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EDITORIAL – Poder Judicial |
La Corte Suprema argentina sería aliada de los Fondos Buitres y los empresarios para frenar leyes de Pago Soberano
y de Consumo
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La premonitoria tapa de nuestra revista un año atrás.

Por Daniel do Campo Spada

Ante la inminente sanción de las Leyes de Pago Soberano a los acreedores de deuda externa y el paquete de leyes a favor de los consumidores, los especuladores financieros de Estados Unidos (a través de sus agentes del American Task Force Argentina en Buenos Aires) y los empresarios del Grupo de los 6 (Asociación de Bancos, Unión Industrial Argentina, terratenientes de la Sociedad Rural Argentina, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción y la Bolsa de Comercio) preparan su artillería local para judicializar y trabar el funcionamieno de las mismas. En la Corte Suprema los espera ansioso el Presidente del máximo Tribunal, el Doctor Ricardo Lorenzetti, quien ha dado sobradas muestras de estar de su lado.
La Ley de Pago Soberano dispone el traslado de la sede de pago a los bonistas a Buenos Aires a través de un nuevo agente fiduciario (Nación Fideicomisos) desplazando al Bank of New York Mellon (BoNY) quien retiene ilegalmente u$s 593 millones que Argentina depositó para los bonistas que entraron en los acuerdos de 2005 y 2010. Al mismo tiempo se depositará en una cuenta especial al 7 % que no ingresó en ninguno de los dos acuerdos por si desean pasar a buscar lo que es de ellos. Además, se ofrecerá la sede francesa de París como opción y la posibilidad de no solo cambiar el lugar de cobro sino también de jurisdicción legal. Aunque esto es más difícil que sea aceptado, cerca de un 30 % haría uso de la opción (llegando de esta manera al 50 % del total). Aunque la prensa no le dió la difusión necesaria, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina salió de un sospechoso silencio manifestando que hay que cumplir el fallo de un juez, en un tiro de aprobación a lo dispuesto por el Juez municipal de Nueva York, Thomas Griesa, claramente favorable a los fondos buitre (especuladores). En las próximas semanas, abogados a sueldo de la ATFA comenzarán a presentar pedidos de embargo sobre activos nacionales (incluido el yacimiento de energía Vaca Muerta) en tribunales locales, que por medio de apelaciones llegarían a las instancias superiores.
Con la muerte reciente de Carmen Argibay Molina y la próxima renuncia voluntaria por edad de Raúl Zaffaroni (el más prestigioso magistrado del país) el máximo tribunal de justicia queda en manos de sectores conservadores que se esperanzan con un cambio de época en el 2015. Elena Highton de Nolasco (actual Vicepresidenta), Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda son todos opositores al gobierno nacional y al haber dispuesto no renovar los cargos vacantes (por renuncia o fallecimiento) para volver a cinco integrantes se comvertirá en un poder totalmente ajeno a la voluntad ciudadana que por ejemplo dio mayoría al Poder Ejecutivo en ambas cámaras del Congreso.
Por otro lado, la inmediata sanción de un paquete de leyes destinadas a darle previsibilidad al mercado interno ya ha despertado la reacción negativa de los pulpos económicos que no quieren que nadie les quite el poder omnímodo del que disponen. Las modificaciones a la Ley de Abastecimiento (Perón, 1974) se agregaron el Observatorio de Precios (destinado a evitar distorsiones por lucro excesivo o posición dominante) y un Fuero especial en la Justicia para los consumidores. Por primera vez, los clientes tendrán un protección integral ante la displicencia y abuso de poder usado por los empresarios. Uno de ellos, Héctor Méndez, titular de la Unión Industrial Argentina dijo que estábamos en una dictadura. Este hombre, que tiene hasta fábricas de armas (en Brasil) ya había tenido expresiones despectivas hacia el Ministro de Economía Axel Kicillof (“un muchachito”) y la Presidenta Cristina Fernández (“una señora”). Desde el mismo momento de la sanción de las leyes prometió que pondrá a trabajar a sus abogados para bloquearlas hasta el cambio de gobierno (que imagina más favorable a posiciones de ultraderecha).
Al igual que en el caso de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual los poderosos sacan a relucir a sus sicarios para entorpecer el movimiento democrático. Muchos de “sus hombres” ocupan espacios importantes en uno de los poderes de la República, por lo que las grandes batallas aún estar por venir.


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SEPTIEMBRE 2014-09-24
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