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LA
PAZ.- El Gobierno de Evo Morales, descubrió que en emprendimientos
latifundistas de la Prefectura de Santa Cruz, varios terratenientes tenían
mano de obra esclava. Muchas de las víctimas eran aborígenes
guaraníes y estaban en el latifundio de un empresario norteamericano
protegido por el Prefecto local.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que preside el Doctor Juan
Carlos Rojas, dispuso la confiscación de 36.000 hectáreas
por ser tierras que no prestaban los servicios sociales que prescribe la
ley. Por el contrario, no solo se prestaban a actividades improductivas
o especulativas, sino que además las autoridades descubrieron la
utilización de mano de obra esclava. Casi cuatrocientos aborígenes
guaraníes se encontraban dispersos en situación de servidumbre
en las 15.000 hectáreas que pertenecen a la familia estadounidense
Larsen. Los lugareños eran endeudados en la adquisición de
enseres mínimos imprescindibles, lo que convertía en cautivos
a ellos y a su familia, que también debía trabajar en la plantación
de soja.
Las otras 21.000 hectáreas pertenecían a otra decena de latifundistas
que no pudieron justificar en algunos casos los orígenes de los capitales
con los que adquirieron las tierras a precios viles durante las anteriores
administraciones nacionales.
El Presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz Guido Nayar
dijo que la medida tiene tinte político porque ellos son activos
participantes de los intentos de golpe que el separatismo de la media luna
lleva adelante desde que el Movimiento al Socialismo llegó al gobierno
mediante elecciones libres.
FEBRERO 2009-02-09
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