Hay que empezar a estudiar
a la Justicia.

Por Daniel do Campo Spada.

Argentina es hoy un ejemplo único en el mundo. Por los tribunales pasan día a día ancianos que en su juventud fueron feroces represores que no dudaron en matar, torturar, violar, robar niños y pertenencias. Algunos actúan como seniles y otros dicen que el error fue “haber dejado demasiados vivos”. Ningún país ha tenido la valentía del nuestro, que a pesar de los retrocesos sigue avanzando en la búsqueda de la verdad. El resto de nuestros hermanos aún no recorrió ese camino. Brasil y Uruguay hicieron tímidos intentos, pero quedaron solo en una declaración de intención. Nada más. Ni los españoles han revisado sus miserias de la Guerra Civil. Pero una serie de hechos nos pone ante una nueva dimensión. Se ha hecho mucho en estos veintisiete años y sobre todo en los últimos seis. De los militares ahora se está empezando a visualizar a los civiles que colaboraron, que los hubo y muchos, pero antes que nada... hay que revisar el Poder Judicial.
La famosa “familia” judicial empieza a parecerse más a una familia al estilo de las mafias italianas. Sucesos que parecían aislados empiezan a demostrar oscuras conexiones entre magistrados, abogados, militares del proceso, millonarios sospechosos y organizaciones al estilo del Opus Dei. Es demasiado el poder que la Justicia está empezando a tomar poniendo en peligro el equilibrio de la República.
De la mano de la oposición de ultraderecha la Jueza María José Sarmiento armó una película que le guionó el canal Todo Noticias del oligopolio Clarín. En un viernes, aceptó defender al desplazado ex Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Martín Redrado y luego apagó su celular para que el Gobierno no pudiera encontrarla ni en su domicilio para apelar la medida. En la puerta de su casa se apostó un patrullero y eso lo interpretó como “una presión”. El propio Poder Ejecutivo no la pudo encontrar en tres días, pero la producción del opositor canal TN la entrevistó tres veces vía telefónica en la que no desperdiciaba la oportunidad de decir que tenía miedo. En una causa que data desde 2005, en la Provincia de Misiones, desde 2006 su padre militar Luis Sarmiento fue requerido como presunto implicado en violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura del 76 al 83. Cuando en estas semanas se lo llama a declarar, la Jueza dijo que era una presión del Gobierno por haber ella detenido el Fondo del Bicentenario con el cual la Argentina iba a cancelar compromisos de deuda externa con reservas excedentes. “No sabíamos nada” contestó increiblemente la jueza cuando se le interrogaba sobre la situación procesal de su padre presunto asesino y torturador. Testimonios que obran en la causa lo sindican como un experto de la picana.
En cuanto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se da una confluencia entre la alta burguesía, la maquinaria de poder de los grandes olipoplios informativos y la ultraderecha que es su sustento ideológico. Cuatro jueces, sospechados de connivencia con los querellantes, frenan una Ley Nacional (26.522) sancionada legalmente, después de años de consulta popular y debates con las organizaciones de la sociedad para dejar vigente la ley de la dictadura de Videla (22.285).
Veamos las cuatro objeciones realizadas. La primera fue la del Juez de la Ciudad de Buenos Aires Eduardo Carbone, designado como tal durante la dictadura, en el año 1980, quien seis días antes de jubilarse aceptó el pedido de suspensión del oligopolio Clarín basado en la objeción de los artículos 41 y 161 relacionados con los plazos para regularizar la propiedad (que tiene excedido) y la necesidad de autorización oficial para las mismas ventas.
La segunda maniobra la realiza el juez salteño Miguel Medina, quien objeta los artículos 45, 62 al 65 y el cuestionado 161 a instancia de un pedido de un ignoto Comité de Defensa del Consumidor que preside el diputado menemista Guillermo Durán Cornejo que en la provincia cuenta con el aval de Juan Carlos Romero. Durán Cornejo defendió a Cencosud en contra de un club barrial por la posesión de unos terrenos que había sido donados para un destino social.
El tercer ataque a la Ley ocurrió cuando terminaba el año 2009 y Olga Pura de Arrabal, Jueza Federal de Mendoza dictó una medida cautelar contra la 26.522. El pedido fue solicitado por el diputado menemista Enrique Thomas, allegado al Vicepresidente opositor Julio Cleto Cobos, quien esgrimió que no tuvo tiempo de leerla cuando se trató en el Congreso. Esto no sería nada si no se recordara que la Jueza impidió con un fallo que sus coprovincianos no puedan ver el Canal 7 La Televisión Pública por pedido del segundo olipolio del país, el Grupo Vila – Manzano. El primero de esos empresarios es pariente de la Jueza mencionada y viven en el mismo barrio privado.
El cuarto ataque también involucra a Vila, ya que el juez de San Juan, Leopoldo Rago Gallo atendió el pedido de la empresa “Jorge Estornell S.A.” del empresario cuyano.
El gobierno debe apelar y si es necesario llegar a la Corte Suprema de Justicia. La Presidenta Fernández ha dicho reiteradamente que los jueces le tienen miedo a los medios y actúan con poca valentía exceptuando algunos casos honrosos. Las dilaciones en el caso de apropiación que ya nadie duda de los jóvenes en poder de la empresaria Ernestina Herrera de Noble solo se justifican con el gran ocultamiento que los medios oligopólicos están logrando ocultar.
Cuando la mandataria dijo a las abuelas y principalmente a la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto que si la justicia argentina no respondía ella en persona la acompañaría a los tribunales internacionales que sean necesarios. Hay desconfianza del sistema judicial. La “familia judicial”, el “partido judicial” son, lamentablemente, algo más peligroso que simples etiquetas. Es el tercer poder de la República, pero parece estar totalmente ajeno a la ciudadanía. Llegó el momento de empezar allí también todo lo digna que la Argentina ha demostrado en otros ámbitos.

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MARZO 2010-03-28
TECUM – NOVO MundusNET Televisión
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