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EDUCACIÓN  CABA |
    GOBIERNO PORTEÑO INVIERTE UN PESO 
    EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR POR CADA 10 QUE OTORGA A COLEGIOS PRIVADOS 
    
    
FOTO: 
    TÉLAM 
Buenos Aires, 19 de enero 2014 (Télam).- El gobierno de Mauricio Macri 
    invierte un peso en infraestructura escolar por cada 10 que deriva para subsidiar 
    a la enseñanza privada en la Ciudad, en tanto la Auditoría General 
    porteña advirtió que no se cumplen los procedimientos legales 
    en el manejo del presupuesto anual de 1573 millones de pesos destinado a los 
    colegios privados. Según una investigación publicada hoy por 
    Tiempo Argentino, el informe 2.13.06 del organismo de control cuestionó 
    el otorgamiento de los beneficios a las instituciones privadas, en un 90% 
    administradas por la Iglesia Católica, en medio del escándalo 
    por la carencia de vacantes y la compra de aulas modulares. 
    Según el informe de la AGCBA, la gestión macrista distribuyó 
    1573 millones en subsidios en 2012 (último dato disponible) pero "no 
    hay dictamenes jurídicos para el otorgamiento, baja o modificación 
    en los aportes" y advirtieron que "no hay orden de prioridades, 
    porque en ningún caso se realizó la evaluación" 
    para definir cuáles son los colegios que más necesitan los aportes 
    públicos. 
    El artículo 25 de la Constitución porteña establece que 
    "las personas privadas y públicas no estatales que prestan servicio 
    educativo se sujetan a pautas generales establecidas por el Estado, que acredita, 
    evalúa, regula y controla su gestión, de modo indelegable". 
    
    La Carta Magna porteña no deja dudas sobre la forma en que debe repartirse 
    ese dinero: "La ciudad puede realizar aportes (
) dando prioridad 
    a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos". Según 
    la Auditoría, aquel mandato constitucional no se cumplió porque 
    jamás se realizaron las evaluaciones necesarias y "se han detectado 
    incumplimientos en relación a la elaboración de los actos administrativos, 
    la orden de prelación, la alteración del circuito de pagos y 
    transferencias, junto a modificaciones sustanciadas en los aportes transferidos". 
    
    En momentos en que padres de unos 17.000 alumnos denuncian que sus hijos no 
    tienen vacantes en las escuelas públicas porteñas, el desequilibrio 
    entre los aportes estatales a la gestión privada de la educación 
    y la cifra destinada a construir y refaccionar escuelas cobra significativa 
    relevancia. 
    Según un análisis sobre el Presupuesto 2013 que realizó 
    Eduardo Epszteyn, representante del FPV dentro del colegio de auditores de 
    la AGCBA, los subsidios estatales a la educación privada alcanzaron 
    el último año el récord de 1800 millones de pesos. 
    Mientras la administración macrista plantea subsanar la ausencia de 
    aulas con la instalación de contenedores, en 2013, el presupuesto para 
    Infraestructura escolar aprobado por la Legislatura fue de 158 millones de 
    pesos, una décima parte de los portes derivados a la enseñanza 
    privada. 
    Según los cálculos, 2012 y 2013 fueron los dos años de 
    menor inversión en infraestructura escolar pública desde 2007. 
    Entre 2008 y 2012 "no se utilizaron $ 477 millones de presupuesto sancionado" 
    afirmó Epszteyn a Tiempo Argentino, y agregó que "si lo 
    consideramos respecto al crédito vigente, es decir, si comparamos los 
    números respecto al presupuesto que efectivamente tenían, se 
    negaron a gastar 737 millones". 
    La Auditoría cuestionó también la ausencia de criterios 
    para fijar aranceles, que "deja un importante e inaceptable margen de 
    discrecionalidad de un importante caudal de recursos públicos, ya que 
    puede determinar en base a su sola opinión el monto de dinero que recibirá 
    cada escuela de gestión privada". En línea con las críticas 
    de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que denunció 
    este tema hace dos años, definieron la política del gobierno 
    macrista hacia los 
    aranceles como "extremadamente regresiva, toda vez que mediante una serie 
    de mecanismos que elevan irrazonablemente los topes máximos, autoriza 
    que el Estado continúe subsidiando fuertemente a los establecimientos 
    educativos que cobran cuotas extremadamente altas, y a las que claramente 
    no asisten niños de menores recursos económicos". (Télam) 
  

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