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Director: Lic. Daniel do Campo Spada (2000-2010)
Por Amy Goodman
    
El 
      28 de marzo, la Corte Suprema se negó a considerar el caso de la 
      condena a pena de muerte de Troy Anthony Davis. Era su última apelación. 
      Davis fue condenado a pena de muerte en Georgia hace casi veinte años 
      luego de haber sido hallado culpable de matar de un disparo a Mark MacPhail, 
      un oficial de policía que no estaba de servicio, en Savannah. Desde 
      su procesamiento, siete de los nueve testigos no policiales se retractaron 
      de su declaración, alegando coerción e intimidación 
      policial para obtener su testimonio. A pesar de la duda que rodea a este 
      caso, Troy Anthony Davis podría ser ejecutado en las próximas 
      semanas.
      Davis está ahora a merced de la Junta de Perdón y Libertad 
      Condicional del estado de Georgia, que podría conmutar su pena por 
      cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Será una 
      lucha difícil, a pesar de los pedidos de indulto a nivel nacional 
      e internacional realizados por figuras como el Papa Benedicto XVI, el Arzobispo 
      Desmond Tutu y el ex Presidente Jimmy Carter.
      La hermana de Davis, Martina Correia, llevó adelante una campaña 
      incansable para que se hiciera justicia en el caso de su hermano. En respuesta 
      a la decisión de la Corte Suprema, me dijo: Ayer nos quedamos 
      perplejos y consternados al enterarnos de la noticia de que la Corte Suprema 
      de Estados Unidos había denegado la petición de Troy. Se negó 
      a considerar el caso porque (...) a nadie le interesa la evidencia de inocencia 
      real, y a nadie le interesa ver la retractación de la declaración 
      de los testigos como una parte realmente fuerte y viable de este caso, a 
      pesar de que hayan declarado otros testigos. Creo que tiene que haber una 
      movilización a nivel mundial por el caso de Troy, y la Suprema Corte 
      de Justicia de Estados Unidos debe ocuparse de una vez por todas del hecho 
      de que en Estados Unidos no es inconstitucional ejecutar a una persona inocente.
      Martina Correia plantea un hecho importante pero poco conocido acerca de 
      la ley de pena de muerte en Estados Unidos, a saber, que el actual precedente 
      judicial permite la ejecución de personas inocentes. Aunque parezca 
      mentira, la Corte Suprema, en un dictamen de 1993, sugirió que la 
      evidencia de inocencia real no es causa suficiente para dejar a alguien 
      en libertad. La corte solamente presta atención a si se siguen las 
      normas jurídicas, a la vez que reconoce que aún así 
      gente inocente podría ser condenada y ejecutada. En dichos casos, 
      un prisionero podría solicitar el indulto. Parece que la Corte aún 
      no ha aprendido lo que muchos estados sí lograron aprender: que el 
      sistema de la pena de muerte no funciona y no tiene arreglo.
      Recientemente Illinois se convirtió en el décimo sexto estado 
      de Estados Unidos en declarar ilegal la pena de muerte. Luego de promulgar 
      la ley, el gobernador Pat Quinn, dijo: He concluido luego de ver toda 
      la información que he recibido, que es imposible crear un sistema 
      perfecto, infalible, libre de discriminación con respecto a la raza 
      o las circunstancias económicas o la geografía. He concluido 
      tras analizar todo lo que recibí que es imposible en nuestro estado 
      tener un sistema de pena de muerte perfecto y consistente. Creo que abolir 
      la pena de muerte es lo correcto y lo justo. Quinn sigue los pasos 
      de un anterior gobernador de Illinois, el republicano George Ryan, quien 
      conmutó las condenas a pena de muerte de 120 prisioneros en dicho 
      estado.
      Ambos gobernadores de Illinois recuerdan al ex magistrado de la Corte Suprema 
      Harry A. Blackmun, que escribió en 1994 en su voto discordante, luego 
      de que la Corte negara la apelación en última instancia a 
      un condenado a pena de muerte A partir de este día, ya no jugaré 
      con la maquinaria de la muerte.
      Jugar con la maquinaria de la muerte es precisamente lo que algunos estados 
      parecen estar haciendo. El tiopental es uno de los tres fármacos 
      utilizados en el cóctel letal administrado en la mayoría 
      de las ejecuciones en Estados Unidos. Hospira, la última empresa 
      con sede en Estados Unidos que fabricaba tiopental sódico, dejó 
      de elaborar este fármaco controlado, provocando su escasez a nivel 
      nacional. Los estados comenzaron a pelearse por mantener suministro suficiente 
      en sus cámaras de ejecución. Cuando California le pidió 
      prestado un fármaco similar a Arizona, el Subsecretario del Departamento 
      de Corrección y Rehabilitación de California, Scott Kernan, 
      escribió en un correo electrónico enviado a sus pares de Arizona: 
      Nos salvaron la vida....
      Resulta que Georgia habría importado ilegalmente su suministro de 
      tiopental de una empresa de dudosa reputación de Londres, denominada 
      Dream Pharma Ltd., administrada por un matrimonio en un lugar alquilado 
      en la parte trasera de una academia de conducción. Georgia no cuenta 
      actualmente con un permiso de la DEA, la Administración de Control 
      de Drogas de Estados Unidos, para importar sustancias controladas, por lo 
      que la DEA recientemente confiscó el suministro de tiopental de dicho 
      estado. Mientras se aguarda la investigación del caso, Georgia no 
      contará con este elemento fundamental, por lo que no podrá 
      ejecutar a Davis ni a ningún otro prisionero condenado a pena de 
      muerte.
      El mismo día en que la Corte Suprema le negó la apelación 
      a Davis, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre 
      pena de muerte. Estados Unidos aún figura en la lista de los principales 
      países que realizan ejecuciones, junto a China, Irán, Arabia 
      Saudita, Yemen y Corea del Norte.
      Además de encabezar la lucha por la vida de su hermano, Martina Correia 
      ha tenido que luchar por su propia vida. El día del fallo judicial 
      se cumplieron diez años de que comenzó su batalla contra el 
      cáncer de mama. Su rostro aparece en la camioneta de mamografías 
      móviles que ayuda a salvar la vida de mujeres de bajos recursos en 
      Savannah. La Coalición Nacional Contra el Cáncer de Mama la 
      nombró a ella y a la ex Presidenta de la Cámara de Representantes, 
      Nancy Pelosi, Mujeres que hacen las cosas bien. Correia, con 
      su humildad habitual, siente que merecerá ese título cuando 
      la vida de su hermano también haya sido salvada.
      
      Denis Moynihan colaboró en la producción periodística 
      de esta columna.
      © 2011 Amy Goodman
      Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy 
      Now! en español, spanish@democracynow.org
      Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional 
      que se emite diariamente en más de 600 emisoras de radio y televisión 
      en inglés y en más de 300 en español. Es co-autora 
      del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios 
      en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde 
      Diplomatique Cono Sur.