo para sancionar leyes como la de glaciares o la de emergencia agropecuaria, la presidenta las veta y anuncia lo que hará después del 10 de diciembre: veto para las leyes del Parlamento y decretos de necesidad y urgencia para todo lo que necesiten los Kirchner.

Por otra parte, hay un Poder Judicial vaciado y controlado desde el Consejo de la Magistratura. Una libertad sindical que consiste en que el señor Zanola está ahí desde hace veinticinco años sin que nadie le diga nada, mientras que los afiliados bancarios se mueren porque les dan píldoras truchas; un sindicalismo trucho y una libertad de expresión que quieren cargarse a través de esta ley.

Un Parlamento, una oposición, un oficialismo y un periodismo argentinos que, según declaraciones de alguien inobjetable –porque de todo esto Alberto Fernández sabe mucho-, saben que hay escuchas telefónicas en todos sus teléfonos: en el suyo, señora presidenta, en el mío, en los del oficialismo y en los de la oposición. Salúdelo, señora presidenta, ya que seguramente está escuchando el ministro Aníbal Fernández; mándele saludos de mi parte.

Este es el país en el que vivimos, con un Poder Ejecutivo, un Parlamento, un Poder Judicial, una libertad sindical y un sistema de garantías institucionales para ejercer los deberes del periodismo, del oficialismo y de la oposición vergonzosos: la destrucción de la democracia con la excusa de la democracia.

Quiero cerrar mi exposición diciendo algo que me parece fundamental. Jamás nos hemos opuesto a la sanción de un proyecto de ley de medios de la democracia. Es más, hemos presentado infinidad de proyectos que han permanecido cajoneados en las comisiones. Lo único que nos falta ahora es que la ley de la democracia viole la Constitución. Lo único que nos falta es que la ley de la democracia sea peor que la vigente. Lo único que nos falta es que la ley de la democracia ayude al gobierno a seguir destruyendo la democracia en nombre de la democracia. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Galvalisi.- Señora presidenta: como tantas otras veces estamos en un recinto casi vacío considerando un proyecto de ley fundamental. Todos se jactan de la importancia que tiene para el futuro, y dentro del apuro para sancionarlo a veces nos encontramos con las irregularidades que la misma normativa impone.

Quiero plantear dos puntos de vista. Nadie duda de la imperiosa necesidad de sancionar una nueva ley de medios audiovisuales. Nadie duda de que se requiere proyectar a futuro y dejar abiertos algunos aspectos en materia de tecnología. El problema es cómo lo haremos.

Por un lado corresponde tener en cuenta el aspecto constitucional, los derechos y garantías de la libertad de expresión y de publicar las ideas sin censura previa. A su vez hay que considerar los controles que debe ejercer el Estado nacional a través de sus institutos, pero a lo largo de este tiempo hemos visto las falencias existentes. Por ejemplo, cuando nos visitó el interventor del COMFER, licenciado Mariotto, en diversas oportunidades se le preguntó acerca de cuestiones técnicas y no respondió ninguna. En la actualidad existen más radios que están emitiendo sin autorización del COMFER que radios emitiendo en condiciones legales. Esto acarrea el consabido problema técnico de las radios que interfieren con la aviación o el INTI, que tiene que efectuar mediciones técnicas.

Resulta claro que el COMFER tampoco sirvió para controlar lo suficiente, y uno no se puede jactar diciendo que hay que cambiar la ley para mejorarla cuando sabemos que el espectro radioeléctrico y las emisiones tienen un sistema inelástico y sólo puede existir una determinada cantidad.

Al respecto el Consejo Profesional de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones y Computación sostuvo que nada más que en el gran Buenos Aires hay diez universidades nacionales, cinco canales de televisión abierta, y un amplio espectro en la banda media de radiodifusión. Es imposible que todos convivan en el mismo espectro, y el problema es a quién vamos a dar la autorización.

Voy a hacer una referencia que en realidad me causa bastante gracia. Coincido con la realización de audiencias públicas porque aportan mucho y me gustaría que fueran vinculantes, como asimismo que tuvieran un sustento técnico en determinado tipo de normativas para dar a la ley un marco legal con la debida referencia.

Me resultó muy gracioso que el señor Daniel Mariatti, radiodifusor de la ciudad de Rosario, me haya nombrado al expresar su ponencia. En realidad me siento halagado de que lo haya hecho. Sostuvo que indagó en el currículum de algunos diputados que estamos en contra –como si estuviéramos en contra de una nueva ley y no del procedimiento-, y dijo lo siguiente: “Indagando en el currículum de algunos diputados de la Honorable Cámara de Diputados vemos el porqué y el modo de ejemplo. Por eso citamos dos casos.” Voy a hablar del mío, el del diputado nacional Luis Alberto Galvalisi. Sostuvo: “En febrero de 1971, durante la presidencia del genocida Jorge Rafael Videla, era miembro de la Dirección Nacional de Radio y Televisión.” Es verdad. Tenía 17 años. Empecé a trabajar como ayudante administrativo, porque necesitaba trabajar. Mi padre era encargado. Yo tenía que salir a estudiar y a trabajar. No sé a qué viene lo que se dice de mí.

En 1982 también estuve en la Dirección Nacional de Radiodifusión con un cargo de ayudante de programación. La verdad es que trabajé en todos los medios. Por ejemplo, trabajé en Radio Nacional hasta 1991, cuando me pusieron en disponibilidad, y era un gobierno democrático. Nos pusieron en disponibilidad por defender a compañeros y compañeras de Radio Nacional, como a muchos periodistas.

Pero lo más gracioso es que este señor termina diciendo que no caben dudas de por qué no quieren derogar la ley de la dictadura: “Porque son los mismos de siempre los que se oponen a los gobiernos progresistas”, como Chávez, Evo Morales, Correa, etcétera.

Creo que las audiencias públicas deben aportar conocimiento técnico, o por lo menos me hubiera gustado que siga estudiando mi currícula.

Entrando en el tema vinculado con el proyecto de ley, lo que más nos aflige es la redacción en su parte técnica.

Como dije antes, la Argentina firma tratados internacionales mediante la intervención de los organismos internacionales de telecomunicaciones. Nosotros no podemos violar esos tratados que la Argentina ha firmado y que representan a más de 108 países del mundo.

En el proyecto de ley estamos vulnerando definiciones de concepto técnico. Pareciera que el proyecto hubiera cambiado las definiciones de espectro, de área de cobertura y de lo que es una emisora. Pero graciosamente, en el artículo 5º se aclara lo siguiente: “Para la interpretación de los vocablos y conceptos técnicos que no estén previstos en la presente, se tendrán en cuenta las definiciones técnicas de las leyes nacionales e internacionales que haya suscrito la República.”

No puede haber en una ley dos definiciones. La definición técnica es una sola, y corresponde a lo que la Argentina ha aceptado por lo menos hasta 1998, que es el momento en que ha firmado los últimos tratados.

Si uno lee la letra chica que está al pie del dictamen que anda circulando, ratifica lo que he dicho.

Otra de las cuestiones tiene que ver con la autoridad de aplicación. Decía antes que coincidía con el señor diputado Bonasso, porque realmente debe ser un ente no solamente descentralizado y autárquico, sino autónomo, y no dependiente del Poder Ejecutivo nacional. Y esto es así porque el Poder Ejecutivo nacional el día de mañana puede, mediante la ley de ministerios, pasar la responsabilidad o el control a otra jurisdicción. Debería ser un ente que dependa del Congreso de la Nación, para ejercer los controles necesarios.

También se afecta la estructura actual que tenemos en radiodifusión, telecomunicaciones y en materia audiovisual: la Secretaría de Telecomunicaciones, la CNC y el COMFER. El nuevo organismo tiene las mismas facultades que estos tres organismos que he mencionado. Entonces, ¿vamos a disolver la Secretaría de Comunicaciones, la CNC y el COMFER? No puede existir superposición de facultades de distintos organismos, porque cuando uno opine una cosa y otro otra, no sé cuál tendrá más poder específico para dar una información. Esto tampoco lo supo responder el licenciado Mariotto.

Una de las posibilidades que existen es la de modificar los parámetros técnicos asignados a una licencia. En los convenios internacionales está bien tipificado cuáles son los parámetros técnicos a los que todo el mundo se debe acoplar.

Continuando con el análisis de la normativa, también observamos varias cosas: por ejemplo, cómo displicentemente, cuando se autorizan las licencias a las personas, lo hacen en función de la autoridad de aplicación, pero conforme al reglamento que se va a dictar. Hoy en este recinto no sabemos cuál será ese reglamento y cuáles serán las normativas para otorgar esa licencias, con lo cual el día de mañana puede ser utilizado como una prebenda o como un castigo para otorgar o no este tipo de licencias.

En el mismo sentido, ayer, durante la reunión de las comisiones –espero que se haya tomado nota, por lo menos de lo referido a la parte legal-, cuando se hablaba del artículo 24 -que se refiere a las condiciones de admisibilidad y determina que se debe ser “mayor de edad y capaz”- preguntaba irónicamente ¿capaz de qué? ¿De violar? ¿De manejar? ¿De comprar? ¿De vender? ¿De estafar?

En otro artículo se menciona la condición de “tener vinculación directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual”. ¿A qué tipo de vinculación se refiere? ¿Familiar? ¿Comercial? ¿Ser socio, a lo mejor, de un club barrial? ¿Ser socio vitalicio de River o de cualquier otro club? ¿Qué tipo de vinculación debe ser?

Me parece que si estamos hablando de seriedad, el proyecto debe tener una especificación mucho más técnica

También es importante tener en cuenta –hay algunos que hablan de la ley de la dictadura, de la que yo reniego por los controles y por la falta de libertad de expresión- que en los requisitos generales la autoridad de aplicación va a adjudicar licencias en función de la propuesta de programación. Si eso no se entiende como coartar la libertad de elaborar programas no sé en qué consiste la libertad de expresión, porque la programación debe ser acorde a lo que estime la autoridad de aplicación, con lo cual estoy ejerciendo censura.

Ayer también hacía referencia a que el proyecto viola la ley de sociedades comerciales y el Código de Comercio, porque entre las condiciones societarias dicen que para poder tener una licencia las acciones deben ser nominativas. Hoy la ley de sociedades comerciales dice que tienen que ser nominativas y además no endosables. O sea que es más rígida, y nosotros no podemos definir un sistema accionario en una ley de esta magnitud cuando ya existe una norma anterior y un código que lo contempla.

Por otra parte, el proyecto establece que se debe determinar en las asambleas quiénes son los socios que tienen o no validez para la autoridad de aplicación. Es decir que establece quiénes van a ser los socios en una asamblea, cuando esto también está regido por la ley de sociedades comerciales. Esto demuestra la falta de trabajo profundo de este proyecto en materia legislativa.

El artículo 41, que se refiere a la transferencia de las licencias, dice que solamente pueden ser los titulares de origen del 50 por ciento del capital suscripto o por suscribirse y que represente más del 50 por ciento de la voluntad social. Si uno entiende de sociedades, sabe que lo más importante, además del capital suscripto, es el capital integrado, porque lo otro es una voluntad. Para darle seriedad, la norma tendría que definir, por lo menos, los “aportes irrevocables de suscripción”, porque si no queda en un mero acto declamativo. Sin embargo, parece ser que en este caso no importa para la transferencia.

El artículo 47, referido a la incorporación de nuevas tecnologías, le da un beneficio al Congreso. Esto es realmente gracioso, por no decir lamentable. El artículo 47 dice: “Preservando los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones, la Autoridad de Aplicación deberá proponer al Congreso de la Nación, en forma bianual, con el objeto de optimizar el uso del espectro por la aplicación de nuevas tecnologías la adecuación de las reglas sobre multiplicidad de licencias y no concurrencia.”

Me pregunto cuántos de los 257 diputados podemos entender la cuestión de las nuevas tecnologías o la parte técnica que nos propondrá la autoridad de aplicación. Por lo menos, ello tendría que venir con un dictamen vinculante de la Secretaría de Comunicaciones, de los organismos técnicos o de la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Si se nos propone el cambio de una norma por otra, aquí seguramente nadie sabrá sobre el tema. Debería figurar un detalle con sustento técnico. Es irónico que se nos delegue algo para lo que no estamos preparados técnicamente.

Trataré de ser breve y me referiré sólo a dos casos. Me causaban mucha gracia las exenciones impositivas que puede otorgar la autoridad de aplicación, por supuesto de carácter temporario. Se han jactado y se han llenado la boca con respecto a las cooperativas de trabajo, a las pequeñas organizaciones y a los pueblos originarios, en cuanto a la posibilidad de contar con un medio de comunicación para poder expresarse libremente.

Por ejemplo, una comunidad de un pueblo originario que quiera contar con su propia emisora y, a lo mejor, transmitir en su idioma, tendrá que pagar la licencia. Lo importante es saber de dónde obtendrá el dinero. Lo más gracioso es que le otorgarán una reducción del 10 por ciento, como decía ayer a última hora.

Pensemos en una localidad de menos de veinte mil habitantes, donde vamos a exigir que la emisora tenga más de veinte empleados, que deberán estar en blanco, a fin de no violar el resto de las leyes. Si tomamos el salario promedio con las cargas sociales, esa emisora ya debería pagar 45.000 pesos, a los que habría que sumar la licencia.

Entonces, no me explico cómo harán técnicamente esas pequeñas comunidades para disponer de una radio y transmitir libremente en su idioma a todos los pobladores de su zona.

Finalizando y cumpliendo -como siempre lo he hecho- con el tiempo de que dispongo, quiero señalar que este proyecto carece de un análisis profundo. Puede haber un estudio a nivel de libertad de expresión y de controles de monopolio, lo que es deber del Estado nacional, pero también debe respetar nuestra Constitución en el sentido de que somos un sistema republicano y federal.

El artículo 163 dice: “Las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades no podrán imponer condiciones de funcionamiento…”. Luego establece una excepción en materias que competen a la habilitación comercial y códigos urbanos. Estas son las facultades que tiene.

Entonces, le podrían dar una licencia a una emisora que no reuniera las condiciones de habilitación del edificio, por no tener una antena transmisora o determinado tipo de equipos, pero no le podrían imponer condiciones al funcionamiento. Entonces, ¿con qué nos quedamos y dónde está el verdadero federalismo para que las provincias puedan actuar libremente y tomar determinaciones en una iniciativa de este tipo?

Para finalizar quiero citar una frase de Abraham Lincoln, que me quedó muy grabada cuando estudiaba. El decía que si el pueblo conoce la verdad de los hechos la Nación estará a salvo. La verdad es que creo que el pueblo no conoce la totalidad de los hechos y lo que implica una norma de este tipo. Esto pone en riesgo a la Nación y a la República.

Por eso, tendríamos que respetar más a las instituciones y dejar de hacer los papelones en los que hemos incurrido últimamente; debemos hacerlo, al menos, por nuestros hijos.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

Sra. Augsburger.- Señora presidenta: voy a fundamentar el voto afirmativo en general de la mayoría de los diputados que integran nuestro bloque en una única y gran razón: si pusiéramos en una balanza el texto de la dictadura vigente con las innumerables modificaciones que ha sufrido en estos veintiséis años de democracia, y el texto que hoy tenemos en consideración, la balanza se inclinará a favor de este último.

Además, voy a adelantar el voto negativo en particular de nuestro bloque a los artículos 14, 31, 32, 45, 47, 49, 93 y 161, en caso de no se acepten modificaciones, y nuestra abstención en los artículos desde el 119 al 144.

El proyecto que vamos a votar no es el que anhelábamos desde el socialismo. En primer lugar porque entendemos que no existe razón política ni estratégica que se pueda explicar públicamente para justificar el maltrato que ha sufrido el Parlamento durante el tratamiento de esta iniciativa.

El bloque oficialista se equivoca si cree que ese es un maltrato hacia la oposición. En realidad es un maltrato a la institución parlamentaria que le hace muy mal a la democracia. No hay justificación –tal como manifestamos al comienzo de esta sesión- para no proceder de la misma manera en que lo hicimos en debates crispados y trascendentes como éste. En cada una de esas oportunidades se ha convocado a una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria para que entre todos los bloques acordáramos una agenda de trabajo, como públicamente se había comprometido el bloque oficialista.

Nada justifica que no se haya permitido a los legisladores contar con el tiempo suficiente para leer detenidamente la versión taquigráfica de todas las audiencias que se realizaron la semana pasada. Las palabras vertidas en esas audiencias no formaron parte del debate; fueron meras expresiones. El verdadero debate se da en las comisiones.

Tampoco se justifica que ayer hayamos tenido que estar presentes en la comisión escuchando prácticamente durante dos horas las modificaciones impulsadas por el oficialismo al texto original, y que después tuviéramos sólo una hora para analizar los cambios.

Por estas razones, frente al tratamiento que se le ha dado a este proyecto –respecto del cual todos coincidimos que es una norma fundamental de la democracia- debo decir con honestidad que le creemos poco o nada al oficialismo cuando dicen que quieren una ley que profundice el proceso democrático. Digo esto teniendo en cuenta los aportes que ha hecho el kirchnerismo desde el 25 de mayo de 2003 a la fecha en relación con el tema que hoy nos convoca. Dentro de ese aporte no podemos dejar de mencionar la sanción y promulgación definitiva de la mal llamada ley de protección de bienes culturales, la 25.750, que tras el proclamado objetivo de limitar la participación extranjera en empresas culturales escondía en realidad la salvaguarda del interés específico del principal multimedios del país, acosado en ese momento por deudas.

Con el objeto de beneficiar al mismo grupo, los decretos 1.293/03 y 540/2005 suspendieron la aplicación de principios medulares de la ley de sociedades comerciales en lo que hace a la disolución y liquidación de sociedades.

Asimismo, quiero citar el paradigmático decreto de necesidad y urgencia 527/05 –lo he votado negativamente- por el cual el gobierno nacional procedió a suspender por diez años los términos que estuvieran trascurriendo de las licencias de los servicios de radiodifusión o sus prórrogas, medida que consolidó claramente muchos de los privilegios que estableció la ley 22.285 de la dictadura a favor de grupos concentrados.

Desde el socialismo quisimos ser coherentes con nuestra historia en este debate y por eso, desde el primer día, dijimos que íbamos a debatir la ley sin ningún tipo de especulaciones en cuanto a las mayorías parlamentarias o al momento en que se la pusiera en debate.

Somos coherentes con esa historia que en 1984 nos hizo participar a través de Héctor Polino –en ese momento funcionario del gobierno del doctor Alfonsín- en la redacción de ese anteproyecto frustrado, que no llegó a discutirse en el Parlamento.

La misma coherencia la podemos explicar durante toda la década de los ’90 al oponernos a las reformas de esa década, que a través de la ley de reforma del Estado y los sucesivos decretos de necesidad y urgencia tuvieron el claro objetivo de eliminar límites, tanto los que existían para la propiedad de las licencias como las disposiciones que impedían la formación de multimedios y redes de trasmisión y difusión; esas normas que derogaban las que limitaban la inversión extranjera y, entre muchas otras disposiciones, las que fijaban que el 50 por ciento de los contenidos de la programación debían ser nacionales.

Esa misma coherencia se mostró con la participación del diputado mandato cumplido Héctor Polino en el año 2004, en ocasión de la modificación del artículo 45 para que participaran e ingresaran al espacio de la comunicación las cooperativas.

Dentro de esa misma coherencia, desde el año 2001 el bloque del Partido Socialista tiene iniciativas parlamentarias como la actual del diputado Roy Cortina y la del diputado Lisandro Viale, en el caso de la creación de una sociedad del Estado para radio y televisión.

Para nosotros es necesaria una herramienta legislativa que limite la concentración de medios que desde hace décadas vienen relativizando la libertad de prensa y de expresión que hoy muchos dicen defender. Esto no se logra sustituyendo un monopolio por otro, como lo planteaba el proyecto original del oficialismo, permitiendo el ingreso de las empresas comerciales de telefonía y por eso para nosotros la limitación expresa para las empresas comerciales de servicios públicos y concesionarios del Estado que ingresen a la radiofonía ha constituido un punto de inflexión para el tratamiento de esta ley.

El otro punto de inflexión lo constituye para el socialismo la autoridad de aplicación. Creemos que la propuesta modificada del oficialismo mejora y avanza frente al proyecto original, pero no alcanza, y por eso vamos a votar negativamente el artículo 14 tal como está planteado, sosteniendo la necesidad de una autoridad de aplicación federal con real participación de la sociedad civil y, como aquí se ha dicho, con una independencia real del Poder Ejecutivo nacional.

Para el socialismo el Estado debe ser austero, transparente y participativo. Hablar del rol del Estado en materia de radiodifusión es hablar de los roles específicos que debe cumplir en materia de regulación, de emisión y de titularidad de los medios. Sólo podremos hablar de una verdadera democracia comunicacional en la medida en que estos roles sean independientes entre sí y se desempeñen con absoluta transparencia y adecuado control ciudadano.

El proyecto oficialista, como está planteado, no elimina la discrecionalidad del gobierno en el manejo de la radiodifusión que se ha permitido en estas últimas décadas. Ese es el verdadero corazón de esta discusión.

Respecto de la publicidad oficial, entendemos indispensable no sólo lo que se ha planteado en las modificaciones sino también la necesidad de establecer que los ingresos para avisos oficiales no podrán suponer un importe mayor al 20 por ciento de la facturación neta del servicio de comunicación audiovisual privado comercial, ni al 40 por ciento en el caso de los servicios sociales comunitarios. Para la inversión publicitaria, en relación con los avisos oficiales, el Estado debe contemplar criterios de equidad y razonabilidad en su distribución.

En cuanto Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, como lo hemos planteado en la iniciativa del señor diputado Lisandro Viale, creemos que debe ser una normativa abierta. Insistimos en la necesidad de que los espacios públicos sean estatales y no gubernamentales. Por ello sostenemos nuestra abstención en los artículos que están en consideración y que se refieren a este tema.

Respecto del plazo de un año establecido en la norma para que los actuales prestatarios se adecuen a la nueva ley, queremos despejar cualquier suspicacia en relación con los beneficios o las motivaciones que podría tener el actual gobierno. En este sentido, consideramos que debe darse un plazo mayor que involucre al próximo período presidencial.

Quiero dedicar finalmente un párrafo a la innumerable cantidad de organizaciones que durante todos estos años de democracia han sostenido en la agenda pública la necesidad de una verdadera norma para la democracia en materia de medios de comunicación.

Nosotros hemos querido ser fieles defensores de los veintiún puntos construidos por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Por ello, adelantamos nuestro voto afirmativo en general, y plantearemos nuestras objeciones y el voto negativo en aquellos artículos que no reflejan exactamente esos puntos. Estas organizaciones han entendido claramente que la democracia se profundiza y se construye con más democracia y pluralidad en los medios de comunicación. Por lo expuesto, votaremos afirmativamente en general, planteando oportunamente algunas objeciones. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Sarghini.- Señor presidente: nuestra presencia aquí no significa que estemos avalando una sesión que consideramos absolutamente irregular. Cuando hablo de “nuestra presencia” no me refiero solamente al bloque Unión Peronista, sino también a otros bloques del peronismo de otras provincias; más de veinte diputados hemos elegido el camino de trabajo, propuesta y debate.

En ese camino de trabajo, propuesta y debate hemos planteado un dictamen de minoría. Con toda claridad la diputada Camaño ha expresado las características de ese dictamen. Con ello hemos buscado hacer un aporte para que haya una alternativa al proyecto oficialista que, por supuesto, no apoyamos.

Tanto no avalamos esta sesión viciada de nulidad que adherimos a la idea de que no hay que estar sentado aquí a la hora de votar. Adherimos a la idea de que, teniendo en cuenta el mecanismo que se ha empleado -lo digo con dolor-, deberán votar solos.

El artículo 113 de la Cámara no establece siete días para darnos la gracia de la lectura y del tiempo sólo a los diputados. Los establece para que, entre otras cosas, el dictamen sea conocido por la prensa y la gente a través de ella. Vaya paradoja, en este proyecto de ley se argumenta la pluralidad, la libertad de expresión y que la comunicación llegue a todos los rincones, y precisamente los siete días que son necesarios para que la prensa y la gente a través de los medios se enteren de qué es lo que aquí estamos discutiendo, han sido salteados con este artilugio de la sesión especial. No es para estos casos la sesión especial.

Queremos dejar bien sentado que no sólo tenemos severos cuestionamientos a este proyecto de ley sino también severos cuestionamientos a esta sesión.

¿Por qué no estamos a favor del dictamen de la mayoría, el que ofrece el oficialismo? Porque no hace lo que tiene que hacer, porque no es un instrumento que regule con precisión, con claridad y con los objetivos que debe tener la relación entre los medios y la sociedad.

Llamemos a las cosas por su nombre, esta ley llega a este recinto, a esta Cámara, en el marco de un conflicto del gobierno con los medios. Por lo tanto, el proyecto de ley que aquí se trata como el de la mayoría está teñido de esa pelea, y la verdad es que no es nuestra pelea. No debemos ser parte de esa pelea, y con esto me refiero a que no debemos estar ni de un lado ni del otro.

Tenemos que estar por encima de ello y para eso tenemos que ir a una verdadera ley que garantice el derecho ciudadano a la información, que cumpla con dar garantías de mayor libertad de expresión y que permita un mayor acceso a la información para los periodistas y la población, teniendo la posibilidad de tener mayor diversidad de fuentes.

También la ley debe ser capaz de poner a disposición de toda la ciudadanía la mayor pluralidad de voces. Todo esto debería contemplar una verdadera ley que regule la relación entre los medios y la sociedad, porque lo único que tenemos que pensar cuando votamos una norma de estas características es en el beneficio que va a traer a la sociedad.

Esta ley que nos proponen no cumple ninguno de estos objetivos, porque tanto los aspectos que están en el marco regulatorio como los artículos que con claridad establecen premios y castigos están teñidos de una pelea que nosotros debemos sobrevolar.

Todo eso está muy claro en la letra y en el espíritu. Es impresionante la cantidad de artículos que se cuestionan, aun por quienes terminan definiendo que esta ley debe ser votada por la mayoría.

Y también está en el espíritu, porque en la letra y en aquellos artículos en los que se hace referencia exclusivamente a la regulación no está ese interés general. Revisemos cada uno de ellos. Por supuesto que hay artículos que regulan en un sentido positivo, y en nuestro dictamen hemos tomado algunos de ellos, pero hay otros que claramente muestran lo contrario. Y si hay artículos que dentro del marco regulatorio lesionan los intereses de los objetivos que debe tener una ley que quiera garantizar el acceso a la comunicación a toda la población son aquellos que claramente van en contra de un sentido federal. Si no, se hubiesen tomado el tiempo, en las tantas audiencias y reuniones que hubo, para ver qué piensa la gente del interior.

Fíjense si esta ley no tiene claros artículos con un sentido absolutamente antifederal.

Ahora me voy a referir a otro tema que es central en la norma que nos proponen, y cuando se discutió y planteó aquí el dictamen de la primera minoría han quedado claramente establecidas las razones de nuestra oposición. Esta norma otorga al gobierno un control absoluto sobre los medios, ya que a través de la famosa autoridad de aplicación entrega al gobierno la posibilidad de controlar los medios sin que haya un solo artículo que diga cómo se debe pautar la publicidad oficial. Precisamente por eso hemos propuesto otra autoridad de aplicación. Por eso hemos dicho que en este Congreso, y en particular en el Senado -que expresa el federalismo-, debe residir el organismo que decida en materia de medios, y no en un gobierno.

Y no lo decimos por este gobierno ni por el que viene. Lo aclaro porque he escuchado algunas voces de la oposición decir que eso es malo porque este gobierno tiene malos amigos. Nosotros no nos detenemos en juzgar eso. Entendemos que ningún gobierno –ni el actual, ni el que viene, ni el vendrá después- debe tener la posibilidad de controlar los medios, y mucho menos cuando la ley no le fija pautas para el manejo de la publicidad oficial.

Finalmente, esta ley tiene premios y castigos. Siempre que se regula, siempre que se cambian las reglas de juego de un funcionamiento del mercado, hay quienes se ven beneficiados y quienes se ven perjudicados. Pero una cosa son los perjudicados o los beneficiados en el marco de una regulación general que pone el interés de la gente por encima de cualquier interés particular, y otra cosa son los premios y castigos cuando están dirigidos porque son parte de una pelea que –insisto- ha teñido absolutamente el proyecto oficialista.

¿Por qué digo que esta norma tiene premios y castigos? Porque más allá de que se haya sacado un artículo para que determinados prestadores de servicios públicos no ingresen, está claro que el espíritu estaba, y sacar un artículo no cambia el espíritu de una ley.

¿Por qué digo que también tiene castigos? Porque más allá de cualquier cuestión, tenemos que analizar al Estado con una visión de continuidad. Las cosas no empiezan cuando nosotros llegamos, así como no terminan cuando nosotros nos vamos. Este Estado le ha dado derechos a determinados medios –y podemos tener el juicio de valor que queramos-; y cuando se violan derechos o no se reconocen, se viola la Constitución. Y cuando se castigan, lo único que se logra –y es lo que va a lograr esta ley- es que al día siguiente de la sanción de la ley aparezcan cataratas de amparos. No vaya a ser que aquellas cosas que se quieren defender terminen resultando a la inversa, precisamente por dictar una ley que no hace las cosas como se debe.

Yo no quiero que haya amparos ni juicios. Por eso no quiero, entre otras tantas razones, que haya una ley como la que propone el oficialismo.

Sé que hay algunas tentaciones para que por vía indirecta nos hagan tomar posiciones en favor de la ley. No caigamos en esas tentaciones. Claro, es muy tentador hablar de la monopolización. ¿Quién puede pararse en una banca a defender los derechos de un monopolio? Esta no es una ley desmonopolizadora. Es más, si hubiera una voluntad desmonopolizadora de este gobierno, que dice ser la continuidad del anterior, tuvo la oportunidad de aplicar la ley de defensa de la competencia todas las veces que hubiese querido y tuvo la posibilidad de no prorrogar concesiones y licencias cuando vencieron. Ahí sí que no hubiese violado ningún derecho adquirido.

Esta norma no persigue ese sentido, porque además deberíamos tener la precisión o la claridad técnica de que cuando una ley trata de buscar en nombre del interés general no castigar a nadie por la existencia de monopolios debemos saber con rigurosidad que no se regula a los monopolios. En todo caso lo que se debe regular son las prácticas monopólicas, aquellas que no permiten el acceso, que no permiten llegar a todos, que no posibilitan una cobertura o una mayor calidad. Es muy difícil encontrar en esta ley la regulación de alguna de estas cosas, y la verdad es que no es necesario, porque para eso hay una ley de defensa de la competencia. No caigamos en la tentación de la desmonopolización.

También he escuchado como argumento que tienta la idea de tomar posición positiva frente a esta norma porque estamos modificando la ley de la dictadura. Claro que lo estamos haciendo; por otro lado ya ha tenido otras modificaciones que ha introducido este Congreso.

La señora diputada Camaño dijo que hay muchas leyes de la dictadura que quisiéramos modificar. De todas maneras, es muy pobre conformarnos con que podemos hacer una ley algo mejor que la que hizo la dictadura. Si eso solo nos conformara, tomemos el peor de los artículos, modifiquémoslo y digamos “esto ya es suficiente”. Pero esto no es suficiente. Queremos tener una ley que garantice el derecho ciudadano a la información, discutámoslo en los tiempos y en las formas, hagamos lo que tenemos que hacer y no caigamos en tentaciones vacías de contenido.

También se ha dicho “queremos tener la ley de la democracia”. Todos queremos tener la ley de la democracia. Entonces, respetemos a la democracia y hagamos en nombre de ella una buena ley y no una mala, y no nos vanagloriemos por el hecho de que esta ley, al igual que el Código Civil -lo quiero decir con mucho respeto-, tiene notas. Eso no le da valor a esta norma ni la vuelve más democrática. Aquellas notas han hecho doctrina, han hecho jurisprudencia. Aquellas notas han sido de juristas como Freitas –el brasileño-, Savigny –el francés-, civilistas alemanes de fuste, de talla. Las notas de esta ley, entre otras, tienen una cita de quien intentó quemar la Casa de Santa Fe en diciembre. Esa nota no le da valor a esta ley: la bastardea. Y una mala ley no le da valor como ley de “democracia versus dictadura”. Repito: bastardea la ley de la democracia. No caigamos en esa tentación.

Finalmente quisiera hacer una reflexión que se huele en el ambiente: esta ley no sólo no resuelve la relación entre los medios y la sociedad sino que tampoco tiende a resolver el conflicto entre el gobierno y los medios. Esta es una ley que nos debemos porque intenta resolver la relación entre la política y los medios, y la verdad es que estoy viendo cada vez más una relación perversa entre la política y los medios. Es más, me permito decir que también la vi en estos días, porque mientras algunos elegíamos el camino de trabajar aquí para hacer un dictamen, buscar consenso y encontrar una redacción mejor, había otros que lo único que buscaban eran las fotos o los micrófonos fáciles, porque les importaba mucho más que tener un proyecto alternativo estar en la portada del diario del día siguiente u ocupar mucho tiempo un lugar en la televisión.

Creo que en la política, los dirigentes políticos vamos a tener que revisar de una vez por todas nuestra relación con los medios. Parece que la llegada de la videopolítica nos ha confundido. Sería de necios negar su existencia, pero sería irresponsable que un dirigente político quede vacío de política porque sólo le importe lo que van a decir los medios al día siguiente. Sería muy pobre, y en verdad veo que estamos yendo por ese camino. Por lo tanto, aprovecho el tratamiento de este proyecto de ley para llamar a la reflexión. Porque lo único que nos importa es resolver nuestra relación con los medios, y no es esa nuestra función. No estamos acá para ganar el acompañamiento de un medio sino para legislar en nombre del interés general.

Y si no estamos de acuerdo con esta iniciativa es porque estamos convencidos de que no va en ese sentido, de que el interés general no está presente y que no estamos garantizando el derecho ciudadano a la mejor información. No hay otra razón. Es hora de que hagamos una autocrítica.

¿Qué es lo que nos pasa si no aceptamos el periodismo de investigación? Las dos relaciones entre la política y los medios son aquella que construimos los políticos con los medios, que precisamente es la video política, y aquella que entablan los medios con nosotros, que es el periodismo de investigación. Estemos dispuestos a llenar de contenido a la política para que la video política no nos lleve puestos; y cuando gobernamos estemos dispuestos a hacer las cosas como corresponde para no temer al periodismo de investigación. Rompamos ese lazo perverso entre la política y los medios.

Para finalizar, señora presidenta, porque estoy viendo su expresión y quiero ser respetuoso con el tiempo…

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene buena vista, señor diputado.

Sr. Sarghini.- Con esta vista he tratado de leer con mucho cuidado artículo por artículo este proyecto de ley, y con la mejor honestidad intelectual quienes lo hemos analizado hemos decidido que esta iniciativa no cumple con sus objetivos, y por ello presentamos un dictamen de minoría. Además creemos que esta sesión está viciada de nulidad, y lamentablemente entendemos que este proyecto de ley que regula cuestiones de Estado deberá ser votado sólo por el oficialismo y algún otro acompañamiento. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

- Aplausos en las galerías.

Sra. Merchán.- Señora presidenta: nuestro bloque quiere hacer varias consideraciones que tienen que ver con algunos debates que se plantearon hoy pero que en realidad se vienen dando a lo largo de estas semanas en que esta ley se hizo famosa.

Una de las cuestiones que se planteó con mucha fuerza fue que este proyecto de ley no había tenido suficiente discusión, que no se habían dado los tiempos necesarios para debatirlo. Desde nuestro bloque creemos que son suficientes veintiséis años para dar este debate.

Durante veintiséis años toda la sociedad, todas las universidades nacionales, las distintas organizaciones sociales y la ciudadanía llevaron a cabo este debate con muchísima fuerza.

Además cabe recordar los cinco años de trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que fue incorporando cantidades de aportes y de ideas desde la universidad para lograr la sanción de una ley de radiodifusión.

Durante meses se realizaron foros a lo largo y a lo ancho del país, a posteriori las audiencias públicas y finalmente un tramo en el que discutimos dentro del Congreso, tal como nuestro bloque lo venía exigiendo desde hace bastante tiempo.

Creemos que esto es tiempo suficiente para discutir este proyecto de ley, y nuestro bloque no se perdió ninguna de esas instancias para plantear todos y cada uno de nuestros aportes e ideas respecto de cómo mejorar y lograr la sanción de un proyecto de ley que realmente transforme la situación que tenemos en la actualidad.

Otro de los debates que se produjeron tuvo que ver con los monopolios y la lucha antimonopólica. Durante este tiempo se plantearon cuestiones que nos parecieron importantes, que tenían que ver con esto de que queremos limitar los monopolios actuales y también los que se puedan conformar hacia el futuro.

Deseamos aclarar que nuestro bloque es muy crítico en relación con la conducta que han tenido los gobiernos kirchneristas en cuanto a los monopolios informativos.

Para nosotros la fusión de Cablevisión y Multicanal estuvo totalmente en contra de cualquier defensa de la competencia. Fue producto de acuerdos a los que arribó este gobierno.

Por otro lado, también cuestionamos con claridad la prórroga de las licencias que concedió el gobierno de Néstor Kirchner antes de que se retirara. Fuimos muy críticos conjuntamente con la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Cada vez que pasaban estas cosas nos daba la sensación de que dábamos un paso atrás en la posibilidad de estar discutiendo hoy este proyecto de ley.

Cuando se discutió sobre los monopolios y los acuerdos posibles a futuro del gobierno actual, siempre dijimos que hubo acuerdos antes, y probablemente los haya hacia adelante. Por eso nuestro bloque planteó que uno de los elementos fundamentales a cambiar en el proyecto de ley tenía que ver con el articulado que posibilitaba la incorporación de las telefónicas al negocio de los servicios audiovisuales. Por eso es muy importante tener en cuenta algunas miradas, para saber desde dónde observamos algunas cuestiones.

Cuando la señora presidenta anunció la posibilidad de que se iba a eliminar el ingreso de las telefónicas al negocio audiovisual, por todos lados leímos que se sostenía que la decisión tomada era producto de la debilidad del gobierno. En parte puede ser producto de la debilidad del gobierno, pero la verdad es que para nosotros centralmente fue producto de la fortaleza enorme de todas las organizaciones del pueblo que constantemente luchamos en contra de los monopolios. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Otro de los puntos de los que se habla constantemente, y al que nos queríamos referir, tiene que ver con la censura que puede implicar este proyecto de ley. Creemos todo lo contrario. A nuestro entender esta iniciativa avanza en la posibilidad de que toda la pluralidad de voces de nuestra sociedad tenga sus propios medios de comunicación, haciendo conocer sus puntos de vista. En ese sentido debo decir que me da mucha alegría leer y escuchar que exista la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y que existan 21 puntos que son muy importantes.

- Aplausos en las galerías.

Sra. Merchán.- En estos cinco años tuvimos el trabajo de más de 120 organizaciones en el país: de los pueblos originarios, de mujeres, de personas con capacidades diferentes, etcétera. Se han desarrollado multiplicidad de visiones y actividades a lo largo y a lo ancho del país. Las universidades nacionales han sido un lugar donde se han podido plantear estas cuestiones, pero la verdad es que nunca hemos tenido dos renglones en los medios nacionales ni mucha cámara de televisión.

Acá veo muchas caras de gente que ha trabajado incansablemente para que exista este proyecto de ley, y para que efectivamente podamos arribar a este punto. Y muy pocos de ellos salen en los canales más importantes o son personas reconocidas. Creemos que eso tiene que ver con la censura a la que de alguna manera hemos sido sometidos durante este tiempo.

Otro punto cuya discusión consideramos muy importante era el de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. En nuestro bloque entendimos que la propuesta de la autoridad de aplicación otorgaba demasiada discrecionalidad al Poder Ejecutivo. Por eso hicimos una diferente, que incluye al Consejo Federal y a representantes del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo, porque justamente creíamos que había que equilibrar esta cuestión.

También nos parece lógico que haya muchos otros diputados y diputadas que consideren que aún no alcanza esta propuesta que nosotros hicimos y que fue recogida en el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo. Sinceramente, si hay un momento en el que la discrecionalidad del Poder Ejecutivo es total es éste que estamos viviendo.

Si pensamos que votando en contra de este proyecto vamos a terminar con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ello no es así porque al votar en contra estamos dejando que el Poder Ejecutivo mantenga absolutamente la discrecionalidad sobre los servicios audiovisuales en nuestro país.

Asimismo, hay otro debate que entendemos que es muy importante no sólo en este proyecto de ley sino en general. Cada vez que en nuestra corta experiencia en esta Cámara discutimos algún tema, hay un elemento que permanentemente está presente, que es muy importante revalorizar y que desde nuestro bloque hemos hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Me refiero a cuál es el rol de las instituciones como garantes de la democracia.

En tal sentido, hemos hecho una propuesta de modificación del artículo 47 porque resulta absolutamente importante que quede claro que no había posibilidad de modificar ningún artículo de este proyecto si no pasa por el Congreso. Para nosotros esto era un punto clave. Había que impedir que esta iniciativa se modificara fuera del Congreso y garantizar el rol del Parlamento en este sentido.

Por otro lado, en la defensa de la democracia y de la institucionalidad, también creemos importante que los legisladores que estamos aquí sentados realmente podamos representar las distintas expresiones de la sociedad. Me refiero a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de derechos humanos, al pequeño y gran empresariado, a los distintos sectores del campo y a los distintos actores de la vida social y política de la democracia. Pero de ninguna manera un diputado o diputada puede sentarse en estas bancas para defender a ningún monopolio. Eso también tiene que ser parte de nuestra experiencia en la vida democrática. Ningún monopolio es amigo de la democracia, y de ninguna manera un diputado puede defender o temer a un monopolio. (Aplausos.)

También es importante discutir acerca del federalismo. Esto se ha cruzado en muchos debates, y creemos que es fundamental en este en particular. Varios legisladores han hablado de la autoridad de aplicación y del federalismo, y también quisiera tomar algunos titulares de ayer y de antes de ayer, que decían que esta ley es un grave ataque al interior del país.

Sinceramente, para nosotros es fundamental la defensa del federalismo, y por eso insistimos en ampliar las facultades del Consejo Federal dentro de este proyecto de ley. En verdad, si pensamos en el federalismo, deberíamos tener en cuenta cuántas veces por día se viola el derecho de cada una de las provincias o localidades, cuando un habitante o ciudadano de Chilín, de Tulum, James Craik o de Oliva se levanta cada mañana y tiene más preocupación por la seguridad, los robos en la Capital Federal o el paro de subte que por los graves problemas que existen en su localidad. (Aplausos.) Creemos que este proyecto realmente garantiza la pluralidad, no sólo política, sino también en cuanto a las diferencias de concepciones y de territorios.

Otro de los puntos que nos tuvieron muy atentos como bloque y como integrante de la Coalición por una Radiodifusión Democrática fue el 33 por ciento que se reserva a las organizaciones de la sociedad sin fines de lucro.

En este sentido, hemos solicitado eliminar el inciso f) del artículo 89, a fin de que no se pudiera reasignar el 33 por ciento a otras entidades. Ese porcentaje debe resguardarse de todos los modos para esas organizaciones sin fines de lucro, lo que también ha quedado incorporado en nuestro proyecto de ley.

Después de tantos años de lucha y trabajo de tantas organizaciones y sectores de la sociedad, tan invisibles durante tanto tiempo, hoy es un día importante y trascendente para ellos. Además, yo lo vivo así, porque he observado que otros bloques, como el Socialista, también han hecho un enorme esfuerzo para diferenciarse en algunos puntos y para ser parte de nuestra democracia argentina.

Por último, quiero señalar que esta iniciativa no es para esta presidenta ni para los próximos elegidos. Fundamentalmente, no será una ley para los monopolios, pues no les hará bien a ellos, sino a la ciudadanía argentina. Será una ley que garantizará que la comunicación efectivamente sea un derecho. Por supuesto, nuestra tarea, desde el bloque y la Coalición por una Radiodifusión Democrática, estará en controlar que esta iniciativa se cumpla y se implemente, a fin de poder decir que en nuestro país la democracia es cada vez más democracia. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Prieto.- Señora presidenta: “La posesión de la información equivale a la posesión del poder. Los esquemas democráticos formales no perduran en una sociedad en donde el poder del dinero o el poder político equivalen al poder de informar. La regulación de los medios tiene el efecto de distribuir ese poder.

“Todos, personas físicas y sociedades, tienen que poder participar de la necesaria renovación de la radiodifusión argentina. Los únicos límites serán aquellos que, moderando a algunos emisores e incentivando a otros, prudencialmente favorezcan una mayor riqueza de fuentes y contenidos, puestos a disposición de cada ciudadano, última razón de ser de los derechos sociales.”

Lo que acabo de leer es lo que decía el presidente Raúl Alfonsín al elevar el mensaje al Congreso de la Nación en abril de 1988, proponiendo la sanción de un proyecto de ley de radiodifusión. La fundamentación es muy extensa, pero lo cierto es que estos motivos están tan vigentes hoy como entonces; es más, diría que están más vigentes hoy que en aquel momento, porque la sociedad ha evolucionado y porque hay situaciones de predominio mediático absolutamente consolidadas, que constituyen un riesgo firme a la libertad de expresión en la Argentina.

Por lo tanto, la sanción de este proyecto de ley que va a regular el funcionamiento de los medios audiovisuales en la Argentina puede ser considerada como el pago de una deuda que la democracia tiene consigo misma. Digo esto porque para que la democracia se vea verdaderamente consolidada hay que garantizar la pluralidad de voces y también la pluralidad de canales de transmitan esas voces.

Hoy eso está en riesgo en la Argentina, no sólo cuando el gobierno de turno trata de influir sobre los medios, sino también cuando la agenda pública queda en manos de una concentración de medios que maneja el mensaje en el país.

Por supuesto que cada uno podrá decir lo que quiera. Esto está garantizado por la Constitución y lo reafirma el texto que seguramente hoy se va a sancionar. Esta garantía no se ve afectada.

En ese sentido, la Constitución le impide al Congreso avanzar sobre la regulación del derecho a la libertad de imprenta y de prensa, que la mayoría de los constitucionalistas restringen a la libertad de la prensa escrita. Pero aun entendiendo que esto se hace extensivo a los medios de comunicación, lo cierto es que la regulación estatal es perfectamente posible cuando tiende a garantizar la pluralidad de accesos, que es el requisito fundamental para consolidar el proceso democrático, de deliberación, de discusión de las ideas y de acceso a la información a la que tenemos derecho todos los ciudadanos, tanto desde el punto de vista activo como pasivo, como de la posibilidad de expresar una idea y de recibirla. Por el contrario, este derecho no está garantizado cuando los monopolios actúan dentro de este ámbito.

Tal como se ha señalado, no se puede sostener que esto apoye la constitución de monopolios. Los monopolios siempre tienden a distorsionar los mercados; esto también sucede en el mercado de las empresas periodísticas. Creo que aquí la intervención del Estado se justifica doblemente, porque no sólo está en juego la libertad de un mercado competitivo de medios de radiodifusión, sino también la libertad de los argentinos para expresarse y recibir otras ideas.

La propia Constitución establece como una obligación de las autoridades proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. Esto, que está previsto en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, es reafirmado por el texto que vamos a aprobar.

Hay una norma que forma parte del conjunto de derechos a los que se les ha asignado jerarquía constitucional. Me refiero al artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, relativo a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho se entiende como la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. No debe existir nada que restrinja o impida la circulación de ideas y opiniones. En este sentido, queda en claro que la normativa que nos aprestamos a sancionar hoy tiende a garantizar estos canales.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Fellner.

Sr. Prieto.- Hoy debería ser un motivo de alegría para los argentinos que comencemos con la definición de este debate, que como bien se señaló aquí, no empezó con la llegada del proyecto el 27 de agosto a esta Cámara, sino con la misma recuperación de la democracia, y si fue interrumpido en distintas oportunidades y en más de una ocasión a pesar de que hubo proyectos precisamente de gobiernos radicales enviados por el Poder Ejecutivo y múltiples de diputados de todos los bloques, ha sido precisamente porque lograron prevalecer intereses de momento o de sector por encima del interés general.

Tenemos que ser sinceros y ver que existen realmente intereses de los dos tipos, es decir intereses de los actores del mercado periodístico o del mercado de las empresas de medios pero también intereses de los actores de la política.

Resulta absolutamente comprensible, no digo justificable, que las empresas de medios defiendan de todas las formas que entienden posibles su posición en el mercado. Lo hacen haciendo uso y abuso de su propio medio, lo hacen anunciando que van a avanzar en la judicialización de la cuestión, lo hacen, en fin, tratando de restar legitimidad a este Congreso para resolver las cuestiones en tratamiento. Lo hacen con un mensaje persistente y permanente que trata de deslegitimar la decisión que vamos a tomar.

Pero tanto o más grave que las defensas de los intereses del sector, debe señalarse que lo hacen particularmente por una motivación económica y de poder, porque no es sólo de dinero de lo que estamos hablando. La posibilidad de fijar la agenda o de influir en forma decisiva en la agenda pública es una posición de poder y cada posición de poder que se le retrae a la política implica un avance corporativo que no se condice con una sociedad democrática que tenemos la obligación de defender.

También hay otros actores de la política que somos, entre otros, quienes estamos sentados en estas bancas que muchas veces privilegian su propia posición, su propia exposición mediática, sus propias posibilidades de aparecer difundiendo estas ideas que, vaya casualidad, son en este momento y en esta circunstancia –no permanentemente- coincidentes con los intereses económicos que están en juego.

Por supuesto son bienvenidos y recibidos con los brazos abiertos. Su mensaje se amplifica, aunque luego aquí no den los votos porque lo que está aquí es la verdadera representación popular por el tiempo del mandato que cada uno de nosotros tiene y con la legitimidad de tomar las decisiones.

Felicito la decisión de todos aquellos señores diputados que aun a riesgo de desaparecer de los medios, aun a riesgo de tener un ocaso mediático, aun a riesgo de aparecer en una forma antipática ante el mensaje intencionado de muchos medios de difusión, tienen el coraje cívico de hacer prevalecer los intereses de la Patria respecto de los intereses de su partido y de sus propios intereses personales.

Creo que con más razón esto habilita la razonabilidad y la oportunidad de la decisión de comenzar a poner fin a este debate. Y vaya una digresión: casi nadie discute la necesidad de modificar la ley de radiodifusión. Casi nadie discute que es ineludible salir de la ley de la dictadura. Casi nadie duda que cualquier regulación proyectada en este Congreso es mejor que la que está vigente, pero dicen que ésta no es la oportunidad.

Nosotros partimos de una concepción distinta: cada vez que es necesario sancionar o hacer algo por la Patria la oportunidad es ahora, cuanto antes, es decir, impostergable. Aquí venimos postergando una decisión durante muchos años.

La decisión política de llevar adelante este proceso va a ser valorada no en el corto plazo, pero sí en el tiempo; este gobierno se va a ir, el próximo pasará su período, y la ley de radiodifusión que hoy sancionaremos y que garantiza el acceso a todos, perdurará seguramente durante mucho tiempo en la Argentina para beneficio del conjunto de la sociedad y no de unos pocos por cuestiones coyunturales.

Quiero utilizar los minutos que me restan para hacer una reflexión sobre algo que también se ha reiterado de una forma exagerada. De tanto reiterar, muchas veces pareciera que esto fuera cierto: se habla de una aplicación retroactiva de la ley. Este concepto no resiste el menor análisis. Esta norma regirá hacia el futuro, y los que no se adecuen a lo que dispone deberán limitarse a su cumplimiento. No existe ningún derecho adquirido en juego porque no existe en la Argentina –esto lo ha dicho la Corte desde tiempo inmemorial y en forma reiterada- derecho al mantenimiento de un régimen jurídico determinado; tanto menos si ese régimen jurídico es de origen espurio y viene a consolidar posiciones de privilegio monopólicas a las que esta ley quiere poner fin.

Reitero que no hay derechos adquiridos. El Estado actúa legítima y lícitamente. Ni siquiera hay responsabilidad del Estado. No creo que cuando este actúa lícitamente pueda generar responsabilidades. Hay algunos administrativistas que piensan de otro modo, pero en ningún caso hay afectación de derechos adquiridos ni perjuicios que deban ser indemnizados o reparados. Al Estado Nacional esto no tendría que salirle ni un peso porque está actuando dentro del margen de sus atribuciones.

Contrariamente a lo que se ha dicho, esta no es una ley que influya en modo alguno en el control de los contenidos. No hay un solo párrafo del proyecto en discusión que permita inferir de forma directa o indirecta el control de los mensajes de cada medio. Esta norma viene a consolidar la posibilidad y la libertad de que todos se expresen, que implica mucho más que la libertad de los medios para transmitir su propio mensaje.

Hoy vamos a saldar una deuda con la democracia argentina y éste es un día de fiesta para la patria. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar quiero hacer un reconocimiento muy especial a toda la gente que desde su convicción, compromiso, visión de su propia realidad y conocimiento técnico ha aportado a este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo en el Congreso de la Nación.

Creo que ésta era una deuda pendiente con la ciudadanía argentina. Ellos, desde su convicción y este compromiso que los argentinos tenemos que asumir con sentido de pertenencia a lo colectivo, han trabajado durante todo este tiempo para resumir en estos veintiún puntos de una iniciativa ciudadana para una ley de radiodifusión democrática en la Argentina. Realmente estos puntos reflejan un espíritu y una base conceptual que, me animo a decir, todos los diputados aquí presentes compartimos ampliamente.

Quiero agradecer el esfuerzo de todos los que han colaborado y participado en la elaboración de estos veintiún puntos que sin duda dejarán una huella muy profunda

en los marcos conceptuales o en el espíritu de esta ley.

Dicho esto quiero decirles que comparto plenamente el artículo 1° del dictamen, sobre la necesidad de la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en la Argentina, y dar una nueva ley para nuestro país.

También comparto plenamente el artículo 2°, prácticamente en sus tres postulados esenciales, en que esta es una actividad de interés público por la trascendencia de lo que es la información y su poder como herramienta de igualdad de oportunidades, de derechos individuales, de consolidación de un Estado democrático y un Estado de derecho en la Argentina.

Además debo decir que también comparto plenamente el segundo párrafo del artículo 2° que dice que es responsabilidad del Estado, teniendo en cuenta el artículo 75 inciso 19) de la Constitución nacional, específicamente del Congreso de la Nación, legislar sobre estas actividades de interés público.

También comparto el tercer punto que fija este artículo, que es importante, en el sentido de que debemos tratar de generar diversidad, universalidad y pluralidad en el manejo de la información.

Como comparto todos estos objetivos considero que el instrumento que deberíamos generar pone a este Congreso en el centro de la escena porque es a quien le toca legislar en la materia y cumplir con la responsabilidad que esta misma ley da.

Por todos los procedimientos previamente enunciados, y por cómo fue el inicio de esta sesión, con tanta cantidad de posturas que manifestaban la ilegalidad del procedimiento, debo decir que esta ley no se ha visto revisada en su totalidad como merecería serlo por este Congreso de la Nación.

Por lo tanto, una primera –si se quiere- violación del mandato de esta ley es que no se ha dado un tratamiento adecuado previo sobre la consolidación de todos los artículos que la misma impone. Tal como ustedes habrán podido ver, esta ley tiene 166 artículos. Como el dictamen final se firmó muy tarde la mayoría de los diputados tiene cierta confusión con respecto a los artículos, la cantidad y sus números.

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, con la relevancia institucional que este Congreso tiene que tener, la ley que salga de aquí y que va a regular los comportamientos sociales objeto de la norma, tiene que ser perfectamente coherente. Es decir, los instrumentos que genere la ley tienen que ser coherentes con los objetivos que se postulan, con los cuales estoy de acuerdo.

En función del tiempo voy a ir a la parte más importante del texto de la ley. Cuando tomamos el título II de la norma, que habla de la autoridad de aplicación de la ley, encontramos que por más que se hayan hecho importantes esfuerzos en tratar de modificar el proyecto inicial presentado por el Poder Ejecutivo, no se ha conseguido mucho más que un efecto cosmético, porque en el fondo no se ha logrado cambiar sustancialmente la autoridad de aplicación de esta norma.

Voy a objetar fundamentalmente la autoridad de aplicación, el Consejo Federal de Aplicación de la ley, en cuanto a su formación. Nosotros vamos a hacer una propuesta distinta, y adelanto que vamos a solicitar su inserción en el Diario de Sesiones. Si la ley le da a este Congreso la obligatoriedad de que tome cierta responsabilidad con respecto a la actividad de interés público que es el sistema de información, creo que este Congreso tiene que tener una parte importante en el directorio del comité de aplicación.

Es por eso que nosotros proponemos que esté compuesto por seis miembros: dos provenientes del Poder Ejecutivo y cuatro provenientes del Poder Legislativo, pero fundamentalmente que sean nombrados –no a propuesta, sino nombrados- por la comisión bicameral, a propuesta de la Cámara de Diputados de la Nación, y que además acrediten, vía concurso, su capacidad y su idoneidad técnica.

También hemos hecho una observación y una propuesta con respecto a la defensoría del público, porque entendemos que esta actividad es un servicio público impropio y la abarca el artículo 42 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, es el defensor del público el único que realmente puede proteger al público usuario de los servicios de comunicación audiovisual en general, porque tiene el poder de poner amparos y frenar cualquier acto que violente la aplicación de esta norma.

En ese sentido hemos propuesto, para dar a este Congreso el protagonismo y la responsabilidad que se merece, que el defensor del público esté bajo la órbita del Congreso de la Nación pero que además sea nombrado por el Senado, que tiene representación federal, a propuesta del segundo bloque en número del Senado. Creemos que así se conseguiría ese equilibrio que debe lograrse en el rol del Estado en su conjunto como autoridad de aplicación de esta norma para que no existan ni un avance importante del Poder Ejecutivo ni una discrecionalidad de éste último.

Dicho esto, también quiero señalar que en esta iniciativa hay ciertas contradicciones. En primer lugar, no se respeta por parte de la autoridad de aplicación este principio republicano de equilibrio. Por lo tanto, me pregunto qué pasa con el punto 6 de la Iniciativa Ciudadana, que dice: “Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia”.

También surge la contradicción del artículo 32, que dice que el Poder Ejecutivo será el otorgue las licencias cuando se excedan los 500 mil habitantes o los 50 kilómetros del radio de acción de las emisoras.

Entonces, evidentemente hay un avance importante del Poder Ejecutivo, vulnerando las atribuciones de este Congreso, que propone la propia ley.

Teniendo en cuenta el tiempo que me resta para hacer uso de la palabra, quiero decir algo que me parece sumamente importante. Me refiero al otro punto central de este artículo 2º, que considero hay que poner en valor. Si nosotros tenemos que tratar de que haya diversidad, pluralidad y universalidad en la gestión de la información y de la comunicación en su conjunto, no sólo tenemos que asegurar el rol del Estado, que es ineludible en materia de comunicación social -tiene una función educadora, puede promover políticas de acción directa, tiene la posibilidad de unificar el territorio, sino que además debemos valorar que haya un espacio para las organizaciones civiles sin fines de lucro.

También creemos que la concurrencia del sector privado tiene que ser efectiva para que haya real pluralidad de voces y se escuche a quienes no son oficialistas. De este modo podrá haber realmente libertad de expresión en la Argentina.

Ahora bien, creemos que eso no sucede por el achicamiento que se produce en virtud del artículo 45. No vamos a hablar acá de lo que son los monopolios. Creo que aquí nadie quiere favorecer los poderes de las grandes corporaciones mediáticas ni contraponerlas a una visión antagónica con respecto al rol del Estado en su obligación de regulación. Simplemente por todas aquellas cuestiones que se fijan a nivel de lo que va a ser la futura rentabilidad de los canales abiertos, de la televisión por cable, de muchas emisoras chicas –como varios diputados han dicho aquí-, creemos que las grandes corporaciones no se van a ver tan motivadas para tener una concurrencia perfecta en este mercado; además porque se les limitan sus contenidos. Esto surge no sólo del artículo 45 del nuevo texto sino también del artículo 63 –tal vez me equivoque al citarlos-, pero entiendo que nosotros debemos facilitar esta concurrencia y ello no se hace, por lo cual tampoco estamos cumpliendo con algunos de los postulados que la ciudadanía requiere y que son esenciales en una ley de esta envergadura.

Por todo esto, los objetivos propuestos y las contradicciones a través de los instrumentos que se generan en este articulado, la norma en consideración no cumple con los objetivos trascendentes trazados ni con una visión de tiempo histórica, no para el gobierno actual sino para cualquier gobierno. Esta iniciativa no respeta sus propios objetivos ni el aporte ciudadano; tampoco respeta al Congreso ni a las instituciones democráticas -las instituciones de la República- y por lo tanto debe ser revisada.

Por ello insisto en mi postura inicial cuando hicimos el pedido de revisión del procedimiento: esta ley tiene que ser revisada porque los instrumentos que establece no son contundentes para cumplir sus objetivos. Desde este punto de vista es una norma absolutamente hipócrita. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Lusquiños.- Señor presidente: haré una breve descripción de este proyecto de ley.

Para nosotros este proyecto de ley es explícito. Como se trata de triple play, más que eso sería triple equis: es absolutamente explícito. ¿Por qué digo esto? Cuando los legisladores tienen que dictar una ley son conscientes de que en toda iniciativa hay un sector que va a perder y otro que va a ganar. Nuestra responsabilidad es que los que pierdan, además de ser muy pocos, sean anónimos, y los que ganen, además de ser muchos, también sean anónimos. En este caso la norma es absolutamente explícita: tiene nombres y apellidos, los que ganan y los que pierden, y eso genera un descrédito para este proyecto de ley, lo transforma en una mala norma.

Esta Cámara tiene experiencia en relación con poner nombre a una ley. Cabe recordar que aquí se sancionó la denominada “ley Techint”, creo que en época de viejas amistades, y fue un traje a medida. También se votó la famosa “ley Eurnekian”. Son leyes que tienen nombre, son trajes a medida, están direccionadas. Este proyecto de ley también es un traje a medida o “des medida”, sea que le toque al perdedor o al ganador, y esto lo convierte en una norma con un fuertísimo descrédito.

Hay una cuestión que se ha mencionado muy poco, quizá porque se la da como un hecho consumado. ¿Este Congreso tiene facultades para sancionar este proyecto de ley? El señor miembro informante de la mayoría, diputado Baladrón, fue el único que lo mencionó; dijo: “Sí, señor, tiene facultades y legitimidad para considerar el proyecto de ley”; no este Congreso, el de hoy, sino la Cámara federal.

El artículo 32 de la Constitución Nacional dice expresamente: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.” Trataré de analizar esta disposición.

La expresión “libertad de imprenta” suena a castellano viejo, pero no es que sea castellano traducido del sánscrito. La redactaron argentinos que hablaban y escribían castellano y se referían a los que en aquel momento eran los medios de comunicación. Si los traspolamos a la edad moderna obviamente estamos hablando de lo escrito, lo oral, lo televisivo lo cinematográfico, la libertad de culto, la expresión artística, etcétera. De esto se trata lo que en aquel momento era la libertad de imprenta.

Algunos constitucionalistas interpretaron que la jurisdicción federal se restringía a la libertad de imprenta, porque el artículo dice: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta…”. Supusieron que se imponía la jurisdicción provincial cuando se tocaba el abuso o el delito en el tema de las libertades, delito cometido por un medio de comunicación sobre un tema dado o una persona determinada.

Pero en realidad están leyendo mal el artículo, que en rigor continúa así: “…o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.” No alude a la restricción sino a la libertad de prensa, que es de lo que trata el artículo 32.

Cabe recordar que el artículo 7º de este proyecto de ley dice: “Los servicios de radiodifusión están sujetos a la jurisdicción federal.” Sólo esto ya sienta las bases de nulidad de este proyecto de ley. Es absolutamente incorrecto que la jurisdicción para tratar esta iniciativa sea federal.

¿Cómo se debió haber solucionado entonces este problema? ¿Cómo se debió haber tratado este proyecto de ley? Vimos que la descripción de la triple equis en este proyecto genera un escenario bélico. Pero estamos hablando de una ley estructural de la democracia y de la implementación y cumplimiento de los derechos humanos. ¿Cómo se va a dar en un escenario bélico? Nosotros debemos considerar este proyecto de ley como si fuera un tratado de paz entre los argentinos, no una convocatoria a la guerra.

Cabe señalar que este proyecto de ley no genera un tratado de paz, porque una ley estructural, vertebral, de un país, se hace de una forma que no tuvieron en cuenta quienes redactaron este proyecto porque no estaba entre sus objetivos.

Para hacer esta ley previamente se debe hacer un pacto federal. El pacto federal debe estar signado por la totalidad de los gobernadores y el Poder Ejecutivo nacional. En el pacto federal queda la voluntad explícita de toda la dirigencia legitimada por el voto popular. Ahí es donde queda expresado qué es lo que se quiere hacer por una ley estructural.

¿Qué se hace con un pacto federal? Lo que se hace después es remitir al Congreso de la Nación una ley convenio.

Una ley convenio requiere de un tratamiento especial, con una mayoría especial que le da una solidez y firmeza en los tiempos. O sea que se cumple sine die.

¿Qué se hace con la ley convenio una vez aprobada? Se remite a las legislaturas provinciales, y cada una de ellas la aprueba. Entonces vamos a tener una ley de radiodifusión, o como se llame, absolutamente aprobada por la totalidad de la dirigencia política legitimada por el voto popular. Esto es lo que corresponde, porque se trata de una ley estructural.

Cuando hablamos de una ley de ese tipo exactamente lo que estamos haciendo es descuartizar los monopolios, pero todos los monopolios. Acá pareciera que se habla de un solo monopolio, que es el empresarial. Honestamente, por lo que se ha dicho pareciera una posición dominante más que un monopolio. De todas maneras, las reglas de la ley de monopolios genera todos los resortes para que ese monopolio sea descuartizado.

Fíjense qué cosa interesante es una ley tratada con un pacto federal, con un acuerdo federal y con una ley convenio ratificada por todas las legislaturas de la argentina. Esto también estaría descuartizando el monopolio político.

¿Qué es el monopolio político? Fíjense si no es esto: ley de administración financiera, más delegación de facultades, más superpoderes, más leyes de emergencia, más artículos escondidos en la ley de presupuesto, etcétera. ¿No se llama eso monopolio del poder político? Yo creo que sí. Se llama monopolio del poder administrativo del Estado. Y ese monopolio también es muy negativo para la Argentina.

¿Cómo se implementa? Después de haber surgido el pacto federal, después de la ley convenio y después de haber sido ratificado, ¿cómo se instrumenta? Hay que crear una autoridad de aplicación. Pero la autoridad de aplicación no puede ser un verdugo con un mazo en la mano.

La autoridad de aplicación debe ser el Congreso de la Nación, más un Consejo Federal de los gobernadores, no de los funcionarios de turno. Insisto: de los gobernadores.

Cuando el Banco Mundial hace su presentación de lo que hizo y de lo que hará el año que viene, los gobernadores del Banco Mundial son los jefes número uno de cada uno de los países miembro del Banco Mundial. Si no pueden concurrir, enviarán a un segundo, a un tercero o a un décimo, pero ellos son los jefes. El Consejo Federal de Gobernadores más el Congreso de la Nación deben ser la autoridad de aplicación de una ley vertebral del país. No puede ser de otra manera.

Los responsables, los gerenciadores, los gerentes y los empleados, que son los que deben llevar el día a día, tienen que contar con acuerdo del Senado. Ese acuerdo es la única garantía que tenemos de que en un tema donde esté en juego el sistema democrático, más el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, estén todos los resortes institucionales funcionando.

No quiero ese poner mi vida, mi patrimonio ni los dimes y diretes sobre mi persona en manos de un funcionario con lapicera propia con poder delegado. Discúlpenme, pero eso no se lo permito a nadie.

Los peronistas consideramos que este proyecto no es peronista. Eso nos coloca en una situación con un adjetivo ideológico partidario. No creemos que esta sea una iniciativa peronista. Silben todo lo que quieran, desde las galerías pero seguiremos pensando así.

En definitiva, entendemos que este proyecto no cubre las expectativas de la sociedad ni del sector político que representamos. Esta es una oportunidad histórica en que tendríamos que estar considerando un verdadero tratado de paz, una ley fundamental y estructural.

Por lo tanto, no sólo no la vamos a avalar con nuestro voto sino tampoco con nuestra presencia. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Heredia.- Señor presidente: en representación del peronismo federal y en línea con lo manifestado por la señora diputada Camaño y el señor diputado Sarghini, hemos estado trabajando durante estos últimos días contra reloj para fijar nuestra posición respecto de este proyecto a fin de poder realizar un debate.

Lamentablemente, por circunstancias por todos conocidas, de manera exprés ayer tomamos conocimiento de las modificaciones al texto primitivo del Poder Ejecutivo. No obstante ello, trabajamos sobre esas modificaciones y pudimos elaborar un dictamen. Sin embargo, a dicho dictamen le faltan muchas cosas y quedó inconcluso. Por ejemplo, tanto yo como otro diputado íbamos a introducir algunas modificaciones.

Esta es una norma muy dinámica, muy seria, muy grande y muy trascendente para tratarla como si fuera algo sin importancia o que pudiera debatirse rápidamente.

No obstante, hemos entregado el dictamen. Allí fue cuando se produjo la primera ilegalidad. Al respecto, el artículo 113 del reglamento de la Cámara establece: “Producidos los dictámenes de las comisiones serán impresos, numerándolos correlativamente en el orden de su presentación...”. Y después dice: “...se los distribuirá en la forma prevista en el artículo 50, inciso 5º, se pondrán a disposición de la prensa y quedarán en observación durante siete días...”. Sin embargo, entre las 2 de la mañana y las 10 del día de hoy, nuestro dictamen quedó inerme, sin poder ni siquiera rectificarlo o debatirlo. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo ya está listo con su mayoría. Por eso, lamentablemente vamos camino a votar esta iniciativa que no sirve a nadie.

La norma que tenemos que hacer y que es necesaria –lo dice un hombre que es diputado, ciudadano y periodista de radio- debe ser para todos y no en contra de alguien o a favor de alguien.

Es cierto que se han introducido modificaciones en la parte referida a la autoridad de aplicación: se ha ampliado la cantidad de miembros y se les ha asignado carácter autárquico. Pero también es cierto que se asegura que la conformación del cuerpo durante sus primeros cuatro años de existencia estará dominada por el oficialismo.

Aquí voy a detenerme. Voy a enumerar algunos pocos trabajos que he realizado acerca de cómo creo que debe ser esta ley. Pero en primer lugar quiero decir que, tal como está, es una norma restrictiva y limitadora; impide y prohíbe la libertad de información, nada más y nada menos. Constantemente hay que pedir autorización para hacer una cadena, una red o emitir un contenido. El locutor necesitará un cuaderno. Soy hombre de radio y sé que cuando se arma un contenido, se impone la creatividad. Es una actividad artística.

En cambio, con este proyecto deberíamos disponer de un cuaderno para ver si emitimos un 30 por ciento de producción nacional. Entonces, hay que analizar si Julio Sosa es uruguayo o ya se ha nacionalizado argentino; Jean Carlos, uno de los cuarteteros más famosos de Córdoba es dominicano, pero el negro es más cordobés que La Cañada. Deberíamos utilizar un reglamento o un registro en lugar de la creatividad.

No hay mejor cosa que crear un programa de radio como se te antoje, y que la gente elija. No por poner el 30 por ciento de música nacional vamos a escuchar más esa música que la foránea.

Yo soy un enamorado del chaqueño Palavecino. El Gaby Barrionuevo acaba de hacer un disco precioso, y yo soy amigo de ellos, pero también me gustan Elvis Presley y Frank Sinatra. Yo no podría decir que porque los pongamos más o menos, voy a difundir la música nacional. Este proyecto de ley impide la libertad de creación.

El operador y el periodista necesitan tener la libertad para el producto y competir. Sí me dicen que en una radio de un pueblo de Córdoba o de Santa Fe se escucha que hay una huelga en Buenos Aires o un asalto en el Gran Buenos Aires, me pregunto por qué una persona va a estar impedida de escuchar esas noticias y su radio local.

Para que la gente que nos escucha en este momento lo sepa: no hay nada más libre y gratuito que la radio. Esto atenta contra la gente pobre, porque con un aparatito barato en cualquier pueblito la gente se informa. No todos pueden comprar la Voz del Interior, la Gaceta de Tucumán o Clarín. No todos tienen plata para pagar el cable y ver TN, que trae toda la información. Este proyecto dice que sólo se va a poder escuchar lo del pueblo o la región.

¿Por qué no vamos a poder escuchar Radio Continental o Mitre, con toda la tecnología que hay ahora? Hoy en el dial de una radio se pueden elegir las cuarenta radios locales y tener una FM de la Cadena Eco o Continental.

¿No vamos a escucharlo más a Víctor Hugo en la noche de Salta? ¿Es un enemigo? ¿Vamos a escuchar sólo a un salteño? El gobernador santafesino, el querido Binner, dijo que en Santa Fe la gente tiene tonada cordobesa porque se escucha la Cadena 3. Nunca escuché una barbaridad tan grande. ¿Acaso la gente de Santa Fe debería poner una tela metálica para no escuchar ese éxito enorme que es la Cadena 3?

Esta ley limita, porque otorga a la autoridad de aplicación el derecho de autorizar las redes, el contenido, la cantidad, y que sólo el 30 por ciento del producto que emite una radio de cabecera se va a poder escuchar en Tierra del Fuego, o el 50 si le damos permiso.

Pongo como ejemplo a la Cadena 3 porque yo la integré durante treinta años y fui uno de los que comenzó con esa ciclópea idea. Miren lo que hubo en Mario Pereira, Rony Vargas, Víctor Brizuela y Miguel Clariá: en primer lugar, creatividad, y luego, inversión privada, sin subsidio de nadie. Así la radio se fue haciendo más grande y llegamos a Buenos Aires, donde compite con Mitre y Continental.

Ahora esta iniciativa la va a prohibir, porque se dice que si usted tiene tantos habitantes por radio, no va a poder emitir en Buenos Aires, y viceversa; Radio Continental no va a poder salir en Salta. Yo le digo a la gente que por más que hayan hecho alguna mejora o algún maquillaje, sólo solicitando autorización se podrá crecer.

Nosotros creemos que se debe jugar con total libertad. Que se hagan todas las redes, que se regule, que le den participación en la publicidad local al dueño de la FM de la zona, que les den cuatro o cinco FM para que haya una radio local y se cobre la publicidad nacional, que se hagan sociedades, en definitiva, que la torta se haga más grande.

Estoy totalmente seguro de que este proyecto una vez que se convierta en ley no va a servir para nada. Aquí hablan de que hay que pedir autorización, pero dentro de diez años apretando un botón vamos a poder escuchar las radios de España por internet. ¿Esto también va a venir cortado?

La tecnología avanza y nos va a superar. Sin embargo, hoy se hace la chiquita, se preocupan de que en algún lugar de Santiago del Estero se puedan ver los problemas del gran Buenos Aires. ¿Qué tiene de malo que veamos TN o un canal de Córdoba en el norte de Santa Fe? No tiene nada de malo. No le tengamos miedo a la competencia.

Por otro lado, cuando hablamos de música nacional debemos tener en cuenta que el Estado también está para difundirla y no sólo para establecer algún tipo de límite. ¿Acaso creen que de este modo se va a escuchar más al Chaqueño Palavecino? Al Chaqueño Palavecino lo vamos a escuchar porque es bueno. Cuando nos obliguen a poner veinte autores independientes, si no son buenos la gente no los va a escuchar.

Esto es muy serio e importante. Tanto la televisión como la radio contienen aspectos que hacen a la creatividad artística. Nadie va a dejar de ver a Tinelli porque salga por TN y digan que es un canal enemigo de Kirchner. ¡Déjense de embromar! ¡Esto es para enojarse!

Por otra parte, se ha hablado de multiplicidad de medios y de multiplicidad de cadenas. Esto también es serio. Personalmente he elaborado una propuesta -lamentablemente creo que no va a prosperar porque se va a votar prácticamente a libro cerrado y sin debate- que contempla la posibilidad de construir una gran cadena con la asociación de las radios de FM chicas, que permita que cada una obtenga su lucro y tenga su expansión. La propuesta comprende la posibilidad de que se asocien y distribuyan la publicidad.

Tanto cadena Eco como Cadena 3 no son monopolios. Es gente esforzada, creativa y talentosa que ha cometido un solo pecado: les va bien y a la gente les gusta. Hoy están pensando qué va a pasar con este proyecto.

En mi opinión esta iniciativa contiene el más importante de los defectos: limita e impide la libertad de información. Personalmente no quiero que me limiten de ninguna manera. Se los dice quien siendo joven en los años 70 perdió a muchos de sus amigos porque tenían prohibido opinar. En esa época no podíamos decir “¡Viva Perón!”, porque nos metían en cana. Pero resulta que en 2009 me vienen a imponer una ley por la que voy a tener que pedir permiso para hablar mal del gobierno o poner la música que se me antoje. Es lamentable lo que están haciendo.

Este proyecto es ilegal; no sirve, porque atenta contra algo fundamental: la libertad. Reitero que en los años 70 me cortaron la libertad y me quitaron a mis amigos. Por eso no quiero que en 2009 los chicos jóvenes vuelvan a presenciar este tipo de cosas. Escuché a una señora decir que no le gustaba la película “La era de hielo 3” por un motivo que ahora no recuerdo, pero el hecho es que a los chicos sí les gusta. Yo me crié viendo el Pato Donald y Disney. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ahogar al Pato Donald?

El proyecto atenta contra la creatividad y la libertad de expresión. ¡No sirve para nada! (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Dalla Fontana.- Señor presidente: nuestro bloque, Santa Fe Federal, por los mismos motivos que expuso en la primera parte de su alocución la diputada Camaño y luego amplió el diputado Sarghini y ahora el diputado Heredia, considera que esta sesión adolece de graves irregularidades de forma que afectan su legitimidad, de manera que vamos a exponer nuestro punto de vista sobre el proyecto que se está tratando pero no vamos a estar presentes cuando se vote, y así lo queremos hacer saber.

Sinceramente, no puedo entender por qué el oficialismo no solucionó este problema que va a traer consecuencias futuras, ya que tenía una puerta de escape muy sencilla consensuando entre todos hacer una sesión dentro de 48 horas, el próximo viernes, y si fuera demasiado pronto el lunes o martes de la semana próxima. No se está venciendo ningún plazo.

Entonces, me pregunto por qué motivo el oficialismo no accedió, más allá de que pueda pensar que las irregularidades son salvables, pero era muy sencillo evitar una discusión sobre ese tema, estableciendo otro día para la sesión especial con el consentimiento de todos los bloques.

Creo que la única explicación es que lo que no se ha querido es que el despacho de la mayoría estuviera ni siquiera dos días a consideración de la opinión pública. No hay otra explicación.

Nuestro bloque, Santa Fe Federal, participó en la confección del dictamen de minoría que informara la señora diputada Camaño. Este dictamen contempla tres premisas centrales. En cuanto a la reforma estructural de la ley incorpora regulaciones que garantizan la libertad de expresión tanto para los informantes como para los informados, asimismo canales de participación a todos los sectores sociales, protección al trabajo nacional, incentivo a la producción cultural, a la vez que evita que se formen posiciones dominantes de mercado o concentraciones monopólicas de medios.

El segundo punto, en cuanto a la injerencia del Poder Ejecutivo, sinceramente creemos que es necesario evitar la discrecionalidad por parte del gobierno e impedir que éste tenga el poder de incluir o excluir.

No puede permitirse que a través de regulaciones y del uso concentrado del poder de la pauta publicitaria oficial el gobierno esté en condiciones de imponer de hecho qué cosas se pueden decir y qué cosas no se deben decir.

Aquí quiero citar una frase atribuida a un presidente sudamericano, del que nadie podrá decir que es amigo de las corporaciones. Dijo Lula da Silva: “que se publique aquello que el gobierno no quiere; eso es información, todo lo demás es propaganda.”

Una ley de medios debe garantizar justamente esto: que pueda publicarse y de hecho se publique aquello que el gobierno no quiere. A nadie le gusta que lo critiquen. Si dejamos seguir el curso natural de las cosas ningún gobierno permitiría la existencia de medios opositores.

Por eso no puede dejarse en manos del Ejecutivo la decisión de última instancia en materia de libertad de expresión. Un viejo apotegma aristotélico dice que la operación sigue al ser. Dicho de otro modo: que las cosas actúen utilizando todo el poder que tienen. Si otorgamos un gran poder en materia de medios al jefe del gobierno no puede haber duda de que lo va a usar, y en el sentido de reducir y no de ampliar la libertad.

La tercera cuestión es el tema del federalismo. La concentración de poder en el Ejecutivo produce un unitarismo informativo. En este sentido, el despacho de la mayoría lo que hace es consolidar y aumentar el centralismo hoy ya existente. Porque ya hoy hay centralismo de hecho, que hace que todo el país consuma noticias de la Capital Federal. Cambiar esto implicará un esfuerzo y un proceso largo, pero la nueva ley debe favorecer y no dificultar la consecución de ese fin.

Al centralismo ya existente, el despacho de mayoría agrega un nuevo centralismo: el de los medios nacionales oficiales, oficiosos y conexos que intentarán uniformar el discurso informativo, esta vez en favor del gobierno para imponer así el unicato informativo.

Nuestro despacho, además de corregir varias limitaciones y restricciones a los medios locales, otorga al Senado, como representante del federalismo, cuatro de los siete miembros en el órgano de aplicación; es decir, la mayoría. El oficialismo ha hecho exclusivo y obsesivo hincapié en uno solo de los tres ítems que he citado. Se presenta como campeón de la lucha en defensa de los derechos del pueblo y en contra de los monopolios. Habla de modificar la ley de la dictadura, de terminar con la extorsión informativa, y con una retórica a veces implícita y no pocas veces explícita ha acusado a quienes no compartimos el proyecto oficial de ser funcionales a intereses inconfesables.

El oficialismo utiliza la conocida táctica del tero, que aletea y hace ruido en un lado para distraer y poner el huevo en otro. Toda esta argumentación unidimensional tiene un único fin: evitar que se hable y se discuta acerca de los poderes y facultades que la ley otorga al Poder Ejecutivo, y que se cuestione lo que es el fin último de la norma, es decir, aumentar dichas facultades.

Pese a que el oficialismo intentó acorralarnos con los tiempos, hemos llegado a suscribir un dictamen. Esta es la prueba de nuestra clara voluntad de modificar la ley de medios. Este dictamen difiere en más de cincuenta puntos con el del oficialismo, pero ninguno de ellos modifica, altera o disminuye la libertad de expresión; no evita ni obstruye la participación popular o de la sociedad civil. Protege el trabajo nacional y la cultura; asimismo, mantiene la intervención directa del Estado; deja intactos los demás artículos que protegen el patrimonio cultural y, en especial, en lo referente a licencias, asume una posición claramente antimonopólica.

En todos estos aspectos creo que hay consenso y podemos decir que casi todos estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo con el dictamen de mayoría, lo único que nos divide centralmente, es el tratamiento que debe darse al papel y atribuciones del Poder Ejecutivo. El oficialismo dice que el Poder Ejecutivo debe ser la autoridad de aplicación, y nosotros que debe ser el Congreso. En este sentido, coincido con el señor diputado Lozano de que este es el tema central de la discusión.

La posición de los diputados del Frente para la Victoria se comprende sólo desde la lógica de la lucha de poder, lo cual es entendible pero no justificable. Por el contrario, si el oficialismo hubiera estado dispuesto a dialogar y ceder en este punto, seguramente hubiéramos arribado a una ley con un amplio consenso, y hubiera tenido larga vida.

Ahora, en cambio, a lo sumo tendremos una norma deshilachada y deslegitimada ante la opinión pública que será fuente de continuas confrontaciones, desencuentros y conflictos.

Resumiendo, nuestro dictamen contiene y mantiene todas las cuestiones que garantizan participación y evitan la concentración. Es una nueva ley de medios integral, democrática y republicana.

Decir “no” al dictamen del oficialismo no es negarse a reformar la ley, no es negarse a poner límites a la concentración. Es decir “no” a cambiar un monopolio por otro, es decir “no” a la concentración del poder discrecional en manos del Poder Ejecutivo.

Por eso vamos a votar en contra del despacho de la mayoría. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Lozano.- Señor presidente: quisiera comenzar tomando un argumento que he escuchado de parte de algunos legisladores que se oponen a esta propuesta que hoy tenemos en discusión, y que dice más o menos así: en realidad, que existan monopolios, que haya concentración, es el resultado de la omisión o del bajo control que han tenido los gobiernos.

Paradójicamente, eso lo dicen quienes han gobernado y lo argumentan para sostener que no hay que avanzar para modificar lo que ocurre. Frente a los actos de no control, omisión y, diría, permisividad y potenciación, lo inteligente para este Parlamento es legislar de la manera más adecuada para desbaratar esos monopolios.

Hoy tenemos una situación que tiene que ver con las industrias infocomunicacionales en la Argentina, donde cuatro operadores tienen el 84 por ciento de la facturación y el 83 por ciento de dominio del mercado. Solo cuatro firmas tienen el control sobre las industrias culturales y de comunicación. En lugar de firmas pueden verse como grupos empresarios, porque están en todas las hileras del proceso de producción de la cadena de la comunicación. Hay dos grupos dominantes: uno es Clarín y el otro, Telefónica, el primero con el 35 por ciento del mercado.

Dentro de este contexto, que fue posible por la ley vigente de la dictadura, con las modificaciones y las permisividades que se tuvieron, nosotros desde Proyecto Sur estamos absolutamente convencidos de que esta propuesta es mejor que lo que está, y por lo tanto vale la pena acompañarla (Aplausos.)

También tenemos una preocupación que tiene que ver con no empañar un avance significativo como el que implica lo que hoy estamos debatiendo. Cuando se discute legislación que tiene que ver con posiciones dominantes, existentes y constituidas, es lógico que haya conflictos y que se pretenda embarrar la cancha.

Ahora bien, lo que no es lógico es que a los problemas que podemos tener con aquellos que han acumulado licencias y tienen posiciones dominantes en el mercado les adicionemos torpezas gubernamentales o errores innecesarios que terminan dando la excusa a pensamientos conservadores que no quieren modificar absolutamente nada.

La verdad es que nosotros no compartimos el procedimiento que nos ha llevado a esta sesión. Hubiese sido mejor sesionar mañana y haber terminado el debate como corresponde, para evitar que hoy se plantearan cuestiones de privilegio que, efectivamente, se fundamentan en los argumentos que otorgó el oficialismo, a pesar de que en la práctica no están abordando el fondo de la cuestión.

Nosotros creemos que esto merecía un debate más profundo y no queremos cargarle a esta legislación costos que no merece tener, porque de lo que se trata no es solamente de sacar la norma sino de que tenga la legitimidad suficiente como para poder sostenerse en el tiempo luego de ser sancionada.

Eso me lleva a decir que en esto que estamos discutiendo hay dos historias. Una de ellas es la historia de un pueblo, que es el nuestro, que forjando organizaciones y construyendo acción colectiva fue capaz de recuperarse, desde lo más profundo, del horror de la dictadura. Es la historia de un pueblo que pagó con desapariciones, torturas, presos y despidos la batalla por la libertad de expresión y el derecho a la información. (Aplausos.) Esa batalla fue muy dura y lleva mucho tiempo.

Realmente es inaceptable que aquí haya legisladores que, frente a esto, manifiesten una situación de casi ignorancia, o que tengan el tupé de subestimar ese proceso de construcción política, de signo popular, que dieron un conjunto importantísimo de organizaciones en nuestro país.

No hay derecho a que se diga con liviandad que porque va a haber organizaciones de la comunidad en el ámbito de la autoridad de aplicación necesariamente esas organizaciones son oficialistas. Decir eso es despectivo; es no entender que nacieron antes que este gobierno y van a seguir después, y que están comprometidas con los medios de comunicación y el debate de la libertad de expresión desde hace muchísimo tiempo. (Aplausos.)

Me parece que es responsabilidad nuestra entender que puede haber urgencia, después de tanto tiempo, para concretar institucionalmente un avance significativo. Esta tarea se materializó, y lo han dicho muchos que hoy deben estar sorprendidos por estar tanto en boca de todos, porque hace mucho tiempo que no se hablaba de ellos. Me refiero a la iniciativa ciudadana de una Coalición por una Radiodifusión Democrática. Efectivamente, elaboraron los 21 puntos que sirvieron como marco de referencia para la construcción de una política en materia de medios de comunicación. Esta es la historia en la que nosotros nos asentamos para acompañar lo que hoy estamos acompañando.

Pero hay otra historia que también aparece aquí y que no nos permite despejar bien el tema: la historia del gobierno. Este gobierno tiene un mérito, que es que el proyecto se esté discutiendo acá. Ese mérito hay que reconocerlo. Pero al mismo tiempo, este gobierno ha coqueteado con los 21 puntos, ha coqueteado con este proyecto de ley y ha terminado subordinándolo a los dimes y diretes, idas y venidas, de su relación con los medios de comunicación; en realidad, lo ha inscripto en una lógica donde hay limitaciones evidentes en su política sobre los medios públicos y en donde, además, hay sospechas fundadas sobre su estrategia oscura en materia de negocios. (Aplausos.)

Por ello, es bueno tener en claro que lo que se está votando viene a borrar el espíritu del decreto 527 cuando, en todo caso, planteó la prórroga hasta el 2017 de las licencias a los multimedios. Esto viene a borrar lo que fue la concesión en la fusión entre Multicanal y Cablevisión.

En realidad me parece que esta historia, que tiene que ver con el gobierno, muchas veces abre flancos de discusión que nos hacen apartar de lo que debiéramos tener como eje central, que es la discusión de la norma.

Ahora bien, si tenemos estas dos historias, la del pueblo, sus organizaciones y su trabajo, concretada en los veintiún puntos y la del gobierno con estas contradicciones, ¿qué derecho tenemos nosotros, como legisladores, para tirar por la borda todo el trabajo realizado por las contradicciones y debilidades del gobierno nacional? (Aplausos.)

Nosotros no creemos que cuando dice “Poder Ejecutivo” en la ley siempre haya que interpretar que se trata solamente del actual. La verdad es que este tipo de discusiones revelan una suerte de combinación perversa entre la impotencia de la oposición y los sueños de eternidad del oficialismo. El Poder Ejecutivo es el que podemos construir en términos políticos en la Argentina. Desde este lugar, desde el respeto a nuestra historia, a la del pueblo y sus organizaciones, nosotros acompañamos esta iniciativa.

Cuando apareció el proyecto original expresamos en este mismo lugar que no estábamos de acuerdo porque, desde nuestro punto de vista, no reflejaba adecuadamente los veintiún puntos de la coalición. Dijimos que se estaban silenciando algunas cuestiones. Por ejemplo, no se establecía con claridad que el espacio radioeléctrico es un bien público administrado por el Estado, y nos parecía riesgoso -en el marco de una discusión sobre reasignación de licencias- dejar en el limbo jurídico esta definición.

Dijimos también que nos parecía que se estaba distorsionando la idea de la coalición de que la autoridad de aplicación debe ser pública y no gubernamental, porque terminaba siendo gubernamental, no sólo para este gobierno sino para cualquiera. Asimismo expresamos que esto se estaba desnaturalizando al abrir la puerta de manera irresponsable al ingreso de las telefónicas. Lo dijimos porque creemos que en tanto y en cuanto exista concentración en el mercado de la comunicación y acuerdos bilaterales de inversión que transformen en letra muerta las restricciones al capital extranjero, es irresponsable abrir la puerta a la participación en el negocio a las telefónicas.

Los datos son elocuentes, porque cuando uno mira el total de la facturación en las industrias infocomunicacionales, la comunicación representa el 62 por ciento, y el segundo negocio es el cable. Ello implicaba una norma que terminaba zanjando el conflicto a favor de un monopolio en reemplazo de otro. No es esta la propuesta comunicacional que nosotros queremos bancar.

Por eso saludamos que se retirara esa definición y se tuvieran en cuenta las modificaciones. Es cierto que debió haber existido más debate, pero también lo es que el proyecto que tenemos hoy resulta sustancialmente distinto al que tuvimos originalmente. En este sentido repetimos que vamos a seguir sosteniendo en el debate en particular algunos aportes que consideramos importantes. Vamos a seguir insistiendo en que la autoridad de aplicación debe ser un ente autónomo, público, federal y vinculado al control parlamentario. Vamos a seguir insistiendo en estas cosas porque creemos que son importantes, pero acompañaremos la iniciativa del mismo modo en que lo hicimos en oportunidad de tratarse la estatización de las administradoras y de Aerolíneas, porque hay determinadas discusiones en las que creemos que lo que está en debate no es la gestión del gobierno sino la posibilidad de poner un mojón en el avance político de la experiencia popular en la Argentina.

Por eso vamos a votar a favor y procederemos a realizar la discusión correspondiente en el tratamiento en particular. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Collantes.- Señor presidente: sin lugar a dudas el tratamiento de este proyecto de ley debería ser un tema central de discusión en la Argentina.

Antes de adentrarme en el análisis del proyecto de ley en debate considero necesario decir que, a mi juicio, la Comisión de Libertad de Expresión debería haber sido cabecera en este trámite. Quiero destacar la invalorable tarea realizada por la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, que yo también integro, que durante mucho tiempo ni siquiera tuvo la posibilidad de contar con quórum para tratar éste o cualquier otro asunto vinculado con los medios en nuestro país. Por eso quiero expresar mi reconocimiento a esa conducción, casi en soledad, de la señora diputada Giudici.

Nosotros sostenemos que la Argentina es asimétrica. A partir de la reforma de la Constitución de 1994 nuestro país tiene una profunda concentración del poder político e institucional derivada de la decisión de esos convencionales constituyentes, que inclinaron la balanza hacia las grandes concentraciones urbanas. Me refiero a la provincia de Buenos Aires y a las grandes ciudades que concentran mayor número de habitantes.

Indudablemente esto ha generado un desequilibrio, sobre todo para el interior. Todas las decisiones pasan por los centros de poder y el federalismo tan declamado es sólo eso: una declamación.

Consideramos que el tratamiento de este proyecto de ley también importa una severa afectación a lo que significa el federalismo real en nuestro país, y de allí nuestra postura.

Muchos han denominado la consideración de este proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual como “la madre de las batallas”. Yo quisiera saber quiénes son los contrincantes, quiénes están en ese ring imaginario en el que se está debatiendo un proyecto de ley estructural que debería ser consensuado con el aporte de todos y cada uno de los sectores con el fin de sancionar una norma que satisfaga, no sea modificada por el próximo Parlamento y sirva para varias generaciones de argentinos.

Consideramos que hay un avance en relación con el decreto-ley 22.285 y sus modificatorias, pero no se termina de conformar un sistema de medios transparente, sólido, perdurable, que contemple las necesidades comunicacionales de todos los ciudadanos.

Existen contradicciones en las declaraciones de principios planteadas en la extensa fundamentación del Poder Ejecutivo nacional y los primeros artículos del proyecto donde se precisan los alcances de la expresión “servicios de comunicación audiovisual”.

Uno de los objetivos de la futura norma tiene que ver con la promoción del federalismo, según se dice. Postula un desarrollo equilibrado de la industria nacional, con un contenido que preserve y difunda el patrimonio cultural y la diversidad de todas las regiones y culturas que integran la Nación.

Observamos que en los artículos posteriores la estructura que sostendrá a la nueva ley está absolutamente concentrada en el poder central, dada prácticamente la nula participación de las provincias y sus representaciones institucionales en la toma de decisiones.

Por eso la autoridad federal de servicios de comunicación está concebida como una estructura gubernamental no estatal y centralizada en la Capital Federal, de acuerdo al Capítulo I. Tan así es que el artículo 14 establece que el directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo nacional, más tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por los bloques parlamentarios, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias.

Insistimos en que esos siete directores van a acumular la responsabilidad mayoritaria en la toma de decisiones. Serán una herramienta que privilegiará concretamente los dictámenes del Poder Ejecutivo nacional, cualquier sea el signo político que lo ejerza.

Eso es una confusión entre lo estatal y lo gubernamental. Nos remite al antecedente de la última conformación del Consejo de la Magistratura, donde el oficialismo, con su capacidad de veto, se ha convertido en un corsé para la designación o remoción de los jueces.

Sin duda que el espíritu del proyecto tiene que ver con la necesidad de desconcentrar el mercado de los medios, que durante los años 90 y estos últimos tiempos ha recibido beneficios concretos que posibilitaron la concentración de señales de radio y televisión, como una extensión de la existencia de medios gráficos de amplísima cobertura.

Insistimos: la autoridad de aplicación no avanza, sino que retrocede en relación con ese objetivo declamado.

Entiendo que este Parlamento, en todo lo que significa la conformación de la futura norma, ha cometido enormes falencias. Incluso, luego de la elaboración del último dictamen de la mayoría, que se terminó de conformar a altas horas de anoche. Entiendo que no debe haber ningún legislador que haya tenido la oportunidad de comprobar cuáles han sido las modificaciones que se introdujeron en el dictamen.

Además, en la tramitación vinculada con la convocatoria a esta sesión especial también se ha promovido una alteración de lo que está normatizado para las sesiones especiales. Entiendo que esta reunión debió haberse declarado fracasada.

El Parlamento nacional, concretamente, ha desperdiciado una enorme oportunidad de colocarse en una posición equidistante de aquellos que tienen posibilidades de construir oligopolios o monopolios en el país. Este Congreso debió haber propiciado una normativa que le diera posibilidades al conjunto de los argentinos, hablando nada más y nada menos que de la libertad de expresión.

Este proyecto tiene flancos vulnerables desde el punto de vista constitucional. A nuestro entender, es violatorio del artículo 32 de nuestra Carta Magna, ya que impide a la jurisdicción federal dictar normas sobre la prensa.

Por si esto fuera poco, sostenemos que se debe buscar una representación importante del interior en la adjudicación de las licencias. Nuestra propuesta se plasmaba con la participación con voz y voto de un representante del COMFER de la provincia donde se adjudicaría la licencia. A su vez, dos integrantes deben ser a propuesta del Poder Ejecutivo nacional, uno propuesto por la provincia donde tenga cobertura la licencia a adjudicar y dos representantes de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual.

En tal sentido, se podría generar un voto decisivo, y por lo tanto un equilibrio respetando la postura del interior, ese interior al que nos referimos permanentemente pero que a la hora de las definiciones no es tenido en cuenta como corresponde.

Quiero insistir en el tema de las asimetrías, señor presidente.

Sr. Piumato.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Collantes.- Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Fellner).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Piumato.- Señor presidente: desde ayer he escuchado en repetidas ocasiones referirse a la inconstitucionalidad de este proyecto por aplicación del artículo 32 de la Constitución Nacional. En este sentido, iba a solicitar una interrupción al señor diputado Lusquiños, pero no tuve la oportunidad de hacerlo. Es bueno aclarar que se está cometiendo un serio error de interpretación de la Constitución. Digo esto porque, en primer lugar, en varios casos hay una doctrina de la Corte que efectivamente rescata la jurisdicción del Estado nacional en materia de radiodifusión. En ese sentido, existe un recurso de amparo en el caso de la provincia de Río Negro y, por otro lado, hay un fallo del 21 de marzo del año 2006. Se trata de una medida cautelar en una acción que hace el COMFER contra la provincia de Buenos Aires por la inconstitucionalidad de las leyes 4.090 y 4.134, que precisamente legislaban sobre la radiodifusión. En esta medida que toma la Corte hace saber que deberá abstenerse de aplicar las leyes 4.090 y 4.134 y disposiciones dictadas en su consecuencia, como de concretar otro acto relacionado con la radiodifusión que requiera conformidad de la autoridad nacional y no cuente con ella.

En cuanto al recurso de amparo de la provincia de Río Negro, cuyo fallo data del año 2004, la Corte Suprema dice claramente que la competencia reguladora y la jurisdicción son federales y aplica la vieja cláusula del progreso, que hoy figura en el artículo 75, inciso 13 de la Constitución Nacional, que se basa fundamentalmente en la doctrina norteamericana, que garantiza el comercio interestatal. Por ello otorga la competencia reguladora a la autoridad federal.

Además, existe un artículo que no fue tenido en cuenta aquí, que fue incluido en la reforma de 1994. Se trata del artículo 75 in fine, que incorpora como facultad de este Congreso de la Nación el dictado de leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras de autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. Por eso tenemos que analizar en conjunto la Constitución y la doctrina que ha fijado la Corte Suprema de Justicia.

Sr. Presidente (Fellner).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Collantes.- Señor presidente: al cotejar las opiniones surge que si se hubiese concretado un debate más enriquecedor, habríamos logrado ponernos de acuerdo y corregir los errores cometidos. Agradezco al diputado Piumato la observación.

Para finalizar, consideramos que ha sido una pérdida el no haber aprovechado la posibilidad de lograr una ley que contemplara los intereses de todos los argentinos, entre los que se destaca la libertad de expresión. Con esta norma de apuro, creo que no se logra el objetivo buscado y por ello adelanto el voto por la negativa del Frente Cívico y Social de Catamarca.

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. López Arias.- Señor presidente: trataré de ser muy breve, porque prácticamente se ha dicho todo. Además, hablo desde una profunda frustración personal y una sensación de oportunidad perdida.

Creo que en este momento podríamos estar debatiendo la gran ley que nos hace falta para regular la comunicación en la Argentina, que es tan importante. Además, estoy convencido de que el Parlamento, en la composición actual, tiene legitimidad para discutirla, lo que no puede negar nadie.

Respeto mucho el trabajo de los foros. Muchas de sus inquietudes me han sido alcanzadas en mi propia provincia, donde se realizaron algunas actividades, pero una cosa es la discusión previa -que ha sido enriquecedora y de alto contenido- y otra, la parlamentaria.

A lo que se hizo previamente, que fue muy bueno, habría que haberle agregado un debate parlamentario amplio, donde las comisiones podríamos haber buscado consensos, como se ha hecho en muchas otras oportunidades, a fin de lograr la mejor iniciativa posible.

Esto no fue así. En la reunión de Comisión de ayer ya dije que esperaba el dictamen de mayoría, porque todavía tenía la esperanza de alcanzar un acuerdo que nos permitiera sancionar un proyecto con el apoyo de todos.

Sin embargo, el dictamen de mayoría lo tuvimos que leer a las apuradas. Todavía estoy tratando de compaginar los números, porque hubo un cambio de articulado. Realmente ha sido una cosa que no estaba a la altura de lo que debería haber sido la discusión del proyecto.

Además, las modificaciones, por desgracia, no me satisfacen. Hay valores en juego, como el controlar los monopolios, con lo que estoy totalmente de acuerdo, y también se puede mencionar la defensa del principio constitucional de la libertad de expresión, pero que en este caso creo que pueden entrar en colisión, lo que me lleva a la posición que expongo.

Soy parte del grupo que estuvo trabajando en un dictamen de comisión, que es de minoría, aunque lo hubiésemos querido de mayoría. Ya fue miembro informante la diputada Camaño, brindando los lineamientos generales del trabajo que llevamos adelante para hacer el dictamen de comisión.

Queríamos presentar un dictamen por escrito para hacer realmente un aporte constructivo al logro de la mejor ley posible. No queríamos que se tergiversase lo que pensamos, decimos y hacemos, porque en esta pelea de rinocerontes, que nos excede, no es todo blanco o negro; no es que uno esté con los monopolios o viceversa. Por eso en nuestro dictamen somos claros al señalar que respaldamos la mayoría de las normas que ponen un límite a la monopolización de los medios de comunicación.

Intentamos desarrollar un trabajo serio y sensato. Así, manteniendo el espíritu del anterior artículo 38 hemos recogido las inquietudes de los cables del interior, incluso lo que tiene que ver con la superposición de los canales de aire y de cable. Sostenemos que hay que autorizar la constitución de redes, porque una cosa es evitar el monopolio en la propiedad de los medios –con lo que estoy totalmente de acuerdo- y otra es poner una censura que nos evite conocer lo que está pasando en otros lugares del país.

A eso podemos llegar si no hay amplitud en las redes. Hay que controlar la propiedad de los medios, pero también tenemos que permitir que los argentinos puedan conocer el mensaje de todos los compatriotas a los que quieran escuchar.

Obviamente ponemos el acento en el tema de la autoridad de aplicación, que para nosotros es central. En algún momento pensé que podía apoyar en general el proyecto en consideración y luego, durante el tratamiento en particular, expresar mis disidencias. Pero como el tema de la autoridad de aplicación es central y tiñe todo el proyecto de ley comprendimos que está indisolublemente ligado al resto del texto.

Este proyecto le otorga muchas facultades a la autoridad de aplicación, ya que puede otorgar o quitar licencias, sancionar, fijar reglas y autorizar redes; hasta para embargar un bien en algunos casos es necesario la autorización de la autoridad de aplicación. Cuando las facultades son tan amplias -más allá de las buenas intenciones que tenga el proyecto-, el resultado puede ser distinto según cómo se la aplique y cómo funcione la autoridad de aplicación.

Por eso, de las cincuenta y cuatro observaciones que hemos planteado casi cincuenta están dirigidas a la constitución de la autoridad de aplicación y a la necesidad de establecer límites al ejercicio de esa autoridad. Esto es central, porque los resultados en la aplicación de esta norma dependerán de la forma en que se desempeñe la autoridad de aplicación.

En ese sentido, nuestra posición ha sido siempre coherente. Estamos convencidos de que el mejor aporte que le podemos hacer a la sociedad argentina es que la norma contemple una autoridad de aplicación independiente, autónoma, bajo control parlamentario –como la que proponíamos-, con autonomía financiera y con permanencia en los cargos, a efectos de garantizar que las personas que la integren no sean legisladores sino técnicos idóneos de primer nivel que prácticamente puedan actuar como jueces en cuestiones de tanta importancia para el futuro de la sociedad argentina.

También hemos propuesto que la constitución de redes no dependa de una autorización del Poder Ejecutivo sino que baste con una simple inscripción en un registro. De lo contrario nos vamos a encontrar con el problema de que estaremos hablando distintos idiomas en diferentes lugares del país. Esto puede provocar la feudalización del mensaje, lo cual constituiría un enorme retroceso.

Con esta sensación de frustración quiero hacer una advertencia. El artículo 152 del texto original –no sé si lleva el mismo número luego de las modificaciones que se introdujeron-, establece un año de plazo para la reconversión de todas las empresas que sean titulares de licencias. Tengamos cuidado en ese sentido. Ese artículo va a ser inaplicable y en la Justicia va a terminar siendo motivo de todos los recursos de amparo habidos y por haber. Y creo que la mayoría de los jueces terminará haciendo lugar a ese reclamo.

Hay que buscar mecanismos que permitan una adaptación, porque una vez dictada la norma hay que realizar la adaptación a fin de que no sean violatorios de derechos que siempre han sido defendidos por la Justicia.

No hay que olvidar que hace tres años se dictó el decreto por el que se prorrogaban todas las licencias de todos estos medios de comunicación, a los que hoy estamos cuestionando, y fue nuestro propio gobierno –y lo asumo porque soy parte de un gobierno al que he venido apoyando- el que ponía el acento en la necesidad de dar previsibilidad a las inversiones de los medios. Reitero que por eso se prorrogaban por diez años todas las concesiones.

Por otra parte, hace menos tiempo aún –voy a citar textualmente algunas frases- se decía: “Actualmente, pese a haber superado lo más difícil de la crisis, la situación de los medios audiovisuales necesita un horizonte de previsibilidad que involucre los plazos...”; y se siguen dando argumentos sobre la necesidad de dar previsibilidad a la inversión.

Cito la fuente porque esto lo dijimos nosotros, cuando hace dos años aprobamos una resolución ratificando el decreto de prórroga de las concesiones. Este mismo parlamento argentino con estos argumentos dio esa resolución.

Sin duda, esto va a ser utilizado como argumento ante los jueces el día de mañana. Entonces, antes de que este artículo haga inaplicable la ley, necesita una resolución. Piensen lo que les digo y armen algo que permita realmente una adaptación gradual y avanzar sin que termine con una tacha de inconstitucionalidad.

Para terminar quiero decir que lamento no poder estar acompañando esta ley; lo hubiera deseado profundamente. Hubiera querido que se corrigieran los errores de fondo, de forma y de procedimiento como para estar realmente acompañando porque nos hace falta una ley como ésta.

Sin duda valoro el trabajo que hicieron todos los foros que se reunieron para elaborar propuestas que han sido muy importantes, ya que esta ley evidentemente tiene un aspecto positivo. Algunas de ellas en nuestro propio dictamen de comisión las estamos acompañando y ratificando, pero éste es un tema central.

La autoridad de aplicación, que es la que va a definir cómo será esta ley en la realidad y no en la teoría, es una cuestión central y si no está apartada, no de este gobierno sino de todos los gobiernos que vengan en el futuro, a través de una institución autónoma y con control parlamentario, realmente no tenemos ninguna garantía de que por atacar teóricamente a los monopolios no terminemos afectando valores mucho más trascendentes como el de la libertad de expresión. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Santiago del Estero.

Sra. Velarde.- Señor presidente: en el marco de una verdadera guerra política planteada por el gobierno, en un país que pide paz social, unión nacional y seguridad jurídica para el desarrollo, el gobierno se dispuso a librar lo que llama la madre de las batallas, una batalla contra los medios.

Ya libró una anterior, contra la clase media rural, contra el campo y en verdad no le fue bien. Resultó derrotado 70 a 30 en el plebiscito del 28 de junio. Ocurre que en el fondo esta batalla, la de ahora, la batalla contra los medios, también tiene un fondo político electoral. Este gobierno quiere cambiar la opinión pública en contra porque le interesa perpetuarse en el poder, ganar las elecciones de 2011 y continuar hasta el año 2015.

En esta batalla y en esta lucha ha decidido que para cambiar la opinión pública tiene que acallar a la prensa opositora, a los medios y a las voces que dan cuenta al pueblo de lo que ocurre, como si el problema de este gobierno fuera comunicacional. Creo que este gobierno tiene un serio problema de gestión y no comunicacional.

América latina, decía con todo acierto el doctor Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, en su reciente visita a la Argentina en ocasión de la conferencia de las Cortes Supremas de las Américas, avanzó mucho en estas últimas décadas en su proceso de democratización.

Sin embargo, falta aún avanzar en la reconstrucción de la República; democracia y república van juntas. Democracia auténtica, democracia de valores, como diría Max Weber. República no es una palabra para discusiones bizantinas ni tampoco para foros de debate únicamente. República es división de poderes y limitación del poder. Para limitar al Poder Ejecutivo necesitamos una prensa libre y garantizar la libre expresión de los argentinos.

De lo primero que tenemos que hablar es de la columna vertebral de este proyecto, que es el derecho a la información que tienen los argentinos. Ese aspecto, entendemos, está cercenado en este proyecto que consideramos éticamente reprochable, jurídicamente cuestionable y políticamente insostenible.

Rara paradoja: esta iniciativa que debería garantizar la libertad de expresión como forma y modo de controlar el poder, es usada desde el poder en su pretensión de controlar el derecho de los argentinos a informarse. Que no se diga que ésta es una apreciación de la oposición. Si analizamos el proyecto nos encontraremos con la primera paradoja: en lugar de limitar el poder, es éste el que interviene para limitar la información.

Veamos qué ocurre con la autoridad de aplicación. Mientras que la autoridad de aplicación esté en la órbita del Poder Ejecutivo –no estoy hablando sólo de este gobierno-, será éste quien controle la opinión. Que no se hable de los maquillajes como verdaderas reformas al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, porque la autoridad de aplicación sigue en su órbita. Veamos el ejemplo cercano de Uruguay: de los diez miembros que componen la autoridad de aplicación, sólo dos corresponden al gobierno, otros dos a los medios, otros dos a los periodistas, y cuatro a las universidades, organismos no gubernamentales y académicos. Llamemos a las cosas por su nombre, y tal vez hoy más que nunca, y en esta sesión, el viejo apotegma “¡Oh libertad, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre!” se aplica a propósito de un proyecto de ley que en lugar de limitar al poder es usado desde el poder para controlar la opinión pública.

No solamente estamos hablando de un proyecto que cercena la libertad, porque la verdad es que en nombre de destruir los monopolios privados se va a crear un monopolio estatal seriamente peligroso.

El treinta y tres por ciento que se asigna al Estado y que luego prevé para la iniciativa privada y las ONG denuncia una concepción totalitaria del sistema y reduce exclusivamente a quien maneja el medio y produce información.

Un Estado con un tercio de los medios en sus manos es un monopolio excluyente por la capacidad de coacción, los recursos financieros y las agencias que de él dependen, además de la simple condición de ser quien administra la ley. Entonces, en nombre de la pluralidad lo que se está haciendo es crear un monopolio estatal seriamente peligroso.

No estamos en contra de una nueva ley de medios; es más, la creemos necesaria. Pero esto no es solamente, como se habla, para salir de la ley de la dictadura, porque esa ley sufrió más de doscientas modificaciones. Nosotros sostenemos que es necesaria una nueva ley de medios en el siglo XXI para poder adecuarse a los cambios tecnológicos de la era de las comunicaciones. Pero necesitamos una ley que sea válida.

Nosotros sabemos que este Congreso es legítimo para discutir una ley, pero queremos debatirla. La verdad es que el trámite por demás sospechoso de este proyecto de ley seguramente nos hace plantear la ilegitimidad no en cuanto al Parlamento sino en cuanto al procedimiento seguido por la norma.

Basta recordar que entró hace menos de quince días. Ayer en un plenario bochornoso se hizo firmar el dictamen de mayoría sin tener agotado el debate del proyecto y sin permitir que algunos sectores de la minoría pudieran presentar sus despachos de comisión. Se puso punto final al tratamiento en comisión para traerla hoy al recinto.

Y no hablemos de lo que pasó esta mañana en esta sesión especial convocada para las 10. Solamente cuando la oposición pide una sesión especial se espera treinta minutos y si no hay quórum se la da por fracasada. Pero cuando el oficialismo la pide, la verdad es que se puede esperar sine hora.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.

Sra. Velarde.- La democracia es el derecho de las mayorías con respeto por las minorías. Que el oficialismo haya logrado el número de votos suficientes para tener la ley a su medida no significa dejar de respetar el derecho de las minorías a ser oídas. Pero además -tal vez esto es lo más doloroso-, hablando del monopolio estatal al que estábamos refiriéndonos, la verdad es que estamos hablando de una ley para un país que no existe. Debo aclarar que todo monopolio

-ya sea en los servicios telefónicos, en el transporte o en el juego, que ha convertido a la Argentina en Las Vegas- es nefasto.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La Presidencia le solicita que vaya redondeando su exposición, señora diputada.

Sra. Velarde.- Ya termino, señora presidenta.

Digo que se le habla a un país que no existe porque en el país real existen estos monopolios y muchos otros que se protegen. En consecuencia, estamos ante una mentira en montaje gigantesco, instalada a la par de otras -recuérdese lo sucedido con el INDEC o con la administración de fondos manejados discrecionalmente-, porque el verdadero objetivo de esta ley es volver aparentemente viable alzar los índices desfavorables de aceptación de este gobierno, porque quieren ganar las elecciones del 2011.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La Presidencia le solicita nuevamente que vaya redondeando su discurso, señora diputada.

Sra. Velarde.- Ya termino, señora presidenta.

Pregunto qué legislador no hubiese querido participar del debate histórico de una ley que redima a la clase política de las casi doscientas enmiendas hechas desde 1983 en adelante, tantas y tan absurdas en no pocos casos. Pregunto qué legislador no hubiera querido recoger en sus pueblos, en sus villas o en sus ciudades el parecer de su provincia, la discusión en las universidades, las parroquias, los concejos deliberantes, las legislaturas, para volcarlo en una ley histórica como la que estamos debatiendo.

Ya termino, señora presidenta.

Pregunto qué legislador no se siente agraviado por el chasquido de órdenes, broncas y roncas, duras y descomedidas, desde un gobierno que cree que el monopolio de los medios de comunicación le asegurará al matrimonio seguir en el poder hasta el 2011.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Señora diputada…

Sra. Velarde.- La verdad, señora presidenta -y con esto termino-…

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Hace rato que viene diciendo lo mismo, señora diputada.

Sra. Velarde.- Cuando fracasó la revolución de 1890, el presidente Juárez Celman mandó al Senado la ley para establecer el estado de sitio, y su coprovinciano, el senador Pizarro –cordobés como él- le contestó: la revolución ha sido derrotada pero el gobierno ha muerto. Pero el gobierno –entiéndase bien- como persona moral, y no por los que lo integran.

Seguramente el oficialismo habrá logrado, con más o menos votos, aprobar esta ley en la Cámara de Diputados. Pero sin lugar a dudas este gobierno, como persona moral, ha muerto.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

Sra. Morandini.- Señora presidenta: tal vez el término más repetido hoy en este recinto haya sido la palabra “paradoja”. Dicen que la paradoja es la forma que encuentra la historia para burlarse de nosotros mismos. ¡Y vaya si la historia democrática se ha burlado de nosotros mismos que en nombre de una ley que viene a democratizar, que viene a terminar con una ley de la dictadura, se ha avasallado la institución madre de la democracia, que es el Congreso!

Si la democracia es participación y deliberación, y la República es el control de las mayorías y el respeto a las minorías, de estos principios hubo mucha participación de la ciudadanía, poca deliberación y, menos aun, respeto a las minorías.

No hay diálogo político, se canceló el debate. Con lo que pasó en las reuniones plenarias se demostró que nadie está interesado en escuchar cuáles pueden ser nuestras objeciones, por lo que pido permiso para insertar en el Diario de Sesiones los fundamentos de mi disidencia total. Pero quiero aprovechar la oportunidad para hacer algo que a veces obviamos cuando tenemos delante las cámaras de televisión, que es precisar que ellas no están al servicio nuestro ni de este poder ni de ningún otro sino que deben estar al servicio de la ciudadanía. Por eso se llaman medios, porque median entre el Estado y la ciudadanía. Si esas cámaras sirven a la ciudadanía, nosotros también tenemos que aprovechar las oportunidades y cada vez que tenemos un micrófono delante poder hacer educación democrática, porque este debate nos está mostrando el gran atraso que tenemos en relación con la cultura democrática, que es diálogo político y respeto al otro.

Por eso quiero hacer algunas consideraciones de tipo conceptual. La primera es que tiene razón el señor diputado Lozano cuando dice que se trata de tensión de conflictos, pero hay otro tipo de conflictos que no veo aparecer en el debate. Si sabemos cuál es el deber ser tal vez le podamos sacar al debate el carácter de confrontación que le damos.

Estamos hablando de libertad de expresión, y cuando lo hacemos nos referimos a derechos humanos que son universales. ¿Cómo consagrar un derecho que es universal cuando se trata de empresas que son de gestión privada y pública? Esa es la tensión.

Los medios son industrias que producen bienes culturales. Por supuesto que deben ser regulados con leyes comerciales, pero cuando se mezcla la regulación tecnológica con lo que son los contenidos tenemos como resultado que en realidad no estamos debatiendo valores sino precios. Nos queda la enorme sospecha de que esta es una ley que no se ha hecho para consagrar los valores que debería consagrar este Congreso.

Para que no queden dudas sobre a qué sirvo, habría que advertir la presión que se entrampa cuando este Congreso disfrazó ideología en nombre de valores -lo hemos visto a lo largo de todo este último tiempo-, y por medio de las mayorías lo que ha impuesto son grandes negociados.

Voy a pedir que me permitan leer algo que tengo escrito desde hace muchísimo tiempo, cuyo título es La felicidad del decir: “Política y periodismo están indisolublemente unidos en nuestro país desde aquel 7 de junio de 1810 cuando Mariano Moreno inauguró la salida de la Gazeta de Buenos Ayres con esta exaltación: ‘Felices tiempos aquellos en que se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente’. Me temo que a casi treinta años del regreso de la democracia aún en nuestro país hay miedo y son muchas las personas que no tienen el coraje de decir lo que sienten, porque todavía decir la verdad se confunde en nuestro país con delación.

“En la historia contemporánea no han sido muchos los tiempos en los que los argentinos manifestamos la plenitud que sólo otorga la libertad. A la vuelta de la esquina histórica están los tiempos en los que el Estado se hizo terrorista y a los argentinos se nos decía cómo debíamos sentir, como vestir, a que Dios rezar y a quien llevar a la alcoba.” Sin embargo, por suerte por la dinámica que da la libertad, por la energía vital de todas las organizaciones sociales que se han comprometido con esa libertad, es que hemos crecido sobre nosotros.

Allí podemos leer que todavía queda la tentación de que existan los partes oficiales y se sigue confundiendo información con delación.

Todavía no hemos incorporado como cultura la verdad, como un valor, y se sigue mirando como traidor al que osa ir a contramano del grupo o la manada. Es cierto que los gestos iniciales fueron torpes, como pasa con todo chaleco de fuerza que maniató nuestra libertad por décadas, como pasa a aquellos que sobreviven al yeso de la fractura.

Los argentinos hemos tenido que soltarnos de ese chaleco de fuerza con el que se maniató a nuestra sociedad con el miedo. Hoy gozamos de libertad hasta para denunciar cuando advertimos que corre riesgo esa libertad. Pero si ya incorporamos ese valor democrático que es la libertad de expresión, ahora nos resta insistir con un valor que es ajeno a nuestra tradición política periodística: el derecho de las sociedades a ser informadas, principio fundamental para la democracia.

En la medida en que el sistema de gobierno de la democracia garantiza la igualdad de los ciudadanos ante la ley también está afirmando otro valor que es ajeno: la competencia, la igualdad que tienen los ciudadanos para representar a otros, o sea, la política.

Por eso una información restringida, de baja calidad, en realidad atenta contra la calidad democrática. Ciudadanos ignorantes, sin posibilidad de discernir, elegir o participar en las cuestiones colectivas son ciudadanos mutilados, cuando no tan solo un número en las encuestas o en las estadísticas de la economía.

La ausencia de la información o los rumores que se han convertido en información es lo que torna a nuestra ciudadanía políticamente incompetente, y esa es la función indelegable de la prensa, que por eso debe ser independiente y competente. De modo que a la prensa hay que demandarle responsabilidad con este valor superior y no intentar coartar la libertad.

El poder que tiene el periodismo no deviene de que es reconocido, porque tiene fama o porque en la calle le dicen “te vi”. El poder surge cuando realmente expresa a una opinión pública. El derecho a la información es inseparable de la vida republicana porque el espacio público que define a la democracia depende de las discusiones, los debates, y toda vez que se cancela el papel intermediario de la prensa se atenta contra ese bien público que es la información.

No me gusta lo que hacemos en los programas de simulación de debate porque cuando se contraponen dos posiciones aparentemente enfrentadas, en algo que termina siendo un griterío más parecido a un gallinero, en realidad no estamos respetando a la ciudadanía, que es a la que debemos dar información para que pueda ser igualmente competente para la política. Esa es la responsabilidad que yo demando para la prensa: no hacer el “como si” y que por mirar el rating se esté cancelando el derecho y la obligación que deben tener con esa información como bien supremo de la democracia.

Toda vez que los periodistas se convierten en propagandistas o lobbistas atentan contra la democracia, no porque critiquen a los políticos sino porque una información de mala calidad configura una democracia igualmente pobre y de baja calidad.

Hoy en la Argentina la prensa no puede darse el lujo de ser un simple espectador o repetidor de los partes oficiales, cuando aún nos cuesta consolidar los cimientos de la democracia. Por eso, política y periodismo son inseparables de la vida con los otros, o sea, de ese espacio público donde circulan las opiniones y los temas que nos son comunes.

Cuando la plaza pública, que ha sido el espacio tradicional de la protesta y el festejo en nuestro país, ha sido reemplazada por la mesa de debate de la televisión, una programación que evita un auténtico debate o lo sustituye por el simulacro en que todos hablan pero nadie se escucha, en realidad se está debilitando el espacio público de la opinión.

Resulta paradójico que tanto la política como la televisión en la sociedad del espectáculo se legitimen con dos números: el de los votos y el del rating. Dos simplificaciones que parten del mismo menosprecio, que reducen al elector a un simple votante, y al televidente a un ser pasivo, esclavizado al comando del televisor. Por eso debemos hablar de la libertad de expresión como un derecho universal. Son los estados los que deben garantizar ese derecho humano, que no puede equipararse a los intereses privados de los medios de comunicación.

Tanto la libertad del decir, como la información que necesitan las sociedades para su desarrollo democrático, son derechos humanos que ejercen tanto el que ofrece la información como el que la recibe.

No se me escapa que vivimos tiempos en los que la felicidad -aquella de la que hablaba Moreno- no está amenazada. La que está amenazada es la credibilidad de la política y del periodismo, que cada vez confundimos con propagandas, herido por las plumas y las siliconas, los chismes y las desconfianzas.

El primer Congreso de Periodistas se hizo en 1938. Ahí se formó el primer Sindicato de Periodistas. Yo vengo de esa tradición cordobesa y quiero apelar a la mejor tradición de nuestro periodismo, recordando que nuestra historia nace con aquel Moreno, quien desde el inicio reinvindicó la felicidad del libre sentir para bien poder decir.

¡Ojalá que esas cámaras que sirven a la ciudadanía no sean reemplazadas mañana solamente por las cámaras del canal público, con esa larguísima tradición de confundir gobierno con Estado!

- Varios diputados hablan a la vez.

Sra. Morandini.- Entonces, como ha pasado en Córdoba, se elige qué se enfoca y qué se le va a dar a la ciudadanía. Cancela la información aquél que sirve nada más que a bienes de dinero, como también la cancela aquél que no sirve a la ciudadanía y sirve a un gobierno, éste o el que venga. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. De Marchi.- Señora presidenta: no quiero pensar que estas voces de desaprobación o silbidos que se escuchan sean los que van a conducir las radios de los tiempos por venir.

- Varios diputados hablan a la vez.

Sr. De Marchi.- ¡Qué peligro! ¿No?

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Señor diputado: por favor diríjase a la Presidencia.

Sr. De Marchi.- Voy a ser breve, porque se ha dicho mucho.

Insisto con el argumento que se ha dado al comienzo. Estamos discutiendo una de las leyes más importantes de la vida de nuestra República. Es una norma que se mete en la entraña misma de los pueblos, mediante la regulación nada más y nada menos que de la libertad.

Más allá de la libertad de prensa y de expresión, en este proyecto de ley estamos hablando de la libertad misma. No está dado el marco para discutir una normativa tan importante. Y no estoy hablando del 9 ni del 11 de diciembre. Puede ser la semana que viene el momento de tratar este proyecto de ley, o la otra, o marzo o abril. Tienen que darse las condiciones naturales para discutir una iniciativa tan importante.

Consenso. Es lo que hace falta para estas leyes. No es bueno para la salud de la República que estas leyes se aprueben por uno o por dos votos.

Se está cometiendo una falta de respeto a los cientos y cientos de personas que fueron a las audiencias públicas de la semana pasada. Sus opiniones fueron recogidas taquigráficamente, y recién ayer se pudo tener acceso a ellas. Sus opiniones no fueron leídas. Se les ha faltado el respeto.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. De Marchi.- Existe una cuestión indudable: ¿Por qué el apuro? Frente a un escenario como éste, debemos darnos el tiempo necesario para discutir y debatir.

El apuro en realidad tiene varios motivos. El primero es que el gobierno ha aprendido que cuando los malos proyectos llegan al conocimiento social y colectivo luego cuesta aprobarlos. La resolución 125 fue un claro ejemplo de ello.

La presidenta, en una actitud democrática, dijo en abril del año pasado que el proyecto iba a ir al Congreso. Hubo actos aquí enfrente y en Plaza de Mayo y se cortaban calles todos los días. Eso motivó que la gente conociera el trasfondo que el tema tenía. La conclusión fue que no se aprobó porque no era buena. Frente a este ejemplo, el gobierno dice “palo y a la bolsa”. No le interesa el debate porque de ese modo la gente se informa, y si eso ocurre esto no se aprueba. Ese es el primer fundamento y motivo de este apuro. No somos ingenuos a esta altura del partido.

El segundo argumento de la rapidez va enganchado con el primero: si esta iniciativa no se aprueba se corren serios riesgos de perder las elecciones del año 2011. Hay dos maneras de ganar las elecciones siendo gobierno. Una de ellas es haciendo las cosas bien para que el pueblo espontáneamente lo acompañe gustoso, como lo hizo en otras oportunidades. La otra manera es transformando al país en un gran INDEC para decirle al pueblo lo que queremos que sepa o para decirle en realidad lo que no pasa.

El gobierno tiene apuro porque indudablemente ha optado por este segundo camino: el de la manipulación de la voluntad y de la libre expresión.

Hay otro elemento que es fuertemente negativo y que genera una enorme violencia moral: la aprobación de esta norma arranca con la pelea Kirchner-Clarín. Esa es la verdad. Ese es el verdadero objetivo político puntual y concreto de este día. No lo pueden esconder, a pesar de que buscan palabras o frases comprensivas de una serie de actitudes para tratar de “vendernos” a nosotros y a la comunidad la aprobación de este proyecto de ley. La primera frase que nos dicen es que el gobierno quiere democratizar la información. ¡Por Dios! ¿Alguien puede creer a esta altura del partido que Kirchner quiera democratizar algo en este país? ¿Alguien puede sinceramente creerlo?

Tenemos a la Justicia cooptada y manipulada a través de un Consejo de la Magistratura manipulador. Tenemos un Congreso que ratifica las decisiones de construcción de poder político que se toman en Olivos, ni siquiera en la Casa Rosada. Hemos delegado facultades en el Poder Ejecutivo, generándole superpoderes. Con decretos de necesidad y urgencia este gobierno puede hacer lo que se le antoja, como lo ha hecho. Hubiera sido mucho más franco transformar esta norma en un decreto de necesidad y urgencia, asumiendo la responsabilidad total, pero no compartir con el Parlamento nacional esto que es una trampa.

El segundo argumento pomposo que se utiliza es el de desatar supuestos monopolios existentes. Esto se ha dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir para que alguien me dé una explicación. ¿Quién firmó la fusión de Multicanal y Cablevisión? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué alguien no lo explica? A este gobierno no le interesa desactivar monopolios, sino capturarlos, a fin de que la opinión monopólica quede en manos ya no del Estado, sino de una persona, porque en nuestro país Estado es gobierno, gobierno es partido y partido es caudillo, como dice Carlos Pagni en una de sus columnas.

En consecuencia, la opinión después de aprobado este proyecto quedará en manos de un caudillo, ni siquiera del Estado, quien la digitará a su gusto y antojo desde una pieza situada en Olivos.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. De Marchi.- Digo esto porque lo siento auténticamente. Lo digo en la cara, de frente, y no lo hago en los pasillos…

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Diríjase a la Presidencia, señor diputado.

Sr. De Marchi.- Lo estoy haciendo, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- No es así, señor diputado.

Sr. De Marchi.- A veces digo cosas que siento, pienso y que muchas veces la gente repite en la calle; me refiero a las personas que tienen poca voz.

No voy a entrar en la discusión técnica de esta iniciativa, porque la trampa está en el marco o el entorno.

Para terminar, me voy a referir a un solo tema, que es el plazo de un año para el desguace que se va a producir de distintos medios. Se va a abrir un mercado mediático importante en el país. Me pregunto quién va a invertir en medios de comunicación en un país con ese marco.

Sólo lo harán el gobierno, a través de sus amigos, o los amigos del gobierno, con ciertas garantías, porque nadie que tenga un capital mínimo va a invertir en un país donde le confiscan licencias y medios de un día para el otro, según el antojo de quien ejerce el poder real.

Esto nos conduce indudablemente al manejo centralizado –con nombre y apellido- de la opinión. Me resisto a que en el futuro sea Néstor Kirchner quien me diga qué veo y qué escucho. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Erro.- Señora presidenta: luego del comienzo de la sesión en el que expuso pormenorizadamente el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, se plantearon innumerables cuestiones de privilegio en este recinto; si mal no recuerdo, no menos de treinta.

En ese momento no planteé una cuestión de privilegio porque entendía que ello retardaba el tratamiento de la cuestión de fondo y porque, luego de un año y medio de integrar el cuerpo, creo que las cuestiones de privilegio son meramente declaraciones testimoniales y se hacen para la tribuna.

Entendía que este tipo de violaciones o irregularidades que se han cometido en función del tratamiento inadecuado en la comisión constituyen parte de la cuestión de fondo.

Por eso me tomaré la licencia de remarcar brevemente algunos de esos aspectos que atañen a las violaciones e irregularidades que se han cometido en el tratamiento del plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática, de Presupuesto y Hacienda y de Libertad de Expresión, que integro.

En principio, en lo que respecta a la temática global en tratamiento, comparto y avalo la posición de la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, diputada Giudici, porque de alguna manera fue soslayada de la elaboración de la estrategia de trabajo de las tres comisiones.

También destaco como una irregularidad lo que varios diputados ya han señalado en el recinto –recuerdo las palabras de los diputados Aguad, Pinedo y algún otro-, en el sentido de que habiendo transcurrido la media hora de tolerancia que se prevé para el inicio de la sesión desde la Presidencia no se dio por levantada la reunión.

Muchas cosas se han dicho sobre esta cuestión pero nadie planteó con absoluta precisión cuál es el comportamiento de este cuerpo frente a lo que podríamos definir como la biblia que regula el funcionamiento de la Cámara. Me refiero al reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. En este sentido, el artículo 102, primer párrafo, se refiere a la forma en que se debe llevar adelante el trabajo cuando son varias las comisiones que intervienen en un mismo asunto. Al respecto, señala: “Cuando un asunto sea de carácter mixto, corresponde su estudio a las respectivas comisiones, las cuales podrán abordarlo reunidas al efecto o iniciar por separado ese estudio, con aviso a la otra u otras, pero el anteproyecto deberá ser sometido al despacho en pleno de las comisiones a que haya sido destinado el asunto.”

Recordemos que en la consideración de la cuestión en análisis intervinieron tres comisiones: la Comisión de Comunicaciones e Informática, integrada por 31 miembros; la de Presupuesto y Hacienda, compuesta por 49 diputados; y la Comisión de Libertad de Expresión, que la integran 24 legisladores. En total, entre las tres comisiones, son 104 diputados.

Justamente recuerdo la forma en la que se firmó el despacho en el día de ayer, cuando el artículo 108 del reglamento establece: “Las comisiones necesitarán para funcionar de la presencia de la mayoría de sus miembros; pero luego de transcurrida media hora desde la establecida en la convocatoria, podrán, con la asistencia de por lo menos la tercera parte de sus componentes, considerar y despachar los asuntos consignados en la citación correspondiente. La Comisión de Presupuesto y Hacienda podrá hacerlo, en este último caso, con la asistencia de por lo menos la cuarta parte de sus miembros.”

A pesar de lo que acabo de leer muchos pudimos observar que el despacho de mayoría se estaba firmando cuando sólo estaban presentes en la sala de reunión unos pocos integrantes de las tres comisiones.

Este no es un tema menor, pero decidí no plantearlo a través de una cuestión de privilegio porque hace a una cuestión esencial y de fondo, como lo es la posibilidad de poder debatir con amplitud a fin de obtener la mejor ley para nuestro país en un tema que debería ser política de Estado.

Personalmente celebro alguna de las decisiones que se tomaron en su momento, pero que no se dieron por generación espontánea sino que fueron producto del reclamo de la oposición. Me refiero a la decisión de retirar a las empresas telefónicas de la posibilidad de participar de los servicios audiovisuales.

Sin duda había una contradicción flagrante entre el proyecto y lo que manifestaba la señora presidenta de la República, toda vez que ella siempre habló de una norma que iba a terminar con los monopolios y oligopolios, pero paralelamente le abría la posibilidad de participación a las telefónicas, que en su esencia son empresas monopólicas. Me parece que ésta no es una cuestión menor. Y, nobleza obliga, debo reconocer que ha sido una decisión acertada retirar la posibilidad de que estas empresas puedan participar.

También celebro como una decisión acertada la posibilidad de haber eliminado del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo la alternativa de la revisión bianual, sobre todo en el aspecto tecnológico, porque eso hacía dudar a muchos -entre los que me encuentro- de que la alternativa de una revisión bianual puede coincidir justamente con la época de elecciones, y al que se porta bien le renovamos y al que lo hace mal lo dejamos de lado.

En definitiva, esas son decisiones acertadas, pero no alcanzan para que por lo menos de mi parte manifieste el apoyo. Más allá de lo que dijeron -y los respeto- algunos colegas diputados, existen aún algunos puntos oscuros y muy conflictivos. Me refiero en especial al artículo 152 originario, que en el nuevo proyecto es el artículo 161. Ahí se plantea que los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan con los requisitos previstos por la misma o las personas jurídicas que al momento de entrar en vigencia esta ley fueren titulares de una mayor cantidad de licencias o con una composición societaria diferente de la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un año.

De alguna manera, esto crea un marco de inseguridad jurídica como manifestaron algunos señores diputados, que afecta derechos adquiridos en forma retroactiva.

En este sentido, me permito hacer una precisión de lo planteado por el artículo 3º de nuestro Código Civil. Dice que “a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales”.

Es muy sabrosa la nota al artículo 3º del Código Civil, donde se cita a Savigny, que fue un gran jurisconsulto, quien explica que las leyes no pueden tener efecto retroactivo ni alterar los derechos adquiridos; y que esta doctrina, bien entendida, está en plena conformidad con toda la legislación civil y criminal, mientras que el principio contrario dejaría insubsistentes y al arbitrio del legislador, todas las relaciones de derecho sobre que reposa la sociedad”. Esto agravado con el plazo de un año, justamente, que quita la posibilidad a quienes gozan de estos derechos a que de alguna manera puedan resultar perjudicados.

Otro punto que quiero remarcar es el tema de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual, y en este sentido comparto la opinión de la señora diputada Camaño. Todos sabemos que el proyecto original hablaba de cinco miembros, tres impuestos por el Poder Ejecutivo nacional y dos de origen parlamentario, de la segunda y tercera minoría.

El nuevo proyecto plantea la presencia de siete miembros, dos designados directamente por el Poder Ejecutivo nacional, uno como presidente y un director, tres de origen parlamentario, la primera, segunda y tercera minoría, y dos a propuesta del Consejo Federal de Comunicaciones Audiovisuales, uno de origen universitario.

En este sentido, la propuesta de la señora diputada Camaño era mucho más sensata, de carácter federal, y de alguna manera tiene un origen parlamentario, planteando la presencia de cinco miembros, uno del PEN y cuatro de origen parlamentario.

Dos cuestiones son las que preocupan: una es la extensión de los mandatos por más de cuatro años, que exceden el mandato presidencial, y otra es cuando habla de las minorías parlamentarias. En el seno de la comisión se dijo que no se expresa claramente si se trata de la Cámara de Senadores o la de Diputados.

Para terminar, porque el tiempo se me está cumpliendo, quiero decir que el Poder Ejecutivo nacional ha presentado esta iniciativa como la madre de todas las batallas, y desde el Congreso Nacional lo que decimos nosotros es que debemos proteger y preservar a la madre, pero de todas las libertades, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa.

Detrás de un noble proyecto que tendría que ser política de Estado observo, por lo menos de mi parte, la firme intención de manejar los medios de prensa.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.

Sra. Marino.- Señora presidenta: estoy convencida de que hay un solo denominador común que hoy nos alienta a todos los legisladores aquí convocados, cual es la necesidad imperiosa, frente a la renovación tecnológica, de encontrar un marco regulatorio adecuado a estas circunstancias. Tema este de características realmente extraordinarias que constituye un problema no menor para dar una verdadera respuesta a la sociedad argentina.

Sin embargo, debo decir que cuando este proyecto ingresó a la Cámara de Diputados también entró a un cono de sombras, dado que las expresiones verbales de muchos de los colegas diputados en uno u otro sentido dejaron entrever que esto se parecía más a una chanza política que a lo que verdaderamente nos está demandando la circunstancia que antes mencioné y, sobre todo, la sociedad argentina.

No obstante, esto ha hecho que la situación recientemente mencionada por mí -este cruce verbal, desde mi óptica inoportuno, de dar nombre y apellido a uno y a otro- ha sacado del foco de la discusión la esencia de este proyecto de ley. Este Parlamento ha perdido una gran oportunidad, y lo lamento profundamente porque –reitero- se requiere un marco regulatorio en forma urgente para esta revolución tecnológica fenomenal.

Tengo varias aristas de rechazo a este proyecto de ley, pero voy a utilizar mi tiempo para referirme fundamentalmente a dos de ellas, anticipando que adhiero a las fundamentaciones esgrimidas por muchos colegas diputados en contra de esta iniciativa.

En primer lugar, quiero referirme a la autoridad de aplicación. Sabemos muy bien que una ley realmente excelente puede morir si el órgano de aplicación está viciado por falta de transparencia y por intereses mezquinos. Allí es donde fracasa cualquier intento o esfuerzo que se pueda llevar adelante desde este Parlamento. La autoridad de aplicación debió ser un órgano del Estado y no un órgano del gobierno; debió estar elegida por el Parlamento y por el Poder Ejecutivo, y direccionada hacia las personas más capaces que entiendan en el tema bajo concurso público. Debió consignarse que estas autoridades no fuesen a coincidir en su período con el período presidencial, de modo tal de garantizar la independencia del organismo. Desgraciadamente para la sociedad argentina nada de esto dice la letra de este proyecto de ley.

Siento que aquella estructura más sólida, aquel pilar sólido de la democracia que es la prensa libre, va a quedar entrampado realmente, aniquilado por un fuego cruzado con nombre y apellido, y verdaderamente –como dije recién- el objetivo no será cumplido. Que esto quede claro porque si la función y el objetivo fue dejar plasmado un marco regulatorio acorde, si la intención fue ésta, que es muy buena, no se logrará el objetivo si el espíritu de la ley no cambia.

Hay otro aspecto por el cual rechazo también el espíritu de esta normativa, algo sobre lo cual poco he escuchado a pesar de que algunos señores diputados lo han mencionado: la falta de respeto al federalismo. En este proyecto se tiene poco en cuenta al federalismo.

Siento muchas veces -porque soy del interior, pero del interior del interior- que en el ánimo o la conciencia colectiva de los legisladores, o de casi la mayoría de los legisladores, todo esto se reduce a la antigua pelea de federales contra unitarios. Sin embargo, hoy el federalismo está garantizado por la Constitución argentina y por varios principios.

Uno de ellos es la solidaridad federal para que el crecimiento sea armónico, pero este federalismo se ha tornado lisa y llanamente en un tome y daca, en detrimento desde ya de este interior del interior del cual hablo.

Ese federalismo se ve hoy una vez más avasallado por la letra de este proyecto de ley, que según se dice asegura el federalismo, la pluralidad y algo que pocos tenemos en cuenta, que es la identidad en cada región.

Me pregunto sobre el contrasentido mismo que emana de este articulado porque desde una cabeza macrocefálica se van a decidir los destinos de la comunicación de todo un país, declarado federal por nuestra Constitución. A pesar de esto el proyecto tiene un carácter eminentemente unitario.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.

Sra. Belous.- Señora presidenta: después de escuchar el arduo debate que se dio en el día de ayer y las exposiciones que se vienen realizando en este recinto, debo contar cuál fue mi experiencia a partir de marzo de este año, cuando se presenta el anteproyecto de esta ley de radiodifusión que hoy estamos discutiendo.

En ese momento me sentí ante una disyuntiva: ¿qué hacer? ¿Reconocer la autoridad de todas esas personas que participaron en este anteproyecto, que durante años estuvieron trabajando arduamente y pensando en una ley para el Estado y no para el gobierno de turno, o desautorizar todo eso y sentarme a trabajar en mi propio proyecto para que la ley de radiodifusión lleve mi nombre?

En ese momento opté por lo primero, es decir, por valorizar todo el trabajo que se viene realizando desde la coalición de la comunicación, por los veintiún puntos de las organizaciones. Entonces, fui manteniendo reuniones con todos los que pude para escuchar sus voces. A partir de ahí pude reconocer que este proyecto estaba abierto para que todos pudiésemos aportar nuestras ideas.

Durante la jornada de ayer se dijo que este proyecto no había sido discutido en el interior. Cuando tuve el anteproyecto en la mano consideré lo mismo, y por eso en forma personal decidí llevar esta discusión a mi provincia. Así fue como organicé distintas jornadas y llevé a académicos de la universidad, periodistas, etcétera, a discutir este proyecto. De esa forma pude recabar todo lo que en mi provincia plantearon sobre esta iniciativa.

Cuando este proyecto ingresa a esta Cámara de Diputados comienzo a tratar de aportar esas ideas que había traído de mi provincia, más las que me habían dado los distintos especialistas para poder mejorar la ley, porque estoy convencida de que todas las leyes son perfectibles y que no hay mejor ley que aquella que se elabora escuchando a todas las voces.

De ese modo fuimos aportando distintas opciones para algunos artículos de esta norma que fueron muy cuestionados, y esas opciones fueron tenidas en cuenta. Por ejemplo, en el artículo 14 -tan cuestionado- se incorporó un académico. Esto significa que esta norma no es cerrada, como dijeron muchos acá, sino que se le pueden hacer aportes.

Otro tema muy cuestionado fue el de la autoridad de aplicación, respecto del que también hemos hecho nuestros aportes.

En su momento se cuestionó el ingreso de las telefónicas, y nosotros estábamos de acuerdo con ese cuestionamiento porque entendíamos que en esta situación iba a ser desventajosa para las cooperativas. Por ello opinamos que lo más apropiado era sacarlas de este proyecto.

Pero hay que tener mucho cuidado con la extracción de las telefónicas de este marco regulatorio. Sabemos que la telefonía, a través de la fibra óptica, puede emitir datos, que en realidad no son datos sino productos culturales. Tenemos que tener mucho cuidado de que las telefónicas no terminen perdiendo este marco regulatorio e incorporando este producto cultural no como eso sino como simples datos.

Por eso estoy proponiendo que una vez finalizado el tratamiento de esta iniciativa nos pongamos a trabajar entre todos –para que nadie diga que no fue convocado- en una nueva ley para las telecomunicaciones y podamos dar a las telefónicas el marco regulatorio que hoy no tienen. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.

Sr. Gorbacz.- Señora presidenta: es cierto que estamos discutiendo una ley absolutamente estructural. Es estructural porque sin duda en las sociedades modernas, con los grandes avances tecnológicos que han tenido en los últimos años los grandes conglomerados urbanos, el escenario casi excluyente de la vida pública transcurre por los medios de comunicación.

Con esto quiero decir que los medios no sólo transmiten una información sino que además construyen subjetividades, porque fijan escalas de valores, promueven ideales, siendo los jóvenes los más vulnerables a los mensajes que se difunden por los medios de comunicación para seguir esos ideales, que pueden ser positivos o negativos, porque estos medios inciden hasta en el lenguaje de la comunidad, pueden promover un pensamiento crítico o transmitir una información en grageas para ser consumidas por la gente que está del otro lado.

-Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

Sr. Gorbacz.- Me llama la atención cómo muchos ciudadanos, especialmente de clase media urbana, nos dirigen a nosotros, sus representantes, los reclamos que quieren hacer. No digo que lo hagan tomando la información que reciben de los medios, sino que lo hacen hablando directamente con el lenguaje de los medios, como si en lugar de escuchar, de informarse y de pensar lo que allí dicen se tragaran literalmente el televisor y hablaran con las mismas palabras y los mismos modos que allí se utilizan.

Es tal el poder que tienen los medios de comunicación que sin ninguna duda dejarlos en manos de tres o cuatro empresas que concentran –como bien se dijo aquí- el 80 por ciento de la comunicación en nuestro país es una enormidad. Estamos hablando de tres o cuatro empresas que nadie eligió.

Aquí nos rasgamos las vestiduras discutiendo cómo limitamos el poder de la presidenta de la Nación, y coincido en que necesitamos ir hacia un sistema con mayores controles, pero los mismos que se rasgan las vestiduras para ver cómo limitan el poder de la presidenta no hacen lo mismo para resolver cómo se limita el poder de tres o cuatro empresas que ni siquiera fueron elegidas por nadie en ningún momento. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Estamos discutiendo cómo sustituimos una ley de la dictadura en la que no hubo reuniones de comisión ni audiencias ni versiones taquigráficas ni reglamentos cumplidos. Fue simplemente una ley que se hizo entre cuatro paredes, donde no creo que nadie haya podido opinar, ni siquiera objetar un procedimiento, porque era el procedimiento de la dictadura, y así llegamos a la ley que tenemos.

Se ha criticado este proceso. Se ha dicho que éste no ha sido un proceso participativo. Seguramente pudo haber existido un proceso más largo de discusión; seguramente hay gente que no llegó a participar, que hubo aportes que no pudieron ser incluidos en esta ley, que fue un proceso participativo insuficiente.

Ahora bien, yo estoy hace prácticamente cuatro años en esta Cámara. Este último año sancionamos sesenta y cuatro leyes. Pido que me informen si hubo alguna ley más debatida y discutida que esta ley de comunicación que estamos tratando hoy, tanto antes como después de entrar al Parlamento. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Se ha cuestionado la autoridad de aplicación. Nosotros también pensamos que una autoridad de aplicación que no estuviera en la órbita del Poder Ejecutivo sería mejor, pero no siempre podemos alcanzar la perfección. Veamos qué ocurre en el resto del mundo. Solamente Gran Bretaña, y tal vez algún otro país, tiene la autoridad de aplicación ideal que estamos planteando, dependiente del Parlamento. El resto de los países tiene una autoridad de aplicación que depende del Poder Ejecutivo. Esto no quiere decir que no podamos copiar lo mejor, pero tampoco tenemos que rasgarnos las vestiduras como si poner la autoridad de aplicación en el ámbito del Poder Ejecutivo implicara la apropiación indebida de los medios de comunicación por parte de un gobierno, porque entonces deberíamos decir lo mismo respecto de todos los gobiernos del mundo, excepto de Gran Bretaña.

¿Qué hicieron durante este tiempo los medios de comunicación de nuestro país? No tengo otra palabra para calificar la actitud de los medios de comunicación en este debate que no sea “obscenidad”. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Si a alguien le podía caber alguna duda respecto de cómo tenía que votar este proyecto de ley, basta sintonizar un canal de televisión con un poco de espíritu crítico para convencerse de que hoy, sí o sí, necesitamos sancionarlo y desmonopolizar los servicios de comunicación en nuestro país. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Finalmente -ya no en relación con el fondo de este proyecto de ley- quiero referirme a los mecanismos que nos hemos dado para discutir en este Parlamento, porque además de sancionar leyes también hacemos docencia.

A veces nos quejamos y tratamos de ver cómo podemos desandar la construcción de una sociedad cada vez más violenta, y la verdad es que no damos muy buenos ejemplos.

No estoy en contra de quienes plantean que hay que construir grandes consensos para poder avanzar, pero no soy ingenuo, los consensos tienen un límite, no podemos consensuar el ciento por ciento de los diputados ni el ciento por ciento de los ciudadanos. Cuando se termina la posibilidad del consenso existe un mecanismo para decidir: el de las mayorías. Lamentablemente, estamos dando ejemplos de muy malos perdedores cuando perdemos en la elección y minimizamos el resultado, cuando tememos perder una elección y de modo anticipado denunciamos un fraude, o cuando tenemos miedo de perder una votación y anticipadamente sostenemos que el resultado no vale, que hubo cuestiones reglamentarias y no aceptamos las mayorías. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Por último, quiero decir que por supuesto que acompañaremos la sanción de este proyecto de ley. Quienes militamos y basamos el eje de nuestra acción política en la distribución del ingreso y la lucha contra la pobreza no podemos ser tan ingenuos como para pensar que la distribución de la riqueza se discute solamente cuando debatimos aumentos de salario o planteamos un proyecto de ley de ingreso ciudadano, que desde ya presentamos y defendemos. Sin embargo, no podemos desconocer que centralmente aquí estamos discutiendo distribución del ingreso, y hoy tengo la posibilidad de apretar el botón correcto de la historia para desbaratar los monopolios de la comunicación que no son otra cosa que el mascarón de proa de los monopolios y del poder económico concentrado. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Desbaratando los monopolios estamos dando la verdadera lucha por la distribución de la riqueza. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

Sra. Torfe.- Señor presidente: sin lugar a dudas hoy estamos tratando uno de los proyectos más importantes y más demandados por la ciudadanía argentina.

En el primer plenario de la reunión conjunta de las tres comisiones varios diputados –yo me sentí representada por ellos- plantearon, al igual que hoy lo hicieron dos diputados en este debate, un conflicto entre el Poder Ejecutivo nacional y el grupo Clarín.

Personalmente, manifesté que no estoy de ninguno de los dos lados porque creo que nadie va a apoyar a un oligopolio o un monopolio. Además, los señores diputados saben que muchas veces acompañé a este Poder Ejecutivo en la sanción de proyectos y en otras ocasiones no.

Considero que debemos tratar de sancionar un proyecto de ley consensuado que aporte el necesario equilibrio político y el equilibrio en la solución. Si las dos posturas son extremas lógicamente nada se aportará a la ciudadanía argentina. En cambio, si nosotros nos predisponemos para que la ley se sancione de modo consensuado seguramente ambas posturas podrán encontrar un punto común.

En función de lo expuesto, adelanto que voy a apoyar en general este proyecto de ley, aunque voy a discrepar con algunos artículos. (Aplausos.)

Solicito autorización para insertar parte de mi exposición en el Diario de Sesiones, adelantando que voy a hablar cuando se trate el proyecto en particular.

Entiendo que hay dos artículos que son relevantes. Sostengo esto en función de las necesidades que me plantearon en mi provincia, porque debemos legislar para toda la Argentina, pero específicamente me debo a mi provincia. Por eso debo atender las particularidades que allí se presentan.

La incorporación de las telefónicas nos generaba un grave conflicto que, gracias a Dios, con las modificaciones que se introdujeron, se han subsanado.

Quería resaltar esa cuestión, porque la asociación que nuclea a catorce canales del interior iba a ver perjudicada su actividad con la introducción de las telefónicas. Por eso me alegra la modificación, ya que soluciona un grave problema a varias provincias del interior.

La otra cuestión tiene que ver con la autoridad de aplicación. La propuesta del Poder Ejecutivo cuando presentó el proyecto era muy poco clara. Se trata de un tema que exige mucha trasparencia, y por eso está tan cuestionado este artículo.

Entiendo necesaria la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo para la autoridad de aplicación, porque tal como estaba redactado el artículo la autoridad de aplicación podía ser manipulada políticamente. Por eso me parece atendible este cuestionamiento.

Para algunos diputados esto alcanza y para otros no. Pero yo debo plantear mi propio cuestionamiento en relación con la autoridad de aplicación.

En cuanto al tema de la competencia, estoy segura de que este proyecto promueve y garantiza el libre ejercicio de toda persona para investigar, buscar o difundir opiniones e ideas sin censura previa. Es importante recalcar esto porque está establecido dentro del marco de respeto de un Estado de Derecho. Por lo tanto, es importante rescatarlo.

Hay puntos que son destacables. Me acuerdo que en agosto de 2004 cientos de instituciones llegaron a un consenso de 21 puntos para elaborar un proyecto de ley de radiodifusión. En función de ese consenso, de nuestra parte debemos buscar los mecanismos para sancionar este proyecto de ley de radiodifusión.

Es importante la participación que tuvo cada una de estas instituciones. Algunas de ellas han sido marginadas y no han sido tenidas en cuenta, como ocurrió con las cooperativas y las asociaciones sin fines de lucro. Vienen trabajando y bregando no solamente en Capital, sino también en el interior; he tenido contacto con ellos y he visto el trabajo que realizan en forma desinteresada y sin fines de lucro. Entonces, me parece que es justificable el proyecto porque de una vez por todas ellos van a ser relevados.

Asimismo resulta importante destacar el registro público de licenciatarios y la conversión de los medios estatales en públicos.

Por otra parte, hay una cuestión de la que no se ha hablado en el recinto y que es muy importante para las familias. Me refiero a que esta iniciativa también atiende a una audiencia vulnerable como es la infancia. Este sector merece su espacio y me siento reconfortada de que sea atendido con la premura que necesita.

Con respecto al tema de la libre expresión y de la comunicación, ya se han referido a él los señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra. Me gustaría agregar algo en cuanto a cifras. La ley de la dictadura, del año 1980, otorgaba hasta cuatro licencias, y durante el gobierno del doctor Menem se llegó a otorgar hasta veinticuatro licencias a un mismo grupo. Por lo tanto, creo que los monopolios se formaron a partir de ese momento, mientras que en 2005, bajo el gobierno del doctor Kirchner, se volvieron a otorgar estas licencias. La iniciativa que estamos considerando concede hasta un máximo de diez licencias. Me parece que es un buen límite.

Haciendo una comparación con otras naciones, he visto que dentro del Mercosur hay países que otorgan siete u ocho licencias, y países como Estados Unidos o Canadá también dan menos licencias que las que está dando ahora nuestro país.

Quiero referirme ahora al tema de la competencia, que es saludable para mantener mejores condiciones de prestación del servicio. Pero para ello es imprescindible que quienes compitan estén en igualdad de oportunidades. Por tal motivo es necesario dar a los medios que cuentan con menos recursos y a los medios del interior el financiamiento necesario para que ellos también puedan competir con otras empresas.

Muchas veces los políticos hablamos de igualdad de oportunidades y de mala distribución de la riqueza. Creo que con este proyecto esto se está reivindicando, dado que se está haciendo una distribución más equitativa de los medios y se va a colocar en igualdad de condiciones a las personas que los utilicen.

Por lo tanto, entiendo que este es un proyecto positivo. Tal vez no es el perfecto o el que convenza a todos los diputados, pero estoy segura de que es mucho mejor que el de la dictadura. Además, las modificaciones que se le han introducido hacen que sea mucho mejor que el inicial.

En consecuencia, creo que debemos hacer nuestro aporte positivo a favor de las instituciones que vienen bregando por este proyecto desde hace muchos años, ya que es injusta la demora que han tenido.

Nuestra función es legislar, y si no estamos de acuerdo debemos tratar de aportar lo positivo y trabajar en esa dirección. Después habrá tiempo para hacer las modificaciones que se deseen, pero entiendo que debe darse el paso importante para contar con una ley de la democracia que atienda a todos los medios de la República Argentina.

Luego voy a solicitar la inserción de las objeciones a los artículos con los que no estoy de acuerdo.

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Camaño.- Señor presidente: después de todo lo que he escuchado hoy en cuanto a variedad y profundidad, se me hace muy difícil realizar un verdadero aporte digno de ser escuchado. Habría que ser una mezcla de Demóstenes y Cicerón, pero con toda modestia quisiera señalar algunos detalles.

Dada mi posición, parecería curioso que diga que, a partir de escuchar al oficialismo, tanto los defensores como detractores del proyecto podríamos coincidir en que hemos podido analizar los condicionamientos generales de orden político, social y económico que influyen en el proceso informativo, que podemos cambiar las mayores posibilidades que tienen algunos países respecto de otros en cuanto al control de datos y en cuanto a su producción, así como las posibilidades que tienen de usarlos como instrumentos de su propia política.

Al llegar a este punto, creo que puedo decir que de alguna manera se han contestado –si no, se han indicado- las grandes preguntas de la sociedad, las preguntas que tendríamos que hacernos de vez en cuando en el tráfago de la administración, en el batallar de las municipalidades, en los sindicatos, en la Justicia y en ese afán de superación que debe tener el Estado contemporáneo, que trata de hacer más fecundo y productivo este régimen social, sobre todo en este período de la historia.

Quizás de vez en cuando tengamos que recordarnos que llevamos años, muchos largos años de paz, y que esta nueva ley de prensa va a basarse en las realidades de los años de paz que ya nadie se atreve a negar.

Esto, palabras más o menos, es lo que venimos escuchando. Es maravilloso, pero tiene un antecedente. Son palabras que pronunció Manual Fraga Iribarne en marzo de 1966. Se trataba de la ley de prensa de Franco.

Como no me gusta adornarme con plumas ajenas, he leído la opinión de eminentes catedráticos y licenciados en comunicación. Se trata de políticos declaradamente socialistas, de centro izquierda o de izquierda: Javier Esteinou, Gonzalo Dueñas, Javier Muñóz, Rosa Cal, David Sovar, José Luis Castillo Vegas, Francisco Suárez y Elisa Chuliá.

Dejo de lado que también he leído a Serrano Súñer, porque era muy fusilador y fue autor de la primera ley del año 1938; lo único que pretendía era exterminar al periodismo de la República, no hacer periodismo.

Digo que, sin pretender comparar, tenemos algunos puntos que deberíamos aclarar para no repetir lo mismo: si la sesión es legal o no, si se respetaron los treinta minutos de usos y costumbres, según el reglamento, si es constitucional o no. Esto es política, y aquí mandan los votos y las manos. Eso lo sabemos todos y no es mi pretensión hacer poesía.

Curiosamente me resulta simpática esta iniciativa, que es parecida a la de Franco. No se trata de que sea franquista. Los peronistas le debemos un gesto al general Franco, con la acogida que le dio a Perón y la recepción a Evita en 1949, sin contar que era un hombre que estuvo 127 veces bajo fuego y nunca rehuyó la cara; merece respeto, más allá de sus equivocaciones, que las tuvo y muchas.

Pero me encontré con otras perlas. Como este proyecto se ha emparchado y algunos de los asesores seguramente desconocían la historia, no advirtieron que se copiaron artículos íntegros de las leyes franquistas. El sistema dio tan buenos resultados en poco tiempo -obviamente desde la óptica del gobierno-, que Luis de Galinsoga, que fue director de un medio de prensa –en ese momento se publicaba sólo lo que quería el gobierno-, señaló en 1943 ante los alumnos de la escuela de periodismo que por primera vez la prensa española servía plena y exclusivamente al Estado.

Me pregunto si con este proyecto no estamos haciendo algo que le sirve exclusivamente al gobierno de turno, amén de que corremos el riesgo de que el presidente de turno se confunda con el Estado.

Debo decir que los cambios que se propusieron me resultaron una verdadera sorpresa; no pensé que iban a tener el coraje de reconocer una equivocación y enmendarla. Obviamente, suscribo estas modificaciones con alegría, porque estoy totalmente de acuerdo con ellas.

Me sigue quedando poco en claro algunas cosas, porque como toda ley ésta debe contemplar el concepto justiniani jus puniendi, es decir, el castigo para el que no la cumple. En aquella época se encarcelaba o se fusilaba; hoy esas penas no se aplican. Sin embargo, ¿no podemos considerar como un castigo el artículo 152? Cuando hablamos de los recursos de Rentas Generales sabemos que quien no recibe pauta oficial –que es lo único que mantiene los medios, y si no me creen pregúntenle a Grondona- termina en una situación similar a una clausura.

Luego nos encontramos con otra perlita, porque quienes votaron la ley de 1966 –creo que el príncipe de Lampedusa estaría orgulloso, porque el gatopardismo fue terrible- después aprobaron la Constitución de 1978, que cambió absolutamente todo. El hecho es que en esos aproximadamente once años se hicieron quinientos sumarios, a razón de menos de cincuenta por año. En ese lapso hubo una sola clausura, que fue la del diario Madrid, que obviamente era antifranquista.

El hecho es que con el artículo 152 del proyecto en análisis, si se cerrara la canilla de la teta oficial dejaría de mamar cualquier medio. De este modo no se respeta el federalismo. Es imprescindible modificar este artículo, porque de lo contrario la ley caerá por su propio peso.

Pero hay más perlitas. El profesor Javier Estenau Madrid –a quien no podemos tildar de ser un hombre derechoso o antiprogresista- señala que en nuestra época los medios ya no son el cuarto poder; representan el primer poder. Tienen una capacidad tan fuerte para influir sobre la opinión de la gente, de subir o bajar autoridades y gobiernos, de hacernos comprar o vender cosas que no queremos y de influir sobre la mentalidad de la gente común que no cuenta con una cultura superior para darse cuenta dónde está la trampa, que otorgarles libremente la disposición de las frecuencias sería un suicidio. Pero también sería un suicidio otorgar esa facultad a un solo funcionario del Poder Ejecutivo. Ergo, nos encontramos frente a un problema.

El proyecto en análisis incurre en contradicciones. Impulsamos una auténtica libertad de prensa o apoyamos una libertad de prensa a medias que dependa de los órganos de control. En lo personal los órganos de control no me preocupan, a pesar de que muchos señores diputados, a los que respeto, han puesto mucho énfasis en ellos y en el tema de la financiación, que es donde está la madre del borrego, acerca de cómo se manejan los medios.

Y como ahora también tenemos una señora presidenta vamos a cambiar el viejo y castizo dicho español: poderosa señorita doña guita.

Con miles de millones a disposición es muy difícil que tengamos medios independientes. Ahora bien, si pudiéramos cambiar ese artículo y la administración de los fondos dependiera de la decisión de los representantes legislativos, ya sean los senadores o los diputados, yo con mucho gusto adscribiría al proyecto que tiene cosas muy buenas, algunas verdaderamente de avanzada, así como otras que son intolerables, como la intromisión del Poder Ejecutivo y el manejo de los fondos.

De nada valen los enunciados. No los quiero seguir molestando ni dar muestras de una erudición que no tengo, aparte de que no hablo alemán, pero, ¡qué curioso que la ley de prensa alemana de 1940 –y eso que estaba en guerra- tiene un enunciado muy parecido! Lo mismo la de Mussolini de 1929, con el mismo enunciado.

Todos enunciamos lo mismo, todos queremos libertad de prensa y de expresión. Todos queremos que haya un control del Estado, todos queremos que haya información al pueblo, pero el problema no es lo que queremos si todos queremos lo mismo, el problema es el camino, y el camino no va a ser justo sino que va a estar lleno de peligros y de acechanzas si confiamos en la birome de una sola persona o de un grupo de personas que influya sobre cómo se va a controlar y financiar todo este sistema, que es lo que verdaderamente importa.

No se trata de decir si el texto lo dieron con tiempo o sin tiempo, si el artículo lo cambiaron o no lo cambiaron, porque todos sabíamos más o menos de qué se trataba. Pero interesa saber si efectivamente cambiaron el artículo 152, que habla de asignaciones del presupuesto nacional y venta de publicidades. Y fíjense la guita que se gastó en las elecciones para comprobar cuánto dinero entró por publicidad. No se lo van a decir, porque no entró nada.

En cuanto a los que no les gusta el fútbol, pobrecitos, tenemos que pagar lo mismo. También se habla de donaciones, legados, etcétera, etcétera, una costumbre que se fue perdiendo en nuestro país.

También se habla de la venta de contenidos de producción propia. ¿Ustedes vieron las cosas que se producen? No las ven ni los parientes de los productores. El artículo sigue hablando de auspicios y patrocinios -por ahí ligamos unos pesitos-, y de recursos específicos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ahí sí creo que nos hemos sobrepasado.

Si se eliminara este artículo y con el Consejo propuesto, que tiene que continuar, creo que la norma es en principio viable, que es buena, aunque persisten cuestiones que hay que terminar de discutir.

Pero como bien dijo el señor diputado preopinante no podemos aprobarla por unanimidad. Esto es un parlamento, esto es política. Ojalá tuviéramos consenso total. Como no lo vamos a tener, respetemos las mayorías en tanto y en cuanto esas mayorías no pretendan llevarse por delante a la Constitución.

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Amenta.- Señor presidente: durante la mañana no presenté ninguna cuestión de privilegio. Eso no quiere decir que no comparta los argumentos utilizados por buena parte de los legisladores de la oposición que sí lo hicieron. Por eso no puedo empezar mis palabras sin hacer una referencia al respecto.

Lamento que una ley tan importante la estemos tratando en la forma y bajo las circunstancias en que lo estamos haciendo.

He tratado de seguir, de atender y de escuchar todas las opiniones involucradas. Pero debo decir que pese al esfuerzo no he logrado trabajar ni legislar como creo que hubiera correspondido.

No integro ninguna de las tres comisiones a las que fue girado el proyecto y en esa circunstancia el reglamento de la Cámara se constituye en el recurso o la herramienta para garantizar una buena labor parlamentaria.

Los siete días de estudio del dictamen que otorga el reglamento me resultaban imprescindibles para analizar, comparar y evaluar las variadas propuestas. Sin embargo, los distintos dictámenes que fueron firmados ayer en horas de la noche, aparentemente con un quórum dudoso, los he recibido hoy a la mañana mientras ingresaba al recinto. Esto mella y violenta mis derechos como legislador.

Lo dicho, junto con el tratamiento dispar que se le dio a esta sesión con respecto a otras solicitadas por la oposición, en cuanto al cumplimiento taxativo del plazo previsto por el artículo 25, vicia el procedimiento de esta ley. En caso de salir aprobada, lamentablemente tendrá algunos problemas de nulidad. Digo “lamentablemente” porque uno puede estar de acuerdo o no, pero no quisiera que este Congreso sancione leyes con errores que podrían haberse evitado con un poco de esfuerzo.

Como sé que la lista de oradores es abultada, solicitaré autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones, y sólo me referiré a algunos puntos del proyecto que hacen que no pueda acompañarlo. De todos modos haré algunas propuestas, porque considero que cuando uno critica u observa también debe proponer.

No comparto, como muchos legisladores, el artículo 14, que se refiere a la autoridad de aplicación. Reconozco que el proyecto original y la modificación anunciada en esta semana mejoran sustancialmente la legislación vigente. Si bien la autoridad de aplicación se ha mejorado, considero que debe estar en el marco de este Congreso y tener una constitución más federal que la que se propone aun con la última modificación efectuada.

Mi propuesta está muy cercana a uno de los dictámenes de minoría que, como relaté recién, recibí en horas de la mañana. En este sentido, comparto que la autoridad de aplicación deba estar conformada por siete miembros: cuatro senadores, dos diputados y un representante del Poder Ejecutivo; esa es la forma de dar una matriz más federal a lo que estamos estableciendo en la norma con el COMFER e incluso con las propuestas del dictamen de mayoría.

Tampoco comparto el criterio de que los integrantes del Consejo Federal duren en sus funciones dos años; un plazo de cinco se adecua más a sus tareas, permitiendo un trabajo planificado y sostenible en el tiempo.

También estoy en desacuerdo con las facultades otorgadas por el artículo 32 al Poder Ejecutivo en lo que respecta a la posibilidad de adjudicar licencias para aquellos servicios que superen los cincuenta kilómetros. El criterio debe ser igual para todos, y quien debe otorgar las licencias en todos los casos es la autoridad de aplicación en los términos y bajo la composición que he mencionado.

En cuanto a la duración de las licencias, contemplada en los artículos 39 y 40 del dictamen de mayoría, se establece que duren diez años y que son renovables sólo por un período. No estoy muy de acuerdo con esto último, porque si el prestador es eficiente, cumple con la ley y se somete a una audiencia pública, resulta arbitrario que no pueda tener más de una renovación. Creo que deberíamos velar por el cumplimiento de ese prestador, de todas las condiciones que establezca la ley y no adoptar un criterio cuantitativo o totalmente arbitrario.

Respecto del artículo 45, comparto algunas de las restricciones allí planteadas y otras no. Este es un tema que me hubiera gustado debatir un poco más y haber podido informarme adecuadamente. Por lo escuchado y observado, creo que hay restricciones que a priori resultan excesivas.

Otro punto que muchos de los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra han planteado, y yo no puedo pasar por alto, es que no estoy de acuerdo con lo establecido por el artículo 161.

Pienso que la norma es manifiestamente inconstitucional ya que afecta el derecho de propiedad al lesionar los derechos adquiridos. Me gusten o no esos derechos adquiridos, han sido incorporados bajo una legislación vigente y deben ser respetados. El no hacerlo lesiona el derecho de propiedad y constituye un argumento muy fuerte para declarar la inconstitucionalidad de la ley.

Más allá de lo grave que resulta legislar mediante una norma que puede ser cuestionada por defectos de constitucionalidad, me preocupa el antecedente que estamos dejando.

Este es un país que necesita inversión e ingreso de capitales, y estos tienen que ser destinados a rubros con los cuales la inversión se recupera a lo largo de mucho tiempo. No me imagino que sea fácil convocar a inversiones y atraer capitales cuando nosotros somos tan livianos para lesionar derechos de propiedad. Veo que somos muy poco exigentes.

Yo entiendo que el cambio de una normativa modifica el escenario, por lo que el cambio debe ser para el futuro. Muchos de nosotros alguna vez hemos pasado por un Ejecutivo o un Legislativo municipal. Piensen si se tuviera que cambiar un código de edificación. En este caso pretender una legislación retroactiva sería cómo exigir la modificación de la altura de los edificios construidos, teniendo que demoler los que excedan el límite de la nueva normativa. La verdad es que las cosas no funcionan así.

Lo mismo podría pensarse cuando cambia la radicación de una zona, que de industrial cambia a residencial. ¿Qué vamos a pedir? ¿Que las industrias tengan que mudarse? Esto no corresponde.

Independientemente de que nos gusten o no, las circunstancias de hecho que tenemos deben ser respetadas porque están amparadas por la Constitución nacional.

Son muchas más las objeciones, y también las propuestas, que tengo sobre el proyecto de ley, y es por eso que solicité la autorización para insertar un texto, pero lamentablemente por los rubros y los artículos que he mencionado no puedo acompañar el proyecto y voy a votar negativamente.

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Lenz.- Señor presidente: hoy nos proponemos saldar una deuda que tenemos con la sociedad. Desde hace más de veinticinco años se debate acerca de la necesidad de crear una ley de medios democrática, que regule la actividad audiovisual en nuestro país.

Estamos hablando de los derechos a la libertad de expresión y de información, los cuales se han convertido en los valores más importantes de cualquier sociedad democrática. Son derechos esenciales en la lucha por el respeto y promoción de todos los derechos humanos.

Sin la capacidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y exigir cambios, estamos condenados a la opresión.

Llegamos a este debate después de sortear varias argumentaciones falaces de distintos sectores. Se ha planteado la falta de legitimidad que tendría este Congreso para tratar esta iniciativa. Desconocer la legitimidad que tiene este Congreso es desconocer la voluntad popular que nos dio mandato hasta el 10 de diciembre, y vamos a cumplir, aunque no todos tengan estas prácticas democráticas.

Se ha dicho también que hemos tenido poco tiempo para el tratamiento de esta ley. Hace por lo menos veintiséis años, desde distintas organizaciones políticas, sociales y académicas, se viene proponiendo el cambio de la actual ley de radiodifusión.

Esta ley se sigue presentando en los medios como la “ley mordaza”, pero en ninguno de sus artículos ni en los fundamentos –es decir en el espíritu de la ley- se regulan contenidos. Por lo tanto, no existe el concepto de ley mordaza.

La diversidad y pluralidad de voces que esta ley manifiesta nos indica que está lejos de ser una ley mordaza.

Señor presidente: ninguno de estos argumentos son ingenuos. Seguramente muchos leímos la obra de Sartori titulada Homo videns. Por lo tanto, tenemos que entender que ninguna relación con los medios es ingenua o inocente.

Recuerdo haber tenido la suerte, hace muchos años, de ver al ex presidente de España Felipe González, quien planteaba que los desafíos de las democracias una vez salidas de las dictaduras iban a ser, sin duda, de qué manera iban a lograr compensar el enorme poder de los grandes medios de comunicación. Esto lo decía Felipe González en los años ‘80.

No podemos seguir postergando el debate por las presiones de quienes avanzaron en la concentración y el control de los medios de comunicación. ¿A qué se oponen, señor presidente, cuando la Organización de Naciones Unidas fue la que elogió el proyecto de servicios de comunicación? Y el relator de Naciones Unidas se manifestó en el mismo sentido sobre el derecho de la libertad de opinión o expresión.

Este proyecto es el resultado de los veintiún puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, luego de más de seis meses de trabajo, y de un amplio debate de los más de cuarenta foros realizados en todo el país. Esos veintiún puntos han sido el insumo para esta iniciativa plural que garantiza el acceso de todos los sectores involucrados.

Es la expresión de diversas organizaciones de la sociedad civil, de cooperativas, de sindicatos, de universidades, de estudiantes, de especialistas, de trabajadores de prensa, de periodistas, que lograron consensuar una propuesta que tuvo nuevos aportes durante las audiencias públicas desarrolladas en esta Cámara.

Señor presidente: la mayor parte de nuestra identidad cultural se nutre hoy de consumo audiovisual. Es por ello que corresponde al Congreso dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.

En esta Cámara se han presentado varios proyectos para modificar esta ley. Ha existido entonces la intención de tratar el tema. Pero ha sido voluntad de este gobierno que esto se lleve adelante.

Toda transformación social comienza con coraje y decisión política, y es este gobierno quien ha tenido el coraje y ha tomado esa decisión.

La decisión de no incluir la participación de las empresas telefónicas tomada por el Poder Ejecutivo es una demostración concreta de voluntad política para resolver las deudas pendientes de la democracia y otorgar a los argentinos una ley que elimina las posiciones dominantes para poder ejercer el pleno derecho de expresarse e informarse libremente.

A mi entender, esta norma debe ser complementada con un proyecto que regule la publicidad oficial, una ley de acceso a la información pública y una ley que genere un marco regulatorio para las empresas telefónicas, porque los avances llevan a una convergencia tecnológica inexorable.

Algunos colegas están preocupados por el clima en el que se desarrolla esta discusión sobre la democratización de los medios. Pero son legítimas las tensiones, señor presidente. En la historia de la humanidad no hubo un solo avance sin tensiones políticas y sociales.

¿Es posible eludir esas tensiones? ¿Es posible persuadir a los monopolios de que compartan sus influencias? ¿Cuál es el clima ideal para debatir intereses? Ninguno es el clima, y el tiempo es nunca; por lo menos no lo ha sido hasta ahora.

Para finalizar, quiero citar a un periodista no independiente, como Rodolfo Walsh: no independiente de la Justicia, no independiente del respeto, no independiente de la solidaridad. Decía Rodolfo Walsh: “Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.”

Tal es el espíritu de esta ley, como lo dice Rodolfo Walsh. Por eso quiero adelantar mi voto afirmativo al proyecto del Poder Ejecutivo. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Lemos.- Señor presidente: han pasado más de veinte años desde que el presidente Raúl Alfonsín enviara al Congreso el primer proyecto de sustitución de la ley de radiodifusión que fuera dictada por la dictadura militar. Luego de veintiséis años de democracia han ingresado a este Parlamento otros proyectos, además del que mandó el presidente Alfonsín, porque muchos legisladores de mi bloque y de otros bloques tuvieron siempre en mente durante todo este tiempo de democracia la necesidad de sustituir esa ley, pero no sólo porque fuera de la dictadura militar sino porque está referida a uno de los derechos más importantes, que es el de la libre expresión. Algunos de esos proyectos que se presentaron desde entonces –que demuestran que este no es el primero- fueron tratados en comisión y otros nunca fueron considerados, pero todos ellos tuvieron un común denominador: la búsqueda de amplios consensos. Esto era lo que movía a todos aquellos que pretendían que el proyecto fuera ley y de esa manera sustituir la ley de la dictadura.

Ese común denominador originó distintos ámbitos de debate, pero ninguno de esos proyectos pudo ingresar al recinto de las Cámaras del Congreso. Yo me pregunté por qué pasó eso durante veintiséis años de democracia, si había un solo objetivo y el común denominador era sustituir la ley de la dictadura militar. La conclusión fue que en todos los casos se privilegió el modo sobre el resultado. El hecho de no poder generar esos amplios consensos hizo que los distintos autores de proyectos en los diferentes gobiernos que transcurrieron en estos veintiséis años decidieran que era mejor privilegiar el consenso que imponer una ley que iba a ser difícil de llevar a la práctica, aun cuando fuera necesaria e imprescindible para el derecho de libertad de expresión que tanto valoramos.

Hoy ha cambiado la historia: ha llegado al recinto de esta Cámara un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que sin duda tiene virtudes y defectos, pero que presenta una gran diferencia con respecto a los anteriores: no se ha priorizado el consenso generalizado sino que solamente se ha logrado un consenso parcial -nosotros creemos que se trata de un consenso con aquellos sectores de la comunidad afines al gobierno de turno- y nosotros creemos que eso al gobierno le ha bastado.

Estuve analizando cuál era el cronograma desde que el proyecto entró a la Cámara de Diputados. De acuerdo con los registros, el proyecto ingresó el 27 de agosto; hasta el día de hoy, 16 de septiembre, han transcurrido veinte días corridos, pero en este tiempo sólo podemos destacar tres días hábiles de labor legislativa: el jueves 3 de septiembre, el martes 15 de septiembre hubo debate, y hoy, 16 de septiembre, estamos en el recinto. Seguramente esta noche o mañana por la madrugada se aprobará este proyecto del Poder Ejecutivo.

Como decía, no ha habido una preocupación del gobierno por generar consensos, aunque sí una enorme preocupación y una gran iniciativa e impulso por lograr el objetivo. Esta iniciativa seguramente va a ser ley, pero no una ley como nosotros deberíamos lograr. Por eso hoy se ha objetado tanto el procedimiento, la forma en que se han aplicado o desconocido los reglamentos.

No tenemos dudas de que esta ley se debe propiciar ni de que estas ideas deben generar un marco normativo que regule este tema tan importante para la democracia. Lo que no nos gusta es la forma. Una vez más no nos gusta la forma.

Creí que el récord de rapidez en el tratamiento de un tema esencial se había registrado con la nacionalización de los fondos de las AFJP, que como dije entonces fue en esta Cámara de cinco días hábiles. En este proyecto fue de tres días hábiles, y seguramente esta noche será sancionado, aunque no con nuestro voto, y sin el consenso necesario.

Mi mandato finaliza el 10 de diciembre y no puedo hacer especulaciones respecto a qué sucederá después. Sin embargo me hubiera producido una gran satisfacción que este tema esencial, que tanta gente trató de impulsar e hizo esfuerzos para que se constituyera en ley, fuera una política de Estado para el futuro, para nuestros hijos. Pero entiendo que por esta falta de consenso y este apresuramiento en su tratamiento esta norma generará una gran conflictividad de todo tipo.

Porque además este proyecto avanza sobre cuestiones que acá se han expuesto sobradamente y que se vinculan con la seguridad jurídica. En virtud del actual artículo 161, artículo 152 del proyecto original, el proyecto tendrá aplicación retroactiva. Entendemos que la conflictividad que esto ocasionará no permitirá la aplicación plena de la norma ni la consecución de los resultados que se buscan.

Como se señaló en este debate, este texto surgió de los veintiún puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, de los que hoy se ha hablado mucho. La diputada que me precedió en el uso de la palabra hizo referencia a todos los sectores de la comunidad que intervinieron en su redacción. Dio una lista muy detallada y extensa, pero en ella no figuramos los legisladores, lo cual refuerza la idea de que el debate parlamentario que debió darse en este recinto no ha sido lo suficientemente profundo, serio y extenso que se hubiera requerido.

Hay gran cantidad de aspectos que podríamos haber discutido y hasta haber compartido, pero la verdad es que medio nos atropellaron. Tal como lo expresé al plantear mi cuestión de privilegio, siento que me han atropellado con esto; y lograrán el resultado, pero me parece que no es el que se busca o por lo menos el que la sociedad espera.

Esos veintiún puntos que son la columna vertebral de este texto, paradojalmente no están contemplados. Sólo me referiré a algunos porque ha finalizado mi término.

El punto 3 dice que estará prohibida por ley la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales y prebendas. La verdad es que en el articulado no hay una sola mención al tema de la publicidad oficial.

Nosotros siempre sostuvimos que eran tres los temas que debían analizarse en conjunto: la publicidad oficial, el acceso a la información pública y la libertad de expresión, pero ello no ocurrió.

Otro punto importante dice que si unos pocos controlan la información la democracia no es posible. Lo cierto es que ahora no serán unos pocos sino sólo uno, porque en el proyecto original la autoridad de aplicación respondía en un 60 por ciento al Poder Ejecutivo y ahora ese porcentaje ascendió a 72.

Por las razones expuestas y otras que no he tenido tiempo de expresar, no puedo apoyar el proyecto de ley en consideración no por la idea sino por el procedimiento, que nos ha parecido por demás incorrecto. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Vega.- Señor presidente: aunque parezca extraño, siendo un representante de la oposición –quizá la más dura que tiene el partido gobernante, que es la de Lilita Carrió- comenzaré exponiendo mis coincidencias con este proyecto de ley.

No puedo menos que decir que coincido con los dos objetivos centrales de este texto: la democratización del mensaje comunicacional y la desmonopolización del mercado de medios en la Argentina.

Creo que ningún ciudadano honesto y medianamente pensante puede negar la validez de estos dos nobles objetivos.

Pero desgraciadamente estas coincidencias deben ser leídas a la luz de la realidad. La única realidad es la verdad, y la única verdad es la realidad, como saben los integrantes del bloque mayoritario.

La verdad en una ley la constituyen los artículos. El texto de la ley es la verdad. Tengo la obligación de medir la relación, la proporcionalidad y la coherencia que existe entre la búsqueda de esos objetivos y el texto de la ley.

Por razones prácticas me voy a detener en un solo artículo de este proyecto. No voy a hablar más que de un solo artículo para demostrar cómo con este artículo se dinamitan los nobles objetivos de democratización del mensaje comunicacional y de desmonopolización del mercado de medios. Me refiero al inciso c) del artículo 25 del proyecto de ley.

¿Qué se dice en ese inciso? Les notifico a los señores diputados del bloque oficialista y al pueblo argentino que con este artículo, tal como está redactado -desde ya acepto interrupciones de los doctores Cigogna y Recalde, que son excelentes juristas, y me pueden corregir si me equivoco-, se dinamita el objetivo de democratización, por la sencilla razón de que permite a los capitales extranjeros comprar la totalidad de los medios de comunicación en la Argentina. Ni la supresión de las telefónicas ni el agregado que se efectuó al final del inciso c) del artículo 25 significan una solución técnica a este riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos los argentinos -solicito la correspondiente inserción en el Diario de Sesiones- sesenta tratados de promoción y protección de las inversiones extranjeras. Son sesenta tratados llamados de reciprocidad, que fueron firmados con sesenta países. Le quiero recordar fundamentalmente al bloque oficialista que estos tratados fueron matrizados en el Banco Mundial.

Por esos tratados los argentinos fuimos terriblemente generosos con las inversiones extranjeras.

De acuerdo al inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional –corríjanme mis amigos juristas del partido oficialista, si es que me equivoco- estos tratados tienen valor supralegal. Si bien el valor es infraconstitucional, tienen valor supralegal.

Eso quiere decir que los tratados van a estar por encima de la ley de medios. Son los que van a permitir a las empresas extranjeras como Telecom y Telefónica comprar cualquier radio o televisión al día siguiente de la sanción de esta ley. Podrán comprar en posiciones de mercado dominante, como dice la misma norma.

¿Qué dice el proyecto? Que el máximo permitido para las sociedades extranjeras es el 30 por ciento del capital con derecho a voto. Pero luego sostiene que ese tope no existe cuando tengan vigencia estos tratados. Es decir que esas sociedades, por estos tratados que tienen valor superior a la ley que se va a sancionar, van a poder tener el ciento por ciento del capital accionario de todas las radios y televisoras del país.

¿Qué se debe hacer? No me voy a quedar en la crítica, señor presidente, porque yo no hago ni ideologismo ni oposicionismo. Quiero a mi país y quiero lo mejor para él.

Ya advertí en la reunión plenaria de las comisiones que todas las correcciones que se hicieron técnicamente no sirven de nada. Esta extranjerización nos va a llevar a una monopolización, a una desculturización y a que cualquier litigio entre los capitales extranjeros invertidos, los medios y el Estado no sea solucionado por los jueces argentinos sino por el CIADI. ¿Tamaño riesgo vamos a correr?

Ante esta situación propongo que el partido oficialista revise el texto del proyecto. No nos queda otra alternativa que incluir un artículo que diga que los TICs no son aplicables a los fines de esta ley. Podrán preguntarme con qué fundamentos o si estamos violando tratados internacionales. De ninguna manera, señor presidente. Es la vía jurídica menos riesgosa, por tres razones. En primer lugar, el artículo 29 de la Constitución Nacional prohíbe al Congreso delegar facultades que otorguen sumisiones o supremacías a Estados extranjeros, como lo estamos haciendo en el área comunicacional.

En segundo término, el artículo 75, inciso 22, establece que por encima de los Tics está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en ella está el artículo 13, que es el que realmente esta norma quiere proteger.

El tercer argumento jurídico es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que establece en su artículo 27 el principio de buena fe en la interpretación de los mismos.

Creo que ésta es la mejor técnica legislativa para evitar este horror que va a significar la extranjerización, la monopolización, la delegación de facultades en el CIADI, y finalmente la desculturización.

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Piumato.- Señor presidente: quiero expresar en esta Cámara de Diputados de la Nación el inmenso orgullo que me cabe por estar tratando este proyecto de ley que intenta recuperar para los argentinos uno de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la libertad de expresión. Y me refiero a la libertad de expresión no solamente como emisor sino también como receptor.

La libertad de expresión está absolutamente cercenada porque está regida por una ley de una dictadura militar, que está en las antípodas de cualquier consideración de libertad.

No me voy a referir a las actitudes que han tenido algunos partidos de la oposición, que mientras aquí hablaban de calidad institucional, desde que se comenzó a considerar este proyecto y ante todos los medios de comunicación manifestaron no su voluntad de debatir sino la de oponerse a que en la Argentina acabemos con el decreto ley sancionado por la dictadura militar.

Quiero referirme fundamentalmente a la alegría de haber compartido el tratamiento y el proceso previo de una participación popular, que espero que sea tomada como ejemplo para las futuras iniciativas de trascendencia que deba considerar el Congreso.

No sé si en la historia del Parlamento argentino, pero seguro desde la vuelta de la democracia, no ha habido un proyecto que haya tenido un proceso de participación popular tan importante como este. No hablamos de los 25 años ni de los intentos infructuosos de perforar la ley de la dictadura, sino de la última etapa, donde a lo largo y a lo ancho del país, el pueblo, en sus distintas expresiones, participó y aportó elementos para contar con un proyecto que fuera lo más abarcativo de la realidad, las expectativas y –por qué no decirlo- los sueños de la mayoría de los argentinos.

En las audiencias públicas, desgraciadamente, no tuvimos la compañía de quienes las reclamaban con más ahínco, que fueron los diputados de buena parte de la oposición. Cuando las recorríamos, encontrábamos que casi todas las voces eran favorables a la sanción de la iniciativa y hacían aportes de importancia, salvo los sectores que representaban a los intereses concentrados, que fueron socios de la dictadura militar y de la ley que ella sancionó, colaborando también con su implementación futura. Hablamos de ATA, ARPA y ADEPA. (Aplausos.)

Los hemos escuchado defender negocios en lugar de los derechos de los ciudadanos. Hoy sorpresivamente nos encontramos con una solicitada en los diarios, que comienza diciendo que la ley de medios sigue siendo una amenaza para la libertad de expresión.

Ingenuamente pensé primero que se trataba de la ley de medios de la dictadura y razoné que estaban haciendo una autocrítica. Después me di cuenta que criticaban a este nuevo proyecto de medios.

¿Con qué nos encontramos al estudiar las páginas negras de la Argentina? Precisamente, fueron ATA y ARPA, como socias de la dictadura, las que formaron parte del COMFER, junto a los comandantes de las Fuerzas Armadas y a los representantes de la SIDE. (Aplausos.)

Con una particular concepción de la libertad, el 16 de septiembre de 1955 esos sectores se arrogaban la palabra libertad, cuando derrocaban a un gobierno constitucional legítimamente votado por el pueblo argentino. (Aplausos.)

Dejo a disposición de los señores diputados todas las resoluciones del COMFER, firmadas por los representantes de ATA y ARPA, que eran José Trigo y Rafael Peñaloza, quienes nos decían qué podíamos escuchar los argentinos. No sólo prohibían a quienes sostenían los derechos humanos y la libertad, sino también a Sandro y todos los cantantes populares. Por eso, no son estos sectores los que le pueden enseñar al pueblo argentino el concepto de libertad.

Aquí también se habló mucho de inconstitucionalidades y de violación de tratados internacionales. Esta solicitada reproduce el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que como todas las normas tiene su interpretación. Justamente, este artículo fue interpretado por el principio doce del Comité de Libertad de Expresión de la OEA, que expresa que el sentido es el siguiente: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas, por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.

“Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.”

En idéntico sentido se expidió la Relatoría del Comité de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, que en la persona de Frank La Rue señaló que este proyecto de ley era un ejemplo para el mundo y un ejemplo de respeto a las convenciones internacionales de derechos humanos y al derecho humano a la libertad de expresión de los pueblos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- la Presidencia solicita al señor diputado que redondee su exposición.

Sr. Piumato.- Ya finalizo, señor presidente.

Como peronistas y como trabajadores que desde 1955 hemos sufrido el atropello no sólo a la libertad de expresión sino a todos los derechos humanos –tuvimos que pagar con la muerte de miles de nuestros compatriotas, con cárcel, tortura y represión-, hoy decimos que al terminar con una ley de la dictadura y avanzar hacia el respeto irrestricto de los derechos humanos de todos los argentinos estamos dando un paso histórico como Congreso de la Nación. (Aplausos.)

- Aplausos en las galerías.

Sr. Piumato.- Tendría mucho más que agregar. Sólo quiero transmitirles la emoción y el orgullo que siento como trabajador, como argentino y como peronista de poder votar una ley que va a democratizar los medios de comunicación en la Argentina. (Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Vargas Aignasse.- Señor presidente: antes de abordar el tema que hoy nos convoca creo importante aclarar algunas cuestiones reglamentarias y constitucionales que han provocado que un importante sector de la oposición se esté retirando en este momento del recinto.

En ese sentido, cabe señalar que el artículo 26 del reglamento interno de la Honorable Cámara señala con absoluta claridad que a partir la hora de convocatoria “es obligación de los diputados que hubiesen concurrido esperar media hora después de la designada para la sesión”. Es decir que nos obliga a permanecer media hora, pero de ninguna manera indica que la sesión debe darse por fracasada o que puede verse interferida por alguna cuestión de interpretación del reglamento. Es bueno que esto se sepa, porque de ninguna manera se ha violado el reglamento, todo lo contrario. El artículo 64 de la Constitución Nacional dispone como único requisito para sesionar, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, que tenga mayoría absoluta, es decir, en nuestro caso, 129 presentes, que es lo que se ha logrado.

El espíritu de la Constitución es que el Parlamento sesione, debata, discuta y apruebe leyes. No podemos subordinar lo que dispone la Constitución Nacional a cuestiones reglamentarias que ni siquiera están en el reglamento.

Quiero recordar que la oposición pidió una sesión especial el 29 de octubre del año pasado, solicitada por el señor diputado Adrián Pérez para tratar la modificación de los derechos de importación y exportación. Dicha sesión tuvo una espera de 48 minutos y después de esos 48 minutos, no habiendo quórum, el presidente Fellner declaró que la sesión había fracasado. Es decir que el espíritu de la Presidencia ha sido siempre de sesionar, tratando de que ante una solicitud de sesión pueda haber quórum.

Lo mismo ocurrió en marzo de este año con una sesión especial pedida por el diputado Pedro Juan Morini. La sesión fue pedida para las 10 horas del 19 de marzo, para la creación de una comisión bicameral para el análisis de las alícuotas de los derechos de importación y de exportación. En ese momento la presidenta, la señora diputada Vaca Narvaja, dio 59 minutos para que quienes habían pedido la sesión pudieran obtener el quórum. La espera de 59 minutos demuestra el espíritu de la Presidencia, que es el espíritu que tiene el reglamento, que es de cumplir la Constitución: en el momento en que haya 129 voluntades sentadas en las bancas se podrá empezar a sesionar. (Aplausos.)

Espero que con estas palabras quede zanjada la discusión y por si fuera poco en el orden del día hay cinco dictámenes, uno de mayoría y cuatro de minoría, es decir, que hay cuatro sectores de la oposición que han leído el proyecto y que en la reunión de comisión firmaron un dictamen, que hoy debería ser debatido.

No entiendo por qué se retiran aduciendo fallas reglamentarias que no existen. La actitud de la oposición es triste, porque si traspolamos esta cuestión al derecho privado, no puede haber nulidad por la nulidad misma. Cuando hay una nulidad tiene que haber un agravio. Me pregunto cuál es el agravio de una espera de quince minutos, cuando lo que tenemos que hacer y lo que espera la gente es que debatamos en este Parlamento.

Imagínense si este Congreso tuviera que declarar la guerra y le dijera a la gente: señores, cayó la sesión porque algunos legisladores llegaron quince minutos tarde.

O bien, el tratamiento del presupuesto: no hubo presupuesto porque algunos legisladores no llegaron y haciendo la interpretación restrictiva del reglamento no hubo quórum. O la asunción de un presidente, o temas que realmente son importantes como terminar con el monopolio en los medios de comunicación.

Entonces, francamente esta es una posición que no entendemos o bien la entendemos simplemente porque hay un sector del Parlamento que quiere conservar y hay otro sector que quiere transformar. Nosotros estamos dispuestos a transformar en el día de hoy.

Quiero decir que a lo largo de todo este proceso se han dicho muchísimas cosas sobre este proyecto. En primer lugar, que no se había debatido o que no se lo conocía. Quiero que sepan los argentinos que están viendo este debate que este proyecto ha tenido una génesis y una concepción a partir de la cual se han hecho veinticuatro foros en dieciocho provincias de la Repúlbica Argentina.

En mi provincia, Tucumán –puedo hablar por experiencia propia- el 14 de mayo se realizó el foro en la ciudad de Tucumán con la participación de las cuatro universidades: Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad de San Pablo T y Universidad Tecnológica Nacional.

Sr. Presidente (Fellner).- Señor diputado: le están pidiendo una interrupción.

Sr. Vargas Aignasse.- No voy a conceder interrupciones.

Además, los tres gremios vinculados al sector, más de quinientos estudiantes y público. Hubo sesenta ponencias, también hubo sectores políticos y quiero destacar que fue invitado el extinto señor diputado y querido amigo José Ignacio García Hamilton, quien por una cuestión de salud no pudo asistir pero envió una nota dirigida al secretario de Prensa y Difusión de la provincia, el doctor Enrique Ignacio Golobisky, y a los dos días su hijo, Bernabé García Hamilton, se comunicó telefónicamente para agradecer en nombre de su padre por la invitación y felicitar por el debate y haber nutrido este proyecto de miradas diferentes y aportes sustantivos. Digo esto porque en la reunión de las comisiones del día de ayer una diputada por la provincia de Córdoba descalificó tremendamente este proceso que se hizo en todo el país señalando que había sido una puesta en escena. Por lo menos, en mi provincia no ha sido así.

Tenemos muy poco tiempo para hablar de este tema, pero este proyecto ha sufrido modificaciones que tienen que ver con los consensos que se están buscando en este Parlamento, en donde la presidenta haciendo caso al mandato popular –como muchos dicen- de las últimas elecciones ha modificado parte de los artículos de esta ley, por ejemplo, en lo que respecta a la autoridad de aplicación y el no acceso de las telefónicas a este nuevo esquema de medios en la República Argentina.

Este proyecto se ha nutrido de muchísimas miradas de distintos sectores de este Parlamento que lo han enriquecido tremendamente.

Sr. Presidente (Fellner).- Por favor, redondee su exposición, señor diputado.

Sr. Vargas Aignasse.- Por último quiero decir que he leído un libro que considero muy importante. Se llama El cerrojo a la libertad de prensa, y no ha sido escrito por un peronista ni por alguien que tenga una posición ideológica como la nuestra sino por un periodista. Habla de cómo se han ido concentrando los medios en la República Argentina desde la dictadura hasta ahora, y demuestra palmariamente que la posición del Frente para la Victoria y algunos legisladores que están acompañando esta iniciativa no es ideológica sino lógica.

En este libro el fallecido periodista Julio Ramos, que seguramente nada tiene que ver con nuestra ideología –estoy hablando del fundador y director de “Ámbito Financiero”- termina diciendo que la solución para este problema es una nueva ley de radiodifusión en la que no haya una posición dominante y tampoco existan los monopolios; no hay otra solución, y daba como ejemplo lo acontecido en Europa, donde después de muchísimos años de esfuerzo se está logrando que no haya posiciones dominantes en el mercado.

Sr. Presidente (Fellner).- Señor diputado: se ha acabado su tiempo.

Sr. Vargas Aignasse.- Finalmente quiero decir, y con esto termino, que escuché a alguna diputada señalar que la ley 22.285 es una ley más de la dictadura, como la ley de procedimientos administrativos, la 17.711 o la ley de Aduanas. En realidad, no es así; esta ley contiene el germen más espurio de la doctrina de la seguridad nacional.

Quiero que se acuerden durante la dictadura cómo las Madres de Plaza de Mayo tenían que buscar medios en el extranjero. A veces hay en el canal Encuentro películas que recuerdan a las Madres que decían a los medios extranjeros: “Escúchennos, porque en la Argentina no hay medios donde podamos hacernos escuchar”. Esa es la ley firmada por el puño de Videla que hoy estamos por derogar. (Aplausos.) Ha servido para que algunos medios de comunicación empiecen a formar sus posiciones dominantes y que los dictadores tuvieran muchos años de impunidad mediática hasta el advenimiento de la democracia.

Quiero leer sólo dos renglones que son muy importantes, porque la norma va a ir al Senado de la Nación, y espero que allí recuerden este tema cuando tengan que votarla. Siempre digo que la memoria vívida de quienes gobiernan...

Sr. Presidente (Fellner).- Sugiero al señor diputado que inserte la lectura que pensaba efectuar.

Sr. Vargas Aignasse.- Le pido sólo un minuto, señor presidente, porque se trata de un reportaje que no tiene desperdicios a un ex presidente de la Nación que ahora es senador nacional y que deberá votar esta iniciativa.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Fellner).- Discúlpeme, señor diputado; si no, no vamos a respetar nada y hay cincuenta oradores anotados para hacer uso de la palabra. Si le parece se va a hacer la inserción de esa parte.

Sr. Vargas Aignasse.- Está bien, señor presidente. Solicito que se inserte esa parte.(Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Cusinato.- Señor presidente: voy a ser lo más sintético posible. Realmente no queremos caer en la falacia de quienes plantean “la ley de la dictadura o la ley de la democracia”, como tampoco queremos caer en la falacia de quienes están con una ley K –según se la titula en algunos medios- o los que estamos con la ley “clarinista”.

Tenemos antecedentes de distintos proyectos presentados por este bloque a lo largo de veintiséis años de democracia, en los que hemos fijado posición sobre lo que demanda el bloque oficialista, que es luchar contra los monopolios. Lo que está escrito en cada uno de los proyectos del radicalismo avanza en ese sentido.

Por eso tenemos la autoridad moral para venir acá a este debate a marcar nuestra posición. Nuestra posición avanza en el sentido contrario a la intencionalidad manifiesta del kirchnerismo, que ha ido de izquierda a derecha en esta discusión.

Porque recordemos –hoy lo decían algunos diputados- que fueron los que permitieron la fusión, los diez años de ampliación de las licencias, hasta que vino el problema del campo y no supieron entender que el momento que se vivió, esa pueblada que hizo la sociedad rural, la sociedad de los pequeños y medianos productores, se debió a un reclamo justo.

No soportaron este tipo de puebladas y que los medios lo transmitieran, y a partir de ahí cambiaron absolutamente la posición. A partir de ahí consideraron que el problema que está viviendo la sociedad argentina no es real sino que es inventado por los medios de prensa. Esa es la matriz de pensamiento que tiene el kirchnerismo, y a eso nos oponemos.

Este proyecto de ley dio lugar a la creación de muchos foros a los que la mayoría fue a hablar y peticionar por una buena ley, pero en ningún momento en esos foros se pidió que las telefónicas tuvieran injerencia en materia de radiodifusión. Ninguno de los que participó solicitó que hubiera una revisión cada dos años, modificaciones que han tenido que hacer para lograr la voluntad de algunos partidos de oposición, pero la matriz ideológica sigue siendo la misma.

La intencionalidad de esta ley en tratamiento apunta fundamentalmente a apretar a los medios de prensa, a callar al periodismo independiente. Esta es la verdadera intencionalidad. Lamentablemente algunos han creído en las buenas intenciones de esos foros. Si esto hubiera sido así, se habría sacado una ley fundamental para la democracia, una ley de consenso donde los organismos de control, la autoridad de aplicación fuera absolutamente independiente del gobierno, porque lo que estamos votando no es para este gobierno sino para todos.

Veremos las consecuencias lamentablemente a corto plazo, porque en un año se va a producir el desguace de muchos multimedios y esto acarreará desocupación. Muchos amigos del poder, grupos económicos van a intentar apoderarse de esos medios que saldrán a un valor vil por lo que genera este proyecto de ley.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.

Sr. Cusinato.- Por eso no nos engañemos, ha habido modificaciones, sacaron a las telefónicas del proceso de radiodifusión, modificaron la intencionalidad de revisar las licencias cada dos años, como amenaza a los medios de prensa, pero la matriz ideológica del kirchnerismo sigue siendo exactamente la misma: van por la prensa, por la libertad de expresión.

- Manifestaciones en las galerías.

Sr. Cusinato.- Esa es la verdadera intencionalidad, que tiene que estar clara, más allá de los abucheos. Pronto ustedes verán las consecuencias en el país, y qué es lo que pasa dentro de uno o dos años con los periodistas independientes. Anteriormente se mencionó a Rodolfo Walsh, y seguramente los periodistas críticos e independientes van a tener que utilizar la metodología que esta señora diputada puso en boca de Walsh. Ese es el destino del periodismo independiente si esta ley continúa en el tiempo.

- Manifestaciones en las galerías.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La Presidencia solicita al público presente que respete a los oradores, ya que en esta sesión estamos discutiendo con respeto.

Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.

Sra. Córdoba.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero decir…

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Señora diputada: el señor diputado Perié le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Córdoba.- Sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Perié.- Perdone mi ignorancia, señora presidenta, pero hay cosas que no puedo dejar pasar. Aquí se habló de la pueblada de la Sociedad Rural. La Sociedad Rural no hace puebladas. ¡La Sociedad Rural hace golpes militares y mata a compañeros! (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Tucumán.

Sra. Córdoba.- Señora presidenta: la verdad es que hoy vengo con muchísima alegría porque siento que somos parte de una reivindicación histórica. Esta discusión no empezó en el Parlamento argentino hace una semana sino hace veintinueve años; hoy simplemente venimos a ratificar el espíritu de la lucha de mucha gente que tuvo el anhelo antes que nosotros de que se modifique esta legislación de la dictadura.

Quiero reivindicar el proceso de discusión de este proyecto de ley. Tal como se ha manifestado, esta iniciativa ha sido debatida con la gente, frente a frente, en la numerosa cantidad de foros que se han llevado a cabo en el interior de las provincias y en la Capital, en los que ha participado una enorme cantidad de actores sociales, universidades, organizaciones no gubernamentales, trabajadores, la militancia política de diferentes partidos, etcétera. De modo que se trata de una iniciativa que ha sido suficientemente debatida y que ha llegado a este Congreso con un gran esfuerzo.

También quiero reivindicar la participación en la iniciativa de la Coalición, que pautó los veintiún puntos para una radiodifusión de la democracia.

Asimismo, quiero dejar en claro qué es lo que venimos a proteger con la sanción de esta norma. Acá se ha hablado mucho de la seguridad jurídica de las empresas y de la parte del negocio, pero no se ha hablado tanto de que hoy venimos a concretar la protección de un derecho fundamental, como es el derecho de todos los argentinos a participar del proceso de la comunicación social, en sus dos vertientes: la del derecho a la información y la del derecho a la libertad de expresión, entendiendo a la comunicación social no como una mera transmisión de mensajes sino como ese proceso humano a través del cual se forman identidades, se transmite cultura.

Quiero señalar que no es casual que sea el gobierno de nuestra presidenta el que envía al Congreso esta iniciativa para modificar una ley de la dictadura, porque la herramienta que hoy vamos a modificar es una ley que acompañaba un proceso político de concentración de la riqueza y del poder político y económico en pocas manos, y la opresión de las grandes masas y la mordaza de los que pensaban diferente.

Ese proceso político que produjo el deterioro económico y social de la Argentina durante más de treinta años necesitaba una estructura de poder mediático que le fuera fiel. Por eso en la Argentina hay un monopolio de la comunicación, donde cuatro pícaros son los dueños de la palabra, de la imagen y de los sonidos que son un lugar común en la cabeza de los argentinos. (Aplausos.)

El resultado de la utilización eficaz de esa herramienta para cooptar la conciencia de los argentinos es que cuatro empresas de multimedios son las que manejan el 83 por ciento de la elaboración y distribución de contenidos de lo que ven todos los argentinos en cada uno de sus hogares en todo el país. El resultado de la utilización eficaz de esa herramienta es que el 61 por ciento de los contenidos que nosotros tenemos que ver en los canales de provincia se producen en Buenos Aires.

Por eso hoy estoy feliz de que vengamos a brindar a los argentinos una herramienta de la democracia que pertenece a otro proyecto político, a otro proyecto político de la historia que se inicia en el año 2003, cuando empezamos a hablar de un proyecto político de crecimiento económico, de redistribución del ingreso, de reivindicación de la soberanía política, de inclusión social y de terminar con la impunidad.

Es por eso que hoy me siento feliz de poder acompañar este proyecto, porque quiero que haya otros actores que tengan a su cargo la provisión de servicios audiovisuales. Quiero que se termine el monopolio de estar todo el día bombardeando la conciencia de los argentinos con imágenes y sonidos exclusivos. Bastan algunos ejemplos: ¿quién no se acuerda del diferente tratamiento que se ha dado en momentos recientes de la Argentina a la expresión de unos y otros argentinos según su condición social o económica? Cuando se instalaban piquetes de las organizaciones sociales, a lo mejor cortando una calle para reclamar por una necesidad colectiva, los canales de televisión los caracterizaba poco más que como delincuentes. Cuando los agroexportadores tomaron un banco porque no querían pagar los intereses que habían comprometido con su propia firma, eran los “héroes de la patria”, “los pobres chacareros que reclamaban en el banco”. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Me preocupa que no se entienda que cuando esta ley exige que los canales de televisión o las radios que emiten en nuestras provincias tengan, por ejemplo, un 60 por ciento de producción de contenido local o propia, estamos diciendo que queremos más trabajo para todos aquellos que participan en el proceso de los servicios de comunicación audiovisual, cosa que no se ha dicho esta noche.

No es cierto que cuando esta ley entre en vigencia se van a perder puestos de trabajo: al contrario, van a aumentar. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

También quiero decir que los provincianos necesitamos canales de televisión y radios, imágenes y sonidos que tengan que ver con nuestra idiosincrasia. Por eso queremos otros actores dentro de lo que es el mercado de los servicios audiovisuales, porque a mí me ofende que hace una semana nos hayan puesto un título en uno de los informativos de los multimedios que seguramente más se ven. Era un título que nada tenía que ver con la realidad que vivo todos los días, un título que además ofende a la intelectualidad de los argentinos y que nos subestima. El título decía “La caca de perro es un problema de los argentinos”. Si quieren que nos informemos, sigan poniendo esos títulos en los multimedios para que no pensemos en las cosas importantes en las que los argentinos debemos pensar. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sé que se me está agotando el tiempo, pero no quiero dejar de decir muy brevemente dos cosas. Aquí la oposición ha dicho durante toda la tarde, en toda la semana y por todos los canales de televisión que no hubo tiempo de debatir y que no generamos consenso, pero sí lo hicimos. Tanto en este caso como cuando se debatió la resolución 125 las fuerzas políticas con representación parlamentaria hemos acordado el proyecto que llevaríamos adelante. Para mí es una gran satisfacción que esta norma no sólo tenga el apoyo del Frente para la Victoria sino también el de otros bloques que en diferentes oportunidades compartieron nuestra posición y ahora acompañan la iniciativa porque comparten su espíritu filosófico.

Nosotros construimos consensos. No es verdad que cuando tenemos la aprobación de la derecha se llama “consenso”, pero se llama “imposición” cuando las minorías quieren llevarse por delante a las mayorías. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Aquí se trató de que este proyecto de ley no se considerara antes del 10 de diciembre. Les quiero decir que pueden quedarse tranquilos, porque después de esa fecha seguiremos sosteniendo la misma posición. Además, tendremos algunos legisladores de lujo que nos fortalecerán con su presencia en este recinto, como es nuestro ex presidente, al que seguimos reivindicando.

- Aplausos y manifestaciones en las galerías.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Bisutti.- Señora presidenta: como me corresponde ser la primera de mi bloque que hace uso de la palabra, quiero adelantar que así como la bancada del Sí acompañó este debate, también votará por la afirmativa el proyecto de ley en consideración.

- Aplausos y manifestaciones en las galerías.

Sra. Bisutti.- Cuando junto con unas diputadas salí por un rato a la calle, nos encontramos con la ex diputada nacional muy querida por nosotros, la compañera Irma Parentella. (Aplausos.) Durante varios años ella fue miembro de la Comisión de Comunicaciones y trabajó en la modificación de la ley de radiodifusión. Al vernos nos abrazó y nos expresó el orgullo que sentía por saber que se estaba tratando este proyecto de ley. Nos dijo que ayer había escuchado la exposición del diputado Raimundi, que se sentía muy identificada con las posturas que viene sosteniendo el Sí y que le habría gustado estar en el recinto para participar del debate con el objeto de aprobar este proyecto. Además nos dijo que le habría gustado que hubiese estado con nosotros el ex diputado nacional Alfredo Bravo. (Aplausos.)

Este es un debate realmente interesante, importante, fundamental, y tenemos que poner énfasis en el contexto en el que se vino desarrollando a nivel nacional. Tenemos un gobierno que viene de perder elecciones, debilitado y con poca credibilidad, y una oposición que habiendo obtenido determinada cantidad de votos en las últimas elecciones, cree que los tendrá de por vida. Así entabla una oposición por la oposición misma y no tiene la grandeza de participar en este debate.

Nos sentimos mal al ver que ellos se han retirado y plantean que no participan de este debate porque en realidad no hubo discusión. Lo cierto es que permanentemente privilegiaron el contexto y sostuvieron que éste no era el ámbito propicio.

Como diputada me siento agredida por lo que estuvieron planteando los medios, y por supuesto los medios monopólicos recogían sus dichos y repetían que esta Cámara carecía de legitimidad para votar este proyecto de ley.

- Aplausos y manifestaciones en las galerías.

Sra. Bisutti.- Señora presidenta: quiero decir que, como muchos de los diputados presentes, me siento con legítima autoridad para votar todos los proyectos de ley que votamos desde el 29 de junio a la fecha y todos los que votaremos desde hoy hasta el 9 de diciembre, cuando culmina nuestro mandato.

- Aplausos y manifestaciones en las galerías.

Sra. Bisutti.- Por supuesto tampoco compartimos la metodología utilizada por el bloque oficialista. No nos hubiera gustado que el tiempo de este trámite fuera más largo porque con claridad nosotros planteábamos la necesidad de un debate y la sanción de este proyecto de ley en forma rápida pero no urgente. Entonces quizá un día más nos hubiera ayudado a quitar elementos a esta oposición por la oposición para que esta ley se sancionara con la presencia de todos. De todas formas cada diputado se hará cargo de haber estado presente o ausente en este debate y del voto emitido.

En el debate también planteaban críticas al oficialismo por la metodología utilizada. Ahora ellos también decidieron una metodología que creo que nos avergüenza. Todos pidieron la palabra para expresar las mismas cuestiones de privilegio.

En esas cuestiones de privilegio algunos diputados de la oposición llegaron a decir que los diputados íbamos a votar sin conocer el contenido del proyecto de ley. Entonces me siento doblemente agredida no solamente porque me quisieron ilegitimar por estar en este Parlamento, sino por querer decir que yo no conozco lo que voy a votar.

Nuestro bloque participó en el debate e hizo propuestas de modificación. Algunas fueron tomadas y otras no. Por eso las volveremos a plantear en la discusión en particular. Contamos con el tiempo suficiente, y cuando nos corrieron lo entendimos, porque había una prioridad: aprobar este proyecto de ley porque estamos convencidos de su contenido general. Por eso estamos acá y por eso me siento doblemente agredida por los diputados de esta oposición que han dicho que no sabemos lo que vamos a votar. No es así, sino todo lo contrario.

Vamos a votar porque sabemos que estamos votando una ley que va a modificar una normativa de la dictadura, con el objeto de democratizar la comunicación social en la Argentina.

La comunicación es un bien social igual que la educación, por la que siempre peleamos. Lo hemos hecho en forma permanente y férrea para que se democratice, se socialice y se establezca la distribución del conocimiento.

Con esta normativa vamos a colocar como bien social a la comunicación, estableciendo normativas que van a permitir la distribución social y democrática de los contenidos que establecen los medios de comunicación.

Esa distribución social de los contenidos solo la puede garantizar el Estado; nunca la van a garantizar los monopolios. Por eso es importante el rol que va a tener el Estado en el marco de esta ley, para que la comunicación deje de estar en pocas manos y fluya en el conjunto de las sociedades, de la civilidad y de los distintos grupos, pero no de los grupos monopólicos y cerrados. Estamos ante una normativa que habla del derecho a la información y de la libertad de expresión. Pero algunos confunden la libertad de expresión y la libertad de prensa con la libertad de empresa. Por eso es necesaria esta ley, para que quede en claro el rol social de la comunicación en nuestro país.

Cuando se comenzó a conocer este anteproyecto

–hace muchos meses, porque no es una iniciativa que haya llegado de sopetón- uno de los temas que planteamos desde mi bloque, por formar parte yo de la Comisión de Deportes, era el tema de la televisación abierta de los espectáculos deportivos, fundamentalmente el fútbol.

Pero debo aclarar que si este proyecto de ley ya hubiera sido aprobado, nos hubiéramos encontrado con un capítulo que marca claramente cuáles son los derechos de acceso a los contenidos de interés relevante. Se dice que los eventos de interés general deberán ser televisados por el hecho de despertar la atención general de la población.

Yo creo que la atención de la gente estaba puesta, entre el domingo y el lunes, en el Gran Abierto de Estados Unidos, donde Juan Martín Del Potro nos dio la gran satisfacción de ganar una copa. Sin embargo, no lo pudimos ver por la televisión abierta. Por eso es mucho más importante que esta ley sea aprobada rápidamente para lograr que los espectáculos deportivos, sociales y culturales, puedan llegar socialmente distribuidos al conjunto de la población. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Solanas.- Señora presidenta: hoy, cuando venía al recinto, coincidía con el diputado Dovena en que hay días en que los militantes políticos y sociales nos sentimos protagonistas de la historia. Esta es una de esas noches. Hoy hemos venido a cerrar 26 años de discusiones, 26 años durante los cuales se ha estado en mora con la democracia argentina.

Durante este año un grupo de diputados hemos trabajado mucho desde que nos visitó el titular del COMFER y trazó la labor para el corriente año. También estuvo presente la voluntad de la presidenta de la Nación. Pero hay otras personas que han trabajado durante mucho más tiempo. Me refiero, por ejemplo, a quienes elaboraron los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Otros diputados, como Osvaldo Nemirovsci, que está a mi izquierda, también han trabajado arduamente en este tema. (Aplausos).

En los foros de participación estuvieron presentes las universidades, los sindicatos, las cooperativas, los trabajadores de prensa y los titulares de los medios de prensa. Sin embargo, nunca salió publicado en los grandes medios de Buenos Aires lo que estaba sucediendo en cada lugar del país. Por eso pareciera que la tarea no se hizo. Incluso las audiencias públicas fueron muy importantes. A mí me llenó de emoción que todos los argentinos que participaron la semana pasada dispusieran de diez minutos para exponer. Todos éramos iguales, y tal vez a algunos les molesta esa democracia, donde el constitucionalista más encumbrado tiene el mismo tiempo, la misma posibilidad y el mismo derecho que un argentino que viene de la Puna, de la Patagonia, o que tiene capacidades especiales, es ciego o hipoacúsico. Esa era la otra Argentina que se expresó.

¿Cómo es posible que no se valore que tanto las personas con capacidades especiales, los que provenimos del interior, los músicos, los actores, la gente del cine, los intelectuales, etcétera, sentimos que este proyecto es positivo y produce un hecho de calidad institucional en nuestro país?

Además, hay que tener en cuenta que este es un proyecto consensuado. Se había dicho que tenía que ser una iniciativa de unidad nacional, y así se está expresando, con una autoridad de aplicación que representa a las minorías del Congreso, y es un ente autárquico y descentralizado. También hay un comité federal en el que se ven expresados los sindicatos, las universidades, las cooperativas y los trabajadores. Asimismo, el defensor del público es una pieza fundamental que se establece en este proyecto como mecanismo institucional y que va a depender del Congreso.

Por otra parte, de ninguna manera se afecta la posibilidad de desarrollo de las pymes en materia de radio, de televisión o de cable.

Cabe resaltar también que la presidenta de la Nación tomó una decisión clave al eliminar a las telefónicas la posibilidad de participar en la televisión por cable.

Se reescribieron artículos y se demostró que era mentira aquello que se decía de que cada dos años caducaban las licencias. Se estableció una serie de mecanismos de participación que hicieron que la iniciativa fuera más participativa y más plural.

Por lo tanto, se ha trabajado mucho, tal como queda demostrado en el orden del día de la sesión de hoy, ya que hay cinco dictámenes de comisión: uno es el nuestro, y los cuatro restantes, de la oposición.

Llama la atención que se hable aquí de seguridad jurídica. Se trata de los mismos que quizás jamás pensaron en la seguridad jurídica del Estado; me refiero al grupo económico al que pertenece quien hablaba antes y que ahora ya no pertenece a la Cámara. En 1982 el gobierno militar decidió estatizar las deudas privadas del grupo Macri, las que todavía el pueblo argentino está pagando.

Se pregunta por qué no se trató este proyecto en los últimos seis años. Había otras prioridades después del desplome del año 2001. ¿Qué seguridad jurídica tuvieron las víctimas de diciembre de 2001, los empresarios y los ahorristas? Quienes en ese momento eran responsables políticos no tuvieron ni la valentía ni el coraje de llevar adelante los destinos del país.

Esta es una noche muy importante, y el destino ha querido que sea así. Hoy se cumplen treinta tres años de La Noche de los Lápices, y quiero rendir mi homenaje a todos los chicos que…

- Puestos de pie, los señores diputados y el público asistente a las galerías prorrumpen en aplausos prolongados.

Sr. Solanas.- Por eso decimos que estamos haciendo historia y dando calidad institucional. Lo estamos haciendo desde los sectores populares y vamos a desconcentrar los monopolios, avanzando en más federalismo y pluralismo. Hoy no hay posibilidad para los sectores populares ni para los sectores de prensa, que son avasallados por los multimedios.

Por eso esta iniciativa será una gran ley de la democracia. No se hace desde un partido político o de un bloque, sino desde la sociedad argentina y las organizaciones populares, con un sentido profundamente solidario basado en un país integral, federal, amplio y profundo.

Por eso no importa que se hayan ido algunos. Nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestra tarea, porque nuestro trabajo está en este recinto y no escapando a nuestra responsabilidad histórica.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. García Méndez.- Señora presidenta: en general soy reacio a hablar de temas que considero ajenos a los que me he ocupado toda mi vida, pero en este caso no dudo un segundo acerca de la necesidad que tenía de intervenir en esta cuestión, porque estoy convencido de que los años que vienen nos dirán que estamos considerando un tema central para el futuro de nuestra democracia y la vigencia real de los derechos humanos.

No me voy a referir a cuestiones de naturaleza técnica, porque buena parte de las intervenciones que se han hecho han abundado en ellas. Incluso mi compañera de bloque, Delia Bisutti, se ha referido a ellas.

Uno sabe que la complejidad de una iniciativa como esta hace que las posibilidades de debate sean infinitas. Es muy difícil alcanzar un consenso racional sobre un proyecto de esta complejidad, pero en este caso a nosotros nos consta que se han introducido en la iniciativa algunos de los cambios más significativos y profundos que se han planteado en una norma de esta envergadura. Sin embargo, los cambios introducidos en el proyecto de ley han reflejado una ignorancia absoluta por parte de algunos miembros de la oposición. Me gustaría saber a qué obedece esta sensación de insatisfacción permanente frente a los cambios producidos. ¿Es producto de que nos encontramos lejos de la perfección, o porque estamos demasiado cerca de agotar argumentos contrarios al proyecto de ley que se puedan sostener públicamente sin ruborizarse? Personalmente me inclino por esta segunda posibilidad.

No ignoro –como seguramente tampoco lo ignoran los presentes- el parentesco temporal e ideológico de esta norma con otros decretos de la dictadura. Me refiero sobre todo a un decreto con el que estoy particularmente familiarizado. En este momento estamos tratando el decreto 22.285 dictado en el año 1980 -la ley de radiodifusión de la dictadura-, pero como les decía, yo estoy muy familiarizado con el decreto 22.278, también del año 1980, que es otra vergüenza con la que espero que pueda terminar el Parlamento antes de que finalice mi mandato, ya que se refiere al régimen penal de la minoridad.

¿Puede existir un hilo conductor entre dos decretos tan distantes en materia de contenido? Hago este planteo porque uno se refiere a la ley de radiodifusión de la dictadura y el otro al régimen penal de la minoridad, también de la dictadura. En mi opinión existe un hilo conductor muy fuerte constituido por dos elementos centrales: el autoritarismo que emana de ambos decretos y, sobre todo, la defensa de los intereses corporativos que ambos instrumentos persiguen.

En esta sesión tuve que escuchar un argumento que me pareció extremadamente peligroso. Alguien sostuvo que todavía abundan muchos decretos de la dictadura militar que regulan aspectos esenciales de nuestras vidas. Este es un argumento muy peligroso porque destaca un aspecto dolorosísimo de nuestro pasado con el cual todavía no hemos confrontado lo suficiente, principalmente cuando se sostiene que en la Argentina no hemos tenido una dictadura militar sino una dictadura cívico-militar.

Muchos legisladores sostienen –aplicando el principio de que mal de muchos, remedio de tontos- que como todavía están vigentes varios de esos decretos no nos tenemos que escandalizar por uno más. Personalmente opino todo lo contrario: nos tenemos que escandalizar por este decreto y por toda la legislación basura autoritaria remanente que todavía no hemos logrado remover en veinticinco años de democracia. (Aplausos.)

Tampoco ignoro que la pervivencia y naturalización de decretos como los que estamos considerando está vinculada con su funcionalidad. ¿A qué intereses son funcionales estos decretos explícitamente autoritarios? Son funcionales a los intereses corporativos que hoy colocan hábilmente en boca de los representantes del pueblo una serie de acusaciones falsas e inexactas, que paradójicamente nos impidieron avanzar más en el perfeccionamiento de este proyecto de ley. Digo esto porque esas acusaciones falsas e inexactas nos enfrascaron en debates inútiles. Además, creo que los miembros de la oposición que en este momento no están presentes en el recinto son los responsables de que no podamos tener una ley mejor de la que vamos a sancionar en reemplazo de la norma dictada por la dictadura. (Aplausos.)

Si a pesar de todo eso hemos llegado hasta aquí, es muy mezquino, además de falso, decir que lo hicimos por un mero cálculo de conveniencia del gobierno. Eso echaría por tierra el trabajo anónimo realizado por centenares de personas y organizaciones que en estos años de democracia no dejaron de luchar –así como nosotros seguimos peleando por acabar con el régimen penal de la minoridad- para remover esta vergüenza autoritaria de la que esta noche nos estamos despidiendo. Por el contrario, creo que esta ley –como decía- es el resultado de muchos esfuerzos colectivos, así como también de una cuota fundamental de voluntad política del gobierno que permitió canalizar y sintetizar estos esfuerzos.

Por último, quiero decir lo siguiente: en un horizonte político de mediano plazo donde el cambio es más posible que la continuidad, no reconocer el contenido concretamente desmonopolizador y democrático de esta ley, independientemente del gobierno que la use, responde a una de dos posibilidades: o es una confesión anticipada de impotencia y de la renuncia anticipada a enfrentar a las corporaciones, o es un reconocimiento desembozado de complicidad con el statu quo. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Genem.- Señora presidenta: por supuesto que anticipo mi voto favorable al presente proyecto. Hoy el único argumento retórico de la oposición es esperar la renovación parlamentaria para tratar la ley, que es lo mismo que decir: dejemos todo como está, no enfrentemos a los monopolios informativos, tanto nacionales como provinciales, y a su capacidad de destrucción de imagen política.

La política está en mora. Venimos orientados por una ley de la dictadura que otorga facultades discrecionales y autoritarias al Poder Ejecutivo a través del COMFER, las cuales nunca fueron ejercidas para silenciar nuestra mal llamada libertad de prensa que, en realidad, sólo es libertad de empresa, como ya se ha dicho acá.

Hace mucho tiempo se manifestó la iniciativa firme de trabajar en este proyecto. Aquí, ya lo mencionaron, está el ex presidente de la Comisión de Comunicaciones, Nemirovsci, con quien comenzamos a trabajar y llevamos a la provincia de Mendoza el debate de la ley de radiodifusión, para aquellos colegas diputados que no se enteraron.

Se recorrió todo el país, dando la visión propia y enriqueciéndola con aportes de todos los hombres del sector, con los trabajadores, con los pequeños radiodifusores del interior, esos silenciados que nunca tuvieron cabida en los grandes medios. También las más de trescientas organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, pequeñas y medianas empresas comunitarias de la comunicación, que trabajaron y aportaron a esta ley durante años, tiran por el suelo el argumento en el que hoy se escuda la oposición y los monopolios de una falta de debate y de un tratamiento a las apuradas.

Fue un trabajo al que muchos representantes de los sectores políticos y de los medios de comunicación masiva dieron la espalda, ignorando y desconociendo la iniciativa, quizás subestimando la metodología de trabajo de un gobierno popular y democrático, que construyó de esa manera, justamente desde las bases, una de las leyes más importantes y trascendentes para esta democracia.

Vaya mi reconocimiento expreso, como lo han hecho la mayoría de los colegas, a los 21 puntos elaborados por la Coalición por la Radiodifusión Democrática, que se convirtieron en un símbolo para todos los debates y los principios rectores de esta nueva ley. La mayoría han estado durante esta tarde aquí presentes, apoyando a los legisladores en la Plaza de los Dos Congresos.

Días pasados debatimos en el Congreso y se escuchó en las audiencias públicas las voces de todos los sectores, y los monopolios en vez de hacerse presente repitieron desde sus medios hasta el cansancio con un metalenguaje destituyente que carecemos de legitimidad. La legitimidad que referencian no es la democrática sino aquella que defiende sus intereses, sus bolsillos y el mantenimiento del statu quo de la dictadura. ¡Cuánto poder tiene el monopolio de la información! Sólo debemos someternos todos al dictado de la ley, no a los grupos de presión.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

Sra. Genem.- Este proyecto de ley, perfectible como todo producto humano, es un avance copernicano en la circulación de la información, que va a dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho irrenunciable de expresión y pluralidad.

Si este Congreso carece de legitimidad para tratar este proyecto o cualquier otro, como dicen algunos colegas de la oposición, los invito a renunciar ahora mismo; lamentablemente, no hay ninguno en el recinto. Esto da la pauta de las ganas que tienen de trabajar. (Aplausos.) Es una vergüenza que no estén participando del debate. Si hiciéramos lo mismo, estaríamos usurpando nuestras bancas. Como no me siento ninguna usurpadora ni falta de legitimidad en el sentido de que en cualquier sistema institucional democrático el mandato popular tiene un principio y un fin, el cargo debe ejercerse de cara al pueblo que nos eligió en plenitud, todos y cada uno de los días hasta el final de nuestros días. En esta creencia es que pienso que no sólo debemos trabajar en este proyecto sino en un montón de iniciativas hasta el 10 de diciembre.

En este caso la justicia no es sinónimo de igualdad, como algunos pretenden. La justicia es dar a todos la misma oportunidad y como sabemos –aunque algunos parecen olvidarlo- no estamos en un escenario de iguales. Hay medios con recursos millonarios y medios sin recursos.

Evita nos enseñó que allí donde hay una necesidad, hay un derecho. Nuestra gente tiene la necesidad de hacer oír su voz, la voz del pueblo que desde hace más años que el actual período presidencial los medios vienen negándose sistemáticamente a oír e incluso a repetir.

Estamos defendiendo esa voz y asegurándole su espacio, derechos legales y legítimos a hacerse oír, a opinar y hasta a juzgarnos. No podemos mantener la actual distribución mediática sin ponernos colorados, haciendo como que la libertad de expresión es igual para todos. Esto es una realidad; basta recordar aquí las pintadas en las paredes que se hacían en el año 2001, que decían –disculpen la expresión-: “Nos mean y los medios dicen que llueve”. (Aplausos.)

Estamos votando una ley para este gobierno, pero también para el próximo y los siguientes. No alimenten la mentira de los que dicen que esta es una ley “K”; es una ley con una “D” inmensa, de “deuda” democrática y de “desidia”.

Como representante de la provincia de Mendoza quiero referirme a una expresión muy remanida que se aplica en los medios: “Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires”. Esta frase denota peligros ciertos respecto de la circulación de la información, la cultura y la democracia.

Una de las consecuencias de la mercantilización del sistema de medios, en particular en los años noventa como producto de las políticas neoliberales, es la deformación del concepto de prensa, la predominación del éxito y la profesionalidad como únicas formas de vida, lo que ha llevado a la construcción de un tipo de prensa y de periodismo básicamente “obeliscado”, que construye su legitimidad no por su discurso o capacidad de construir noticias sino por el lugar desde donde lo dice. Estoy hablando de “Clarín”, “La Nación”, Canal 13.

Pareciera que la prensa válida es aquella que se ejerce desde determinados medios y monopolios porque son sinónimos de éxito, progreso y modernidad.

Sr. Presidente (Fellner).- Solicito a la señora diputada que vaya redondeando su exposición.

Sra. Genem.- Señor presidente: voy a terminar con una frase del general Perón: “Para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos.” (Aplausos.) Estamos rompiendo huevos de oro de algunos pocos para que puedan comer muchos; es decir, para que la información de la realidad sea diversa y plural. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Delich.- Señor presidente: conocí hace muchísimos años a un político cordobés que alguna vez comenzó su discurso diciendo: “Voy a decir unas palabras antes de hablar”. Todavía no se había inventado la semiótica ni la semiología; lo que estaba diciendo es que iba a dar dos discursos. Yo quiero hacer tres discursos en siete minutos.

Primer discurso: el domingo pasado a las siete de la mañana –no me pregunten qué hacía despierto a esa hora, pero estaba despierto- vi un programa de un canal importante de televisión que comenzaba anunciando que había elecciones en Corrientes y que se disputaban la gobernación Arturo Colombi -aclaraban entre paréntesis que era cobista- y Ricardo Colombi, a quien llamaban “radical K”. Ricardo Colombi –lástima que ahora no esté acá- era el candidato oficial de la Unión Cívica Radical y había además un hombre del Frente para la Victoria. Esta fue la información que recibieron todos los que vieron ese programa. Si eso es objetividad yo soy Fu Manchú. (Aplausos.)

Aquí se ha escuchado –a mí no se me habría ocurrido, pero se ha escuchado- mencionar la libertad de expresión. Al comienzo de la última dictadura, ya fuera de la universidad como muchos de mis amigos y colegas, la policía secuestró uno de mis libros -que previamente habían prohibido- y también excluyeron del país a la propia editorial. Nuestras protestas sobre el tema el tema no tuvieron ningún eco. Poco tiempo después, todavía en el 78, fundamos con un grupo de colegas latinoamericanos una revista de ciencias sociales que se llamó “Crítica y Utopía”. Entre quienes hicimos esa revista estaba quien luego sería presidente de Chile, Ricardo Lagos, y quien sería presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, entre otros intelectuales por el estilo.

Salieron dos números de esa revista y el tercero fue prohibido por el gobierno de la dictadura. Pero lo que más me indignó, porque en realidad sabíamos que esto podía ocurrir, es cómo nos enteramos. Leímos el diario La Razón por la tarde y decía: “Prohibieron revistas pornográficas”. Entre esas revistas pornográficas estaba la nuestra. De modo que me convertí en el introductor del erotismo en la ciencia social, lo cual no es poca cosa. (Aplausos.)

Hablar de la libertad de expresión sin memoria, sin saber qué fue lo que pasó es realmente estar próximo de la inocencia o del disparate. Cuando recuperamos la democracia en el 83, cuando recuperamos las universidades hace veinticinco años, de ahí en más no hubo ni censura ni exclusión de profesores. Quien quiera ir ahora a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, o a la nuestra en Córdoba, soportando un poco de mugre, va a ver las paredes y comprobará qué es la libertad de expresión.

Todo lo que escriben los chicos sin condicionamientos es libertad de expresión. Ahí están las raíces de la libertad de expresión. Y hay libertad de expresión porque hay autonomía universitaria.

En el país hay libertad de expresión no porque las empresas sean privadas o públicas, sino porque hay Estado de Derecho. La propiedad privada de los medios no garantiza la libertad de expresión, como lo hemos comprobado, como tampoco la propiedad pública. Lo que la garantiza es el Estado de Derecho.

Vine aquí con la idea de que íbamos a votar una ley que se transformara en la plataforma de una gran política de Estado, y tengo la impresión de que estamos muy cerca de lograrlo.

Recuerdo muy bien el afán del presidente Alfonsín por reformar esta ley. ¿Saben lo quería Alfonsín en el 85? Ahora parece casi una ingenuidad, pero decía que hiciéramos como en Estados Unidos, donde el New York Times no puede ser dueño de un canal de televisión, simplemente porque es una concentración. (Aplausos.) Eso decía Alfonsín hace veinticinco años.

Que nadie me pregunte por qué eso no se pudo hacer. Pero no sólo no podía modificarse la ley, sino que la concentración de medios era cada vez más intensa y más importante.

De manera que vengo aquí, señor presidente, también para rendir un homenaje a ese amigo y ex presidente. El legado de Alfonsín no está en sus éxitos, como la recuperación de la democracia, sino en los fracasos y en lo que nosotros tenemos que recuperar para hacerlo ahora. Yo voto sintiendo que ahora estoy rindiendo el homenaje que se merecía Raúl Alfonsín. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración. En primer lugar, estoy convencida de la necesidad de tratar una ley de medios. En realidad, el mismo homenaje que acaba de rendir el diputado preopinante lo podría hacer en este momento, dado que trabajé en el primer proyecto de ley de radiodifusión de la restauración democrática al que aludió el señor diputado Delich desde el Consejo para la Consolidación de la Democracia.

Creo que esta es una deuda que tiene este Congreso, que con su actual composición tiene legitimidad para tratar realmente una ley de medios. (Aplausos.)

Por otro lado, creo que sólo saliendo de una retórica simplista y maniquea es posible entender las complejidades de este proyecto. Y voy a pedir esta buena fe, porque creo que es necesario distinguir aquellos rasgos positivos, propiciadores de un debate más robusto y más amplio –que reconozco que lo hay-, de aquellas otras cosas que vienen a reafirmar algunos problemas vigentes cambiando apenas sutilmente de signo.

Quiero advertir que, desde el bloque del ARI, cuando se trató la denominada ley Clarín –por algo se la denominó así- fuimos nosotros quienes denunciamos en esta Cámara la presencia de los lobbistas de “Clarín”; probablemente fuimos los únicos que los denunciamos con nombre y apellido y los señalamos con el dedo. Asimismo, cuando se votó la aprobación del decreto 527/05, por el cual se prorrogan las licencias a los multimedios -y que, lamentablemente, este proyecto no deroga- hablé en el recinto y dije que lo que tenía que hacer este Congreso, en lugar de estar tratando esas prórrogas, era saldar la deuda dado que la ley vigente era una ley de la dictadura.

Por eso no acepto que se nos descalifique a todos por igual y que a aquellos que tenemos objeciones en relación con la ley se nos presente como agentes de los monopolios de los medios, cuando ayer el propio multimedio desvirtuaba lo que yo decía en los zócalos. Simplemente no queremos pasar de un control monopólico de los medios a tener problemas con un control de gobierno.

Quiero reiterar que lo estoy haciendo de corazón y de buena fe. Mi posición ideológica en relación con el rol que tiene que tener el Estado en la libertad de prensa y expresión y en los medios de comunicación es la del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Sin lugar a dudas, el Estado debe tener un rol activo, porque la libertad de prensa se viola por acción y por omisión.

Ahora bien, la libertad de expresión merece una especial protección en tanto sirve para controlar al poder y permitir la intervención de la ciudadanía en asuntos públicos. Acá es necesario precisar que el control del poder por medio de la libertad de expresión no sólo se tiene que referir al ciudadano en relación con las autoridades, sino a las propias autoridades y también al propio Estado nacional frente a poderes supranacionales de cualquier índole. Por eso la desarticulación de monopolios u oligopolios informativos, que como bien puede verse en otros países de Latinoamérica muchas veces enfrentan a las políticas de Estado y a los modelos de nación en el que desarrollan actividades, simplemente porque no coinciden con los intereses de las grandes corporaciones multinacionales a las que pertenecen los medios. Así que ese es otro problema grave que realmente creo que hay que afrontar y en ese sentido me parece correcto hacerlo.

Pero además, para que la libertad de expresión pueda cumplir con su misión democrática, es preciso que la circulación y uso de la palabra estén distribuidos de acuerdo con principios igualitarios. Dado que sirve para controlar a los gobiernos, no puede estar bajo el control hegemónico de los propios gobiernos, así como tampoco puede estar bajo el control hegemónico de los grupos y las grandes corporaciones.

Cualquier diseño institucional cuya legitimidad repose en un ideal democrático y en la deliberación pública como instancia previa y necesaria a una decisión, estalla en pedazos si esta deliberación es un patrimonio exclusivo de corporaciones, lobbies, políticos profesionales y medios de comunicación masiva.

Hay ciertas precondiciones básicas que hay que cumplir, y la verdad es que hay millones de argentinos que están excluidos de ellas. En este sentido, es bueno que exista la posibilidad de incorporar las voces de quienes no están incluidos en este debate, porque -insisto- se trata de gente que no tiene siquiera condiciones mínimas de vivienda, alimentación o subsistencia, y sin esto es imposible poder influir en el debate público.

Me referiré a algo que fue inspirador para el Consejo de la Consolidación de la Democracia, que fue la doctrina de Owen Fiss, quien expresó los problemas que presenta la aplicación de una concepción individualista y decimonónica de la libertad de expresión. Decía -permítanme citarlo-: “La autonomía es protegida no por su valor intrínseco, como podría insistir un kantiano, sino como un medio o un instrumento de autodeterminación colectiva. Permitimos a las personas que hablen para que otras puedan votar. La expresión de opiniones permite a las personas votar inteligente y libremente, conociendo todas las opciones y poseyendo toda la información relevante.”

Por lo tanto, “los marcos regulatorios de la libertad de expresión pensados en el orador de la esquina resultan en gran parte inadecuados para las condiciones de la sociedad moderna”.

Recogiendo teorías de autores como Fiss y Catherine Mackinnon, en el Consejo dijimos que el mercado no siempre funciona correctamente, ya que existen prácticas como las del monopolio, que subvierten su mecanismo y afectan su eficiencia en la satisfacción de preferencias. También sostuvimos que la formación de monopolios y oligopolios es un riesgo permanente en el caso de los medios de comunicación masiva, debido tanto a la escasez de los recursos disponibles –como son las ondas de radio y televisión- como a los grandes capitales que son necesarios para explotar esos recursos.

En segundo término, aun cuando el mercado funcione bien, es un hecho conocido que, dada la desigualdad de recursos con los que cada individuo interviene en él, el costo de la satisfacción de cada preferencia en términos de otras es marcadamente desigual, ya que al tener más recursos iniciales un individuo puede satisfacer sus preferencias menos intensas sin afectar las más intensas, cosa que no ocurre con quienes tienen menos recursos. De este modo, el mercado está lejos de ser la institución democrática que sus partidarios suponen; en realidad, él no es absolutamente neutral en términos de preferencias, ya que discrimina a favor de quienes tienen más recursos iniciales.

Sr. Presidente (Fellner).- Señora diputada: se agotó su tiempo. Le ruego que redondee su exposición.

Sra. Rodríguez.- Le pido solamente una cosa, señor presidente. Quisiera hacer un ejercicio de reflexión. Pido a los compañeros que de buena fe hagan este ejercicio de lo que sería un velo de ignorancia, porque aquí radica mi problema en relación con esta ley: en que no veo una diferencia entre Estado y gobierno.

Olvídense de este gobierno. Hagan un ejercicio fuera de la lógica de bloque, como lo estoy haciendo yo, y se los digo de corazón. Piensen en el gobierno que ustedes consideren más perjudicial para la Nación, que en mi caso es un gobierno conservador, represivo, contrario a la distribución de la riqueza, que desprecie los derechos humanos, que esté en contra de los conceptos de verdad, reconciliación y condena, y que además esté asociado a los grandes grupos económicos. Piensen en todo esto en un contexto en donde los medios seguirán teniendo poder -por supuesto este proyecto tampoco va a delimitar el poder de los medios-, y que van a estar asociados con ese gobierno. Piensen por ejemplo que van a hacer cosas tales como ocultar que hay jóvenes que desaparecen en comisarías en plena pre democracia, o estigmatizar a la juventud –esto es algo que ocurre-, y que además es un gobierno fundamentalista y de índole religiosa.

Sr. Presidente (Fellner).- Ha vencido su término, señora diputada.

Sra. Rodríguez.- En este caso además la Iglesia tiene una posición privilegiada en este proyecto. Esto también es inaceptable en términos de los tratados de derechos humanos. Piensen en eso, y para no aludir a nadie de acá, les aclaro que estoy pensando en Berlusconi. Esto existe, es fácticamente posible y nos puede suceder si estamos pensando en una política de acá a treinta años.

Por eso considero que la autoridad de aplicación y todas las autoridades deben estar instaladas en la órbita del Congreso de la Nación, donde están todas las voces calificadas, donde no haya predominio del oficialismo, donde existan mayorías calificadas y realmente se asegure el otorgamiento de una garantía a la libertad de expresión y a todas esas voces excluidas que lamentablemente…

Sr. Presidente (Fellner).- Gracias, señora diputada.

Sra. Rodríguez.- Las organizaciones comunitarias no son lo mismo que la Fundación Noble.

Sr. Presidente (Fellner).- La Presidencia recuerda a la señora diputada que hay veinte diputados anotados en la lista de oradores.

Sra. Rodríguez.- Sí, señor presidente, perdón.

Todavía todas estas cosas no están recogidas en este proyecto de ley. Si hubieran receptado estas diferenciaciones yo habría estado dispuesta a votar este proyecto de ley, tal como lo expresó el señor diputado Bonasso.

Lamentablemente no han hecho estas previsiones para poner un resguardo de modo tal que…

Sr. Presidente (Fellner).- Gracias, diputada.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Calza.- Señor presidente: estamos analizando el proyecto de ley que regula los servicios de comunicación audiovisual y que reemplazará al decreto ley de radiodifusión de la dictadura, que se escribió con la sangre de muchísimos compañeros, entre otros el periodista y escritor Rodolfo Walsh. (Aplausos en bancas y en las galerías.) Nada más y nada menos que eso estamos debatiendo en este momento.

En realidad deberíamos sentir vergüenza de que hayan transcurrido veintiséis años de democracia y recién en este momento estemos analizando una norma para reemplazar ese decreto ley.

Comparto plenamente los argumentos y la lógica que planteaba un diputado del bloque del Sí en el sentido de que de manera alguna esto puede justificar que sigan vigentes decretos de la dictadura como una forma de impedir este debate.

Quiero expresar mi reconocimiento claro y profundo a quienes a lo largo de estos veintiséis años vienen manteniendo una conducta de militancia y de un trabajo profundo y tesonero. No quiero nombrarlos para no omitir a ninguno, pero me refiero a todas las organizaciones sociales, políticas y estudiantiles que han asumido un compromiso y han hecho su aporte en todos los debates y los foros. Ellas han estado en cada una de las provincias aportando su granito de arena, y tienen mi reconocimiento porque nos han nutrido para este debate.(Aplausos en las bancas y en las galerías.)

También deseo hacer un reconocimiento. Con justicia y exactitud recién se nombró al ex presidente Raúl Alfonsín, y aquí hay muchos radicales que van a acompañar este proyecto. Evidentemente esa semilla de Raúl Alfonsín está presente en lo que planteó el diputado Delich, lo que representan los diputados por Santiago del Estero y otros diputados que acompañarán este proyecto. Pero me parece que en rigor y para hacer justicia tenemos que reivindicar el coraje y la fortaleza, porque el 28 de junio parecía que esto no se iba a discutir y que se había perdido la batalla. Sin embargo nuestra presidenta –a quien reivindico en todos los términos- remitió este proyecto que hoy estamos discutiendo.

Tenemos que decirlo con todas las palabras: contamos con una presidenta que tiene coraje y fortaleza. En función de ello, hoy podemos estar dando este debate. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

A nadie puede tomar por sorpresa lo que está ocurriendo. No se puede decir que no hubo debate suficiente.

Cuando comenzaron las sesiones ordinarias en marzo de este año, la señora presidenta de la Nación dijo que iba a presentar este proyecto. Se discutió a lo largo de todas las provincias. En mi provincia de Entre Ríos existió un debate profundo con los universitarios, estudiantes y diferentes instituciones. Hizo uso de la palabra el Arzobispo de Paraná planteando la necesidad de contar con una ley de comunicación que diera participación a las distintas instituciones como, por ejemplo, a la Iglesia Católica. Por eso podemos decir que aquí no se eludió el debate. Todo lo contrario.

A pesar de que muchos creían que el 28 de junio se archivaba el proyecto, hoy se han dado cuenta de que ello no ocurrió. La iniciativa ha ingresado y fue fortalecida con amplios debates en esta misma Cámara. Contamos con la presencia de muchos compañeros que vinieron del interior del país y nos dijeron que necesitaban una ley moderna que desterrara por siempre la normativa que venía de la dictadura.

A nadie puede tomar por sorpresa que hoy estemos debatiendo de esta forma.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.

Sr. Calza.- La batalla por una nueva ley de radiodifusión no es como algunos quieren hacer entender: un antojo prepotente y totalitario del actual Poder Ejecutivo. Ocurre todo lo contrario de lo que informan los propietarios del consolidado monopolio informático y sus defensores.

Los antecedentes de esta lucha se remontan a la naciente democracia de 1983. Superada la noche dictatorial, comenzaron a fortalecerse diferentes radios comunitarias, expresiones imprescindibles para la cultura, el desarrollo de nuevas ideas y el fortalecimiento de las libertades de nuestro pueblo.

Con esta nueva normativa vamos a hacer justicia, tratando de contemplar que todas esas diferentes voces puedan tener un lugar de participación. Perseguimos el objetivo de que al buscar el dial de una radio podamos encontrar no las voces de los monopolios únicamente machacando sobre la única verdad. Queremos tener todas las voces porque nuestro pueblo es diverso, y esas diferentes voces las tenemos que encontrar en los variados medios de comunicación.

No me cabe duda alguna de que el pueblo argentino está de acuerdo con tener una ley de comunicación de medios audiovisuales que represente a la diversidad del pueblo argentino para que estén todas las voces allí expresadas.

Por eso adelanto mi voto afirmativo, porque de esta forma vamos a estar diciéndole sí a la democracia y a la posibilidad de contar con una ley que destierre definitivamente la normativa de la dictadura, con el fin de vivir una verdadera democracia con todas las letras. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

Sra. Sesma.- Señora presidenta: sintéticamente adelanto mi voto negativo al presente proyecto en tratamiento por estrictas razones…

- Manifestaciones en las galerías.

Sra. Sesma.- Decía que adelantaba mi voto negativo…

- Manifestaciones en las galerías.

Sra. Sesma.- Hasta que no dejen de silbar, voy a seguir diciendo lo del “voto negativo”. (Aplausos.)

Voto negativamente por estrictas razones de convicción política y ética. También lo hago por mis queridos compañeros de banca, cuyo voto está fundado en íntimas convicciones. No voy a fundamentar mi voto en este recinto y pido autorización para incorporar los fundamentos de mi rechazo al proyecto en consideración en el entendimiento de que los votos que tienen que ver con las convicciones poseen un gran valor y porque además no quiero hacerle el juego una vez más a una estrategia de división de las verdaderas fuerzas progresistas que provoca el gobierno.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Serebrinsky.- Señora presidenta: he escuchado ayer en el plenario de las comisiones y también hoy varias veces en el recinto que no ha habido tiempo suficiente para debatir. Pero resulta que cuando tenemos la posibilidad de discutir sin apuro, se levantan y se van. (Aplausos).

Quiero ser absolutamente sincero. Quizás este no sea el marco ideal que uno había soñado después de tantos años de militancia y de compromiso político en defensa de las libertades públicas, de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, que representan de alguna manera la libertad del progreso, porque la comunicación también forma parte de él.

Puedo decir con autoridad que no formo parte de este trabajo que se ha hecho. Los he escuchado todos estos días, ayer en la comisión y hoy nuevamente; empezaron en el año 2001 y forman parte de este progresismo ilustrado. Nos quieren decir que tienen más autoridad que aquellos que comenzaron cuando todavía estaba vigente la dictadura, cuando los muertos estaban calientes y cuando las viejas luchas de los partidos nacionales y populares nunca fueron traicionadas y tenían sus banderas en alto.

Por eso, por respeto a esta historia y porque tenemos historia, resultaba absolutamente necesario discutir esta norma. Algunos se la pasan hablando de cuestiones de forma. Es más: incluso cuando gobiernan se quedan en las formas.

Por otro lado, en cuanto a las cuestiones de forma debo reconocer que si bien acompaño la decisión que ha tomado este gobierno, me parece que no se ha tomado con el tiempo adecuado ni se ha consultado a aquellos con quienes siempre hemos tratado de enriquecer la propuesta.

Hecha esta aclaración, no hay ningún justificativo para que hoy se hayan levantado de este recinto. No hay ningún justificativo, porque al decir de sus palabras, este proyecto tiene más de doscientas modificaciones. Lo dijeron ellos, no nosotros. Doscientas modificaciones le introdujimos al proyecto original. ¿Querían modificaciones? ¡Ahí las tienen! (Aplausos.)

También se dijo que hacía mucho tiempo que se venía discutiendo este tema y que se estaba actuando de manera apurada. Sin embargo, hay cuatro dictámenes de minoría. Ni siquiera tuvieron la grandeza de quedarse para defender sus propias propuestas.

Quiero hacer honor a ese movimiento –ya ni siquiera hablo de partido- por lo que significó para la generación a la que pertenezco, que veníamos del silencio, de los títulos mentirosos, de los programas de televisión donde los periodistas independientes bailaban tangos con torturadores, que nos bancamos absolutamente todo y tuvimos que salir a militar con brocha porque no nos daban micrófonos y pintábamos paredones, como bien decía Francisco Delich. Me siento orgulloso y reivindico a cada uno de esos compañeros, correligionarios y amigos que desde aquellas radios, escondidos en algún garaje, fueron capaces de transmitir las necesidades de su barrio. Se trata de una verdad que no era absoluta; era la verdad de los que no tenían la posibilidad de comunicarse. Vamos a estarles eternamente agradecidos. (Aplausos.)

También quiero decir a los compañeros de prensa de los grandes medios y a los periodistas que no se equivoquen. Nosotros no somos sus enemigos y les pedimos que no nos maltraten.

Les decimos que nos tengan respeto intelectual, al igual que nosotros lo tenemos por ellos. Conozco a muchos de ellos: son trabajadores sociales, y quieren informar, como corresponde, la realidad que afecta la vida de los ciudadanos y del pueblo argentino.

Les pido que no nos desprestigien ni a nosotros ni a las instituciones, pues nosotros somos una anécdota. Kirchner se irá y Serebrisky también lo hará. Habrá otros diputados y otro presidente. Entonces, preservemos las instituciones. Debemos tener claro este mensaje.

No podemos admitir que digan cualquier cosa de nosotros, porque ello me duele como militante político, hombre comprometido, padre de familia, buen amigo, compañero de la militancia y una persona que ha estado siempre en la política, con los principios por encima de cualquier interés particular.

Esta iniciativa siempre será mejor que la de la dictadura. No tengo ninguna duda. Si tenía alguna inquietud respecto de algunos aspectos, hoy quedaron borradas por la mezquindad de no brindar el debate profundo al pueblo argentino.

Doy mi agradecimiento aun a aquellos que seguramente van a votar en contra de la iniciativa, por el coraje cívico de quedarse, discutir y tratar de enriquecer la propuesta. (Aplausos.)

Hago referencia a quienes hemos abrazado la doctrina del radicalismo, hemos caminado al lado de Raúl Alfonsín y hemos convivido con un senador brillante como Gregorio de Laferrere, quien presentó una ley de derecho a réplica y nunca más apareció en un canal de televisión o en una radio.

Por el honor y la historia que tengo, me hago cargo de la situación, como tantos otros argentinos y militantes, y quiero decirle al pueblo, mirándolo a los ojos, que seguramente dejaremos de ser diputados y dirigentes políticos, pero jamás vamos a dejar de ser militantes por las causas populares, en contra del proyecto conservador, de los monopolios y de las posiciones dominantes.

Un viejo radical -que entendió lo que sucedía después de peleas innecesarias en la sociedad argentina entre dos viejos caudillos, como eran Perón y Balbín- decía: “Para nosotros no es importante quien lleva el palo, sino la bandera.” (Aplausos.)

Sra. Vaca Narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Morgado.- Señora presidenta: ya hablé bastante sobre los artículos del proyecto, por lo que prefiero insertar esa parte. Quiero abocarme a un tema que me parece interesante y que espero que no los aburra demasiado. Se vincula con la materia que estamos legislando.

En realidad quiero hablar de cómo se validan los discursos, porque justamente esta es la materia sobre la que legislamos: quién legitima lo que se narra y desde dónde se produce esa legitimidad.

La realidad acontece como algo que se narra con palabras y audiovisualmente. Cada persona construye esa representación con las herramientas de que dispone. Estas herramientas son los medios de comunicación, que por todo lo que hemos expresado estos días, vemos que no son neutros.

Estos medios habilitan las representaciones que son funcionales a sus intereses y niegan las otras.

Los procedimientos con los que trabajan los medios son variados, siendo su utilización proporcional al grado de concentración o de posición dominante que tienen en nuestra sociedad.

Dentro de las formas sutiles de legitimación de construcción de la realidad por parte de los medios se puede considerar lo que Pierre Burdieu señaló en un libro muy interesante, elaborado en base a unas conferencias que dio en Francia sobre la televisión en 1996. El sostiene que la televisión introyecta –es decir, que mete para adentro- las relaciones de fuerza que existen en la sociedad y legitima sus asimetrías. Esto se produce por una legitimidad discursiva o por omisión; hay cosas que se dicen y otras que se omiten, pero que tienen la misma fuerza comunicacional.

Como estamos considerando una ley de medios de comunicación audiovisual quiero citar una frase que también le corresponde a Pierre Burdieu, que expresa: “La televisión oculta mostrando”.

También podríamos hacer un estudio de campo, que supongo que a Burdieu le hubiese gustado. En este momento estamos produciendo un acontecimiento comunicacional televisivo. Aquí hay muchas cámaras de televisión que están transmitiendo en vivo algo sobre lo cual nosotros estamos legislando en estos momentos.

La verdad que esto es muy insólito, porque estamos legislando sobre algo que se está produciendo en este preciso instante. ¿Cómo podríamos probar la relación de fuerzas que se está dando en este momento? Por ejemplo, ahora no hay ningún subtitulado oculto que le dé la posibilidad a las personas sordas o hipoacúsicas de seguir el discurso que estoy pronunciando. Esto quiere decir que desde los propios medios se está legitimando el hecho de que algunas personas están incluidas en el proceso de comunicación y otras no.

Eso que nosotros consideramos un hecho normal o natural es producto de la realidad construida y legitimada por los medios que hoy no cuentan con subtitulado oculto. De este modo estamos validando que haya ciudadanos que pueden acceder a la comunicación y otros que se ven impedidos de esa posibilidad.

¿Cómo se validan esos discursos? ¿Quién los valida? Foucault se ha explayado mucho sobre este tema, y lo presenta como las dos caras de una moneda, de las cuales una es el saber y la otra el poder. Así, frente a un hecho determinado que a un medio le interesa porque guarda alguna relación con sus fines comerciales, se convierte en una noticia que entra en el circuito que apunta a legitimar una realidad. Pero luego el medio también la valida con alguien que jerarquice ese discurso. De este modo nos encontramos con médicos cuatro por cuatro o con constitucionalistas funcionales, que forman parte de una nueva categoría del derecho. Digo esto porque hay constitucionalistas que se pasean por los medios legitimando discursos que son funcionales a los grandes medios. Así me hago del saber y del poder: el medio televisivo me da esa parte de la realidad, que es legitimada por Fulano de Tal.

Justamente eso es lo que Althusser califica como el efecto de evidencia. ¿Quién puede afirmar que Fulano, el genial constitucionalista, me está diciendo algo que no es verdad, cuando se lo está diciendo a tal periodista que se desempeña en tal canal? A eso se lo considera una verdad absoluta y, por lo tanto, no se discute.

Ese efecto de dominio simbólico no se produce a través de una lógica que nosotros manejemos racionalmente; se produce a través de cuestiones muy profundas o de hábitos adquiridos en edades muy tempranas. Así, el carrier que utiliza ese modelo es el de la construcción del sentido común, que no es neutro, toda vez que el sentido común trafica ideología.

A este proyecto algunos lo han denominado “ley mordaza” o “ley resorte”. Personalmente me gusta denominarlo “ley bisagra”, porque el punto de inflexión que otorga esta ley es para terminar justamente con la colonización de esta subjetividad.

La realidad representada va a tener diferentes ángulos para un mismo hecho, donde se cede al ciudadano el empoderamiento de las síntesis pertinentes. El ciudadano podrá ser el editor final, el que va a poner el banner, el famoso graft abajo lo va a poner el ciudadano frente a la información que reciba; después de disponer de diferentes opciones y puntos de vista, la síntesis la va a hacer el ciudadano.

Chomsky habla de la manipulación de la información. Dice: “La manipulación y la utilización sectaria de la información deforman la opinión pública y anulan la capacidad del ciudadano para decidir libre y responsablemente. Si la información y la propaganda resultan armas de gran eficacia en mano de regímenes totalitarios, no dejan de serlo en los sistemas democráticos, y quien domina la información domina en cierta forma la cultura, la ideología, y por lo tanto controla también en gran medida a la sociedad.”

Con esta ley vamos a democratizar la palabra, vamos a volver a construir la información como un bien social para que nunca más ocurra que un medio, tras negociar con un gobierno la reducción de su deuda, manipule la información diciéndonos que la masacre de Kosteki y Santillán sea titulada como “La crisis se cobró otras dos víctimas”. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra la señora diputada por Catamarca.

Sra. Acosta.- Señora presidenta: dada la realidad objetiva voy a ser muy breve y pido autorización para insertar parte del discurso que pensaba pronunciar.

Pocos países pueden reubicar su memoria, transformarla y dirigirla hacia nuevas esperanzas, pero hay otros, como el nuestro, que decide volver sobre el pasado con valor, serenidad e inteligencia para cambiar la historia.

Por eso, desde nuestra Catamarca profunda no sólo en geografía sino por sus fuertes identidades y por su historia cuyos fragmentos todavía se encuentran en su subsuelo rocoso, vengo a expresar la adhesión a estos 160 artículos de democracia y liberación.

Lo hacemos porque estamos convencidos de que este proyecto produce en nuestra historia cultural, sin ninguna duda, una mutación.

Esta propuesta es el reflejo de lo que hemos vivido, sentido y padecido durante veintiséis años. Hoy abrimos una nueva frontera y para explicar desde dónde nos paramos para el análisis de esta ley me gusta recordar Jauretche, cuando decía: no soy un intelectual, apenas un paisano que mira las cosas de su Patria con ojos argentinos y desde la vereda de las multitudes. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Creo que los 21 puntos resultantes de la Coalición por la Radiodifusión Democrática que trabajó durante años y que nos permitió volver a escuchar viejas y nuevas palabras e ideas son una clara demostración de los grandes cambios que se pueden producir cuando se busca con obstinación estar al servicio de la causa popular. Y aunque vengamos desde horizontes políticos distintos, seguramente ahora se escucharán todas las voces desde una organización de los servicios de comunicación audiovisual indiscutiblemente pluralista.

Señora presidenta: organizaciones políticas, académicas y sociales se han expresado a favor de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que reemplace la gestada en los tiempos de la negación de la democracia.

Las audiencias públicas permitieron que todos los actores de la sociedad pudieran expresar esas viejas y nuevas palabras e ideas de las que hablábamos, haciéndonos redescubrir las realidades regionales, convirtiéndonos a cada uno de nosotros en sujetos relevantes de un proceso de cambio que a futuro, sin ninguna duda, producirá una revolución cultural con plena participación.

A partir de la sanción de esta norma se van a difundir a lo largo y a lo ancho de nuestro país las certezas, expectativas, ilusiones y esperanzas de toda la Nación. Entonces, se podrá construir una alternativa que surja de conocer las ideas y los valores, pero de todo el pueblo argentino, y empezar a poner atención en las culturas populares que se han hecho y se hacen en el dolor y en el silencio, pero que tienen la significación de la verdad y el nuevo camino que está transitando esta joven democracia argentina.

También queremos destacar muy brevemente, porque se vincula con nuestros derechos fundamentales, que este proyecto de ley garantiza la igualdad de expresión en su artículo 3°; la igualdad de oportunidades en su artículo 21; la transparencia en el régimen de otorgamiento de las licencias en los artículos 24 y 25; optimiza además el uso del espectro adecuando las reglas de compatibilidad y multiplicidad en el artículo 47; reconoce la situación puntual de los lugares de escasa o baja densidad; garantiza acontecimientos de interés relevante para todos los argentinos, y defiende el trabajo nacional en su artículo 65.

Para terminar, sin dejar de recordar los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 29 de la Organización de los Estados Americanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, quiero decir que está muy clara la misión indelegable del Estado en la defensa de los intereses del pueblo, según los artículos 131 y 132 de esta iniciativa.

Por todo lo expuesto y porque debemos explicar al mundo, a nuestros hijos y a nuestra propia conciencia que la custodia del deber de las mayorías es por un país de todos sin exclusiones, adelantamos nuestro voto afirmativo entendiendo que esta norma es un símbolo de libertad. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Viale.- Señora presidenta: la posición del bloque del Partido Socialista ha sido claramente explicitada por la señora diputada Augsburger, detallando las coincidencias y disidencias que tenemos respecto de esta iniciativa.

Los socialistas estamos presentes en este recinto no para convalidar un proyecto del oficialismo o un método de construcción de consenso que está muy lejos de serlo. Tampoco queremos caer en la trampa de que este Congreso no es legal ni legítimo, cuando en realidad no se quiere tener ni ésta ni ninguna otra ley de medios de radiodifusión.

Los socialistas, no con discursos sino con hechos, hemos sostenido a lo largo de estos veintiséis años la necesidad y la convicción de una nueva ley de radiodifusión, y en este momento dos proyectos de nuestro bloque tienen estado parlamentario, uno concretamente sobre la ley de radiodifusión y el otro sobre la creación de una sociedad del Estado para que regule los medios del Estado, que no tienen por qué ser medios del gobierno. Lamentablemente ni uno ni otro ha sido demasiado tenido en cuenta.

Creemos que esta ley es un paso adelante de lo que está, pero a su vez no podemos dejar de señalar que dista mucho de los veintiún puntos de la Coalición por una radiodifusión democrática a los que todos hacemos referencia y que pocos hacemos honor para incluirlos en el espíritu de la ley.

Nuestro partido ha tenido debates internos como cualquier partido político, pero creo que lo distingue la discusión colectiva, no solamente en términos de bloque sino también en términos partidarios, y fue el seno de nuestro Comité Ejecutivo Nacional el que llevó adelante este debate tan difícil para todos los argentinos.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.
Sr. Viale.- A su vez creemos que la autoridad de aplicación está lejos de lo que nos gustaría, si bien reconocemos que hay aspectos positivos que marcan un avance en el sentido democrático del camino por donde deben ir los medios de comunicación de todo nuestro país.

Por otra parte entendemos que uno de los primeros errores que comete este gobierno es tratar como iguales a quienes son diferentes, no solamente en el tema de radiodifusión sino también –y en esto se ve muy claro- en el tema del conflicto agropecuario. Y es una de las peores inequidades tratar como iguales a quienes son diferentes.

En este caso se ve que se intenta avanzar con la misma vara de mensura sobre los grandes monopolios u oligopolios nacionales y sobre las pequeñas y medianas empresas de radiodifusión que existen en todo el territorio del interior profundo de nuestro país, y esto entendemos que hay que corregirlo y, como bien lo expresó la señora diputada Augsburger, seguiremos planteando nuestros aportes en el tratamiento en particular para que se tengan en cuenta estas cosas que nos parecen de relevancia.

Los socialistas tenemos, a pesar del tamaño de nuestro bloque –diez diputados-, posición tomada en cada uno de los grandes temas de nuestro país. Por eso estamos convencidos de que trabajar todo lo que sea necesario para una nueva ley de radiodifusión es nuestra tarea y nuestro compromiso con la gente que nos puso en estas bancas.

También tenemos posición con cada uno de los temas que se vinculan con un gran conflicto, que un poco queda en segundo plano por este tema que estamos tratando hoy, que es el conflicto con el sector agropecuario. Y seguiremos diciendo que no se puede medir con la misma vara a los grandes pooles de siembra y a los pequeños y medianos productores de nuestro país.

Por eso insistimos en la necesidad de una nueva ley de arrendamientos, para lo cual estamos llevando adelante nuestras propuestas y esperamos que esto se pueda concretar y que contemple en definitiva a todos los actores sociales que tenemos en los distintos rubros.

Por otro lado creemos que esta ley que estamos tratando hoy adolece de claridad en la distribución de la pauta oficial. Y este mismo gobierno que hoy dice avanzar en un sentido tiene contradicciones, porque por ejemplo en el año 2008 se asignaron 400 millones de pesos en pautas oficiales, de los cuales 29 fueron destinados discrecionalmente a un diario de Capital Federal. Yo provengo de la provincia de Entre Ríos, cuyos dos principales diarios prácticamente duplican la tirada de este diario al que hago referencia, y no tengo ninguna duda de que el monto que recibieron no debe llegar ni siquiera a un 10 por ciento del que fue estipulado para el diario de Capital Federal.

Creo que debemos resolver estas cuestiones. Todavía hay tiempo para hacerlo. Deseamos que salga la mejor ley posible. Queremos que durante el tratamiento en particular trabajemos en todos estos tópicos, que se pueden llegar a mejorar si hay voluntad política.

Nuestro partido tenía una posición contraria a esta iniciativa, pero al ver los avances que se han realizado en busca de un acercamiento hemos resuelto aprobarla en general... (Aplausos.)

-Aplausos en las galerías.

Sr. Viale.-...pero albergando la esperanza de que podamos introducir las modificaciones en las que hemos venido trabajando en este tiempo.

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Bidegain.- Señor presidente: que hoy estemos acá en el Congreso de la Nación para votar esta ley de servicios de medios audiovisuales significa que hemos crecido en esta democracia que supimos conseguir, al punto que estamos por votar una ley que suplantará la aún vigente ley de radiodifusión de la última dictadura cívico-militar, escrita con los preceptos de la doctrina de la seguridad nacional, esa que veía al pueblo y a los trabajadores como enemigos y que consideraba a la comunicación como un mero hecho comercial y no como un derecho humano fundamental.

Todos sabemos que esta norma que vamos a votar no es perfecta, pero recoge íntegramente el espíritu de los veintiún puntos de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, entidad que congrega a centenares de organizaciones populares, que desde hace cinco años reclaman esta ley.

Señor presidente: no es un hecho menor que esta iniciativa llegue al Congreso luego de ser largamente debatida en veinticuatro foros nacionales y en innumerables encuentros desarrollados en todo el país.

Esta norma nació desde abajo, impulsada por FARCO -Federación Argentina de Radios Comunitarias-, ARBIA -Asociación de Radios Bonaerenses y del Interior de la Argentina-, FATPREN –Federación de Trabajadores de Prensa de la República Argentina-, y en el camino se sumó el apoyo de la CGT, de la CTA y de centenares de organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos y educativas.

La ley de radiodifusión de la dictadura lleva vigente veintiséis años, y es hora de votar esta nueva ley, que recoge las correcciones realizadas, más de doscientos cambios propuestos por la oposición y las organizaciones sociales.

Las correcciones introducidas dejan bien en claro que el Ejecutivo no tendrá ningún lugar de privilegio en el ente controlador. Otro reclamo importante fue el referido al papel de las telefónicas, que se modificó tal como se requería.

Otros cambios han sido incorporados en cuatro de los artículos que reglamentan la composición, el funcionamiento y el control de la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual, la ya famosa “autoridad de aplicación”.

El organismo tendrá siete y no cinco miembros: dos por el Ejecutivo, tres por el Congreso y dos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, compuesto por el sector académico.

Y en la reglamentación de la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual se introdujo el cambio para que sea un organismo autárquico.

Esta ley que votaremos terminará con los monopolios y oligopolios, permitirá y garantizará la pluralidad de voces, así como la apertura de fuentes de trabajo, y que las cooperativas y organizaciones de la comunidad accedan al control de sus propios medios, incluidos los pueblos originarios, que se expresaron en las audiencias públicas a favor de este proyecto.

Señor presidente: esta ley de medios es un paso trascendental en nuestra democracia. Se trata de un momento histórico.

Después de veintiséis años vamos a votar una ley largamente debatida por todos los actores y protagonistas de la comunicación y de sus organizaciones.

Vamos a mandar al archivo una ley de la dictadura, época en la cual desaparecieron miles de compañeros; no se podía pensar, se violaban todos los derechos humanos, se silenciaba la voz del pueblo y muy especialmente de los trabajadores. En esos años la Argentina vivió la peor noche de su historia.

Señor presidente: esta ley de medios nos permitirá a todos los argentinos llegar a los festejos del bicentenario en la consolidación de una patria justa, libre y soberana.

Para terminar, hoy, 16 de septiembre, quisiera rendir homenaje a los hombres y mujeres que cayeron en la Plaza de Mayo en 1955 defendiendo el gobierno constitucional de Juan Perón. (Aplausos en las bancas y en las galerías.) Ellos inauguraron con su sangre el camino de violencia y de dolor en la Argentina, pero como argentinos y peronistas que somos queremos recordarlos con la alegría y la generosidad del deber cumplido.

¡Vivan esos hombres y mujeres para siempre en el corazón de nuestro pueblo! (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

Sra. Diez.- Señor presidente: debo adelantar que mi voto no es en el sentido de acompañar este proyecto de ley. Sin duda alguna me hubiera gustado decir que mi voto sería diferente.

La silbatina que podemos recibir acá no me afecta en lo más mínimo porque esto es justamente lo que se vincula con la libertad de expresión. La libertad de expresión consiste en expresarse así y también como lo estoy haciendo yo al decir lo que pienso respecto de este proyecto de ley justamente aquí, en este recinto, que no es ni más ni menos que la cuna de las libertades de expresión. Aquí es donde debe expresarse cada uno de nosotros, que hemos sido elegidos por nuestros pueblos para que opinemos por ese segmento que con su voto nos mandó a representarlo y también para toda la ciudadanía.

¿Qué quiero decir? Que entiendo que esta norma es importantísima. Es tan importante que lo que tenemos que lograr es una nueva ley que en el marco de la democracia brinde seguridad y estabilidad jurídica, y que este bien jurídico protegido que es la libertad de expresión sea realmente protegido por la ley.

He escuchado decir a muchos diputados que me precedieron que el motivo por el cual tenemos que modificar la ley actualmente vigente es porque ésta ha sido dictada en la época de la dictadura. No discuto que sea un motivo, pero creo que limitarlo a eso es minimizar la importancia de la libertad de expresión. Reitero: necesitamos una nueva ley de la democracia porque el bien jurídico protegido es de raigambre constitucional y es la base de la existencia de la democracia.

En este marco no puedo dejar de mencionar lo que ha pasado en la reunión de las comisiones en el día de ayer justamente porque entiendo que la libertad de expresión conlleva también el respeto a todos y el de escucharnos entre todos. No me parece bien que en esta reunión conjunta se nos haya presentado un proyecto modificado sin tener la posibilidad de analizarlo ni de interiorizarnos con un tiempo debido. Pero fundamentalmente no me parece correcto que mientras estábamos en la comisión y empezaba a circular el dictamen de mayoría se nos notificara en nuestros despachos que esta sesión comenzaría a las 10 de la mañana. En definitiva, creo que esto no hace bien para demostrar que la clase política puede ser absolutamente madura y responsable, y yo quiero una clase política madura, responsable y que pueda realmente expresarse.

Cuando tuve en mis manos el proyecto que tuvo entrada en el Congreso, leí el mensaje y dije “¡Qué bueno! Esta es la ley que yo quiero”.

Le pido permiso, señor presidente, para leer una pequeña parte del mensaje: “Buscamos echar las bases de una legislación moderna, dirigida a garantizar el ejercicio universal para todos los ciudadanos del derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones y que constituya también un verdadero pilar de la democracia, garantizando la pluralidad, la diversidad y una efectiva libertad de expresión.” Pero veamos qué pasó. Cuando pasé del mensaje al texto me di cuenta de que el primero contenía la teoría y el segundo, una práctica diferente. Voy a hacer referencia solamente a algunos artículos porque el debate se ha prolongado y ya muchos señores diputados se han referido a esto. Quiero hacer referencia a los artículos que impiden que esta ley brinde seguridad jurídica.

Estoy convencida de que este proyecto de ley es de políticas de Estado, aunque éste hoy sea administrado por un determinado gobierno. Quiero una política de Estado que trascienda en el tiempo, pero no la encuentro en este texto.

Pretendo que exista una autoridad de aplicación que no sea bicéfala: la mitad a cargo del organismo federal y la otra del Poder Ejecutivo nacional, como lo dispone el artículo 32. No quiero un Poder Ejecutivo nacional con injerencia sino una autoridad de aplicación que además de ser federal –en este caso no lo es a pesar de que el artículo 1º establece que es una ley para toda la República Argentina- tenga una verdadera independencia.

Según el artículo 32, el Poder Ejecutivo nacional adjudicará los medios de largo alcance que van a llegar a todo el país. Estoy en absoluto desacuerdo con que esta ley no tenga en cuenta derechos adquiridos, y quiero ser muy clara. Estoy en contra de los monopolios pero quiero una norma que no genere muchos juicios al Estado. Pretendo que se busque un sistema de transición que no signifique no recordar el plexo normativo vigente, en el que existen los derechos adquiridos.

No porque se afirme que la ley es de orden público, como lo dice el penúltimo artículo, casi cayéndose del texto, se van a dejar sin efecto los derechos adquiridos.

Hay algo que me hace pensar que seguimos socavando la seguridad jurídica que este país debe brindar. Dos años atrás este Congreso, no otro, ratificó un decreto firmado por el ex presidente Néstor Kirchner que decía que en esta materia necesitamos un horizonte de previsibilidad que involucre los plazos mínimamente necesarios para recomponer una situación económica y financiera y preservar también las fuentes de trabajo.

Lo único que pretendo es una ley que nos dé seguridad jurídica, y ello no ocurre en el texto en consideración.

El artículo 72 dice que quien recibe la pauta publicitaria debe decir que la recibe. ¡Qué absurdo! Si el que da la pauta es el que debe decir cómo la da y cómo la administra, ¿por qué voy a invertir la carga de la prueba? ¿Por qué le voy a decir al que la recibe cómo la recibe, cuando el que la da –que además da bienes que son todos nosotros- no dice cómo la distribuye? Por eso no puede estar de acuerdo con esta norma legal.

Sr. Presidente (Fellner).- Ha finalizado su término, señora diputada.

Sra. Diez.- Ya termino, señor presidente.

Tampoco estoy de acuerdo con seguir delegando facultades, como lo hace el inciso d) del artículo 30.

Sé que el consenso no significa unanimidad, pero lo cierto es que habríamos acercado muchas más voluntades, sobre todo con respecto al esqueleto de esta ley.

- Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Zancada.- Señor presidente: antes de abocarme al análisis del proyecto de ley en consideración quiero hacer una mención en honor a un proyecto que he presentado y también por el respeto que tengo por el señor diputado Morgado, presidente de la Comisión de Discapacidad.

Sería bueno que tal como lo dispone el proyecto que presenté, en estos debates tan serios pudiéramos contar con un intérprete del lenguaje de señas para que también un sector de la Argentina pueda tomar conocimiento de estos debates tan interesantes. (Aplausos.)

Ya se ha expresado la compañera presidenta y los demás integrantes del bloque Socialista adelantando el voto afirmativo.

Acompañaremos este proyecto de ley propiciando algunos cambios que hemos trabajado concienzudamente. También quiero recordarles que existen normativas importantes que se han trabajado en este Parlamento, que la señora presidenta de la Nación se ha encargado de vetar, como ocurrió con la ley de emergencia. La traigo a colación, porque vengo del interior profundo, de una zona de cuatro años de sequía, donde las grietas de la tierra se hacen cada vez más evidentes. Sin embargo, nosotros no hemos obtenido resultado legislativo alguno para esas zonas críticas de nuestro país profundo.

En muchos casos hemos trabajado con los pequeños productores del Norte. También he acompañado a los pueblos originarios. Gracias a Dios se ha incorporado en el proyecto esta cuestión vinculada con los proyectos originarios –se lo hizo a última hora-, por lo que también espero que tengan voz los compañeros originarios guaraní bya, de Aristóbulo del Valle, a los que no les dan las radios ni los medios para expresar lo que está haciendo la Universidad de La Plata, en Misiones. O que el compañero Félix Díaz, de La Primavera –los compañeros de Formosa lo saben bien-, se pueda expresar libremente.

Esta semana tuve la visita de Octorina Zamora, de Embarcación, provincia de Salta, quien todavía denuncia el desmonte de las yungas. Pero a los medios nacionales, a los multimedios y a todos estos monopolios no les interesa en absoluto esta noticia.

Por eso estoy convencido de que una ley de la dictadura debe ser cambiada por una de la democracia. En realidad, todos estamos convencidos en el bloque de que debe existir un cambio profundo. No queremos saber nada más de monopolios. Queremos que los centímetros que se dan en esta lay para todos los medios que están presentes también sean concedidos en el interior.

En el interior del país no existen pautas publicitarias. Existen esfuerzos comunitarios.

Les quiero contar una sola anécdota de lo que sucede en el Norte de mi provincia, donde también existe el monopolio de cables. Hay uno que no deja a la oposición expresarse. Por eso apoyo este proyecto de ley, porque es necesario que las cooperativas del interior tengan la posibilidad de expresarse en un canal, en una radio o en un medio. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

En la campaña electoral del 28 de junio pasado no he tenido la oportunidad de expresar mis ideas en el canal de cable de mi ciudad. Por consiguiente, ¡bienvenida esta ley con todos los errores que pueda tener! Trataremos que muchos de los artículos contengan las ideas que conscientemente y maduramente ha trabajado el Socialismo. Siempre hemos trabajado responsablemente, y por eso solicito que se acceda a esos cambios profundos que vamos a solicitar. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

Sra. Fein.- Señor presidente: después de múltiples intentos desde 1983, estamos aquí para cambiar el decreto ley 22.285/80 y sancionar una nueva ley de la democracia, que todos queremos garantice la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información.

Estamos aquí porque consideramos que el modelo de radiodifusión que adoptemos va a determinar en gran medida el modelo de sociedad que deseamos construir. Queremos ser parte de la construcción de esa sociedad plural en nuestro país. Estamos aquí por respeto a los ciudadanos y ciudadanas que han discutido este proyecto y que han formado parte de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Estamos aquí por los 21 puntos de consenso, pero además, señor presidente, el socialismo está aquí por una coherencia de 26 años discutiendo la necesidad de una nueva ley de radiodifusión.

En estos 26 años de coherencia tenemos ejemplos como Héctor Polino, Alfredo Bravo y Guillermo Estévez Boero. También es un ejemplo el proyecto actualmente presentado por el diputado Roy Cortina, que contempla los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

Para demostrar nuestra coherencia, que no hemos sido parte de la estructura que hoy tienen los medios de prensa en nuestro país y que hemos estado en contra de las propuestas que nos llevaron a esta situación, me voy a permitir leer las palabras del ex diputado Estévez Boero, quien en 1989, cuando se discutía el proyecto de ley de emergencia administrativa y reforma del Estado decía: “Existe también en este proyecto de ley un importante artículo relacionado con la radiodifusión. Se posibilita en él la concentración de capacidad informativa, dentro de un mismo territorio, en muy pocas manos. Este proyecto niega así el derecho a la libertad de información. Creemos que en un mismo distrito territorial no debe concentrarse en las mismas manos toda la información de los medios escritos, orales y televisivos, porque eso atenta contra la libertad de información y pluralismo cultural al que tiene derecho nuestro pueblo.”

Decía también nuestro compañero en ese debate de 1989: “En nuestra propuesta alternativa no rechazamos toda participación de los titulares de medios escritos en los otros medios, sino que reducimos sensiblemente su injerencia a un porcentaje minoritario de capital que no puede exceder del 33 por ciento. No obstante, el Honorable Senado de la Nación ha incorporado a este artículo, al que me estoy refiriendo, un agregado que nosotros consideramos extremadamente negativo, por el que se prevé la participación del capital extranjero en la posesión de medios de comunicación de nuestro país. Si seguimos este camino terminaremos nuevamente con agencias noticiosas extranjeras funcionando en nuestro medio, que con una óptica foránea informarán a un argentino sobre lo que ha hecho otro argentino.

“Conviene aquí destacar el pensamiento de Raúl Scalabrini Ortiz: ‘... para que una colectividad constituya una nación no basta que esté recubierta bajo el mismo manto político. Es preciso que los medios de comunicación y los medios de cambio formen un sistema genuinamente nacional, si los medios de comunicación y los medios de cambio están influenciados por voluntades ajenas a la voluntad nacional, es decir, si están bajo el contralor o el dominio extranjero, esa colectividad será un remedo de nación".

Estamos aquí convencidos de que este proyecto representa un avance con respecto a lo que tenemos porque defiende mucho más a los pequeños y medianos medios de nuestra provincia. Queremos una radio y televisión pública –no gubernamental- y vamos a trabajar para que en nuestra provincia, que tiene más de mil kilómetros, haya un medio que integre las distintas regiones.

Estamos aquí porque estamos convencidos de que lo que es bueno para la Nación también es bueno para el socialismo. Vamos a apoyar este proyecto convencidos de que es bueno para la Nación. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Cejas.- Señor presidente: el Poder Ejecutivo nacional ha enviado a este Congreso Nacional el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual.

Por una cuestión de responsabilidad, y para empezar por nuestra propia casa, creo que deberíamos dar lectura al artículo 50 de la Constitución Nacional, el cual nos da legalidad y legitimidad a los actuales diputados para el tratamiento de esta iniciativa.

Quiero brindar un reconocimiento a quienes trabajaron en esta propuesta: funcionarios, legisladores con mandato cumplido, la Coalición por una Radiodifusión Democrática. En la persona de Néstor Busso brindo mi reconocimiento a todos los que colaboraron, como catedráticos, universitarios y trabajadores de prensa.

También quiero mencionar la realización de los foros en todo el país. En mi provincia se celebraron dos, en San Carlos de Bariloche y Viedma, con la participación de partidos políticos, académicos y trabajadores. ¿Qué más se nos puede pedir?

Me parece oportuno que cada uno de nosotros haga un reconocimiento: veintinueve años de mora en general y veintiséis de la democracia argentina, con respecto a un proyecto que es trascendente y que debería ser una política de Estado del país para los medios de comunicación.

Haciendo un ejercicio para ubicarnos en los tiempos, señalo que ahora están encendidas las luces y están los representantes del pueblo debatiendo sobre este tema. Hace veintinueve años, seguramente las luces de este salón estaban apagadas y la triste Comisión de Asesoramiento Legislativo –la CAL- estaba promoviendo el desatino que nos ha regido desde entonces.

Muchos de los legisladores de distintas bancadas han avanzado sobre lo que significa este proyecto, que presenta alcances superadores en la temática de la libertad de expresión, la autoridad de aplicación, los monopolios y oligopolios, los plazos de las licencias, los requisitos para ser titular de las licencias, los contenidos de interés público, la incorporación de las cooperativas, la definición acerca del cine y la música nacionales, la democracia y los derechos humanos.

Se considera la libertad de expresión como un derecho de todos. También se hace referencia al pluralismo, al acceso a las nuevas tecnologías, a la autoridad de aplicación y al federalismo, a la participación de las minorías, a la promoción del empleo, a la incorporación ciudadana y a los contenidos nacionales con libertad y responsabilidad.

Estamos dando un doble debate en el seno de la comunidad. Ante la opinión pública seguramente será tarea de todos promover este debate en el seno de la comunidad, a fin de que se tome conciencia.

También en los tiempos que vendrán vamos a incorporar definitivamente en la conciencia de la ciudadanía argentina esta iniciativa que estamos debatiendo. A su vez, debemos mencionar la opinión publicada, pues seguramente algunos medios han sentido que estamos tocando sus propios intereses.

No venimos aquí a perjudicar a nadie, pero tampoco podemos dejar pasar por alto que hay algunos hombres y mujeres de la política confundidos. Creen que juegan de locales en algún medio, pero no se están dando cuenta que son funcionales a las corporaciones. (Aplausos.)

Hagamos un pequeño racconto de la historia. Han estigmatizado y puesto en ridículo a un presidente de la Nación y a dirigentes políticos. Nadie les ha dicho nada. Un día van por uno y otro día van por otro.

En la vida política se nos plantean distintas circunstancias. Hay oportunidades y también hay oportunistas; que cada uno se ponga del lado que quiera.

Como hombres del movimiento nacional y popular tenemos la firme convicción de que esto constituye un avance en materia de medios de comunicación para la República Argentina. Sin duda, este es un punto de partida.

Vengo de la Patagonia. Sé de la incorporación de los pueblos originarios de esa Patagonia que representa a la Argentina nueva y a la Argentina avasallada hace cien años por quienes sojuzgaban a nuestros pueblos originarios.

Quiero expresar mi deseo de que la ley que vamos a sancionar rija en toda la República Argentina. No podemos renunciar a esto. Lo digo en memoria de quien me metió en el peronismo, mi padre, y de los hombres y mujeres que sufrieron los golpes de Estado. Esta es la expresión mayor que tienen los pueblos, como nos enseñaron los hombres y mujeres más humildes de la década del 40, que rompían las tranqueras y expresaban su voluntad política con tiza y carbón. (Aplausos.) Por su parte, en las fábricas los trabajadores y delegados eran quienes defendían el concepto de comunidad organizada de Juan Domingo Perón y Eva Perón.

Sin ningún prejuicio y con firme convicción política quiero decir que esta ley es perfectible. Seguramente hemos tenido dudas luego del análisis pormenorizado del proyecto, pero los peronistas y los hombres y mujeres de otras fuerzas políticas estamos convencidos de aprobar esta iniciativa para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. (Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

Sra. Vaca Narvaja.- Señor presidente: dado lo avanzado de la hora trataré de ser lo más breve posible.

No quiero dejar pasar por alto algunas cosas que aquí se han expresado. En primer lugar, debo decir con absoluta seguridad que esta sesión especial goza de plena legalidad y legitimidad. (Aplausos.)

En ningún artículo del reglamento se indica que transcurridos treinta minutos desde la hora de citación la sesión se cae si no se ha logrado quórum. No existe ese artículo en el reglamento. Por lo tanto, llamemos a las cosas por su nombre y hablemos con la verdad. (Aplausos.)

Tampoco es cierto que las autoridades de la Cámara hayan tenido actitudes discriminatorias y diferenciadas para con los miembros de la oposición. En estos cuatro años que llevo como vicepresidenta de la Honorable Cámara me ha tocado en numerosas oportunidades presidir sesiones especiales solicitadas tanto por la oposición como por el oficialismo. En todos las sesiones especiales pedidas por la oposición los tiempos de espera y de declaración del fracaso de la sesión han sido acordados con los legisladores opositores. Siempre fueron ellos los que pidieron que se levantara la reunión luego de haber transcurrido media hora o más sin haber logrado el quórum. Incluso –tal como aquí se ha dicho-, en varias ocasiones hemos esperado más de una hora para ver si se reunía el número suficiente para sesionar. Por lo tanto, queda en claro que no hubo ningún tipo de discriminación ni diferenciación hacia los miembros de la oposición.

Por otra parte, como integrante de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Honorable Cámara quiero decir que también se trabajó conforme a reglamento. Pero lo que más me extraña es que la oposición, que tanto ha criticado la forma en la que se trató este tema en las comisiones, no haya dicho que si se hubiese logrado el quórum en esas sesiones especiales por ellos solicitadas habrían tratado proyectos de ley que no habían sido considerados en las comisiones y que, por ende, no contaban despacho de comisión. (Aplausos.)

Quiero decir –hablemos con claridad- que hoy no hubo voluntad política de los que hoy no están en sus bancas para debatir y construir una ley de consenso.

Quiero reivindicar que esta ley ha sido producto de una construcción colectiva democrática y plural. Quiero reivindicar y reconocer el trabajo de aquellos diputados que siguen y son coherentes, así como fieles a sus convicciones, sin un doble discurso: no dicen una cosa afuera y después aquí hacen otra o no quieren dar el debate o no quieren construir una ley como la que estamos construyendo.

Aquí se ha dicho que la autoridad de aplicación debe ser dependiente del Congreso. En ningún lugar del mundo, salvo uno ya mencionado como Gran Bretaña, esto existe. Quiero decir también que la Constitución Nacional es muy clara en cuanto a los roles del Poder Ejecutivo y del Congreso. El Congreso legisla y controla, no gobierna, no administra las políticas públicas. Eso lo hace el Poder Ejecutivo nacional. Lean la Constitución, por favor. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Se ha dicho también que esta autoridad de aplicación no tiene control del Parlamento. No es cierto: hay una comisión bicameral y además de esa comisión, elige tres representantes en el marco de la autoridad federal de aplicación. Tiene también el control de auditoría de la SIGEN.

Quiero decir también que la oposición, que hoy no está en sus bancas, ha acordado y aprobado innumerables leyes antes de este Congreso y también con nosotros ahora, donde las políticas de la autoridad de aplicación de todas las leyes ha estado siempre en manos del Poder Ejecutivo nacional.

Casi todas las veces lo han aprobado por unanimidad o por amplia mayoría, y muchos de los diputados que hoy no están aquí presentes.

Para terminar quiero decir que cuando hablaba la señora diputada Marcela Rodríguez –lamento que ahora no esté- y planteaba su reparo de que no habíamos puesto el resguardo suficiente en la ley para los sectores para los cuales estamos convencidos que esta ley tiene como objetivo de dar voz a los que no tienen voz, que tengo la plena seguridad y confianza de la modalidad, por la forma en que esta ley se ha construido, con la fuerte participación de las organizaciones sociales y de la política que quiere transformar la realidad.

Estos sectores, espacios políticos y sociales, van a ser los mejores guardianes y defensores de la libertad de expresión, de la palabra y de la ley. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sr. Presidente (Fellner).- La Presidencia hace saber y agradece a varios señores diputados que estaban anotados como oradores porque van a insertar sus discursos y han permitido a las autoridades de los distintos bloques reducir la nómina de inscriptos para hacer uso de la palabra. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Como me han pedido que difunda la nómina, tengo que decir que se trata de los señores diputados Gianetassio, Carlotto, Díaz Roig, Godoy, César, Perié, de la Rosa, Sapag, Puiggrós, Segarra, Álvaro y Fadel, sin perjuicio de que haya otros que también estén anotados.

Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Pais.- Señor presidente: en buena parte lo que pensaba decir lo ha señalado con absoluta solvencia la señora diputada preopinante. Esta es una ley perfectible pero también es una ley discutida en los ámbitos sociales, gubernamentales y legislativos.

En lo particular, nos hubiera gustado tener más tiempo para debatirla en comisión, pero también lo estamos haciendo hoy en el recinto. Acá se debate hasta que se vote en particular, y se puede perfeccionar.

Lamento que algunos desperdicien la oportunidad que les impone el rol parlamentario que les dio la voluntad popular.

Esta ley es importante. En su momento, al inicio de su tratamiento en las comisiones, reivindicamos el compromiso del oficialismo –que se ha cumplido- en la persona de su presidente de bloque para buscar los consensos con el mayor de los esfuerzos.

Los legisladores de la Patagonia y otras provincias, como por ejemplo la de Chubut, presentamos más de veinte observaciones, sugerencias y propuestas que en su gran mayoría, salvo una, han sido receptadas.

Cuestionamos y pedimos en su momento modificaciones en lo que respecta a la autoridad de aplicación, la autoridad de contralor y el ombudsman. Impugnábamos, porque decíamos que contaminaba y así lo planteamos en el plenario de las comisiones y desde el oficialismo, la participación de las empresas telefónicas. Sosteníamos que seguramente se impondrían más adelante por imperio de los avances tecnológicos, pero que merecíamos una mayor discusión, participación y análisis, porque cuando se adquirió la ex empresa nacional ENTEL se sabía que no podrían participar en negocios de radiodifusión.

Hemos visto la mayor de las amplitudes y permeabilidad. Por estos motivos acompañamos este proyecto de ley, y eventualmente plantearemos nuestras disidencias durante el tratamiento en particular; diferencias que coinciden con las planteadas por el señor diputado Vega, como también lo dijimos al comienzo, cuando pedíamos expresamente la supresión en la ley de la excepción para las inversiones extranjeras, aun existiendo tratados de inversión.

Queremos decir al señor diputado Vega que no tiene que rasgarse las vestiduras por esta ley sino porque el actual decreto-ley de radiodifusión posibilita las inversiones extranjeras y las excepciones, pero no lo hace por imperio de una ley de la dictadura sino de la democracia: la ley 25.750, de preservación de bienes y patrimonios culturales, que en el segundo párrafo de su artículo 2° establece que el 30 por ciento de capital extranjero podrá ser ampliado con condición de reciprocidad por los países que tengan inversiones extranjeras en sus medios de comunicación, hasta el porcentaje que ellos admitan.

Entonces, no nos rasguemos las vestiduras en el sentido de que es un derecho vigente. Sin perjuicio de ello, y como lo plantearemos durante el tratamiento en particular, entendemos que esta excepción no debe figurar en la norma, que de hecho está contemplada en otra ley –la de preservación de bienes y patrimonios culturales- que no ha sido derogada.

Reivindicando el esfuerzo del oficialismo de lograr consenso -del que pueden dar fe legisladores del oficialismo, de la provincia del Chubut y de otras bancadas que están dando el debate- esta norma tiene más de doscientas modificaciones. De modo que es producto del trabajo y el consenso parlamentarios, y es la hija de lo que justamente quiere regular: la libertad de expresión, esa que desde nuestras bancas ejercemos en función del debate parlamentario.

Consideramos que esta norma es un avance, y hago mías las palabras del señor diputado Recalde en el sentido de que si sancionamos esta norma y también lo hace el Senado, seguramente no será la mejor, pero es la ley posible y necesaria. Ojalá este Congreso u otro en algún momento trate la modificación o derogación de esta norma, porque estarán mejor que nosotros, modificando una ley de la democracia.

En función de lo expuesto creemos que esta iniciativa es un avance necesario para conciliar la legislación argentina con los derechos humanos; la Constitución Nacional; la libertad de expresión, que ha sido incorporada por los tratados internacionales después de la reforma constitucional de 1994; y también hace suyas las recomendaciones de vieja data que viene dando la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la libertad de expresión y difusión, que es indivisible y siempre debe propender a la pluralidad de medios y la restricción de los monopolios, garantizando el principio de no discriminación en cuanto al acceso de los medios.

Nosotros creemos que estamos avanzando decididamente y conciliando el derecho positivo con la normativa y la manda constitucional. Estamos avanzando y honrando justamente la voluntad de nuestros constituyentes, los del 60, que habían incorporado el artículo 32, y los del 94.

Por último, en una apretada síntesis, quería contestar a los diputados de San Luis. La materia de radiodifusión es federal, y está expresamente incorporada en la Constitución. Es más, hoy la materia de la regulación de los medios audiovisuales está prevista expresamente en el artículo 75, inciso 19 in fine.

La Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad de referirse, analizando incluso el artículo 32 de la Constitución, en un caso de la provincia de Neuquén, sobre la constitucionalidad de la legislación o de la potestad del Congreso en materia de radiodifusión.

Queremos decir que el máximo tribunal ha dicho que la regulación de la radiodifusión queda incluida en la más amplia regulación de las telecomunicaciones, y a su vez está incluida en la regulación del comercio interjurisdiccional, atribuida exclusivamente al Congreso, éste que está sancionando hoy esta norma.

Esta regulación es parte de la autoridad federal, así que no tenemos que sorprendernos de la jurisdicción federal, es natural y esencial, la teníamos, la tenemos y la tendremos, con la actual ley de la dictadura o con la nueva y próxima a sancionarse ley de la democracia.

Esta regulación federal, seguramente en una norma más participativa, plural y que busque la desconcentración, va a resultar sumamente beneficiosa para todos los argentinos, porque dará una mayor garantía de libertad de expresión y fundamentalmente una mayor garantía de acceso a la información. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellener).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Vilariño.- Señor presidente: en aras de ser breve solicito autorización para insertar un texto sobre varios aspectos técnicos del proyecto de ley.

Sí quiero hacer algunas consideraciones de naturaleza política que tienen que ver con el objeto del presente debate, sabiendo claramente que los medios de comunicación –sobre todo a partir del avance tecnológico de los últimos tiempos- están asociados al poder.

Es importante que esto se sepa con claridad. La humanidad empezó a utilizar elementos de dominación cuando aprendió a manejar la tecnología del metal y apareció la espada, los ejércitos, y hubo potencias como Roma que duraron cuatrocientos años. Eran un factor de poder muy importante.

Luego descubrieron que manejar mucha tierra, teniendo las herramientas necesarias, era otro factor imperante de poder porque ya no resistían la presencia ocupacional de los ejércitos.

Así la humanidad siempre fue buscando elementos o herramientas que le daba la tecnología para asociarlos a los privilegios del poder.

Llegamos en los últimos tiempos al manejo de los hidrocarburos y del agua, que sin ninguna duda son elementos esenciales. Pero todo este esquema se rompe cuando se descubren el transistor y los elementos conductores, y la tecnología se empieza a abrir.

Esto de tratar de transculturalizar a los pueblos, de lavarles la cabeza es tan antiguo como la humanidad.

Los romanos no solamente llevaban a su ejército sino también a los hijos de la elite a educarse a Roma. También lo hacían los Incas, este pueblo hermano de Quilmes. El pueblo Diaguita Calchaquí luchó 130 años y no lo lograron doblegar. Llevaban a los hijos de la elite a Cuzco para lavarles la cabeza, hasta que aparecieron los medios de comunicación. Bienvenida la imprenta y bienvenido el periodismo, con aquel caso famoso Watergate, que yo creo que marca un punto de inflexión porque los medios de comunicación empiezan a usarse como herramienta o factor de poder.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.

Sr. Vilariño.- Es importante tomar en cuenta los excelentes trabajos de investigación mostrando el negocio de los medicamentos, de las drogas, de la delincuencia e incluso de la corrupción. Bienvenido ese periodismo; que realmente investigue a todos.

Pero ese periodista del caso Watergate, que fue tan resonante en su arrepentimiento, contaba cómo fue abusado por los dueños de esos diarios –del Washington Post y del Times- para después constituirse en lo que ustedes conocen y que con toda ligereza se llama el cuarto poder. Estaba claramente materializado.

Por eso legislaciones como las europeas o las del propio Estados Unidos reaccionaron de manera federal. Esos medios marcaban la elite política: si uno no salía en el Washington Post o en el Times no podía ser parte del próximo gobierno en Washington.

Eso fue así hasta que cambiaron su ley de radiodifusión, porque justamente con eso descubrieron el poder de concentración que tenían. Lo regionalizaron. Incluso llegaron a permitir la prensa amarilla, a la que tienen estipulada con claridad en su ley. Me parece que este es el modelo que nosotros tenemos que tratar de hacer en esta sesión.

Fíjense la analogía con mi provincia. Pasaron treinta y seis años desde la sanción de esta ley, y en todo ese tiempo solamente dos familias gobernaron mi provincia. ¡Miren qué coincidencia!

¿Dónde estaba la seguridad jurídica en Salta cuando la Revolución Libertadora del 55 confiscó un diario, que era el de mayor circulación de la provincia y propiedad del Partido Justicialista? En su libro La fuerza, razón de las bestias, Perón lo decía con claridad. (Aplausos.)

Esta ley necesita imperiosamente ser sancionada. Veamos como ejemplo lo que hemos perdido los políticos, lo que le ha pasado a los presidentes, que con buena voluntad fueron cediendo funciones o usaron un deporte popular para que monopolicen y se queden con otras empresas.

¿Dónde estuvieron los núcleos de resistencia? Porque como le dábamos a los poderosos, había que darle a los chicos. Les voy a contar lo que sucede en mi provincia con las antenas parabólicas, en Iruya o en Santa Victoria. Allí empezaron los cambios. Muchas comunidades de pueblos originarios -las marginales- las desperdiciaban. Pero en Salta siempre hubo un diario, una sola televisión por cable y una sola radio AM, hasta que después también tuvieron que ceder y aparecieron los medios alternativos de comunicación, esa cantidad de PYMES, de radios FM y de televisoras por cable que permitieron que en Salta, en treinta y seis años, vivamos únicamente seis años de gobierno democrático fuera del manejo de dos familias.

No es casual, entonces, que los medios de comunicación se usen como herramientas de poder. De allí la importancia de esta norma, que se hizo militando. Recuerdo que descubrí a la señora diputada Merchan en la Legislatura de Salta, donde había un solo diputado, y al otro día la acompañé a la universidad. También recuerdo que en el año 2004 fuimos con el entonces diputado Nemirovsci a juntarnos con las cámaras, y creo que estaban los señores diputados Irrazábal y Perié. Después fuimos a tomar una sopa de maní.

Pero la gran inquisición que nos hicieron los periodistas en ese tiempo tenía que ver con dos aspectos: por un lado, la Justicia, que estaba en pleno proceso de cambio. Recuerdo que había ido el diputado mandato cumplido Falú, de Tucumán, y que lo acribillaron a Nemirovsci preguntando, ¿cuándo íbamos a tener un instrumento que nos garantice, justamente, la libertad de ideas, que se escuche toda la pluralidad y que después cada uno en libertad pueda escuchar y vivir en una verdadera democracia?

Para terminar, nosotros inauguramos en la ciudad de Tartagal –y no esperamos que fuera después de las elecciones del 28 de junio, en las que se ganó- el Canal 7, cuyos equipos estaban comprados por la administración anterior, pero no la ponían porque había un cable monopólico. Llevamos una batería de un viejo televisor a Tonono, una misión aborigen ubicada a veinte kilómetros de la ciudad de Tartagal. Allí estaban viendo fútbol quienes no tenían acceso a ello por falta de dinero, esos chicos con “una ñata contra el vidrio”; en Salta nunca más volveré a ver las confiterías vidriadas. Necesitamos medios que permitan la diversidad cultural, la pluralidad de ideas y demás.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Señor diputado: muchos legisladores se borraron de la lista de oradores…

Sr. Vilariño.- Ya termino, señora presidenta.

Debe haber un fuerte financiamiento, y creo que el Consejo Federal debe tratar la descentralización de las FM de baja frecuencia en las provincias. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- El cuerpo quiere agradecer a las señoras diputadas Damilano Grivarello, Leverberg y Llanos que también dejaron sus lugares en la lista de oradores.

Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Moisés.- Señora presidenta: en primer lugar quiero agradecer a todos y cada uno de los actores sociales de los argentinos y argentinas que participaron en las audiencias públicas en todo el país, y especialmente en el Congreso de la Nación, a quienes hemos escuchado durante toda la semana pasada. Creo que hemos dado un ejemplo más de cómo cuando la política y las instituciones les abrimos la puerta a la gente y a la participación popular, nos beneficiamos absolutamente todos y, en especial, la República.

En todas las argumentaciones se ha hablado mucho de cuatro conceptos: libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de empresa y derecho a la información. Estos cuatro derechos están totalmente tutelados en esta ley en profundidad, pero a pesar de lo que han expresado gran parte de la oposición y de los medios de comunicación, en realidad los verdaderos enemigos de estos cuatro derechos no son ni el Estado, ni el gobierno, ni esta ley. Hay muchos otros enemigos que acechan a cada uno de estos derechos; quizás es contra ellos específicamente que nosotros queremos ir con esta ley. Esto no lo dice una diputada del oficialismo: lo dice todo el conjunto de las ciencias sociales en la Argentina, Latinoamérica y el resto del mundo. Mac Luhan, Umberto Eco, Giovanni Sartori, una infinidad de intelectuales han escrito sobre estos enemigos.

Hoy la libertad de expresión no está amenazada por el poder militar, por la censura del autoritarismo. Hoy la libertad de expresión está amenazada por los dueños de los medios de comunicación grandes, pequeños y medianos. (Aplausos en las bancas y en las galerías.) Porque la censura para decidir quién habla y quién no en un medio de comunicación la tienen los dueños; esa es la verdad, sea uno, sean varios o sea un cuerpo de accionistas, y los intereses que esos dueños representan. El enemigo de la libertad de prensa –a la que nosotros queremos tutelar fundamentalmente- es la falta de libertad que tienen los comunicadores sociales que deben ejercer esa libertad de prensa… (Aplausos en las bancas y en las galerías.) …porque tienen intereses y porque dependen de quienes los emplean y desde dónde van a escribir.

Hoy los enemigos de la libertad de empresa son los monopolios. Hemos escuchado a muchos canales del interior y a pequeñas radios FM que han sobrevivido a la dictadura militar, que empezaron con la radiodifusión en este país. Hago honor y nombro personalmente a un sampedreño, Luis Garay, que ha sido uno de los promotores de la radiodifusión en la provincia de Jujuy. Como decían muchos de los que hablamos y compartimos las audiencias públicas, en la época de los militares tenían que estar escondidos poniendo antenas para poder expresarse.

Lo mismo hicieron muchos técnicos y cable operadores del interior del país, algunos de los cuales sobrevivieron al monopolio de medios de comunicación que a través del chantaje del negocio del fútbol vieron a esas pequeñas y medianas empresas cerrar sus puertas. Esos son los enemigos de la libertad de prensa: el monopolio y el oligopolio.

A mi juicio, lo fundamental de este debate es el derecho a la información que tenemos todos los argentinos y las argentinas. Hoy el concepto de información está totalmente modificado por la modernidad y la globalización. No es la información de hace veinte o treinta años.

En la actualidad la superabundancia de información hace que todos estemos poco y muy mal informados. La celeridad de la información motiva que aquellas cosas que son importantes para la comunidad o para los dueños de los medios sean las reiteradas una y mil veces o las escondidas una y mil veces.

Además existe la mercantilización de la información, que hoy no tiene valor en sí misma como un elemento fundante de la conciencia ciudadana. La información es una mercancía y un instrumento para algunos factores de poder.

Esta transformación propia del concepto de información no es de esta diputada sino de las ciencias políticas, y solicito la inserción en el Diario de Sesiones de los nombres de todos los intelectuales que sostienen estas definiciones.

Esto ha generado la transformación del principio de la actualidad de la información y del concepto de verdad. En este punto hago mías las palabras del señor diputado Morgado, quien fue sumamente solvente al señalar cómo se maneja la verdad a través de los medios de comunicación.

Sólo agregaría algo a sus expresiones. Cuando todos los medios de comunicación dicen lo mismo, ¿cómo contrasta la gente si lo que dicen no sólo lo muestran con una imagen, con el saber de quienes tienen la solvencia intelectual… (Aplausos en las bancas y en las galerías.) …sino que cada vez que cambia de canal ve exactamente lo mismo? (Aplausos en las bancas y en las galerías.) ¿Qué poder tiene la gente si cada vez que cambia de canal ve exactamente la misma información con la solvencia de saber, como bien lo dijo el diputado Morgado, y con una imagen que se reitera mil veces y quizá es una pequeña porción de la realidad y no toda la realidad?

Queremos equilibrar estos cuatro derechos y controlar los enemigos que yo enumero. No queremos mordaza sino que suscribimos una afirmación de uno de los juristas más importantes de este país, en el libro titulado La omnipotencia de la prensa: “Esto convierte a la televisión en un eficaz instrumento de control social en garantía de la conservación del orden, a través de la repetición de opiniones, convenientemente simplificadas, que se consideran aptas para mantener el status quo.” En este país ese status quo muchas veces nos quiere convencer de que no podemos cambiar nada, y nada vamos a cambiar mientras esas bancas estén vacías. (Aplausos en las bancas y en las galerías.) No vamos a cambiar muchas cosas mientras algunos estén de rodillas. (Aplausos en las bancas y en las galerías.) No vamos a cambiar nada si no fortalecemos realmente y consolidamos esta democracia, y esto sólo lo lograremos fortaleciendo a la clase política, peronista, radical, socialista o de los partidos pequeños. Solamente fortaleciéndonos como representantes de la voluntad popular podremos fortalecer esta democracia, y no debilitándola y devaluándola como hizo cierta parte de la oposición desde el día en que comenzó este debate. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

En nombre de la República y de las instituciones se ha devaluado a toda la clase política, se han deslegitimado nuestros propios mandatos, se ha subestimado la representación que ejercemos de la gente, se ha menospreciado la inteligencia del pueblo de la Nación argentina y se ha negado la pertenencia de muchos de ellos a la propia clase política con un descaro total. Desde el día en que nos sentamos en estas bancas, seamos lo que seamos, vengamos de dónde vengamos, geográfica o ideológicamente, pasamos a pertenecer a la clase política. Y a esa clase debemos honrar para que ser mejores, para que la gente nos controle más y para acercarnos a la realidad.

Yo vengo de una provincia del norte, de un norte pobre. Por lo tanto, también represento un norte pobre, porque el poder económico tiene mucho que ver con el poder ideológico y con el poder de representación que ejercemos.

Sin embargo, estoy orgullosa de representar a muchos jujeños. No me voy a poner de rodillas delante del poder de nadie, porque me respalda el poder de esos jujeños. Si yo me pongo de rodillas, también se ponen de rodillas todos aquellos que me votaron, y a los que represento. (Aplausos y manifestaciones en las bancas y en las galerías.)

Estoy convencida de que la futura ley es urgente en este país. Estoy también convencida de que muy poco honor le hacen a la democracia, a las instituciones y a la República los que se llenaron la boca hablando de todo esto, y hoy están de rodillas, allá, frente a las cámaras de televisión. (Aplausos y manifestaciones en las bancas y en las galerías. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Basteiro.- Señora presidenta: trataré de ser breve para poder votar este proyecto de ley que es tan necesario para todos nosotros.

Desde el bloque Encuentro Popular y Social tenemos la necesidad de reafirmar con nuestro voto positivo el apoyo en general al proyecto de ley en consideración, como también a los 166 artículos que lo componen. (Aplausos y manifestaciones en las bancas y en las galerías.)

Claramente la señora diputada Merchán planteó cuáles fueron los motivos que nos llevaron a apoyar este proyecto.

En este largo debate hemos escuchado la intención de algunos bloques de querer invalidar esta jornada planteando que se había violado el reglamento. A esos diputados que argumentaron cuestiones de orden les digo que el mejor reglamento lo constituyen los 131 diputados que están sentados dando quórum, preparados para votar este proyecto de ley. (Aplausos y manifestaciones en las bancas y las galerías.)

A lo largo de estos días también debimos escuchar que esta Cámara no tenía legalidad y que teníamos que esperar hasta diciembre para discutir cualquier otra iniciativa.

Esta Cámara de Diputados cuenta con la voluntad del voto popular. Por eso es válida y puede discutir éste y cualquier otro tema, de acá a diciembre, como lo haremos después durante los próximos dos años. (Aplausos y manifestaciones en las bancas y las galerías.)

Se dijo que esta era una ley exprés; que se quería discutir sin el debate específico de cada uno de los bloques.

¡Veintiséis años viene esperando el pueblo argentino que esta Cámara se anime y tenga la voluntad política de llevar adelante una reforma que implique dejar sin efecto un decreto ley de la dictadura! Estamos hablando de una norma que generó consecuencias nefastas en la opinión pública. Debemos conocer la verdad, para que se caigan las mordazas y se empiecen a correr los velos en las cámaras de televisión y en cada uno de los lugares donde debe conocerse la verdad.

Principalmente apoyamos este proyecto de ley porque se trata de derogar una ley de la dictadura que debemos sacarnos de encima. Además, creemos que esta iniciativa es buena. El debate que se ha producido a lo largo de estos últimos días, donde cada uno de los bloques aportó sus ideas, nos da la seguridad de que no nos estamos equivocando.

Cada una de las reformas que se hicieron fueron para mejorar lo que ya era un proyecto bueno. En función de ello, tenemos la plena tranquilidad de que le podemos decir a nuestros representados que todo esto va a mejorar ostensiblemente. Van a tener la posibilidad de enterarse, de conocer la verdad y de recibir en cada uno de sus hogares, por medio de la radio y de la televisión, lo que hasta hoy impedía una ley de la dictadura. Quizás como ninguna otra, esta ley de radiodifusión que hoy rige los destinos de la comunicación en la Argentina entraba en nuestras casas, y mediante los mensajes y la programación de los canales de televisión y de las radios generaba opinión, agenda política, cultura, moda, etcétera. Hoy vamos a poder empezar a cambiar esta situación porque se destraba el monopolio y porque a partir de ahora puede haber diversidad, puede haber muchas otras voces que opinen en contrario, y el debate y las distintas ideas enriqueceránlas conciencias de todos los argentinos.

Señora presidenta: el monopolio no es casual, no es mentira y no es un eslogan que se utiliza desde algún sector para demostrar lo que sostenemos. Solamente cinco grupos económicos poseen casi el 85 por ciento de las señales de televisión y radios de la Argentina, y uno solo tiene más del 65 por ciento. ¡Si esto no es monopolio, el monopolio dónde está! Creo que a partir de ahora podremos empezar a cambiar esta historia.

No me queda mucho tiempo y tal vez haya mucho más por decir. Me parece importante señalar una situación que a mí siempre me ayuda a entender por qué hay que votar de determinada manera, más aún cuando se trata de un debate de estas características, que genera tantas pasiones y discusiones.

Tenemos en claro que estamos en el camino correcto porque este proyecto de ley toma principalmente los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. (Aplausos.) Esos 21 puntos nos marcaron un camino a nosotros y al propio Poder Ejecutivo, que se permitió debatir no sólo en los foros que tuvieron lugar desde marzo –cuando en La Plata se presentó este proyecto de ley-, sino que con anterioridad hubo muchas otras reuniones.

A diferencia de lo que generalmente sucede con un proyecto cuando lo discutimos en el Parlamento, que a lo sumo puede llegar a algún claustro universitario o a algún lugar académico, esta iniciativa se discutió en los barrios, en los sindicatos, en los lugares de trabajo, en donde está el pueblo. (Aplausos.)

Entonces, decir que la democracia es solamente el respeto por las instituciones es no tener en cuenta al pueblo. Para nosotros la democracia es el respeto por la opinión y por la voluntad del pueblo cuando lleva adelante un proyecto de ley de estas características, o cuando sale a pelear por sus derechos.

Señora presidenta: cuando una iniciativa de este tipo es apoyada por las diferentes universidades que enseñan la carrera de comunicación social, por los sindicatos, por las cooperativas, por los pueblos originarios, por las iglesias de prácticamente todos los cultos, por las organizaciones sociales, por todos y cada uno de los trabajadores de la actividad, por los periodistas, por los trabajadores de la televisión, por los actores, por los directores de cine; cuando es apoyada por las dos centrales de trabajadores -que muchas veces mantienen diferencias notables en varios aspectos pero que coinciden en este tema-, cuando es apoyada por el conjunto de los partidos populares que queremos modificar la realidad de nuestro pueblo, no me quedan dudas de que hay que apoyar un cambio de estas características, votando afirmativamente este proyecto. (Aplausos.) Del otro lado quedan los que aceptan los designios y voluntades de las patronales de los grupos económicos que solamente tienen un interés: el económico, para poder criticar y decirle no a esta ley.

Para terminar y no extenderme más, quiero contestarle a la diputada Camaño –es una lástima que no esté presente en este momento-, quien al inicio de la sesión hacía una crítica al proyecto en consideración y decía que no servía o que había que discutirlo mucho más porque iba a dar vuelta como una media la realidad del manejo de los medios en la Argentina. Si eso es así, en buena hora. (Aplausos prolongados). 0

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Este Cuerpo también agradece a la señora diputada Canela, quien también resignó su lugar en la lista de oradores.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Raimundi.- Señora presidenta: así como hace un rato, con mucha honestidad intelectual, la señora diputada Sesma dijo respetuosamente que no iba a acompañar este proyecto de ley por sus íntimas convicciones, adelanto cuál es la razón fundamental por la que voy a apoyar esta iniciativa: mis más íntimas convicciones. (Aplausos.)

En primer lugar, quiero hacer referencia a dos cuestiones prácticas. En verdad no deseo ser abogado del oficialismo, pues prefiero serlo de mí mismo y del sentido común, pero trataré de desmontar varios de los argumentos que se oponen a este proyecto.

Deberíamos desdramatizar el planteo de esta sesión como escandalosa por una cuestión práctica. La razón por la que en una sesión especial solicitada por la minoría se espera un tiempo determinado y luego se levanta se fundamenta en que de antemano se sabe que no se va a lograr el quórum.

En cambio, cuando la sesión especial la pide el oficialismo, que puede lograr el quórum, no hay problema en esperar un poco más, porque se trata de celebrar una sesión con validez. Lo digo desde la perspectiva de una persona que ha estado mucho más tiempo en sesiones fracasadas que válidas.

Lo que no se puede hacer es disfrazar de calidad institucional la defensa de intereses políticos y económicos. Aquí no hubo un trato discriminatorio, sino sentido común. (Aplausos.)

Otra cuestión práctica: si aquí estuvieran presentes la totalidad de los legisladores de los otros sectores de la oposición, en alguna de las modificaciones que estamos solicitando tendríamos más chance de conseguir el éxito.

Por lo tanto, se da el contrasentido de que quienes más se oponen, más oportunidades otorgan al oficialismo para que no se modifique una coma del dictamen, reconociendo todo lo que ya se ha modificado.

Ahora paso a la cuestión del proyecto en sí mismo, pero no a su articulado y efectos legales, sino a un efecto social. A partir del debate de este proyecto -y no sólo en los foros por la radiodifusión democrática, sino entre la gente común, que no milita en los lugares que recién señalaba el diputado Basteiro-, ¿se está hablando más o menos de los monopolios? ¿Se habla más de grupos económicos, de concentración de intereses y de negocios, o menos?

Se habla más, y esto es bueno, porque se trata de una sociedad que empieza a poner en negro sobre blanco esta cuestión. Comienza a sincerar esos intereses económicos y a observar a los grandes grupos de comunicación como actores con intereses políticos y económicos, y no como propagadores sacrosantos de la verdad. Este es el principal valor que ha originado el debate alrededor de esta iniciativa, más allá de sus propios contenidos.

Se han presentado más de setenta proyectos desde el año 1983 hasta ahora. Algunos de ellos fueron totalizadores y otros, reformas parciales. Nunca nadie dijo que no se debían tratar, pero, sin embargo, nunca se trataron. Ello debió haber sido así porque aquí hubo intereses no explícitos.

En consecuencia este no es un debate que lleva pocas horas, como dice la oposición, sino muchos años. ¡Enhorabuena que lo hayamos podido dar esta noche! (Aplausos.)

Además, están quienes dicen que esto tendría que ser una política de Estado. Una política de Estado es una política de articulación, donde nadie consigue lo óptimo; se trata de una política de síntesis. Sin embargo, piden eso pero fuerzan interpretaciones extremas sobre cosas que son de mero sentido común. Por ejemplo, escuché decir que era autoritario que entre las facultades de la autoridad de aplicación esté la registración de los trabajadores. Parece que nos olvidamos que esta es una sociedad que necesita registrar a la totalidad de sus trabajadores a partir de un órgano de aplicación que esté coordinado por el Poder Ejecutivo, nada más y nada menos que a través del Ministerio de Trabajo. Aclaro que me refiero a los trabajadores comunes. Este es el sentido de la cláusula de registración; de ninguna manera se busca habilitar la posibilidad de que si a alguien no le gusta lo que piensa una persona, ella no pueda trabajar como periodista.

También se ha dicho que es autoritario incluir dentro de las facultades la posibilidad de declarar la caducidad de las licencias. En este sentido, si hay una ley que establece los requisitos para otorgar una licencia, cuando se incumplen dichos requisitos legalmente tiene que existir una autoridad de aplicación que pueda declarar la caducidad de las licencias ilegales. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Entonces, no disfracemos de calidad institucional lo que en realidad forma parte de la discusión de otros intereses. Digo esto porque quienes más se llenan la boca hablando de calidad institucional son los que hace unos años llevaron en sus listas a un falso ingeniero que se sentaba en uno de los asientos de este recinto y, como construcción mediática, era enfocado por las cámaras de los grandes medios para mostrar cómo le indicaba a los integrantes de la Comisión de Legislación Penal la forma en que debían tratar los temas de seguridad a fin de endurecer las penas y encarcelar a los menores.

Pregunto si no es una afrenta a la calidad institucional que un bloque que se llena la boca con esos conceptos tenga entre sus integrantes a un legislador que es propietario de una cadena de medios de comunicación, lo cual está prohibido por las leyes y la ética pública. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Escuché decir que los medios independientes son los que destapan los casos de corrupción. Personalmente creo que hubo muchos casos en los que los medios independientes han destapado hechos de corrupción, pero también sabemos que existen casos de corrupción que no se destapan por negocio, con el objetivo de extorsionar al denunciado. Obviamente esos casos no se sacan a relucir mientras estén vigentes sus negocios.

En ese sentido, quisiera poner un ejemplo que es emblemático. Me gustaría saber cómo es posible que se haya hablado más de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ocasión del treinta aniversario que en el momento en el que realmente estuvo en el país. ¿No es este el paradigma más evidente de la corrupción como terrorismo de Estado en la Argentina? (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Deberíamos preguntarnos qué tiene que ver el hecho de haber tapado aquella visita, ocultando lo que realmente pasaba en el país, con que esas mismas cadenas de medios compraran a precio vil la empresa que los proveía del papel para que pudieran editar sus diarios. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Se ha señalado que este gobierno, como los anteriores, ha realizado acuerdos con los medios que hoy lo denuncian. Esto es cierto. Pero si a esta realidad la miramos desde otra óptica, podríamos decir que en algún momento el gobierno hizo un acuerdo con un medio y que hoy ese medio lo enfrenta porque rompió el acuerdo; y también podríamos señalar que el gobierno era bueno porque hizo el acuerdo, pero ya no lo es porque lo rompió. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Quiero sintetizar mi exposición en dos frases finales. En primer lugar, apoyo este proyecto porque ayuda a diversificar los mensajes.

En segundo término, apoyo la propuesta en tratamiento porque no tengo dudas de que debemos dar una batalla para que el periodismo y los medios sean independientes del poder político. Además, me parece que hay que dar una batalla mucho más importante en este momento, que no es la etapa del control del Estado sino de la sociedad de información, y hay que tratar que la política sea independiente de las grandes cadenas periodísticas y de los grandes medios de comunicación. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Ardid.- Señora presidenta: parece que los argentinos no terminamos de salir de las falsas antinomias que nos creamos de ley sí o ley no. No es eso lo que estamos discutiendo aquí sino que tenemos que ponerlo en su justo punto.

Es cierto que no vengo con la mejor disposición a este recinto porque sinceramente me siento maltratado, ya que no se le puede pedir a nadie que venga a debatir con cierta seriedad y a opinar sobre una ley cuando hace doce horas le entregaron un proyecto que lleva incorporadas más de doscientas modificaciones.

Pienso que eso es atentar contra la honestidad intelectual por lo menos de la mayoría, y si no, por lo menos en mi caso, del que sí me hago cargo.

- Manifestaciones en las galerías.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

Sr. Ardid.- Con esto también estoy diciendo, por haberle dado este tratamiento, que no hemos conseguido muchas más cosas, ya que si hubiéramos reflexionado nos habríamos dado cuenta de que este proyecto de ley recién hace sólo dos semanas que lo tenemos en nuestras manos, y en el curso de estas dos semanas y por imperio de que todos teníamos la conciencia de que debíamos consensuarlo, -debemos tener en cuenta que es una ley muy importante para nuestra Nación-, alcanzamos a introducirle cambios que hicieron que muchísimos de los que están sentados aquí en este momento se sintieran proclives a votarlo por la afirmativa cuando no fue esa la impresión mayoritaria que tuvimos cuando la ley llegó a nuestras manos.

Por eso reitero que deploro este apuro. Aclaro que no estoy diciendo que no la tratemos nunca. Yo no respondo a ningún medio de comunicación, a mí no me paga nadie y por eso tengo la absoluta tranquilidad de conciencia para expresarme como lo estoy haciendo.

Por ello digo que lamento profundamente que no nos hayamos dado una semana más porque les aseguro que con una semana más, hubiéramos podido dar el debate que desgraciadamente no podemos dar en este ámbito y en este momento; digo esto porque hubiéramos tenido un consenso mucho mayor.

No voy a hacer el análisis específico de los puntos de la ley porque, lo reitero, atenta contra mi honestidad intelectual el que me hayan dado un proyecto con 215 modificaciones hace doce horas.

Sí voy a opinar sobre lo que creo que es importante y medular. Importantes han sido los cambios introducidos en esta ley -bienvenidos sean- y medulares son las cosas que desafortunadamente han quedado y que podríamos haber solucionado si nos hubiéramos dado una semana más de tratamiento parlamentario.

Por otra parte hubiera significado posiblemente el gesto de grandeza que la mayoría de los ciudadanos nos está reclamando a los políticos, para demostrar que no vamos tras intereses personales, sectoriales o de alguna fracción o de algún gobierno de turno.

Cuando yo leí esta ley dije que es mi límite y es mi margen lo que respecta a la autoridad de aplicación. Si queremos tener una política que sea para todos y que perdure en el tiempo, tenemos que sacarla del ámbito de un gobierno y ponerla en el ámbito del Estado. Con eso hubiéramos evitado la suspicacia de la posible presión que se podría ejercer sobre los medios, porque entonces los medios podrían verse presionados por quien en algún momento va a tener la potestad de darles la autorización para que funcionen o no.

También hubiéramos podido actuar en el otro extremo, porque esta autoridad de aplicación, que a mi entender está bien que sea autárquica, debería ser autónoma, para que pueda funcionar con el presupuesto que debe tener y rendir cabalmente las cuentas a través de la ley de administración pública. De este modo nadie puede sentirse marginado o presionado por no decir o no acatar, y hubiéramos evitado las suspicacias a las que todos los argentinos somos muy proclives.

Adelanto mi voto negativo al proyecto de ley en consideración. No puedo acompañarlo en estas condiciones.

- Manifestaciones en las galerías.

Sr. Ardid.- Lamento sinceramente que no haya sido elaborado con el consenso necesario.

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Alfaro.- Señor presidente: después de veinticinco años, hoy hemos podido discutir, debatir e instalar este tema de la libertad de prensa y expresión en la ley de radiodifusión. Ojalá esto no quede en el intento como en muchas otras oportunidades. Siempre la voluntad política pudo menos que los intereses sectoriales. Durante muchos años nos hemos visto postergados por un Estado ausente en materia de educación, salud, justicia y también medios de comunicación social.

En la Argentina el nacimientos de los holdings, monopolios y corporaciones no fue un hecho aislado. Se insertó en el proceso de concentración económica que acompañó a las políticas neoliberales desarrolladas a nivel mundial en todos los campos, en especial el de la comunicación.

No hay que temerle a esta ley; cuando esté plenamente en vigencia será beneficiosa para la sociedad. La comunicación audiovisual es una actividad social de interés público en la cual el Estado tiene la obligación de salvaguardar el derecho ciudadano a la información, la participación y la libertad de expresión, promoviendo y respetando el pluralismo político, religioso, cultural y étnico, y garantizando la cobertura de todos los servicios.

En nuestro país diecinueve empresas controlan el 70 por ciento de los medios de comunicación. Las empresas, los medios, son cosas abstractas. Los medios tienen dueños, gente que los controla. No voy a hablar de los medios sino de quienes los controlan: sus dueños.

¿Qué significa controlar los medios de comunicación? Tener la posibilidad de decidir qué es lo que va a conocer la sociedad, qué tiene que esperar, a quién tiene que respetar y a qué debe temer.

¿Cuál es el espacio que nos queda para ejercer nuestro derecho político? El que los dueños de los medios nos dejan; el que ellos quieren, para que los usemos como deseen. Hemos visto muchos hombres doblarse frente a los dueños de los medios.

¿De qué sirve la presunción de inocencia de nuestra Constitución cuando los dueños de los medios pueden decidir quién y cuándo es culpable en nuestro país? ¿De qué sirve la defensa en juicio cuando los dueños de los medios pueden condenar a cualquier ciudadano al escarnio público con un puñado de presunciones?

En una sociedad mediatizada como la nuestra, tener acceso a los medios es sinónimo de existir o no existir. Entonces, la exclusión no es sólo económica en nuestro país sino también social; es tener o no la posibilidad de expresarse y de ser visibles para la sociedad.

Hay que decirlo: hemos llegado a esta situación por responsabilidad de una dirigencia política que pensó en beneficiarse acordando con los dueños de los medios sin advertir las consecuencias que una concentración de esta magnitud tendría sobre la división de poderes, la República y la democracia.

Estamos frente a una oportunidad histórica de sancionar una legislación sobre los medios de comunicación, en la cual el Estado argentino –no un gobierno- se erija en defensa de los diversos actores de la sociedad para tener una información plural y digna.

En esta coyuntura no es razonable reducir la cuestión a un enfrentamiento político partidario. Además es un gesto de inmadurez política e institucional oponerse a cualquier política que se encuadre dentro de un proyecto irreprochable.

Del debate y las discusiones que se tuvieron durante este tiempo sobre este tema, merece un párrafo aparte la actitud, posición y situación del vicepresidente Julio Cobos, quien ya no es un hombre que no es escuchado, ya no es el hombre ninguneado. Después del 28 de junio ya no es la víctima. Él ya eligió, tiene su propio proyecto político. Pero se encuentra usurpando un lugar institucional al que llegó de la mano de la presidenta y con los votos que no son los de su proyecto político. (Aplausos.)

Tendría que tener la grandeza de irse del gobierno. Lo suyo hoy es un acto de inmoralidad política e incoherencia. La militancia y el compromiso no tan solo se ejercen desde un cargo sino también desde el llano. Hasta sus propios correligionarios, como Gerardo Morales, le piden la renuncia si quiere encabezar un proyecto político opositor. No es tarea del vicepresidente de la Nación reunir al arco opositor para determinar una estrategia en la sanción de esta ley.

Por ello es imperioso avanzar en esta legislación democrática. Debemos trabajar para garantizar a todos los ciudadanos de este país el derecho a informarse y a expresar libremente su pensamiento y opiniones sin censuras, sin discriminaciones, sin manipulaciones de ningún tipo por parte de los sectores de poder.

Solo así podremos construir una sociedad más plural, libre, justa y democrática. Es una deuda pendiente de más de veinticinco años y es momento de comenzar a saldarla. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Vázquez.- Señor presidente: llevamos muchas horas de debate y se han dado muchísimos argumentos. Yo solamente quiero reflexionar sobre algunos puntos.

Hace un momento se decía que se han presentado a lo largo de estos veintiséis años más de setenta proyectos por parte de todas las bancadas. También se ha dicho que estos proyectos no pudieron llegar al recinto ni tampoco ser tratados en comisión.

Por eso también además de hacer este homenaje a quienes desde la Coalición por una Radiodifusión Democrática se han plantado a lo largo de estos años y nos han permitido llegar hasta este punto, quiero hacer un homenaje a todos los diputados y senadores que nos precedieron, porque ellos también jalonaron este camino.

Hoy tenemos la suerte de ser contemporáneos, coetáneos de este momento histórico. Estamos viviendo en este debate un momento histórico. Porque la verdad es que otros, como ocurrió en el 2001, también enviaron desde el Poder Ejecutivo un proyecto integral para reformar la ley de radiodifusión, las normas de la dictadura, ¿pero saben qué pasó? Cuando llegó el momento de debatirlo en comisión solamente quedaron dos diputados.

También va mi homenaje a Pedro Calvo y a Luis Brandoni, que tuvieron el coraje de bajar y dar este debate. Eso determinó que Luis Brandoni presentara la renuncia, porque entonces era presidente de la Comisión de Cultura.

Lamento que hoy la bancada del bloque radical no esté presente para dar este debate y esté traicionando a su historia. La verdad es que los argentinos a lo largo de estos veintiséis años hemos podido juzgar a las juntas militares y ver cómo se saqueó el patrimonio nacional. Por suerte también hemos podido recuperar parte de ese patrimonio nacional.

Pero cuando cumplimos veinticinco años continuos de esta democracia nos dimos cuenta de que había una cuestión de la que parecía que no se podía hablar. A lo largo de veinticinco años y con claudicación de la política –debemos hacernos cargo de eso, y hoy estamos reparando esa claudicación- había triunfado la teoría del silencio: de eso no se debía hablar.

Mi compañero de bancada Claudio Morgado ha tenido a su cargo un programa de televisión que, como tantos otros, habla sobre lo que hace la televisión, sobre lo que se dice en la televisión, pero siempre desde adentro de la televisión, siempre desde los medios de comunicación. ¿Pero saben qué creo y qué vi en las audiencias públicas? Que lo que se trató de evitar a lo largo de estos veintiséis años es que se pudiera hablar de los medios de comunicación -de lo que ellos transmiten en imagen, en palabras, en valores y en cultura- desde afuera de los medios de comunicación.

- Aplausos en las galerías.

Sra. Vázquez.- Me parece que la gratitud es un valor que debemos seguir cultivando los argentinos. Y si nosotros, que formamos parte de un bloque de minoría –no de oposición sino de minoría-, con nuestro proyecto y desde nuestro lugar hemos podido aportar en el debate con el Frente para la Victoria y con los bloques que se han quedado acá, me parece que a esta altura del debate no hay ningún justificativo para que aquellos que hoy no están sentados en sus bancas estén haciendo conferencias de prensa del otro lado, mientras nosotros estamos acá democratizando las comunicaciones y estableciendo una autoridad de aplicación que, entre otras cosas, incorpora la representación parlamentaria por primera vez en la historia argentina.

Cabe aclarar que, cuando esta norma sea ley, a esa autoridad de aplicación la van a integrar representantes de la primera, la segunda y la tercera minoría. O sea que estamos trabajando para que ellos, cuando esto sea ley, integren la autoridad de aplicación. Nosotros somos una minoría mucho más pequeña y probablemente no la integremos. Sin embargo, aportamos, debatimos, estamos acá, e incluso queremos debatir en particular e introducir más modificaciones.

¿De qué se van a disfrazar, cuando son los que se van a beneficiar integrando esa autoridad de aplicación que están repudiando? (Aplausos en las bancas y en las galerías.) Me pregunto qué van a decir después, porque lo que han hecho durante todo este tiempo es quedarse en la puerta del debate. Nunca entraron al debate de la ley.

¿Y saben qué otra cosa genera indignación? Los diputados y los senadores, que tenemos cámara y micrófono, también estamos comunicando. Y si no se tiene responsabilidad cuando se está ante un micrófono y no se le dice la verdad al pueblo, y no se contribuye a comunicar adecuada y eficazmente lo que está pasando, la verdad es que también se está traicionando ese mandato popular.

Entonces, quedarse en la puerta del debate, no haber entrado, obedece a alguna razón. La primera es que no pueden sostener lo que han dicho delante de esas cámaras con lo que han firmado en los proyectos que presentaron en esta Cámara de Diputados. (Aplausos.)

Durante todo este tiempo no solo no se molestaron en estudiar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, sino que ni siquiera se molestaron en releer los proyectos que ellos mismos firmaron. (Aplausos.)

Ellos van a integrar la autoridad de aplicación y van a integrar la comisión bicameral de seguimiento. Sin embargo, en sus proyectos no han planteado esto. Ellos plantean que deberíamos tener una autoridad regulatoria que dependa del Parlamento. Pero la verdad es que deben revisar sus proyectos. La autoridad regulatoria siempre la dejaron bajo la órbita del Poder Ejecutivo. En esto le han faltado a la verdad a la gente. Entonces, ¿cómo iban a entrar al debate si no podían sostener lo que decían delante de las cámaras con lo que habían firmado? Nosotros venimos aquí con lo que firmamos. Nosotros planteamos estas cuestiones -la autoridad de aplicación, la mayoría parlamentaria, la no entrada de las telefónicas y demás- en el proyecto que presentamos el 10 de diciembre del año pasado como homenaje a los veinticinco años de la democracia. Lo hicimos porque queríamos encender una luz de alerta, una alarma sobre lo que nos estaba pasando, porque todos éramos conscientes de que en el año 2008 este Parlamento iba a debatir este proyecto de ley. Todos somos conscientes de las cosas que sucedieron para evitar –entre otras cosas- que este Parlamento tratara esta ley. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

También somos todos conscientes de que no vamos a poder avanzar en aquellas cuestiones centrales que tienen que ver, sin lugar a dudas, con la redistribución de la riqueza si primero no democratizamos la palabra y la cultura. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Dije alguna vez que este debate además de ser apasionante nos confronta con la hipocresía. La verdad es que en estos días hemos escuchado muchos argumentos hipócritas de quienes parecen temerosos frente a la posibilidad remota de que el Estado vaya a adquirir no sé cuántas potestades de acumulación de poder y silencian y han silenciado con un descaro nunca visto cuánto la empresa privada ha limitado, coaccionado o determinado las líneas editoriales de tantas y tantas publicaciones y medios de comunicación. La verdad es que nunca le vamos a pedir objetividad a ningún periodista ni a ningún medio porque la objetividad no existe. Lo único que uno pide es honestidad intelectual y transparencia. Cuando yo hablo, todos saben de qué partido político provengo, cuál es mi historia y mi ideología. Lo único que pedimos es que el editorialista confiese también cuál es su línea editorial, su ideología y los intereses que defiende, tal como se hace en tantos países del mundo. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Nosotros venimos a apoyar esta iniciativa más que activamente. Lo vamos a hacer con pasión, con la pasión que nos da haber militado durante veintisiete años en esta democracia queriendo llegar a este momento. Es un largo anhelo, un larguísimo anhelo poder confrontarnos con los bolsones de autoritarismo que aún superviven en nuestra cultura.

La señora diputada Camaño, que creo que ahora no está presente –y lo lamento-, trató de minimizar que esta fuera una norma que provenía de la dictadura diciendo que hay otras leyes que también superviven. Así fue como se refirió a las leyes que regulan el régimen electoral, los partidos políticos y las entidades financieras. Nosotros también lo decimos permanentemente, pero hay una diferencia muy grande entre esta norma y todas esas leyes. Esta iniciativa trata sobre la interacción entre los seres humanos, la comunicación, lo que transmitimos como valores y disvalores, es decir, la cultura. Pero esta norma es la madre de todas. Si esto no se cambia, si se mantiene el silencio, quédense bien tranquilos que las otras leyes tampoco las vamos a poder abordar. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Realmente hay un cambio sustancial entre la realidad -ese reflejo, lo que es hoy- y esto que estamos elaborando en el proyecto de ley en consideración.

Todos los que estamos aquí hemos trabajado en el trazo fino de la ley, pero me parece que hoy tenemos una situación política que nos obliga a ver el trazo grueso de lo que está sucediendo.

Con honestidad confieso que en veintiséis años de democracia nunca vi tanta distancia entre lo que el ciudadano vive como realidad y lo que supone es su realidad a partir de la imagen que crean los medios. Pero tampoco vi en veintiséis años tanto descaro para que un grupo de legisladores asuman al pie de la letra, recitando, el discurso de las empresas. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Es impensable que haya nacido en la cabeza de un legislador la idea de que el Congreso y la Cámara de Diputados que él integra no tiene legitimidad para actuar. ¿Alguien puede creer que un diputado en su sano juicio puede pensar eso de sí mismo y del cuerpo que integra?

Dos o tres horas atrás, mientras en este recinto estábamos debatiendo, quienes ahora no están sentados en sus bancas dieron una conferencia de prensa en la que una vez más volvieron a deslegitimar la Cámara de Diputados. ¿Alguien puede pensar que esa idea nace en la cabeza de un legislador?

Pero lo que es más grave, no sólo deslegitimaron

desde una argucia reglamentaria lo que habíamos actuado como cuerpo sino que ya plantearon lo que puede suceder en el Senado de la Nación, apostando una vez más a que la defección les garantice lo que no han podido conseguir con los votos, sus palabras, sus conductas y su militancia. Ese es el trazo grueso. (Aplausos prolongados en las bancas y en las galerías.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Macaluse.- “No podemos creer nada de lo que se lee en un periódico. La misma noción de verdad resulta sospechosa cuando está inmersa en ese transmisor de polución.” Esta frase no es de Hugo Chávez, El Khadafi o Hugo Morales… (Aplausos.) …sino del presidente Thomas Jefferson, que curiosamente es reconocido por otra frase que indica el enorme respeto por la independencia de la prensa libre.

Cito esta frase que él le escribe a un amigo y es citada por Giovanni Sartoni en Homo Videns porque expresa la ambivalencia y la pulsión del hombre que está en el poder, la tentación de no ser controlado.

También podría citar frases que un siglo después pronunció William Randolph Hearst, dueño de varios medios en los Estados Unidos. Él había mandado un dibujante a Cuba para tomar imágenes de lo que pensaban que debía ser la guerra, porque en ese momento no había fotógrafos. El dibujante le dice: “Acá no va a haber guerra. Mándeme de vuelta porque estoy harto en Cuba.” Entonces él le contesta, mediante un telegrama: “Usted suminístreme los dibujos, que yo le voy a suministrar la guerra.”

Esa guerra se produjo porque se dio a conocer una noticia falsa. Por accidente había explotado una mina debajo de un buque -el Maine- y los medios que estaban bajo la órbita de Hearst y todos los otros medios reprodujeron en cadena la noticia de que había habido un atentado. O sea que Estados Unidos fue a la guerra por una noticia falsa.

No fue la única vez, porque siglos después se repitió esto con muchas otras guerras, casi con las mismas características, con la diferencia de que han existido avances tecnológicos.

Lo paradójico es que en lo tecnológico se producen avances, pero hay retrocesos en el tratamiento de las noticias. ¿Qué quiero decir con esto? Las disputas entre los hombres de poder y los dueños de los medios de comunicación no son un invento argentino, porque no nacieron ahora. Está en la naturaleza humana, porque el hombre que está en el poder no quiere que le pongan límites. Y nosotros, mediante la legislación, debemos ponerles límites a los hombres que están en el poder político.

Los hombres que son dueños de los medios de comunicación tienen la tentación y la pulsión de convertir ese poder en un poder ilimitado. Nosotros debemos ponerles límites. De eso se trata este proyecto de ley. En esto quiero ser minimalista; no tengo expectativas grandilocuentes, pero estoy absolutamente convencido de que la futura norma será una mejor ley que la que tenemos hoy en vigencia, que vergonzosamente proviene de una dictadura. No sólo nos avergüenza su procedencia, sino también su concepción ideológica y política.

¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Evitar que quien está en el poder tenga un poder ilimitado. Debe aceptar ser limitado. También debemos evitar que quienes tienen medios de comunicación pasen a tener un poder ilimitado a través de la concentración.

Eso lo puede hacer y lo debe hacer la dirigencia política, y no la clase política. La clase política es una categoría impuesta por los medios para degradar justamente a aquellos que los deben regular. (Aplausos y manifestaciones en las bancas y las galerías.)

¿Cómo cumplimos nosotros con nuestra tarea? Discutiendo y debatiendo. Este proyecto de ley se viene discutiendo desde hace décadas. Lo vienen impulsando por fuera de las instituciones las organizaciones no gubernamentales con muchas luchas. Es la primera vez que nosotros institucionalmente avanzamos hasta este punto. Me parece que es muy bueno. Rompimos el tabú. Hablar de la ley de radiodifusión hasta hace tiempo estaba permitido como jueguito al costado de la tribuna, pero no se podía entrar a la cancha. Pero hoy entramos a la cancha a discutir estas cosas.

No debemos discutirla en términos de guerra santa, sino en términos de establecer regulaciones sensatas y racionales, teniendo en cuenta parámetros internacionales y legislación comparada, sobre todo de los países desarrollados y de los que muchas veces se ponen como paradigma de la democracia. Esto es lo que mínimamente hace esta norma. Y no me parece mal que lo haga.

¿Cuál es la tentación del oficialismo? Evitar que en la ley aparezcan controles que puedan limitar la pulsión de poder ilimitado de los gobernantes. Sobre esto nosotros, como oposición, tenemos la obligación de avanzar.

¿Cuál es la tentación de la oposición? Buscar el favor de los grandes dueños de los medios de comunicación, que no quieren ser regulados. Esto es lógico y natural. No nos tenemos que enojar con los dueños de los medios porque no quieren ser regulados. Simplemente tenemos que regularlos. Esa es la obligación que tiene el poder político. (Aplausos.)

Por eso esto no tiene que ser una guerra. De aquí debe salir una normativa racional y sensata. En las modificaciones siempre hay un doble estándar por parte del poder económico. Cuando el poder concentrado necesita –porque le conviene- tener cambios, lo que se dice es que hace falta una modernización legislativa para dar por tierra con las leyes vetustas. Y cuando no le conviene porque no quiere, porque se regula o porque se avanza sobre alguno de sus privilegios, se plantea la cuestión de la inseguridad jurídica.

Para algunas cosas el cambio legislativo, aunque lo hagan avasallando como ocurrió en los 90, es una modernización; para otras cosas, es inseguridad jurídica. Nosotros no tenemos que hacernos cargo de ese doble estándar; debemos tener uno solo. Tenemos que normar y regular, y nadie se va a morir por eso.

¿Por qué hay que reglar esta cuestión? Porque las disputas entre el poder político y el poder de los medios muchas veces se puede llevar puesto a un país. Y puede resultar peor cuando acuerdan, porque ni siquiera sabemos sobre qué han coincidido. Esto tiene que estar normado y reglado.

Que haya una autoridad de aplicación donde convivan representantes de distinta naturaleza y extracción rompe con el silencio, con la opacidad y con la oscuridad en la negociación. Esto es absolutamente claro e indiscutible: cómo se controla mejor y cómo se previene contra la opacidad y la oscuridad de las discusiones entre los dueños de los medios y los que ejercen el poder político con más gente.

¿Qué es mejor, tener un interventor que sea el que discuta y decida, o tener siete miembros, que son los que discutirán? Obviamente, los medios hacen su cuenta y dicen “hay siete”. El poder político puede cooptar, y son cinco a dos. También es arbitrario cinco a dos. Si cooptan todo, puede ser siete a cero.

Busquemos la legislación comparada. ¿Cuántos representantes tiene la autoridad de aplicación en Francia? Nueve. Tres los pone el presidente de la Nación, tres el presidente del Senado y los tres restantes, el presidente de la Cámara de Diputados.

En Estados Unidos hay cinco representantes, todos designados por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. ¿En Brasil cuántos hay? Cinco. A todos los nombra el presidente de la Nación. En Estados Unidos no puede haber más de tres de un mismo partido. Es decir que el Poder Ejecutivo tiene mayoría y dispone de ella. Esto no es ilógico porque el Poder Ejecutivo no sale por sorteo. (Aplausos.) De lo contrario vivimos repitiendo la frase de doña Rosa “¿No escucharon el mensaje de las urnas?”. Pero el mensaje de las urnas se da cada dos años y tiene la misma validez; no se trata de escucharlo sólo cuando a mí me gusta. (Aplausos.)

A fuerza de ser sincero, debo decir que a mí no me gustó el mensaje de las urnas de cuando ganó la presidenta actual. Pero me lo tengo que bancar porque esa es la regla elemental de la democracia. El mensaje de las urnas dice que hay una presidenta hasta 2011. Después habrá otro. Debemos respetar esto y tiene que gobernar.

Ahora bien, creo que se debe trabajar más profundamente sobre las reglas de control. No hemos logrado tener densidad y profundidad en el trabajo de control. En general los organismos de control son el botín que desde la oposición se plantea para generar un problema el Ejecutivo, que obviamente rechaza. Y después, cuando hay que hacer un trabajo, ni el oficialismo ni la oposición han trabajado con la fuerza suficiente como para que cada funcionario esté obligado a venir a rendir cuentas.

Creo que tendríamos que avanzar muchísimo en profundizar todo el sistema de controles cruzados, porque si no, terminaremos sancionando proyectos que no son malos, pero que después no servirán para nada.

Esta iniciativa es perfectible, y hemos propuesto modificaciones. Algunas apuntaban al corazón de la ley, y el oficialismo aceptó modificaciones sustanciales. Con respecto a los medios de comunicación, un día dicen que la presidenta dio marcha atrás e introdujo modificaciones al corazón del proyecto de ley, pero al día siguiente, la noticia es vieja y se afirma que no se modificó nada y que el proyecto no sirve.

Si se dio marcha atrás en cuestiones que atañen al corazón de la ley fue porque alguien las propuso y se aceptaron. Esto fija un hito, porque hasta ahora la tesis del actual y del anterior Poder Ejecutivo consistía en que ceder era perder; entonces, no se cedía un palmo, porque se tenían los votos. Ahora, los diputados oficialistas pueden demostrar que si ceden, ganan, lo que puede ser un buen augurio (Aplausos.)

Se planteaba el tema de las telefónicas y teníamos la preocupación de que se iba a crear un monopolio, con la posibilidad de negocios de gente allegada al Poder Ejecutivo. Ello se volteó y no podemos minimizar el cambio que se dio allí. Lo reconocemos y creo que es un avance en el proyecto de ley.

El otro tema que se planteó fue el del artículo 40, que sufrió varias modificaciones, y ahora es el Congreso el que tiene que decidir, lo que también es un avance.

Un tema en el que no hemos podidos avanzar, salvo acuerdos en el aire, es el de los tratados de protección de inversiones. Estos tratados los firmó el Poder Ejecutivo y los homologó el Congreso, con lo que les otorgó jerarquía supralegal.

Entre lo que se coloca en una ley y lo que figura en el tratado de protección de inversiones, vale esto último, se escriba lo que se escriba en la norma. Entonces, decimos que vamos a escribir en el agua, si no denunciamos los tratados de protección de inversiones, que entre otras cosas no sólo pueden generar un problema para el inversor nacional, sino que están destinados a generar un cepo para que no haya política económica soberana en la Argentina. Por eso hay que denunciarlos.

El procedimiento consiste en aprobar un proyecto de resolución por cada uno de los tratados, habiendo 54 firmados, de los que 38 ya están en condiciones de ser denunciados. Cada uno de ellos establece las condiciones en que el país puede denunciarlo.

La denuncia debe ser hecha por el Poder Ejecutivo en el plazo que establece cada tratado, y en algunos casos son diez años y en otros, quince. Esos 38 tratados están ultravigentes, porque no se ha procedido a la denuncia.

Entonces insto a que en la próxima sesión votemos los proyectos de resolución que solicitan al Poder Ejecutivo la denuncia de los tratados, a fin de no escribir límites de porcentajes accionarios que pueden llegar a no tener validez, si hay un solo tratado en vigencia.

Hemos trabajado en la iniciativa, pero creo que se podría haber trabajado más. Con una semana más habríamos llegado a sancionar un proyecto mejor. Habrá modificaciones que tendrá que introducir el Senado, porque no hemos trabajado bien en la comisión. Hay que señalar que el plazo de una semana que establece el artículo 113 del reglamento no es fortuito; es para que se puedan leer y formular correcciones, que no se han hecho.

Preferimos el contenido a la forma, pero la forma también es importante. Estoy seguro de que habrá modificaciones que introducirá el Senado, las que terminaremos aprobando por no haber trabajado con más tiempo.

De todas formas, estoy convencido de que es un avance, porque es mejor tener este proyecto, que establece controles cruzados de la democracia, que tener una ley que otorga un poder omnímodo a una sola persona para hacer negociaciones que por definición se hacen en la opacidad y oscuridad. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe. (Aplausos.)

Sr. Rossi (A.O.).- Gracias por los aplausos. A veces es bueno recibirlos, pero la verdad es que no todas las sesiones son iguales.

Señor presidente: había ordenado mi discurso en base a muchas de las cosas que tan brillantemente expuso mi compañera Patricia Vaca Narvaja en relación con los cuestionamientos que aquí se han hecho sobre la metodología de trabajo implementada para el tratamiento de este proyecto de ley.

Recién señaló correctamente el señor diputado Macaluse –también lo manifestó la señora diputada Vázquez- que este proyecto empezó a discutirse el 11 de diciembre de 1983, es decir, al día siguiente de la asunción como primer presidente de esta nueva etapa democrática del doctor Raúl Alfonsín. La verdad es que todos los argentinos sabíamos que en algún momento la democracia iba a tener que debatir la implementación de un nuevo sistema de radiodifusión y de comunicación audiovisual.

Podríamos decir que esta es una de las leyes de la transición democrática. Esas normas son aquellas respecto de las cuales todos sabemos que en algún momento van a reformarse. Algunas se modificaron en un plazo cercano a la recuperación de la democracia, pero otras insumieron mucho más tiempo. La que hoy estamos tratando demandó veintinueve años. Digo esto porque ayer, 15 de septiembre, es decir, el día en que firmamos el despacho de comisión –que es perfectamente legal y legítimo porque fue suscripto en un plenario de tres comisiones que contaban con la mayoría de sus miembros presentes-, se cumplieron veintinueve años de la sanción del decreto ley.

En todo ese tiempo ocurrieron muchas cosas. Todos los presidentes de la democracia presentaron algún tipo de iniciativa para reformar la ley vigente. Muchos legisladores también impulsaron dentro del Parlamento diversos proyectos en el mismo sentido; según escuché decir hoy fueron más de setenta iniciativas. Hubo un proyecto de Alfonsín, otro de Menem, y también uno de de la Rúa. Pero debo decir con absoluta honestidad que lo que puso este gobierno –que nos enorgullece integrar- y esta presidenta de la Nación al enviar su propuesta a la Cámara de Diputados de la Nación es una enorme convicción política… (Aplausos en las bancas y en las galerías.)… que como todas las cosas que se hacen en base a energía y a decisión propia tienen todos los condimentos de lo que significa el volumen. A las anteriores iniciativas les faltó volumen. No les faltó convicción, les faltó decisión. No les faltó argumentación, les faltaron las cosas que se necesitan para modificar una situación que durante veintiséis años no pudimos modificar.

Reconocemos el enorme aporte militante, con la convicción de mantener ideas durante todos estos años, de los compañeros de la Coalición. Se lo reconocemos...

- Manifestaciones en las galerías.

Sr. Rossi (A.O.).- …porque lo han sostenido y llevado adelante a veces en muchísima soledad.

Hemos dicho que nuestra ley intentó respetar lo más fielmente posible esos 21 puntos de la Coalición. Es cierto que una vez venida al Parlamento muchísimos bloques hicieron aportes que no estaban incluidos en el proyecto.

Quiero aquí detenerme en dos situaciones: la primera de ellas es que como bloque oficialista pudimos trabajar con muchísima libertad a la hora de poder incorporar cada una de las miradas y de las visiones de los distintos bloques que fueron enriqueciendo el proyecto de ley que hoy estamos tratando.

Pero también quiero hacer un reconocimiento explícito por la sabia decisión tomada por la presidenta de la Nación al anunciar...

- Manifestaciones en las galerías.

Sr. Rossi (A.O.).- …la eliminación de las telefónicas de la posibilidad de ser cableoperadores. Más allá de la discusión sobre los aspectos técnicos, la decisión fue sabia porque habían intentado montarnos una operación parar desvirtuar el objetivo de la ley.

Nosotros no estamos detrás de ningún negociado. Lo que dijeron durante quince días lo tienen que empezar a borrar desde el mismo momento en que la presidenta de la Nación anunció la eliminación del negocio de la radiodifusión a las telefónicas.

- Aplausos y manifestaciones en las galerías.

Sr. Rossi (A.O.).- Durante quince días intentaron deslegitimar los objetivos nobles de esta ley, buscando algún artilugio o la construcción de algún tipo de escenario que realmente resultó absolutamente falso.

También quiero decir que todo este esfuerzo previo, terminamos consolidándolo en lo que fue el tratamiento durante este año del proyecto de ley de radiodifusión.

Nadie puede decir que por más que haya sido oficialista u opositor no conocía que la presidenta de la Nación el 1º de marzo había anunciado la voluntad de tratar este proyecto de ley en el Congreso de la Nación durante este año.

Si alguno no lo había leído en ese mensaje del 1º de marzo, el 18 de marzo lo estuvimos presentando en la ciudad de La Plata. Si alguno no se enteró, realizamos una serie de foros ciudadanos. En el caso de mi provincia y de mi ciudad participaron legisladores del oficialismo y de la oposición.

Además de todo eso, después de haber sistematizado cada una de las propuestas que se hicieron en cada uno de esos foros, anunciamos el envío del proyecto al Congreso de la Nación.

Propusimos la realización de audiencias públicas y también hay que ser sinceros: las propusimos, las llevamos adelante y nos acompañaron los bloques que hoy están aquí, pero los bloques de la oposición boicotearon en una primera instancia las audiencias públicas que se realizaban en este Congreso de la Nación. Intentaron, como hicieron durante todo el transcurso del debate, llevar la discusión allá lejos, tarde, lo que quiere decir nunca. Primero era después del 10 de diciembre porque no éramos legítimos; después, porque no había tiempo; pedían audiencias públicas en cada uno de los rincones de las provincias, tratando de poner un barniz federal, cuando todos sabemos que la intención era ocupar la mayor cantidad de tiempo para que esta norma no se tratara en el Parlamento.

Hicimos las audiencias públicas, pero no las legitimamos nosotros sino la cantidad de organismos y personalidades que vinieron y participaron. (Aplausos.) Estuvieron presentes desde representantes de los pueblos originarios hasta de algunas organizaciones que agrupan a medios de comunicación –lo que ocurrió en los últimos días-, así como también personas que le dieron volumen y contundencia a lo que estábamos haciendo, tales como Pérez Esquivel, monseñor Radrizzani en representación de la Iglesia Católica, el director de cine Campanella y Víctor Hugo Morales. Esto hay que decirlo, porque de ello también se nutren las decisiones políticas.

El 95 por ciento de las ponencias presentadas en las audiencias públicas fueron en el sentido de acompañar la aprobación de esta ley de radiodifusión. (Aplausos.) No aparecieron ni prestigiosas personalidades, salvo alguna perdida por ahí, ni prestigiosos académicos, dirigentes sociales, gremialistas o empresarios que propiciaran el no tratamiento de la ley. Los que hablaron en representación legítima desde algún lugar lo hicieron con conocimiento y avalando el tratamiento y debate de esta iniciativa.

Teníamos planificado desarrollar las audiencias públicas durante tres días, y nos pidieron un día más porque la lista de anotados era realmente extensa. Las audiencias fueron grabadas por la Cámara de Diputados y aparecieron inmediatamente en la página web para que cualquiera, desde cualquier lugar del país pudiera leer lo allí se había dicho. Se tomó versión taquigráfica de dichas audiencias, que están a disposición de cada uno de los señores diputados. Además, tuvieron como exigencia la presentación por escrito de cada una de las ponencias, y se consideró un reglamento elaborado por la Comisión de Comunicaciones e Informática, sancionado en el año 2000, cuando una vez más se frustró la posibilidad de debatir la ley de radiodifusión en el Congreso de la Nación. Todo esto se hizo para que quede absolutamente en claro la transparencia y la forma en que hemos trabajado en el trámite de esta norma.

El día martes incorporamos una serie de modificaciones propuestas por cada uno de los bloques. Si los bloques de la oposición hubiesen tenido una actitud política distinta, quizás hubiéramos logrado una ley con mayor nivel de consenso y de modificaciones; pero nunca quisieron tratarla, por eso nunca plantearon seriamente ninguna modificación. Nunca lo hicieron; nunca nos acercaron propuestas de modificación a ningún artículo en un sentido determinado. Lo que siempre hicieron fue pararse en el lugar de decir que no era el tiempo, que era demasiado rápido, pronto, que estábamos apurados, que no servía, que los negocios, los negociados...

Esa fue la situación que vivimos durante todos estos días. Después de la reunión conjunta de las comisiones, en la que leímos cada una de las modificaciones acordadas y a sugerencia de los distintos bloques, se debatió hasta medianoche y pasamos a la firma del dictamen.Hoy venimos a debatirlo aquí en el pleno del recinto, como lo hemos hecho en infinidad de oportunidades.

Como lo decía recién algún señor diputado e incluso la diputada Vaca Narvaja, que lo hacía con mucha claridad y contundencia, cuando muchas veces la oposición pide sesiones especiales lo hace como una forma de saltear el tratamiento en la comisión, porque los expedientes que deben ser tratados no cuentan con el respectivo dictamen de comisión.

Si alguien puede pedir una sesión especial para tratar un proyecto que no cuenta con despacho de comisión, ¿cómo nosotros no vamos a poder pedir una sesión especial para tratar un proyecto que tiene despacho de comisión legal y legítimamente obtenido en el pleno de las comisiones? (Aplausos.) Esto es lo que hoy vinimos a hacer acá, con absoluta legalidad de cada uno de nuestros actos.

Yo creo que fue un gran error de parte de la oposición levantarse e irse, además de haber hecho un uso chicanero y abusivo del reglamento haciéndonos soportar el planteamiento de veinte cuestiones de privilegio, todas en el mismo sentido, con el único sentido de aletargar nuevamente el inicio de la sesión. (Aplausos.) Eso ha sido exactamente así.

Les aconsejo que no pierdan el tiempo yendo a la Justicia, porque cada vez que lo hacen les termina yendo mal. Cuando se trató la ley de la estatización de las AFJP nos preanunciaban una avalancha de juicios y nos decían que el Estado iba a tener que pagar y que nos íbamos a fundir por eso. La verdad es que hoy también la Justicia me ha hecho un favor, y “Página 12” otro, ya que publicó que la Justicia ratificó la estatización de las AFJP. (Aplausos.)

Las decisiones de este Parlamento son legales, legítimas, y la Corte tendrá la responsabilidad que le da la Constitución para encontrar, si lo hay, algún vicio de inconstitucionalidad, pero nosotros estamos absolutamente convencidos de que no hay ningún vicio de inconstitucionalidad.

Y lo digo simplemente por esto. A algunos se les ocurrirá acusar a esta ley de no ser constitucional, cuando es una ley que viene a suplantar un decreto ley firmado durante la dictadura el 15 de septiembre de 1980. (Aplausos.)

Quiero confesar algo. Yo sé que para muchos de los bloques que hoy están sentados acá, y también para muchos de nuestros compañeros, quizás uno o dos días más, la semana que viene como planteó alguno, hubiese sido lo más prolijo. No es que a nosotros no nos preocupen las formas, porque siempre tratamos de cuidarlas.

Pero lo que nadie puede dejar de entender o de reconocer es que el debate de esta ley no fue un debate aséptico, no fue un debate que se dio solamente entre diputados que pensábamos de forma distinta. Hubo presiones, descalificaciones, amenazas y mal uso de los medios de comunicación. Muchas audiencias públicas desaparecieron durante varias horas de los canales de noticias. Hubo operaciones de prensa, hay operaciones y van a seguir habiéndolas. (Aplausos.)

El tiempo no era un valor inocuo. A más tiempo, las presiones que se ejercían seguramente tendrían mayores posibilidades, y esto también hay que decirlo. Por eso yo pido disculpas si violentamos algunas formas. Nosotros sabemos este tipo de cosas y también, créanme, las meritamos.

Nos parecía que lo más apropiado era no perder la oportunidad de tener sanción de esta Cámara en el día de hoy, y la verdad es que teníamos elementos para pensar así. Porque, como lo decía anteriormente, hubo muchas oportunidades en muchos momentos de la democracia argentina en los que las posibilidades de tratamiento se abortaron, -como explicaba la señora diputada Vázquez-, como cuando un día a una reunión de comisión solamente bajaron dos diputados.

Yo estoy más que orgulloso de los diputados, inclusive aunque haya un grupo que se ha ido. Estoy más que orgulloso de que la mayoría de los diputados de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación hayamos tomado la decisión de debatir libremente las ideas que tenemos alrededor de este proyecto y no haber frustrado nuevamente la voluntad de los muchísimos argentinos que desde hace muchísimos años vienen peleando para tener una nueva ley de radiodifusión. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

La verdad es que me queda poco tiempo para hablar de esta norma, pero ya muchos hablaron mejor que yo y con mucha más contundencia. El señor diputado Raimundi decía que el tratamiento de esta iniciativa fue escandaloso, o utilizó una frase similar al referirse a la forma en que los medios consideraron el tratamiento de este proyecto.

Yo me tomé el trabajo de ver qué decían los diarios el día siguiente al 15 de septiembre de 1980. El diario “La Nación” decía: “Sanciónase la ley de radiodifusión”, y en el otro rincón –para demostrar que ese era el diario “La Nación”- decía: “Memórase la gesta de 1955”. Este diario es del 16 de septiembre de 1980. Y por su parte el diario “Clarín” decía: “Privatizarán 66 medios de radio y TV”.

Si uno analiza los dos principales diarios, observa que tienen títulos bastante asépticos, por decirlo de alguna manera, es decir, ni a favor ni en contra. ¿Será así mañana? (Aplausos en las bancas y en las galerías.) ¿O será que a la ley de la dictadura le van a dar un tratamiento más indulgente que a la ley de la democracia?

(Aplausos en las bancas y en las galerías.)

De lo que se trata es de que hoy estamos sancionando una ley fundamentalmente antimonopólica. Lo más importante que tiene nuestra ley es que ataca esta concentración monopólica, estas posiciones dominantes que existen a nivel nacional pero también en cada una de las localidades y de las provincias argentinas; esto hay que decirlo, y quienes venimos del interior lo sabemos.

Esta ley busca la construcción de ciudadanía, que los argentinos sean más ciudadanos al momento de poder escuchar una mayor cantidad de voces. Esta norma busca darle mayor categoría de ciudadano al argentino, que no tenga solamente una comunicación en un determinado sentido, que la comunicación no sea siempre direccionada.

Necesitamos muchas voces. En realidad, hay muchas voces, pero no todas se escuchan de la misma manera. Y no es que no se escuchan de la misma manera porque algunas sean más inteligentes y otras menos inteligentes, sino porque suenan distinto. Algunas tienen más amplificador que otras.

Entonces, nosotros necesitamos algo mucho más democrático, mucho más plural, y para eso debemos legislar, porque no se hace por sí mismo. El proceso de concentración económica que vivió la Argentina en los 90 se dio con mayor crudeza en los medios de comunicación. Hace quince o veinte años la palabra “multimedios” no existía. Los cables, de los cuales quedaron unos pocos, eran expresiones de pequeñas empresas radicadas en cada lugar de la Argentina. La mayoría de ellos han quedado en manos de una sola empresa.

El fútbol, por ejemplo, además de servir para que todos lo veamos, ha servido para demostrar lo que significa el monopolio. (Aplausos en las bancas y en las galerías.) No podía ser que viviéramos determinadas situaciones en algunos lugares de las provincias. En Rosario –lo dije muchas veces- hay una empresa de cable que nunca pudo comprar los derechos de televisación del fútbol, pero no porque no quisiera hacerlo sino porque nunca se los quisieron vender, ya que lo transmitía otra empresa.

A los cables de localidades chicas les cobraban un canon enorme para poder transmitir fútbol si no eran del mismo grupo. Esto permitió empezar a hablar del tema.

Hay señales de noticias que no se ven en el interior –no digo que sean buenas ni malas- porque no las llevan, no las suben al cable para que se puedan ver en el resto del país.

Traje un informe muy pequeño sobre un estudio del origen de la producción de contenidos en la televisión abierta argentina. Lo digo rápidamente: 25 por ciento de producción propia; 5 por ciento de producción de terceros; 1 por ciento de repeticiones; 8 por ciento de producción de los Estados Unidos; 1 por ciento de producción de América Latina; 1 por ciento de coproducción nacional, y el 58 por ciento restante es retransmisión de contenidos reproducidos por la cabecera de las redes de TV abierta.

¿Saben cómo se distribuye eso en el país? Esa retransmisión baja al 2 por ciento en el AMBA; crece al 62 por ciento de las horas emitidas en Cuyo; al 64 por ciento de las emitidas en el Noreste; al 66 por ciento de las emitidas en el Noroeste; al 72 por ciento en la Región Pampeana, y al 60 por ciento de las horas emitidas en la Patagonia. Es decir que de las cuatro señales de cable que tenemos en la ciudad de Buenos Aires esto es lo que se retransmite en todo el país.

Es mentira lo que manifiestan quienes están metiendo terror al decir que se van a quedar sin trabajo. Va a haber mucho más trabajo. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

En el interior, con la exigencia de producciones locales, vamos a poder dar trabajo a muchísimos chicos y jóvenes que se esfuerzan para estudiar teatro, música y demás y muchas veces no tienen dónde desarrollar su actividad e inevitablemente terminan cayendo en la ciudad de Buenos Aires.

Voy a terminar con una frase de Scalabrini Ortiz. (Aplausos en las bancas y en las galerías.) Me parece que es lo más adecuado para lo que hoy estamos votando. Él decía: “Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente a favor del más débil queda implícitamente legislado a favor del más fuerte. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

“No es el poderoso el que necesita el amparo legal. El poderoso tiene su propia ley, que es su propia fuerza.” Defendamos a los más débiles que vamos por el buen camino, señor presidente. (Aplausos en las bancas y en las galerías. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)

- Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Fellner).- Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Comunicaciones e Informática y otras recaído en el proyecto de ley sobre regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito de la República Argentina, Orden del Día Nº 2005.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 153 señores diputados presentes, 147 han votado por la afirmativa y 4 por la negativa, registrándose además una abstención.

Sr. Secretario (Hidalgo).- Se han registrado 147 votos por la afirmativa y 4 por la negativa.

AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL

Sr. Presidente (Fellner).- La votación ha resultado afirmativa.

- Manifestaciones y aplausos prolongados en las bancas y en las galerías.

- Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías entonan la marcha partidaria Los Muchachos Peronistas.

Sr. Presidente (Fellner).- La Presidencia ruega a los señores diputados que tomen asiento porque es extensa la consideración en particular del proyecto. Le pido también a la barra que haga silencio, porque de lo contrario no vamos a poder continuar con la sesión.

Se deja constancia del voto positivo de la señora diputada Berraute.

Tiene la palabra el señor diputado por el Neuquén.

Sr. Acuña.- Quiero que quede constancia de mi voto negativo, señor presidente.

Sr. Presidente (Fellner).- Quedará debida constancia, señor diputado.

Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Vázquez.- Señor presidente: después de veintiséis años, venir a cumplir con una promesa hecha al pueblo argentino implica una emoción muy grande. Por eso, como somos poquitos los de origen radical que nos quedamos en nuestras bancas, solicito que junto con el público recordemos al ex presidente Alfonsín vivando su nombre.

-Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, vivan el nombre del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

redaccion@tvmundus.com.ar
www.TVMundus.com.ar
SEPTIEMBRE 2009-09-19
TECUM - NOVO MundusNET Televisión
Permitida su reproducción con mención de la fuente.

Noticias. Informe semanal conducido por Daniel do Campo Spada	DeporVida. Deportes en la conducción de Jorge Eduardo López
Especiales. Documentales y programas dedicados	Reflexiones Cristianas.
200 Años Mil Historias. Fragmentos de la historia de la República Argentina.	Mil Años, Una América. Fragmentos de la historia del continente.
Sabiduría. Frases para ponerse a pensar.	Solo Una Imagen. Momentos que quedarán guardados.
Tomando Nota. Repaso de notas de TV Mundus	El Recodo. Programa cultural de Josefina Treviranus.
Visión Estratégica. Negocios en los consejos de Guillermo De Vega.	Aprendizaje Solidario. El mundo de la educación según Alejandro Gimelli
Micro Deportes. El otro lado de la actividad física, por María Belén Griecco.	MP3. El mundo del espectáculo por Natalia Fascetta.