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CORDOBA.-
La justicia cordobesa determinó que la fumigación con edusolfan
y glifosato está considerada un delito penal cuando se hace a menos
de 500 metros de una zona urbana. Cuando esa actividad se realice desde
un avión, la distancia deberá ser de 1.500 metros.
La lucha de las “Madres de Ituzaingó” tuvo eco en los tribunales
tras demostrar que cada familia tenía no menos de cuatro casos de
cáncer por causas ambientales y respiratorias. Los organismos de
derechos humanos denuncian que por muy poco dinero se utiliza a jóvenes
sin estudio para que hagan de bandera orientadora para las avionetas que
lanzan los pesticidas en los campos sojeros. Ante cada vuelta de las aeronaves
los mismos se corren catorce pasos hacia un lado sirviendo de guía
al piloto contratado. Los que están en tierra absorben los venenos
lanzados desde el aire.
ENERO 2009-01-14
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