QUERELLANTES DEL CODESEDH VINCULAN
A LEDESMA Y MINERA EL AGUILAR
CON LA REPRESIÓN
FOTO:
INDYMEDIA
Jujuy, 22 de febrero (Télam).- El Tribunal Oral Federal (TOF) escuchó
hoy la primera exposición en la etapa de alegatos en el juicio por
crímenes de lesa humanidad en Jujuy, que tiene a tres militares imputados
en cinco causas acumuladas por secuestros, torturas y desapariciones y en
la que quedaron relacionadas las acciones represivas en Ledesma y en la Minera
El Aguilar durante la dictadura cívico-militar.
En la exposición, los abogados querellantes del Comité para
la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH),
Liliana Molinari y Martín Patiño, describieron los hechos y
su contexto de las cinco causas y pidieron 25 años (equivalente a prisión
perpetua) en cárcel común para los acusados. "Reflejamos
en los alegatos todo lo que ocurrió con el terrorismo de Estado en
cuanto al aniquilamiento de la población que no pensaba como ellos
y los intereses políticos y económicos en juego”, expresó
a Télam Molinari en referencia a la Noche del Apagón en Ledesma
y los secuestros en la mina El Aguilar.
Manifestó que las empresas mencionadas se movieron como “socios
y cómplices del terrorismo de Estado” ya que utilizaron los “mismos
recursos, los mismos caminos e idénticas consecuencias: desapariciones,
torturas, muertes”. Recordó que tanto Ledesma como la minera El
Aguilar asistieron a fuerzas conjuntas logísticamente con vehículos
para que se realizaran las detenciones desde el mismo día del golpe
militar, el 24 de marzo de 1976.
La querella pidió para el imputado Antonio Orlando Vargas en la causa
Avelino Bazán y otros, 25 años de prisión perpetua en
cárcel común por los delitos de coautor partícipe necesario
de privación ilegítima de la libertad con amenazas y violencias
en 18 causas de los mineros.
En la causa Luis Aredez y otros, solicitaron como autor del delito de privación
ilegítima de la libertad por amenazas, violencia y violación
de domicilio en concurso real, 25 años de reclusión perpetua
en cárcel común. Para José Eduardo Bulgheroni en la causa
Reynaldo Aragón y otros, pidieron 25 años reclusión en
cárcel común y efectiva por los delitos de privación
ilegítima de la libertad con amenazas y violencia y violación
de domicilio.
En la cauda Bazán y otros, pidieron la pena de reclusión y condena
a cadena perpetua por homicidio agravado, privación ilegítima
de la libertad con violencia y amenazas. Para el imputado Braga la querella
pidió reclusión perpetua por los delitos de privación
ilegal de la libertad con violencia. Los pedidos de las penas fueron fundamentados
en el marco del delito de genocidio contemplado por la Convención de
Prevención y Sanción del Genocidio de la ONU en 1948, cuyo tratado
fue firmado por Argentina en 1956.
Tiene como antecedente lo preceptuado en la causa Etchecolazt, en el juzgado
de La Plata, y describió al `genocidio` como el delito de "negación
a la existencia de grupos humanos" y esto era lo que figuraba "en
el plan criminal de la dictadura militar" la destrucción de los
grupos sociales de las víctimas. Braga, apodado el “cara cortada”
por una cicatriz en la mejilla izquierda, fue reconocido como el secuestrador
de Álvarez García por la mayoría de los testigos que
declararon en las audiencias y era el que decidía quién “debía
desaparecer o suprimirse”.
En la causa Álvarez García, está imputado por violación
de domicilio y privación ilegítima de la libertad en calidad
de coautor y homicidio agravado por alevosía en calidad de partícipe
necesario.
# Bulgheroni llegó imputado por los delitos de privación ilegal
de la libertad en calidad de partícipe necesario en la causa Reynaldo
Aragón y en la causa Paulino Galeán y otros, conocido como el
grupo “Tumbaya”.
Vargas está imputado en la causa Luis Aredez y otros como partícipe
necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad
calificada. Luis Aredez, ex intendente de Libertador San Martín y asesor
del sindicato del azúcar de Ledesma, fue víctima de la denominada
"Noche del Apagón", causa por la que está procesado
el dueño del ingenio, Carlos Pedro Blaquier, y el ex administrador,
general Alberto Lemos.
Entre el 20 y 27 de julio de 1976 fuerzas conjuntas detuvieron a cerca de
400 personas en Ledesma, Calilegua y El Talar, de los cuales hay más
de treinta personas desaparecidas. La audiencia de alegatos se reanudará
el 7 de marzo con la querella por la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación. (Télam).
Noticias.
DeporVida.
En
Blanco y Negro.
200
Años
Mil
Años, Una América.
Especiales.
Reflexiones
Cristianas. 
Solo
Una Imagen.
El
Recodo.
Sabiduría.
Aprendizaje
Solidario.
Visión
Estratégica.
MP3.
Micro
Deportes.
Tomando
Nota.
FOTO:
INDYMEDIA 
Deporvida
Radio
