VINCULOS DEL GRUPO CLARIN
Y LA JUSTICIA SALIERON A LUZ
EN LA RECTA FINAL AL 7D
Buenos Aires, 3 de noviembre (Télam).- El viaje del camarista Horacio
de las Carreras a la III Cumbre de CERTAL, en la que confluyeron magistrados
latinoamericanos y representantes de distintos medios privados de la región,
dejó en evidencia una larga red de vínculos entre el Grupo Clarín
y algunos de los jueces que tiene que decidir sobre la Ley de Medios.
La revelación de estos vínculos se produjo cuando faltan pocas
semanas para el 7 de diciembre, fecha límite fijada por la Corte Suprema
de Justicia para la adecuación a la normativa por parte de los medios
que exceden la cantidad de licencias permitidas.
El artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
es la que establece la adecuación, por lo que el Grupo Clarín
presentó una medida cautelar y hasta denunció la “inconstitucionalidad”
de la norma sancionada por el Congreso hace tres años.
En relación al vínculo entre el magistrado y el Grupo Clarín,
el gobierno denunció que De las Carreras, integrante de la Sala I de
la cámara Civil y Comercial que debe intervenir en los pedidos
de inconstitucionalidad del Grupo Clarín, participó de la cumbre
de mayo de este año invitado por la empresa. El magistrado intentó
una desmentida que no hizo más que confirmar la denuncia: en un escrito
de cuatro páginas intentó desligar al multimedios y señaló
que concurrió a la Cumbre invitado, con gastos pagos, por el Centro
de Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo de las Telecomunicaciones
(CERTAL).
A pesar de que CERTAL se presenta como un centro de estudios “independiente”,
entre sus directivos figuran varias de las autoridades del Grupo Clarín,
entre otros grandes grupos de medios latinoamericanos. En el caso de la Cumbre,
además, fue auspiciada, entre otros, por Cablevisión; la empresa
más fuerte del multimedios argentino, y por la empresa CAPSA, cuyo
principal directivo es Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto, CEO
del Grupo Clarín.
Entre los integrantes de CERTAL también figura, entre los “director
titular” Hernán Verdaguer, gerente de Asuntos Regulatorios del
Grupo Clarín y, a su vez, director titular del Consejo Directivo de
la organización.
Otro caso representativo de la incidencia del multimedios en esa organización
es el del presidente de la Comisión de Piratería de esa entidad,
Santiago Piris, quien en las notas subidas al propio portal del Centro aparece
sindicado como “abogado-Cablevisión”.
Otro vínculo entre Clarín y CERTAL, la entidad que financió
el viaje de De las Carreras, es Walter Burzaco, quien figura en la comisión
de Asuntos Públicos y Regulación, como director.
Burzaco preside la Asociación Argentina de Televisión por Cable
(ATVC) que tiene como función la representación institucional
de las empresas y otras asociaciones que conforman la industria del cable
argentino: de allí su estrecho vínculo con ARTEAR y la productora
PRAMER, empresas del rubro audiovisual que domina el Grupo Clarín.
En CERTAL coinciden, además, todos estos empresarios con la Coordinadora
General para la Argentina es la hija del camarista y consejero de la Magistratura
Ricardo Recondo.
Recondo, por su parte, fue uno de los principales oradores de la cumbre y
sobre él pesa la sospecha de haber impulsado la designación
a dedo de los jueces subrogantes en el juzgado Civil y Comercial donde radican
las denuncias de Clarín contra la ley de medios.
A todas estas conexiones, el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes,
quien también integra el Consejo de la Magistratura, agregó
en la última semana que "el presidente del capítulo argentino
de CERTAL es Alejandro Harrison, que es el presidente de Pramer, una empresa
del Grupo Clarín”.
El senador Fuentes también indicó que "el responsable de
a todos los nexos observados, el legislador analizó que "todo
este grupo CERTAL es un grupo de lobby. Lo que no se entiende es qué
hace la Cámara (del fuero civil y comercial) en pleno asistiendo a
ese Congreso".
En el marco de las irregularidades detectadas, el gobierno realizó
en las últimas horas una presentación ante la Procuración
General de la Nación en la que solicitó que se investigue el
posible delito de "recepción de dádivas" por parte
del juez de las Carreras.
En ese sentido, el ministro de Justicia, Julio Alak, informó que el
jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, impulsó una investigación
penal sobre el juez -integrante de la Sala I de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil y Comercial- recusado en la causa por la constitucionalidad
del artículo 161 de la Ley de Medios.
Según explicó el titular de la cartera de Justicia, la conducta
del juez De las Carreras "no es una irregularidad ética sino que
configura un hecho penal, que contempla penas de entre 4 y 12 años
de prisión". (Télam).-
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