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Aumenta la crisis por paramilitares en Colombia.

Exclusivo de ECO Informativo DigiTAL

BOGOTA.- La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia María Consuelo Araújo, que con su belleza llegó a obnubilar incluso al Presidente de Venezuela Hugo Chávez, renunció ante la detención de su padre y su hermano, el Senador Alvaro Araújo, sospechados de relación con los paramilitares de derecha de la AUC que asolaron a los ciudadanos colombianos durante las últimas dos décadas. Más de diez legisladores, otra decena de funcionarios del gobierno de Julio César Uribe y cerca de 80 militares en actividad están citados por la justicia, que investiga violaciones a los derechos humanos cometidas por estos irregulares.
Cuando su hermano Alvaro quedó detenido en el Penal de La Picota, la joven Ministra anunció en conferencia de prensa su renuncia “para estar al lado de mi padre y mi hermano, para ayudarlos a demostrar su inocencia”. Muchos creen que su salida sea no solo para apoyar a sus parientes, sino que en su estrategia estaría prender el ventilador involucrando a muchos funcionarios con los que compartía su gestión, incluído el propio Presidente. Este, designó en forma inmediata a Fernando Araújo como flamante responsable del Ministerio. A pesar de su apellido, no guarda ninguna cercanía con la renunciante, aunque es conocido por haber sido Ministro de Andrés Pastrana y haber estado seis años secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Polo Democrático Alternativo, principal fuerza de oposición denunció que la salida de la irregularidad de casi 20 mil paramilitares de la Autodefensa Unida de Colombia (AUC) representó la entrega de casi 13 mil armas, por lo que se teme que sigan armados a pesar de haber obtenido un presunto blanqueo que los ha devuelto a la vida civil. Inmediatamente se llamó a indagatoria a Jorge Noguera, amigo personal y mano derecha de Uribe, que durante su primer mandato fue responsable de la Inteligencia Nacional del Estado. Desde su privilegiada ubicación habría sido artífice de redes que involucraban a militares en actividad, asesores norteamericanos, terratenientes y policías para que colaboren contra los asesinatos que la AUC provocaba en el campesinado de zonas aledañas al territorio de las FARC. Cuando los trabajadores de la tierra eran desplazados de las formas más violentas, se asentaban cultivos de droga que luego se exportaban a Estados Unidos o a Israel. Precisamente en territorio judío se entrenaron en técnicas de contrainsurgencia, secuestros y sabotajes los principales cabecillas de los paramilitares.
Los escándalos que ahora sacuden incluso al presidencial Palacio de Nariño surgieron cuando en un allanamiento se incautó la computadora personal de un líder para, conocido por su nombre de guerra “Jorge 40”. Algunos que sí optaron por volver a la vida civil, arrepentidos de los crímenes cometidos, han declarado bajo la protección del anonimato una conexión político-delincuencial que era vox populi. A pesar de que el periodismo viene hablando de ello (ECO Informativo DigiTAL y TV Mundus desde el año 2000), no existían pruebas contundentes de esta sorda lucha del poder que los irregulares de derecha pretendieron obtener desplazando a los barones del control de los carteles de la droga, con la excusa de combatir a la insurgencia de las FARC (que controla la tercera parte del territorio). El círculo se cerró cuando durante el gobierno de Andrés Pastrana (curiosamente quien más había avanzado en el diálogo pacificador con los revolucionarios) aceptó el denominado “Plan Colombia” ideado por Washington. Desde allí, con inversiones que superan los u$s 6.000 millones, los estadounidenses han instalado bases propias, tomado el control ideológico y operativo del ejército regular, el fortalecimiento de los grupos paramilitares y la presión directa sobre gran parte de los dirigentes políticos.
En las investigaciones que se llevan a cabo, se supo que las AUC tuvieron directa insidencia en cinco distritos, ya sea por presión a los votantes o directamente a los candidatos opositores y sus familias. Las organizaciones de Derechos Humanos han difundido al mundo los datos, previendo con su difusión los intentos de Uribe para silenciar las complicidades que enmarañan la vida política del país.

Febrero 2007-02-26